¿Se frustra la promesa de una mejor TV?

La última edición de revista Mensaje trae un artículo de Manuela Gumucio, directora del Observatorio de Medios, sobre el proyecto de ley de TV digital aprobado por la Cámara de Diputados. En una de sus críticas centrales explica que el proyecto se preocupa excesivamente de garantizarle el financiamiento a los actuales concesionarios de la TV abierta y no de incentivar el surgimiento de nuevas estaciones educativas, culturales y comunitarias, sin capacidad de transmisión propia.

Lea a continuación el artículo íntegro aparecido en Mensaje:

¿Se frustra la promesa de una mejor TV?

Manuela Gumucio

Directora del Observatorio de Medios Fucatel

El proyecto de ley sobre televisión digital no solo no asume las exigencias de la nueva realidad: también parece preocuparse excesivamente del financiamiento de los canales que hoy están mejor posicionados y olvida que debe incentivar nuevas estaciones.

Muy pronto el proyecto de ley sobre televisión digital llegará al fin de su tramitación. Esta iniciativa generó grandes expectativas en cuanto a que podría provocar un beneficioso cambio en nuestras pantallas, pero lo concreto es que el resultado legislativo puede ser desastroso si en el Senado no se producen cambios significativos en el texto que hoy está en estudio.

Parlamentarios y Gobierno han colaborado para finalizar el trámite en la Cámara de Diputados, prometiendo que sería en la Cámara alta donde podría enmendarse el proyecto. Pero este ingresó con suma urgencia –es decir, con un plazo de apenas diez días para ser aprobado– y, salvo que esta calificación haya sido retirada, al cierre de esta edición de Mensaje no eran muchas las posibilidades de que los senadores pudiesen legislar sin presiones gubernamentales.

La ley, según fue aprobada en la Cámara de Diputados, no garantiza que el panorama televisivo se enriquezca con una nueva oferta comercial y aún menos con contenidos provenientes de canales sin búsqueda de rentabilidad comercial, como se esperaba.

Según escribió el profesor de la U. Católica, Sergio Godoy, en La Segunda, esta es una ley obsoleta que mantiene exactamente el mismo modelo de atribución de las concesiones y los mismos organismos reguladores, sin los cambios que el nuevo escenario requiere .

Lo más escandaloso es que con el propósito de garantizar nuevos financiamientos a los canales actuales, a estos se les permite cobrar hasta por el 50% del uso del espectro que les es entregado gratuitamente y sin concurso. Podría ocurrir, entonces, que para ver los programas de mayor éxito de público, como las teleseries, por ejemplo, la audiencia tuviera que pagar, de la misma manera como ha ocurrido con el fútbol. A esto se agrega que a estas estaciones se les está multiplicando su capacidad de transmisión, lo que les permite en un corto plazo traspasar y percibir sumas estratosféricas por el espectro recibido gratuitamente.

Sin duda, hay aquí un atropello al derecho de libre recepción de la TV abierta. Pero es solo la punta del iceberg, pues las barreras de entrada a nuevos operadores se esconden en muchas indicaciones aprobadas en la confusa sesión de la Cámara de Diputados del 5 de abril, cuando se aprobó el texto –pese a las críticas de parlamentarios de oposición– en el marco de un desafortunado acuerdo hecho por diputados de la Concertación en la Comisión de Cultura.

¿QUÉ ES NECESARIO CAMBIAR?

En el mundo entero se entiende que los operadores históricos son fundamentales para iniciar la digitalización y se les otorga facilidades para el tránsito, pero eso se da en un cuadro de regulación que en Chile no tenemos. Sin ir más lejos, en ningún país las concesiones tienen carácter indefinido, como es el caso de muchas de las chilenas.

En nuestro país imperó la lógica de privilegiar a los actuales canales, permitiendo que ellos opten primero y que todos los posibles interesados en la difícil aventura de poner de pie un nuevo canal, se contenten con “las sobras”. No se consideró una institución para incentivar nuevos participantes ni un servicio público para transmitir, a precio razonable, la producción de nuevos canales carentes de capacidad de invertir en antenas. También se establece veinte años de duración para los que tienen espectro y solo cinco para los que exclusivamente producirán contenidos, pese a que es de ellos de quienes se puede esperar una oferta de interés no comercial. La digitalización permite, justamente, conceder señales sin red para transmitir programas, arrendando espacios y evitando así costosas inversiones en instalaciones. Pero en la ley en estudio se les discrimina so pretexto de que no hacen las mismas inversiones que los otros. Esta última consideración desconoce que ellos también deberán hacer un gran esfuerzo y que este plazo de cinco años puede desincentivar a los interesados.

Y lo más grave es que los diputados, desatendiendo la permanente advertencia del Observatorio de Medios, han aceptado tramitar un proyecto a ciegas, sin contar al menos con una simulación ni con la versión definitiva del Plan de Radiodifusión Televisiva, instrumento útil para conocer la real disponibilidad de espacio para nuevos canales.

En ese marco, la gran promesa del 40% para contenidos regionales, locales, comunitarios, educativos y culturales puede ser otra falacia: la ley dice que este porcentaje se calculará sobre el remanente del espectro una vez que se entregue la cantidad prevista de espectro a los actuales concesionarios y no sobre el total el espectro disponible.

En función del principio básico de que el Estado debe ser garante de la diversidad en la oferta que el mercado no asegura, es que el Observatorio ha insistido en que las concesiones se otorguen en asamblea pública y teniendo en cuenta el aporte en contenidos del proyecto, y no solo sus capacidades técnicas, como establece el proyecto aprobado en la Cámara. No se entiende por qué no se tratan estas concesiones como las otras que otorga el Estado, teniendo en cuenta su función pública.

A CONFESIÓN DE PARTES, RELEVO DE PRUEBAS

El total silencio de los canales en sus noticiarios –y, para qué decir, en sus programas de conversación sobre este tema, que en cualquier parte del mundo estaría en las primeras páginas de los medios– es, a nuestro juicio, una prueba palpable de la necesidad de un cambio en nuestro sistema de medios. Vivimos en un país con una libertad de expresión tutelada e insuficiente. ¿Cómo se puede entender que la legislación que concierne al medio de mayor poder e influencia no sea de interés para la ciudadanía, cuando es evidentemente el único alimento informativo y de entretención de la mayoría de la población?… ¡A confesión de partes, relevo de pruebas!

Los medios de prensa han relegado la información a la sección Negocios o han privilegiado las ventajas que ofrece la calidad de la imagen de la digitalización. Pero la conquista de los canales del derecho a cobro por una parte tan importante de su programación no ha logrado espacios para hacer algún tipo de pedagogía sobre el tema. Es demasiado evidente el abuso. Por esta razón cabe temer que el Gobierno ceda en el Senado en este punto, a cambio de mantener las otras aberraciones a las que hemos hecho mención.

En cierto sentido, Anatel (la organización que agrupa a los actuales concesionarios) cometió un error que nos ayuda a llamar la atención sobre el tema de fondo, cual es la relación con el deber del Estado de tener una política en este tema. Nadie quiso impulsar una discusión sobre el rol de este como garante de la diversidad de los medios de comunicación. Si la hubiéramos hecho, nos habríamos encontrado con que este principio divide de manera transversal a nuestra clase política . Sin ir más lejos, en la preparación de la ley que entró a tramitación en noviembre de 2008, ganó al interior del Gobierno de Michelle Bachelet la visión de ministros que no aceptan –como buena parte de las organizaciones internacionales sí lo hacen– la idea de que el Estado debe intervenir para garantizar la máxima diversidad de expresión de ideas, estéticas y géneros, facilitando un acceso igualitario a la propiedad de los medios. En el caso chileno, esto es de una necesidad mayor. ¡Nadie niega la extrema concentración de la propiedad de los medios en manos de los más grandes conglomerados económicos en nuestro país! Y, además, la televisión pública, concebida para hacer un contrapeso de esta situación, está siendo entendida progresivamente como el botín del Gobierno de turno, sin gran diferenciación en su oferta con la comercial.

LOS LOGROS DE LOS DIPUTADOS

No fueron pocas las correcciones al proyecto que introdujeron los diputados. Es muy positivo que las horas obligatorias de programación cultural aumenten de una a cuatro. También lo es que se introduzca la intervención del Tribunal de Defensa Libre Competencia para analizar la concentración en la propiedad (hay que advertir, sí, que esto se establece para los nuevos concesionarios y no considera el peso de los actuales). Y, sin duda, es bueno que la definición del correcto funcionamiento de los canales, es decir, su “deber ser” fijado por la ley, incorpore criterios de pluralismo y otros que van más allá de los meramente éticos y morales, como lo hace la ley vigente. Finalmente, también es un logro que los subsidios para los operadores que tienen dificultades de financiamiento, en particular en las regiones, puedan usarse para producción, cuestión que fue considerada por los actuales operadores como un atentado a la libre competencia.

Sin embargo, los logros obtenidos no alcanzan a equilibrar el poder de los canales históricos con el de los entrantes. O dicho de otro modo, no logran poner al servicio del pluralismo los aportes de la nueva tecnología. Con la ley en su estado actual, el volumen de la oferta crecerá para ofrecer solo más de lo mismo, obligando ahora a pagar por ello. MSJ

 

[1] Ver http://blogs.lasegunda.com/thinktank/2011/04/13/ley-de-tv-digital-obsoleta-e-i.asp

[2] En la misma Concertación hay enemigos de toda regulación, mientras existen parlamentarios de derecha, como los senadores Carlos Cantero (RN) y Jaime Orpis (UDI), que tienen una clara conciencia de la necesidad de proteger del abuso de poder de los medios a los sectores que no tienen acceso al cable y a la televisión satelital.