¿Por qué es importante una nueva regulación para la TV pública?

Lorena Donoso /abogada experta en telecomunicaciones / Asesora del Observatorio de Medios / El análisis que en general se hace del proyecto de ley que modifica TVN para su migración a la Televisión Digital Terrestre, TDT, deja la impresión de que lo único importante del nuevo estatuto del canal público es su artículo 2, que la iguala a las concesionarias de TV comercial, sin abordar en toda su importancia el rol que debe cumplir la Televisión pública en la transición digital y en el futuro modelo televisivo.

Quienes así conducen la discusión no desean poner a TVN a la altura de los nuevos desafíos y posibilidades que abre la TV digital y olvidan que el rol fundamental de la televisión pública va mucho más allá que emitir contenidos dirigidos a las grandes audiencias, muchas veces empobrecidas intelectualmente por las inequidades que produce nuestro sistema educacional. En efecto, la televisión pública a través del cumplimiento de su misión debe contribuir a elevar el nivel cultural de nuestra ciudadanía, a enriquecer el debate de ideas y a promover la tolerancia, la diversidad y la protección de los vulnerables. Para ello se debe fortalecer su misión pública y establecer un régimen financiero y de administración que le permita cumplirla a cabalidad.

Simplemente igualar la televisión pública a la TV comercial significaría abandonar al mercado un bien público crucial para el desarrollo democrático y el pluralismo como es el derecho a la nformación y a la libertad de expresión. Nuestro Parlamento, como representantes del pueblo de Chile debe corregir la ley de TVN, devolviéndole el carácter de canal público. Sólo así los más desposeídos, aquellos que solo ven televisión abierta, encontrarán en su TV pública un espacio para su desarrollo integral y se posibilitará la promoción social.

De la misma manera, ya que la televisión abierta es un servicio público en el cual concurren tanto actores públicos como privados comerciales y privados no comerciales, es preciso debatir abiertamente y con calma, la Ley General de Televisión Digital para Chile, considerando los intereses nacionales y no sólo los de los actuales operadores. Debemos establecer un sistema concesional que favorezca el pluralismo, que evite la concentración del mercado informativo en general y audiovisual en particular, y que establezca obligaciones de servicio público a los operadores. Sólo así se garantizará la libertad de expresión y el derecho a la información que han sido reconocidos en nuestra Constitución como Derechos Fundamentales.

Debemos atender a la experiencia internacional antes de decidir sobre la transformación automática de las concesiones de los actuales operadores a concesiones de TDT, incluso con más privilegios que los que tienen en el régimen concesional vigente y prácticamente sin obligaciones de servicio público.

Al respecto, y a vía meramente ejemplar, Argentina, Sudáfrica, Canadá, entre otros países, establecen sistemas de audiencias públicas en las cuales los operadores dan cuenta a la ciudadanía de cómo han cumplido sus obligaciones de servicio público, a la hora de la renovación de las concesiones. Otro ejemplo lo encontramos en México, en la llamada ley Televisa cuyos artículos 28 y 28-A -que establecían un régimen de privilegios para los concesionarios de televisión, a quienes se permitía prestar servicios adicionales en telecomunicaciones (Internet, telefonía celular, transmisión de voz y datos, entre otros) sin licitación y sin el pago de una contraprestación al Estado- fueron declarados inconstitucionales por unanimidad. Otro tanto sucedió en ese país con dos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones (los cuales permitían concesiones por 20 años y la renovación automática y prácticamente a perpetuidad de las mismas) que fueron también objeto de declaración de inconstitucionalidad parcial.