¿Qué le pareció el seminario Provocaciones?

El  jueves 29 de octubre,  en el Café literario de Providencia, se realizó la sexta versión del seminario de TV “Provocaciones”. Si usted asistió, háganos llegar su opinión sobre los temas del debate y los argumentos de los panelistas, en relación al futuro de la TV pública y los desafíos ante el advenimiento de la televisión digital en Chile.

Investigan a magnates de la prensa chilena

Observatorio / Una de las más destacadas periodistas de investigación en Chile acaba de publicar un nuevo libro, dedicado, en esta oportunidad, a los “Magnates de la Prensa y la concentración de los medios de comunicación en Chile”. Con este trabajo María Olivia Mönckeberg corona una larga trayectoria dedicada a develar los lazos de los poderes políticos, económicos y religiosos que operan en nuestra sociedad. Según Faride Zerán, una de las presentadoras de la investigación, publicada por Random House Mondadori, “periodismo es todo lo que el poder quiere ocultar y el resto son relaciones públicas” y María Olivia pertenecería a la categoría de comunicadores sociales consecuentes con ese principio.

Bernardo Subercaseaux, por su parte, en otra de las presentaciones preliminares del libro, hoy en la Casa Central de la Universidad de Chile, reconoció el valor del periodismo investigativo por navegar en las profundidades y eludir las aguas superficiales, pero se hizo cargo también de algunas paradojas: que la concentración de la propiedad no implica mecánicamente monopolio ideológico –como habría sucedido, por ejemplo, en el caso de la colusión de las farmacias, donde irrumpió la voz de la sociedad civil en los medios tradicionales- y que el modelo del emprendedor –que calza con el perfil y la trayectoria de los dueños de los principales medios en Chile- criticado por un sector menos complaciente de nuestra sociedad, está muy legitimado en el Chile aspiracional de los tiempos que corren.

María Olivia Mönckeberg, periodista titulada de la Universidad Católica, Premio Nacional de Periodismo 2009 y actual docente de la Universidad de Chile, ha dedicado buena parte de su vida profesional a un periodismo no complaciente, durante el período de la dictadura, como editora de revista Análisis, y en el periodo de la transición democrática, publicando libros que abordaron de manera seria y documentada al “Imperio del Opus Dei en Chile”, “El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno” y “La privatización de las Universidades” entre otros temas donde está presente la trama oscura de nuestra historia reciente.

En el libro que acaba de presentar, ante una concurrida y variopinta concurrencia de periodistas, académicos, editores de medios y figuras políticas como Patricio Aylwin, la autora analiza la concentración de la propiedad de los medios en Chile en grupos económicos ligados a la derecha y sus consecuencias en la falta de pluralismo y de diversidad de la sociedad chilena. Asimismo, se hace cargo de las condiciones que permitieron este panorama tan poco auspicioso para la democracia comunicacional: salvataje económico del Mercurio y La Tercera antes del fin de la dictadura, distribución inequitativa de la publicidad estatal y falta de políticas de promoción de medios independientes durante los gobiernos de la Concertación. El dejar hacer al mercado, indica María Olivia Mönckeberg  en el prólogo, “sólo ha contribuido a consolidar a los grupos de poder dueños de los principales medios tanto escritos como audiovisuales. Y hasta la radio, tradicionalmente considerada plural y diversa, muestra hoy síntomas de concentración en grandes cadenas, adonde llegan también las redes del denominado duopolio”.

Concertación Boys

Andrés Azócar / Director Periodismo UDP / Parece obvio, pero la industria y las escuelas de Periodismo deben entender cómo son los jóvenes. Es decir qué piensan, qué hace y cómo se comunican. La Encuesta Jóvenes y Participación 2009 (Feedback/Periodismo UDP) es la primera etapa.

Entender significa aterrizar el clisé “los jóvenes son…” que tiene la profesión y que se expresa en foros, artículos académicos y en la simple retórica periodística para justificar una pauta para “jóvenes”. Aterrizar es ponerle datos, números y análisis. Que fue finalmente lo que buscamos.

Más allá de los aspectos de participación y valóricos ampliamente difundidos, quiero poner algunos acentos en el consumo de medios y en las redes sociales como agentes claves en la vida de los jóvenes entre 18 y 29 años.

En un escenario de cambio tan inevitable como provechoso es bueno mirar cómo los medios de comunicación siguen siendo confiables (60%) y cómo las redes sociales, especialmente Facebook son el instrumento de participación y la síntesis de la convivencia virtual. De hecho, un 41% prepara los trabajos para la universidad desde esta red social y un 51% sube enlaces para compartir, lo que hace más lúcido el acuerdo que Twitter firmó esta semana con Google y Bing

Apenas un 2% de los jóvenes está inscrito en Twitter, pero un 48% de ellos ocupa Facebook todos los días. Entre los sectores altos, la cifra se empina con mayor claridad. Facebook es el territorio, ya no caben dudas al respecto. Y tal como una vez me dijo Manuel Contreras de Cooperativa…el punto es “cómo conquistar ese territorio”.

La Televisión sigue siendo el medio más importante de los tradicionales y los diarios y revistas aparecen muy abajo. Es el medio en el que más confían y el preferido para consumir noticias. Internet pierde puesto en ambos casos. TVN es la estación preferida. A la hora de buscar entretención internet supera a la TV.

El celular es el medio más importante de comunicación para los jóvenes y el SMS aparece con una relevancia que uno podría haber adivinado, pero que el estudio convierte en hecho. Sin duda, los medios que no aprovechen este instrumento con los jóvenes (y adultos) y no tengan su cabeza puesta en el futuro de la masificación de los smartphone, estarán en problemas.

Decidimos publicar la encuesta en la Qué Pasa y en Paniko el mismo día, porque creemos que esta encuesta debe darle luces a los medios, pero también a los jóvenes, a los estudiantes de periodismo, para que vayan entendiendo el cómo debemos mirar hoy la comunicación. Sin tanto clisé y bla,bla y con más acción.

 

Lea los resultados de la encuesta en el suguiente enlace de  la revista Qué Pasa:

http://www.quepasa.cl/articulo/1_1128_9.html

“Provocaciones” 2009: ¿mayor diversidad o más de lo mismo?

Gustavo Gómez Germano (1)  / Para el Observatorio / “El espectro radioeléctrico pertenece al público y el concesionario de un servicio de televisión debe, como contrapartida, darle algo a ese público por el privilegio de usarlo”. Palabras más, palabras menos, estas afirmaciones fueron emitidas por Gloria Tristani, ex Comisionada de Comisión Federal de Comunicación (FCC) de los Estados Unidos en Provocaciones 6 (2), donde se debatió respecto al alcance y las formas que debería adoptar la regulación estatal en materia de transición hacia la TV digital terrestre (TDT).

A este evento fui invitado como experto internacional por Manuela Gumucio, presidenta del Observatorio de Medios FUCATEL, una organización empecinada en promover la reflexión, el debate y la formulación de propuestas en el terreno de la comunicación. Me corresponderá ahora elaborar un documento que recoja los aportes realizados y los relacione con los estándares interamericanos y las experiencias internacionales en la materia.

 

 

 

¿Mayor diversidad o más de lo mismo?

Oportunidad para mayor diversidad

 

 

 

 

Los conceptos con que abro esta columna no son novedosos en el derecho comparado, pero viniendo de alguien del “primer mundo” y más precisamente de los Estados Unidos asombrará a más de uno que cree que el espectro es una propiedad de sus coyunturales operadores.

Éste fue uno de los temas relevantes del evento y motivo de atención de los participantes del evento. ¿Cómo se repartirá el nuevo espectro disponible para canales y señales de TV digital? ¿Quiénes serán los que accedan a las nuevas concesiones? ¿Y quienés no? ¿Cómo y en qué condiciones obtendrán nuevas concesiones los actuales operadores de TV? ¿Entrarán nuevos competidos al mercado? ¿Cuál será el procedimiento para obtener las concesiones? ¿Cómo se asegurará que las televisoras locales, regionales y comunitarias pueden estar representadas en la nueva oferta televisiva?

En definitiva, ¿la llegada de la televisión digital será una oportunidad para lograr una mayor diversidad de contenidos y de medios o será más de lo mismo?

El fructífero intercambio se realizó en el marco del análisis de dos proyectos de ley enviados por el gobierno al Congreso, uno de ellos respecto a la regulación de la televisión digital terrestre y el otro sobre TVN. Ambos temas muy relacionados entre sí, y eso se notó en las dos mesas redondas que organizó FUCATEL.

La TDT es una oportunidad también para desarrollar un sistema de medios públicos más fuerte, y eso se mostró con claridad en varias exposiciones. Para que ello sea posible, habrá que asignarles el espectro suficiente… y el financiamiento suficiente. Buen tema para seguir debatiendo. En mi país no hay problemas con este asunto: la televisión pública recibe fondos públicos y también puede tener publicidad comercial.

Conocida y reconocida la misión de los canales públicos, ¿es posible que la cumpla debidamente en las actuales condiciones? La entrada de la TDT parece abrir chances para un redimensionado y potente sistema de señales públicas, no gubernamentales y diversas. Falta confirmar la voluntad de política gubernamental y ajustar el marco regulatorio para que ésta se concrete.

Para muchos, entre los que me encuentro, la TDT es una de las oportunidades históricas para reequilibrar el sistema de medios y ampliar la diversidad y el pluralismo, condición básica para una democracia sólida y respetuosa de los derechos humanos. Y tal vez una de las últimas oportunidades, agrego.

Alcance y abordaje de la regulación en TV

El carácter de “democratización” de la digitalización de las señales de TV está en controversia. Es decir, aunque nos han querido vender que la televisión digital es la panacea para todos nuestros males, que democratizará el acceso, que romperá la brecha digital y no sé cuántas cosas más, esa verdad relevada está por verse aún.

Y ello depende mucho más de cuestiones políticas que de aspectos técnicos. Por tanto, asunto en el que debería involucrarse a todos los chilenos y chilenas, y no sólo a los dueños de medios, los ingenieros y los economistas.

Este asunto también estuvo rondando en el debate, tanto en referencia al proceso de elaboración del proyecto de ley como de su enriquecimiento y posterior aprobación. ¿Será pertinente un abordaje regulatorio de la televisión como si fuera una mercancía más? En tanto su trascendente papel social en nuestras sociedades modernas, ¿será suficiente dejar al mercado y los aspectos técnicos lo que pase con la TV? ¿Podemos confiar en el mercado para, por sí solo, brindar la diversidad y el pluralismo que los organismos internacionales exigen en nuestros países?

La presencia de Tristani no pasó desapercibida tampoco cuando se habla de regulación estatal. Disculpe, ¿dijo regulación estatal en los Estados Unidos? ¿Regulación de contenidos, límites a la concentración, la propiedad cruzada y al capital extranjero en los medios? Pues sí. En la cuna del libre mercado hay mucha regulación estatal. Algunas caras de asombro en el auditorio, aplausos de muchos otros.

En la apertura de Provocaciones, el propio ministro Cortázar, realzando con su presencia y una potente exposición al propio evento, mencionó la necesidad de la regulación del Estado. No está en discusión, dijo. El asunto es cómo. ¿Se hace antes, colocando por ley exigencias y mínimos compromisos a los operadores, o se hace después? Seguramente un modelo equilibrado tenga de ambas. Para Cortázar, la regulación debe ser “expost”, es decir, después de dar la concesión. Para Tristani, si no se hace antes, hacerlo luego será imposible. Apasionante polémica.

Una ley con amplios acuerdos

Lo cierto es que un debate y una decisión de estas características necesita una redefinición del escenario y el abordaje del tema. Varios panelistas insistieron en el tema: ¿es éste un asunto técnico o cultural?, ¿hay que enfocarlo desde lo económico o desde los derechos humanos? Seguramente haya que incluir todos estos abordajes, pero no parece haber dudas que el propio origen de la iniciativa y el proceso posterior lo han centrado en un enfoque tecnocrático y economicista.

Por ejemplo, es impensable que no se haya tomado debida cuenta desde el comienzo mismo, de la posición, conocimientos y experiencia de la CNTV en este proceso. Según se informó durante el evento esta confusión estaría siendo superada en estos momentos, lo que podría augurar mejoras sustanciales en el proyecto.

¿Qué haría sino un relator internacional para la libertad de expresión hablando de este tema, si fuera sólo un tema “técnico”?

Es que los Relatores para la Libertad de Expresión de las Américas, Europa, África y las Naciones Unidas han recomendado que “en la planificación de la transición de la radiodifusión análoga a la digital se debe considerar el impacto que tiene en el acceso a los medios de comunicación y en los diferentes tipos de medios. Esto requiere un plan claro para el cambio que promueva, en lugar de limitar, los medios públicos. Se deben adoptar medidas para asegurar que el costo de la transición digital no limite la capacidad de los medios comunitarios para operar” (3) .

También es imprescindible que el proceso se abra más a la participación de la Sociedad Civil organizada. En el evento, una coalición de organizaciones sociales (4)  presentó al ministro Cortázar un “Decálogo” con propuestas para la nueva ley (5)  . Este mencionó al comienzo del evento que la ley no puede ser aprobada por una mayoría de un voto, que se deben reunir amplios consensos que den cuenta de acuerdos en aspectos sustanciales de la propuesta. Bien.

Pero agrego, estos amplios acuerdos deben incluir a la sociedad civil, receptora de los servicios que brindarán los medios digitales. Más importante aún, porque son todas los chilenos y las chilenas quienes son sujetos del derecho a la información que será ampliado o restringido con la nueva ley. Y porque éstos sí son los verdaderos dueños del espectro que usarán los operadores de TV digital, sean públicos, comunitarios o comerciales. ¿Si usted es el dueño, no cree que debería ser consultado?.-

1 / Uruguayo, profesor universitario e investigador, experto en marcos regulatorios para radiodifusión

2 / Provocaciones 6, 29 de octubre, organizado por el Observatorio de Medios FUCATEL en Santiago de Chile

3 /  Relatores Libertad de Expresión ONU, OEA, OSCE y CADHP, Declaración Internacional sobre Diversidad en la Radiodifusión. 12 de diciembre de 2007

4 / Plataforma Audiovisual, Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales ACCION, Unión Nacional de Artistas y el Observatorio de Medios FUCATEL

5 / El documento puede descargarse en http://www.radiotierra.com/archivos/documentos/decalogo_ciudadania_tvdigital_final.pdf

Chile se llena de expertos en Nietzsche

La conferencia reúne 80 especialistas en el autor alemán. Será los días 2, 3 y 4 de noviembre y es gratuita. En un encuentro sin precedentes en nuestro país, la Conferencia Internacional Nietzsche y el Devenir de la vida convocará a cerca de 80 especialistas en la obra de Nietzsche provenientes de más de 20 países. Organizada por el Instituto de Humanidades de la Universidad Diego Portales, esta conferencia abierta y gratuita para el público se realizará los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2009.

Será un hito para la filosofía en Chile, al reunir en nuestro país a académicos y pensadores de los cinco continentes en torno al pensamiento de uno de los filósofos más importantes y populares en la historia de la filosofía.

Son 83 ponencias, distribuidas en nueve mesas plenarias y 21 sesiones paralelas, que durante tres días enteros ofrecerán al público distintas miradas acerca de la obra del filósofo alemán. En la oportunidad participarán connotados especialistas, entre los que se encuentran Babette Babich (Fordham University, EEUU), Daniel Conway (Texas A&M University, EEUU) o Dieter Thomä (Universität St. Gallen, Suiza).

Las ponencias abordan el tema del devenir de la vida en relación a la biología y la sicología, la cosmología y la corporalidad, la relación entre historia, cultura y naturaleza, la dimensión trágica y ética de la afirmación de la vida en Nietzsche, su doctrina de la voluntad del poder en relación a su pensamiento político y ontológico, sus inspiraciones en los griegos, el valor de la vida filosófica y por último la relevancia del concepto de la vida de Nietzsche para el pensamiento contemporáneo, específicamente en relación a preguntas de bio y geopolítica.

Medios populares se pronuncian sobre ley de radios comunitarias

El Ciudadano / Con votación unánime (21 votos a favor), al igual que ocurriera en agosto recién pasado en la Cámara de Diputados, la sala del Senado decidió este martes 3 de noviembre aprobar en lo general el proyecto que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana, fijándose plazo hasta el lunes 14 de diciembre para presentar indicaciones a esta iniciativa que se encuentra en segundo trámite parlamentario.

Si bien el proyecto ha sido presentado como un reconocimiento y fomento al desarrollo de las hoy llamadas radios de corto alcance, garantizándoles mayor potencia de transmisión y en apariencia acceso a publicidad, lo cierto es que la iniciativa limita a las radios comunitarias a una mínima expresión del espectro radioeléctrico (menos de un 5%, en contraste con el tercio que se les garantiza en otras legislaciones en la región); aumenta los requisitos solicitados para postular a una licencia, debiendo contar ahora con una certificación de la Secretaria General de Gobierno y de la DOS en caso de tener el medio carácter indígena o de rescate de sus culturas y lenguas; limita a “menciones radiales” la posibilidad de auspicios, que además deben corresponder a la zona que abarca la concesión entregada; e impide que estas radios realicen cadenas informativas, entre otras deficiencias que presenta el proyecto.

Por eso la Red de Medios de los Pueblos, si bien apoyó la idea de legislar sobre la participación de las radios comunitarias en el espectro radioeléctrico, rechaza de forma categórica varios de sus alcances, por considerarlos contrarios al espíritu que debería tener una ley de esta naturaleza; por encontrarse por debajo de los estándares que hoy constituyen ley o que se discuten en distintos países de la región; y por no responder a los criterios y principios impulsados por diversas organizaciones internacionales, entre ellas, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y Caribe / AMARC, y las relatorías para la libertad de expresión de la OEA y de la ONU.

Con el objeto de que se subsanen estas importantes deficiencias y ante el proceso de indicaciones que se abre, la Red de Medios de los Pueblos demanda lo siguiente y hace un llamado a los parlamentarios a hacerse eco de estas propuestas.

1.- Resguardar al menos un tercio del espectro radioeléctrico para las radios comunitarias y locales.

El actual proyecto, además de eliminar la referencia a que las radios comunitarias tendrán acceso “preferente” al espectro, como lo consagraba el proyecto original, restringió a menos de un 5% del dial (frecuencias desde el 107.1 a 108.0) la participación para estos medios. Ello, en contraste con el al menos un tercio del espectro que contemplan distintos proyectos en la materia y leyes ya aprobadas en América Latina. Esta segmentación impuesta genera un verdadero “ghettto” para las radios comunitarias y las aísla del resto de la oferta del dial FM, marginación que se perpetúa en el proceso de digitalización que se avecina, pues el proyecto de ley plantea esta distribución tanto para el espectro analógico como el digital.

Al respecto cabe recordar, que en el apartado sobre radiodifusión del informe anual de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA 2002, se establece que “la promoción de la diversidad debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión; la diversidad implica igualdad de género en la radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad alas ondas de radiodifusión”.

2.- Aumento de potencia y saturación del dial

Dos de los puntos más publicitados de este proyecto, son el aumento de la potencia de transmisión de un watt (conferido en la actualidad) hasta 15 watts, y la ampliación de las concesiones de 3 a 15 años.

Hoy son 390 las radios de corto alcance que poseen licencia de transmisión (fuente Subtel), existiendo un número aún mayor de radios que transmiten sin estos permisos y cuya situación debe ser regularizada, por lo que el mínimo espectro resguardado se verá rápidamente saturado, excluyendo de la posibilidad de participación a otras voces, más aún si se considera la permanencia por largos 15 años de cada radio concesionada. Por otra parte, el aumento de la potencia de transmisión en tan escaso espacio, presenta además el riesgo de superposición de las señales, lo que es sancionado en el actual proyecto.

3.- Financiamiento y exigencias de transmisión

El actual proyecto permite a las radios comunitarias acceso a “menciones radiales”, que en el debate en la Cámara de Diputados ya se definió como menciones en el marco de un programa y sólo de carácter local (en el radio de la licencia concedida), estableciéndose severas sanciones e incluso la caducidad de la concesión en caso de acceder a la publicidad que hoy financia el funcionamiento de radios comerciales. Al respecto, se debe destacar que en Chile tres consorcios radiales poseen el 55% de las radios comerciales del país, concentrando el 70% de la publicidad.

Por tanto, el proyecto no garantiza un acceso igualitario a la torta publicitaria, lo que vulnera el derecho constitucional a la igualdad ante la ley; ni tampoco existe claridad respecto al avisaje estatal, en especial cuando éste es de carácter regional, que de acuerdo a la llamada ley de prensa debe situarse de modo preferente en medios locales.

El proyecto exige además una “óptima transmisión, excelente servicio”, lo que resulta en una limitante tecnológica, ya que no todas las radios cuentan los recursos para acceder a los equipos y antenas que aseguren esta calidad de las emisiones. Costos que se suman al pago de las bases de licitación, de un técnico o ingeniero que certifique los equipos y a la publicación en el diario oficial en caso de adjudicarse una concesión, lo que fácilmente alcanza el medio millón de pesos.

Como Red, creemos que el estado debiera asumir o subsidiar dichos costos, si lo que efectivamente busca es democratizar el espectro radioeléctrico, puesto que constituyen un impedimento al acceso y por ende una violación indirecta a la libertad de expresión, que afecta el ejercicio del derecho a la comunicación, como un efecto secundario.

4.- El rol fiscalizador del estado

Un “reglamento del Ministerio Secretaria General de Gobierno, que deberá llevar también la firma del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones”, regirá la aplicación de la futura ley (para lo cual posee 120 días de plazo, luego de publicada en diario oficial). Siendo un error que sea el primero de estos ministerios, y no la cartera con mayor pertinencia en el tema, el que otorgue las licencias, además mediante decreto supremo y una vez cumplidos los trámites contemplados en el artículo 13 A de la Ley General de Telecomunicaciones.

Cabe destacar, a su vez, que la Subsecretaria de Telecomunicaciones / SUBTEL tampoco ha dado muestras hasta ahora de un manejo adecuado de los fines comunitarios de los servicios de emisoras locales, ya que ocupa sólo criterios técnicos en la asignación de frecuencias. Esto lleva a plantear la necesidad de contar con un organismo regulador independiente, que tenga participación de actores civiles y relacionados con las demandas sociales.

Asimismo, el proyecto mantiene el sorteo público como forma de deliberación en el caso de empate en el puntaje de los postulantes. Este mecanismo ha sido objeto de duras críticas en la historia de la radio de mínima cobertura, por ser ineficiente y arbitrario, además de posibilitar el fraude, la colusión y la acumulación de frecuencias por parte de una pocas empresas.

5.- Certificación del estado y fines meramente sociales y culturales

De acuerdo al proyecto, los postulantes a las concesiones deben tener personalidad jurídica, pertenecer a algunos de los grupos que se establecen en su artículo 9 (varios de ellos regidos además por otros cuerpos legales) y contar con una certificación de su condición de “radios comunitarias ciudadanas” otorgado por el Ministerio Secretaria General de Gobierno o la DOS, en caso de promover la cultura y lengua de pueblos originarios. Por lo tanto es falso que este nuevo proyecto facilite la tramitación y acceso a una licencia, como se ha sostenido en el debate parlamentario, sino que por el contrario se aumentan los requerimientos, pues a los aquí señalados se suman los contemplados en el artículo 13 A de la Ley General de Telecomunicaciones.

Rechazamos, del mismo modo, la necesidad de contar con una certificación por parte del Ministerio Secretaria General de Gobierno, lo cual es innecesario puesto que el propio proyecto describe quiénes poseen esta condición y por constituir una puerta abierta a actos de censura en éste o en futuros gobiernos.

Dicha certificación es inexcusable en el caso de proyectos vinculados a los pueblos indígenas (llamados “etnias” en el proyecto), la que debe ser otorgada por la División de Organizaciones Sociales del mismo ministerio, puesto que contraviene lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT -en plena vigencia en Chile desde el 15 de septiembre del año en curso-, tratado internacional que exige procesos de consulta a estos pueblos cada vez que se discuten iniciativas que les incumben.

Advertimos, además, que la acotada categorización impuesta por la iniciativa legal, sobre quiénes son y quiénes no medios comunitarios, resulta contraproducente con los principios de libertad de expresión y de pluralismo. Así como el “debido cumplimiento de los fines comunitarios, sociales y culturales” que se les exige, pues con ello se les impide abordar otras temáticas de interés general, restringiendo la participación de estas radios en el debate público y político del país.

6.- Cadenas informativas

El proyecto en tramitación no permite “formar parte de cadenas” entre las radios comunitarias concesionadas, “salvo en casos de alto interés público, emergencia o calamidad”, lo cual atenta contra el espíritu colaborativo que existe entre ellas y el libre tránsito de la información. A diferencia de lo que hoy hacen los distintos monopolios que hoy imperan entre la radiodifusión comercial, homogenizando contenidos e invisibilizando las demandas de vastos sectores de la población.

7.- Derecho a la información y cierre de radios comunitarias

Finalmente, es del todo incomprensible y denunciable el doble estándar del estado en este aún insuficiente reconocimiento a las radios comunitarias, pues mientras dos de sus poderes –el parlamento, y el ejecutivo imprimiendo urgencia- avanzan en legislar sobre la materia, los tribunales de justicia hacen eco de las denuncias que realizan terceros –no sabemos con qué intereses particulares- contra aquellas radioemisoras que no han podido acceder a una licencia para transmitir.

Para ello se ha invocado el artículo 36 b de la Ley de General de Telecomunicaciones, creada por decreto supremo de Pinochet en el año 1982 para clausurar radios opositoras no concesionadas, y que hoy es utilizada por los gobiernos que se señalan democráticos, contemplando penas de hasta tres años de prisión, multas en UTM que en la actualidad alcanzan los 140 millones de pesos y la incautación de todos los equipos. Esto, a pesar de la inconveniencia para libertad de expresión la penalización de la transmisión en estas condiciones, como lo ha afirmado la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y Caribe (AMARC), al no existir delito de tipo criminal involucrado.

Por lo miso la salida “alternativa” que la nueva justicia penal, oral y reformada, ofrece a este dilema, cual es la suspensión por un año del procedimiento si el medio denunciado deja de transmitir, es improcedente, viola derechos humanos y representa a la postre una forma de censura.

El acceso a la comunicación por parte de las comunidades es un derecho y su ejercicio contribuye al fortalecimiento de la democracia, por tanto cualquier intento legislativo o judicial que apunte en sentido contrario no se condice con lo trazado hace más de 60 años en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 19 establece que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

Por la democratización del espectro radioeléctrico

Por el acceso igualitario a la publicidad

Por el derecho a la comunicación de las personas y los pueblos

RED DE MEDIOS DE LOS PUEBLOS*

Viernes 6 de noviembre de 2009.

* La Red de Medios de los Pueblos es una organización ciudadana conformada por una pluralidad de medios de comunicación impresos, radiofónicos, televisivos y de internet de todo el territorio nacional. Bajo el lema “Comunicación del tercer sector para romper el cerco informativo”, lucha por el derecho a la información y procura la democratización de las comunicaciones.

Decálogo de la Ciudadanía sobre TV digital

Observatorio / Artistas  y creadores, periodistas y comunicadores, gestores de medios comunitarios y regionales, productores audiovisuales, activistas de la sociedad civil, integrantes de ONGs, participantes de redes y colectivos sociales y culturales,  se reunieron el 27 de octubre con el objetivo de elaborar el Decálogo Ciudadano de la TV digital.

El propósito de la actividad era analizar  los proyectos de ley para el tránsito a la TV digital terrestre, en discusión en la actualidad en el Parlamento y plantear la postura de la sociedad civil sobre la televisión que tenemos y la que queremos.

 

La televisión es un servicio público

El encuentro se produjo en la Corporación La Morada, donde se dieron cita alrededor de 50 representantes de organizacones sociales. Se trabajó en mesas de discusión  para abordar los temas centrales del debate: calidad de los contenidos de la televisión, acceso a las frecuencias televisivas, expresión de la diversidad cultural, fomento a la televisión comunitaria, usos sociales derivados de la nueva tecnología y características de la transición hacia la TV digital. Algunas de las principales conclusiones apuntan a reivindicar un tercio del espectro radioeléctrico para las televisiones locales, regionales y comunitarias, a la recuperación del sentido de sevicio público de la TV abierta y en especial de TVN;  una definición más clara de lo que se entenderá por televisión local y cultural y el derecho de la ciudadanía a  poder hacer uso de los beneficios que conlleva la nueva tecnología, en especial de la interactividad y creación de contenidos que permite la digitalización.

Del trabajo de las mesas surgió un borrador del Decálogo Ciudadano de la TV digital, que fue entregado a autoridades de la Dirección de Organizaciones Sociales  y representantes de las candidaturas presidenciales, en un acto público realizado, a la hora de almuerzo de mismo martes 27 de octubre, en  el Teatro del Sindicato de Actores, SIDARTE.

A continuación damos a conocer el Decálogo, que resume los puntos de consenso entre todos los participantes.

Propuestas del Encuentro Ciudadanía y TV Digital

 

 LLAMAMOS A LOS PARLAMENTARIOS A NO LEGISLAR SOBRE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR EL EJECUTIVO AL PARLAMENTO PARA EL TRANSITO A LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT), HASTA QUE SE HAYA DESARROLLADO UNA AGENDA DE PARTICIPACION CIUDADANA SOBRE ESTA MATERIA.

 Las organizaciones y ciudadanos/as participantes demandan que los proyectos de ley garanticen:

1.- El cumplimiento y la profundización de las obligaciones de servicio público de la televisión abierta, en especial las de TVN, las cuales se han ido perdiendo con el tiempo, y que representan las exigencias mínimas por los privilegios que les han sido otorgados a los actuales concesionarios.

2.- La promoción, el justo equilibrio y la democrática coexistencia entre los canales de televisión privados, públicos y comunitarios.

 3.- Que quienes concursan a una concesión televisiva declaren su propuesta programática y de contenidos y no solo el proyecto técnico como sucede hoy. El regulador tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la propuesta declarada y evaluar de acuerdo a ésta el desempeño de los canales abiertos.

4.- Que el acceso de la ciudadanía al espectro radioeléctrico sea igualitario, por ser un bien público, escaso y que pertenece a todos los chilenos, evitando cualquier forma de apropiación a perpetuidad de ese espacio. Asimismo, apostamos a que la televisión digital llegue a todos y sin costos, una vez ocurrido el apagón analógico.

 5.- Que el organismo a cargo de la regulación de la TV sea el Consejo Nacional de Televisión, con verdaderas atribuciones para fiscalizar los contenidos televisivos. Demandamos, además, que la asignación de concesiones sea una atribución del Consejo y no de la Subsecretaría de Telecomunicaciones como sucede hoy, y que la composición del CNTV represente la diversidad del país y no responda al cuoteo político.

 6.- La expresión de la diversidad en la televisión chilena, para lo cual se requiere que las concesiones no se concentren sólo en los mismos canales de TV abierta. El proceso de digitalización, que implica la multiplicación de las señales, debiera garantizar, también, el acceso igualitario a ellas por parte de la ciudadanía, a través de una distribución equitativa del espectro, acorde con los estándares internacionales de libertad de expresión, consignados en la convención Interamericana de Derechos Humanos. .

 7.- Que exista una definición clara de los conceptos de producción nacional y cultural para las cuotas exigidas por la ley del CNTV, ya que los actuales concesionarios usan el rótulo de “cultural” para programas que no lo son.

 8.- Que Televisión Nacional de Chile lidere el proceso de digitalización, ocupando un rol protagónico de servicio público y como intermediario de servicios, garantizando la existencia de un transportador estatal que promueva la entrada al sistema televisivo de aquellos que no tienen posibilidades de tener su propia concesión.

 9.- Que se fomente una cultura ciudadana activa en relación a la TV digital como servicio público y comunitario, velando por el respeto a la diversidad y la inclusión social. A su vez, es preciso garantizar que las oportunidades asociadas a la televisión digital en términos de interactividad y usos sociales -tales como el tele-gobierno, tele-educación, tele-medicina, tele-trabajo y otros servicios-, alcancen a la mayoría de los chilenos.

 10.- Que se reconozca el sector comunitario de la TV, como espacios de expresión para comunidades de interés como las mujeres, los pueblos originario u otras, así como de organizaciones territoriales, comunales o barriales. Que exista una política pública que fomente este sector e impulse su sostenibilidad integral y la viabilidad económica de la televisión comunitaria, incluidos los canales comunitario existentes.

 Exigimos que todo lo planteado en este pronunciamiento de la sociedad civil, respecto de la televisión digital, sea refrendado en la ley de participación ciudadana con el fin de que exista un reconocimiento explícito del derecho a la comunicación de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Propuestas tecnológicas de los candidatos

Francisco Álvarez / Emol / Desde Santiago “iluminado” hasta prevenir adicción web proponen los presidenciables / En un seminario realizado esta mañana, representantes de los cuatro aspirantes a La Moneda presentaron sus planteamientos en materia de Tecnologías de la Información. Los candidatos se mostraron partidarios de convertir a Santiago en una gran zona Wi-Fi.

En el marco de un seminario realizado esta mañana, representantes de los cuatro candidatos presidenciales plantearon las propuestas tecnológicas de los aspirantes a La Moneda, que comprendieron desde la ya conocida idea de un computador por estudiante hasta la posibilidad de tener todo Santiago “iluminado” con Internet inalámbrica.

Fue precisamente esta última idea la que planteó Manuel Riesco, representante de Jorge Arrate -en el encuentro de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI)- para quien esto podría llevarse a cabo subsidiando a lo habitantes de la capital para que compartan cierta porción de sus conexiones inalámbricas a cambio de que el Estado les subsidie el aumento al doble de la velocidad.

Cecilia Casanova, representante de Marco Enríquez-Ominami, también se mostró partidaria de tener más ciudades “iluminadas” en Chile –aparte de Salamanca- y destacó que en materia tecnológica esta candidatura tendrá dos ejes centrales: desarrollo sustentable y desarrollo humano de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

En este contexto, planteó que se fortalecerá la institucionalidad para el desarrollo digital, especialmente entre cambios de gobiernos, así como se buscará terminar con la exclusión digital y se plantearán mecanismos para prevenir la adicción a las tecnologías de información,

Casanova planteó además que en un eventual gobierno de Enríquez-Ominami la “votación digital” sería una realidad, así como también aseguró que es necesario el desarrollo de habilidades y competencias desde niños, lograr más investigadores jóvenes en las empresas y un número mayor de financiamiento total o parcial a tesis universitarias.

Piñera y Frei, los más propositivos

Tras estas dos ponencias, fue el turno de los representantes de Sebastián Piñera y Eduardo Frei, quienes presentaron un mayor número de propuestas concretas. El primero en exponer fue Alfredo Barriga, integrante del grupo asesor del abanderado de la Alianza.

Barriga afirmó que la meta en términos de las TIC es que el 2018 Chile llegue a la “sociedad del conocimiento”, es decir, generando puestos de trabajo de conocimiento, logrando acceso universal a fuentes gratuitas de conocimiento y cultura y que las personas trabajen en lo que tienen más habilidades y en lo que más le gusta.

En términos concretos estableció que durante una eventual presidencia de Piñera se dará acceso a Internet banda ancha a todos los colegios de Chile y a todos los hogares, lo cual se realizaría a través de un subsidio escalonado para alcanzar la meta de cuatro millones de casas.

Otra de las propuestas en términos educacionales fue la ya conocida de “un computador por alumno”, para lo cual se entregará un Tablet PC con conexión a Internet vía 3G o Wi-Fi.

Otro de sus objetivos será volver “más digital” aspectos como la red social, educación, salud, gobierno, trabajo y seguridad, para lo cual planteó varias ideas. Entre las más atractivas destacan la digitalización de textos escolares, el pizarrón electrónico en todas las aulas.

También propuso la digitalización de archivos judiciales, conservadores y notarías, el 100% de los trámites del Estado y las municipalidades disponibles a través de Internet, ficha médica electrónica básica unificada, entrega gratuita de un aparato que mide peso, presión y nivel de azúcar, una ley que regule el teletrabajo y la generación de una red social de seguridad para gestionar un “barrio seguro”, como el caso de Inglaterra y su “Safe Neighbourhood”.

Finalmente fue el turno de Alejandro Barros, el representante del candidato de la Concertación, quien estableció siete ejes fundamentales.

Primero, la generación de una institucionalidad de desarrollo digital, que busca romper la “dualidad” de la Subtel, que es un ente fiscalizador y promotor, para lo cual proponen que hay que crear una superintendencia y una subsecretaría de las TIC.

Educación será otro de sus ejes. En este punto Barros plantea que hay que mejorar la infraestructura, y a diferencia de lo propuesto por Piñera, cree que sólo es necesario entregar netbooks a alumnos de séptimo básico y tercero medio, ya que para los más pequeños se potenciarán los laboratorios móviles.

En términos de conectividad plantean que el desafío es llegar a los quintiles más pobres, lo cual se debería hacer con nuevos actores. Como cuarto punto establecen la necesidad de consolidar a Chile como la principal plaza occidental para establecer operaciones de servicio globales y promover la instalación de centros de desarrollo e innovación, así como los de I+D.

En cuanto a los servicios electrónicos del Estado, Frei plantea que tanto los notarios como el conservador deben volverse digitales, al igual que los trámites municipales. Respecto de la inclusión digital, proponen una red articulada de accesos públicos gratuitos a Internet y un “Servicio País” para erradicar la pobreza digital.

Finalmente, crear leyes de protección de datos personales y de delitos informáticos y desarrollar el marco jurídico para la TV digital.

“La información es una forma de riqueza, desigualmente distribuida como tantas otras…”

El destacado periodista argentino Mario Wainfeld, que participó el jueves en el seminario de televisión, “Provocaciones”, organizado por nuestro Observatorio, analiza en el siguiente artículo las fuerzas en pugna en su país, en relación a la recién aprobada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medios, que ha remecido el ambiente cultural de la nación trasandina. En su análisis a Wainfeld no le tirita la mano al criticar los grandes medios de comunicación argentinos: “Los medios dominantes tiene su cosmovisión, sus intereses, su proyecto de país, en función de ellos producen. Lo inadmisible no es su sesgo ideológico sino su imposición de prepo, merced a la restricción de la competencia y la diversidad. La lógica del mercado, que premia al que más tiene y desprecia al menesteroso, nada tiene que ver con la democracia donde todos valen uno”.

Lea a continuación el texto completo:

 

 

"Una ley para que hablemos todos"

Calidad y cantidad

 

 

Por Mario Wainfeld

La aprobación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se logró congregando abrumadoras mayorías cuantitativas y cualitativas. Las amplias votaciones en las cámaras provienen de un espectro que incluye al oficialismo y a vastos sectores de la oposición. El socialismo, Proyecto Sur y el partido de Martín Sabbatella incidieron decisivamente en el resultado y en el texto definitivo. Representan millones de votantes no kirchneristas, lo que desbarata el argumento del “setenta por ciento” en contra. El socialismo, que mostró coherencia ideológica sin concesiones, se sometió a otro veredicto electoral en medio de esta disputa y fue convalidado por el pueblo de su provincia.

Al kirchnerismo le cabe el mérito de liderar este cambio auspicioso, de ser el primer gobierno que consigue llegar al recinto con la ley y también el de saber escuchar e incluir a otros actores.

Los partidos opositores imaginaron que se repetiría el escenario de la Resolución 125. Pero sobraron las diferencias: no hubo acá sujeto social activo que les hiciera pata ni movilizaciones masivas a su favor. Toda la raigambre social se asentó en la otra vereda. Tampoco se reiteró la cerrazón del oficialismo.

Ese archipiélago opositor careció de reflejos. Sigue envuelto en su interna irresuelta y ha aceptado que las corporaciones (que no brillan por su ductilidad en la arena democrática) sean su conducción política. En tributo a ese seguidismo sus desmanejos tácticos fueron patentes. Creyeron que la ley no recalaría en el Congreso, en Diputados jugaron todas sus cartas a construir los reclamos judiciales de las corporaciones. Renunciaron a debatir y se mutilaron la oportunidad de agregar más reformas, que tenían al alcance de la mano. Los senadores dejaron de lado la sobreactuación pero no la repararon.

Superados por goleada, recayeron en una pésima costumbre: despreciar al otro, sindicar a quien piensa distinto de corrupto o ignorante. Calificaron así a intelectuales, a casi todos los constructores de los Veintiún puntos, a académicos, a trabajadores de la cultura afamados o casi anónimos, a luchadores sociales o de radios comunitarias. La oligarquía, se chimenta, no existe más pero vaya si sobreviven las concepciones aristocratizantes que degradan al que piensa diferente. En este caso no se embanderaron tras un ideario chavista, sino en una venerable brega de actores progresistas y democráticos, que tiene un cuarto de siglo de vida.

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Ningún derecho constitucional es absoluto. Los de los concesionarios de bienes del dominio público están sometidos a reglas especialmente estrictas. El licenciatario que incurre en prácticas monopólicas u oligopólicas o en abusos de posición dominante no tiene derecho a invocar “derechos adquiridos”.

A su turno, el derecho ciudadano a la información es algo más denso que la “libertad” del consumidor. La información es una forma de riqueza, desigualmente distribuida como tantas otras. Tiene dos facetas y no sólo la pasiva del espectador: poder acceder a información plural y ser emisor. Poseer un medio de comunicación, así sea de poco alcance, es una forma de poder social, sustraído a casi todos los argentinos. Habilitarles esa herramienta les da una oportunidad para defender sus ideas, valores e intereses que no se subsumen en las invocaciones banales a “la gente”.

Una desviación recurrente de los legisladores oficialistas fue centrar sus alocuciones en la manipulación o en las deformaciones informativas. No es ése el nodo, sino ampliar el conjunto de voces y garantizar un espectro no monopólico. Quien informa, forzosamente, edita: jerarquiza hechos, valores, los connota, les da un sentido particular. La objetividad no existe (cree el cronista), sí el derecho a procurarse data confiable comparando propuestas diferentes.

Los medios dominantes tienen su cosmovisión, sus intereses, su proyecto de país, en función de ellos producen. Lo inadmisible no es su sesgo ideológico sino su imposición de prepo, merced a la restricción de la competencia y la diversidad. La lógica del mercado, que premia al que más tiene y desprecia al menesteroso, nada tiene que ver con la de la democracia donde todos valen uno.

Las personas de a pie son los grandes sujetos del derecho a la información, no los medios ni los periodistas ni los dirigentes, en cuanto tales. Una ciudadanía plena incluye el derecho a ser, aun con pocas fichas, banca y no solo punto en ese juego.

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El paradigma vigente hasta ayer derivaba más de la reforma menemista que de la “ley de la dictadura”. Abandonaba la regulación de un recurso colectivo, una misión sustancial del Estado. Daba rienda suelta a los licenciatarios, beneficiados entre gallos y medianoche. El Estado no se retiró sino que actuó de referí bombero, que siempre sirvió al bando de los poderes fácticos.

Se alegó que la Constitución veda que haya leyes federales sobre la materia. Es una pobre extrapolación de una cláusula referida a la prensa escrita. Desde hace décadas, la Corte Suprema acepta que es válido que se legisle a nivel nacional actividades que, por naturaleza, se extienden en todo el territorio nacional. El joven jurista Gustavo Arballo desmenuza el punto en su blog Saber Derecho. Además, si los objetores a esta norma “unitaria” fueran consistentes deberían haber corrido ipso pucho a Tribunales para pedir la nulidad de las actuales concesiones, derivadas de dos normas nacionales, la dictatorial y la de Emergencia Económica menemista. Si la adjudicación unitaria es nula, los actuales licenciatarios carecen de derechos.

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El Gobierno operó para sumar adhesiones, también lo hizo la oposición. El doble standard predomina también para analizar esas peripecias. Al oficialismo se le atribuyen trapisondas y malas artes. Sus competidores, suponen algunos, son carmelitas descalzas. Hummm. La realidad es más compleja. El Chueco Juan Carlos Mazzón y Kirchner trabajaron full time. A su frente, José Luis Manzano se aposentó en el Hotel Savoy y fatigó despachos senatoriales. Enrique Nosiglia no necesitó mudarse para hacer lo mismo.

Directivos que manejan la caja de varios multimedios rondaron también. Daniel Vila, uno de ellos, no desechó otros métodos: exigió a los periodistas que dependen de sus empresas adhesiones expresas. La ONG Fopea, que nuclea 270 periodistas, le envió una nota “pidiéndole el cese de la recolección de firmas entre los trabajadores de algunas empresas periodísticas que forman parte de UNO Multimedios que usted lidera” y destacó que “en un contexto de gran crispación, puede coaccionar la conciencia de los periodistas con una posición diferente a la que usted ha manifestado en público en relación al proyecto de ley”. Vila es socio del diputado Francisco “Alica” de Narváez. El senador Luis Naidenoff (UCR, Formosa) citó varios comunicados de Fopea, aunque eludió galantemente el que mencionamos. También se apoyó en dictámenes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pero hizo caso omiso de la presentación de su representante Andrea Pochak en las audiencias públicas. Pochak explicó con solvencia la legalidad de la norma en tratamiento y su apego a las reglas internacionales sobre derechos humanos.

Las malas artes de un bando no excusan las del otro. Las acusaciones de cooptación ilegal de la senadora correntina María Dora Martínez deben ser investigadas. Claro que Gerardo Morales, que planteó una cuestión de privilegio, debería tener cierta introspección y (al menos) autocriticar el comprobado soborno de legisladores multipartidarios durante la gestión aliancista en la que fue viceministro y luego ministro de Desarrollo Social.

También es interesante puntualizar que el aparente asesinato del empresario Hernán González Moreno en Corrientes está inscripto en una dura puja de poder entre dos radicales, los primos Colombi. El actual gobernador, Arturo, vestía los colores del cobismo hasta hace una semana, cuando perdió. Sospechas horribles se prorratean, según quien hable, entre él y Ricardo Colombi, gobernador electo, de la UCR. Los mitos paranoicos sobre la omnipotencia del kirchnerismo llegan lejos pero no deberían hacer perder de vista esos detalles, el supuesto crimen político salpica a otros sectores.

Quienes se complacían anunciando que “el peronismo es cruel cuando huele sangre”, anunciando cambios de camiseta, tienen escasa eminencia para enojarse cuando sus vaticinios no se concretan. Cuando se trataron las retenciones móviles, muchos legisladores peronistas (algunos recientemente elegidos) se pasaron de bando. No se los comparó con Borocotó sino con los Padres de la Patria.

Otra senadora desoyó la orgánica de su partido por enésima vez y fue expulsada del mismo. Es rionegrina, revista(ba) en el Frente Grande, se llama María José Bongiorno. Poco se ha dicho de ella, los movileros no la asediaron en estas horas. Tal vez fue porque se alineó con la coalición opositora de centroderecha.

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La construcción de la ley fue participativa y plural, consistente con sus lejanos orígenes. Muchos adherentes tienen más rodaje en la materia que el kirchnerismo, al que antecedieron. En este diario hay varios, permítase al cronista saludar a uno de ellos, a título representativo. Es el compañero Washington Uranga, inscripto en estas reivindicaciones desde los albores de la democracia, promotor de variadas convocatorias y autor de una extensa producción individual y colectiva.

El porvenir es siempre impredecible y abierto. El cronista cree que dar herramientas a la sociedad civil argentina, demandante y jacobina por vocación, fomenta una prospectiva de mayor libertad, pluralismo y exigencias a los poderes políticos o fácticos. En cuanto a la generación de trabajo y la apertura a la producción nacional hay presagios de alta polaridad. Por lo general, las patronales atisban carestía y restricciones contra el optimismo de gremios y protagonistas que laburan en el mundo de la cultura, el espectáculo y la comunicación. Cualquiera puede equivocarse pero el cronista se inclina por darles la derecha a quienes hablan en nombre propio. La burguesía nacional no brilla por su sensibilidad social, menos en tiempos en que la AEA y la UIA defienden a libro cerrado las prácticas desleales cuanto ilegales de Kraft Foods.

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En Olivos cunden el buen humor y el voluntarismo. Los Kirchner creen que están venciendo a grandes grupos mediáticos en una pulseada de poder y que están sentando las bases de una coalición de centroizquierda, que liderarán.

La puja de poder, intuye el cronista, es de suma negativa. El peso y el prestigio que puedan perder los contrincantes no se trasvasan automáticamente al patrimonio político de los Kirchner, menos en términos de su potencialidad electoral, seriamente dañada el 28 de junio.

En cuanto al objetivo del frente de centroizquierda es encomiable pero de improbable concreción. La transversalidad cayó por muchos motivos, uno de ellos fue la opción de gobernabilidad elegida por el kirchnerismo, asentada en su alianza con el PJ y la CGT. Ese afán de gobernabilidad, válido en buena medida, no es congruente con un programa exigente de centroizquierda. Es más sencillo, y hasta posible, imaginar acuerdos parciales sobre una agenda progresista, máxime si persisten la voluntad y el mayor piné respecto de los partidos más grandes de la oposición. Se trataría de acuerdos contingentes, como los de la ley de Medios. Una ley de Bancos, impuestos a las actividades financieras o bursátiles son issues que analiza Néstor Kirchner y que calzarían en ese molde.

Pero cuesta suponer que los acuerdos incluyan al Presupuesto 2010, por su centralismo y su escasa afectación a nuevas políticas sociales. O con el Indec o con las prácticas asistencialistas que el oficialismo prioriza a la imposición de una asignación universal por hijo. O a hacerse cargo de protagonistas como Guillermo Moreno a quien esta semana le llovió otra denuncia, no desmentida y con tufillo creíble a la luz de sus antecedentes.

Los aliados deseados integran fuerzas de firmes convicciones y temerosas de perder reputación y aceptación si se dejan imantar por el kirchnerismo. La historia alecciona, sumarse al peronismo puede ser rentable en el corto plazo, lleva a la deglución en el mediano.

Se irá viendo. Entre tanto, el oficialismo recobró el control de la agenda y el centro de la escena en una coyuntura adversa. Y tomó nota de algunas de sus rémoras en el trámite de la ley que mentamos. No repechó el castigo electoral de junio ni volvió a la pole position. Como fuera, bueno es que el Gobierno no se deshilvane y que busque revalidarse con medidas de honrosa tradición. Falta que se percate de que está “condenado” a revisar su política social y a buscar instrumentos novedosos para enfrentar la pobreza que volvió a aumentar.

En el ínterin, produjo un avance político y social estimable, con buena compañía política y social. Un logro colectivo que era inimaginable hace tres meses.

mwainfeld@pagina12.com.ar

“La loca de mierda” reinventa el reality desde YouTube a MTV

La Nación / Pasó del boca en boca a marcar sobre 200 mil visitas en YouTube. Fue absorbida por MTV y pronto su programa se transmitirá a la señal que se ve en Chile. Malena Pichot hace crónica visual sobre la histeria veinteañera, donde la realidad no transcurre en casas-estudio, sino en edificios donde fallan las llaves del lavamanos.

Vaya de muestra el spot que corre por MTV: “No, no es que no quiero que me acaben en la cara. Mi problema pasa porque no sé bien qué expresión poner. ¿Me entendés? Ya estoy cogiendo una vez al año, sería bueno esa vez que cojo ser sexy”. Las líneas son de Malena Pichot, una argentina de 27 años que personifica un reality donde los únicos eliminados son los votos vía SMS y las calamidades de los famosos. Las estrellas son pequeñas histerias cotidianas: “tengo que ir a comprar puchos, pero me da una paja…”; “ya cuando comenzás a mezclar horarios y drogas, sos una señora”; “me tiré un pedo con olor mientras dormía con un chabón”.

El mini programa ganó audiencia y la protagonista se pegó el salto al canal musical del cable. “La loca de mierda” aún no se transmite en la señal que llega a Chile, pero en las oficinas locales explican que está pronto a aparecer.

En agosto, MTV Networks Latinoamérica incorporó el blog de Pichot al portal mtvla.com, donde hoy tiene un micrositio y extras como un glosario para entender el slang trasandino. “Es todo un símbolo de la proliferación de los nuevos medios y dinámicas que se están produciendo en su interior”, justificó el director de Nuevos Medios de la cadena regional, Ramiro Fernández. Y que rinde: algunos cortes como “El cumpleaños” se elevan sobre las 270 mil visualizaciones.

De Caballito al mundo

Como buena admiradora del estadounidense Jerry Seinfeld, Malena armó un show de la nada. Salía de una relación, se cambió a vivir sola y comenzó a combatir la soledad a punta de autoparodia. Nacieron capítulos que van entre dos y siete minutos donde circulan sus amigas, su gata, cañas de whisky y aburrimiento compartido. Un “Sex and the city” para veinteañeras más cínicas en la reflexión, que se olvidan de comprar papel higiénico y sin plata para zapatos de diseñador.

Según la protagonista, los programas demandan cerca de media hora de grabación al día y un par de jornadas de edición casera. Eso se transformó en un blog y luego comenzó a hacer stand-up comedy. Y en ese mismo estilo parodia la llamada que recibió de MTV ofreciéndole trabajo. “Nosotras no vemos MTV, ¿no? (…) Si pensás que la loca de mierda se vendió, hacés bien, sorete”.

Manual de la loca

Algunos para el bronce de “La loca de mierda”:

-“Es transitivo. Yo le chupo el dedo y él se imagina que le chupo el pito. Entonces, ganamos todos”.

-“(Al teléfono): Mi ex novio está haciendo unos videos en YouTube… ¿te suena? No, sería too much. No, se llama ‘Los hijos de puta’. El mismo concepto (…) Pedazo de homosexual drogodependiente”.

-“No me recibí, no tengo cuenta de banco, no sé cocinar, tengo hambre todo el tiempo”.

-“Las cremas siempre vencen y una las sigue usando… A ver: ‘1995’”.

-“¡Ay, Mary Poppins, si serás hija de puta! Una escena fuerte, pero ya estamos bien”.

 

“La loca de mierda” presenta así su show de stand-up: “Conchuda, pero con gracia”.

Ver en http://www.mtvla.com/especiales/lalocademierda/

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