Acusan a conglomerado de radiodifusión PRISA de ejercer fuerza indebida para saltarse legislación chilena
María Pía Matta, Presidenta Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC; y Alberto Cancino, Presidente Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile ANARCICH, han denunciado a través de medios escritos que el grupo español PRISA intenta, por medio de tribunales, no someterse a las disposiciones de la legislación chilena vigente para radiodifusión comunitaria.
El 4 de mayo de 2010 se promulgó la Ley 20.433 de Servicios de Radiodifusión Comunitaria y Ciudadana, la cual establece un espacio en el espectro radioeléctrico para las radios comunitarias. Desde esa fecha, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, SUBTEL, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, convocó a los grupos y empresas de radio en Chile a una mesa técnica para reordenar el espectro de frecuencias en el país y despejar el segmento asignado en la nueva ley a las radios comunitarias, que en el caso de Santiago va entre el 105.9 y el 107.9 FM, con potencias de hasta 25 watts.
Según denuncia AMARC, el consorcio Iberoamericana Radio Chile del grupo español PRISA, participó de las reuniones para redactar una propuesta en la que participaron radiodifusores y la SUBTEL, y ha pesar de haber manifestado inicialmente su consentimiento, el cual implicaba para PRISA modificaciones técnicas de carácter menor, se opuso a firmar a último momento la propuesta de acuerdo alegando que no lo hará hasta que la Corte de Apelaciones se pronuncie, aduciendo que en Chile no tienen seguridad jurídica y, a pesar de tener toda la disposición, está impedida de cooperar hasta que no se manifieste tribunales. Sin embargo, PRISA está sometida a un proceso contemplado en la legislación, y es el mismo para todos los concesionarios de frecuencias radiales del país, quienes deberán trasladarse a nuevas frecuencias en el plazo que la ley establece.
Pía Matta considera que esto último no es más que una medida de presión ilícita del conglomerado extranjero al Estado de Chile “Es, evidentemente, una presión indebida. Algunas radios comerciales han presentados recursos ante la autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y, luego, ante la Corte de Apelaciones de Santiago para que no se otorguen concesiones radiales a Ibero Americana Radio Chile por no cumplir la exigencia de reciprocidad que en forma expresa establece la Ley de Prensa. Estos recursos se presentaron hace años. Paralelamente Ibero Americana Radio Chile, al participar en las reuniones para cambios de frecuencias, manifestó siempre que estaba dispuesta a cooperar para cumplir con la Ley 20.433. Sólo ahora, en la última reunión realizada en la Subsecretaría ha supeditado su cooperación a la obtención de un resultado favorable en tribunales. ¿Cómo es posible que una empresa, en este caso extranjera (española), dice estar impedida a cooperar en la aplicación de la legislación nacional, la ley que permite otorgar frecuencias a radios comunitarias? ¿Cómo es posible que alegue inseguridad jurídica por el sólo hecho que otras empresas radiales hayan recurrido a autoridades judiciales, que es el derecho que tiene cualquiera persona? ¿Por qué ahora y no antes, cuando nada ha cambiado, Ibero Americana Radio Chile dice estar ‘impedida de cooperar’?”
Alberto Cancino comparte la molestia ante la situación que ha creado PRISA, lamentando que de forma imprevista y unilateral no colabore con un proceso tan significativo para las expectativas de cientos de radiodifusores “Denunciamos ante el Gobierno, el Congreso Nacional y la ciudadanía, que la actitud avasalladora de este consorcio extranjero amenaza la aplicación de una ley que se logró con un amplio consenso político y ciudadano. No parece razonable que un grupo extranjero pueda frustrar la decisión soberana de los chilenos, expresada en una ley de la república.”
La denuncia por parte de AMARC y ANARCICH apunta y devela el estado actual de concentración radial en Chile y el desequilibrio existente en el acceso a frecuencias. Fucatel se suma a la denuncia de AMARC y ANARCICH, y espera que esta situación se resuelva de modo que PRISA se someta a las leyes nacionales, y, tal como indica Pía Matta, que el Estado de Chile tome posición frente a los monopolios en la radiofonía y garantice a la ciudadanía la aplicación de la ley de radios comunitarias en su absoluta cabalidad, promoviendo medios pluralistas y garantizando así la libre circulación de ideas, imprescindibles para nuestra democracia.
Carta Pía Matta a El Mostrador