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Bachelet v/s Qué Pasa. Las falencias de la libertad de expresión en Chile

2 junio 2016 • Destacado, La Opinión de FUCATEL

logo-que-pasaFucatel, 02 de junio de 2016,

Frente a la polémica suscitada con ocasión de la querella presentada por la Presidenta contra la revista “Que Pasa”, edición impresa, tendemos a pensar que esta reacción de la mandataria fue un error, atendido que la información de que da cuenta la revista es de carácter público por formar parte de un proceso judicial en curso,  que de acuerdo a la normativa procesal penal, es de libre acceso.

Sin embargo, creemos que esta polémica es  muy oportuna para recordar que en Chile no hay una real libertad de expresión en el sentido que se entiende en las democracias maduras.

Si bien Chile ha suscrito y es parte de los principales tratados de derechos humanos, que consagran la libertad de expresión y el derecho a la información, no se han implementado los mecanismos efectivos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones que  dichas normas establecen a los estados. No se ha previsto la prohibición de monopolios privados de medios de comunicación, no existen normas que limiten la propiedad cruzada, los mecanismos reparatorios son escasos, engorrosos e insuficientes.

La libertad de expresión está garantizada para quien tenga el poder económico de sostener un medios de comunicación, al punto que tenemos un sistema de medios concentrado, en manos de la derecha económica, muy poco pluralista y sin diversidad.

La responsabilidad por los dichos e informaciones son escasas y poco eficientes para reparar el honor de las personas muchas veces injustamente aludidas por los medios, quienes se escudad en el derecho de propiedad y en la prohibición de censura previa para no responder por el daño causado.

El Observatorio ha llamado la atención, de manera sostenida, en relación a la necesidad de mejorar nuestros niveles de protección, teniendo una política de fomento al establecimiento y desarrollo de medios de comunicación, estableciendo normas de limitación a la propiedad cruzada y prohibiendo los monopolios informativos, estableciendo normas de reciprocidad en la titularidad de medios cuando se trata de capitales extranjeros, reconociendo el acceso igualitario a los medios y facilidades esenciales para establecer un medio, a los distintos sectores de la comunidad nacional.

 

 

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