Chile necesita un Defensor Ciudadano

Augusto Prado / subsecretario general de Gobierno  / El pasado 12 de noviembre, diputados de la Alianza rechazaron en bloque el proyecto de ley que creaba la figura del “Defensor del Pueblo”, también llamado Ombudsman, lo que significó echar abajo una iniciativa legal muy importante para los ciudadanos en los tiempos que vivimos.

Tan necesario resulta poseer una figura como ésta que una reciente encuesta de la ONG Genera, arrojó que un 64% de los chilenos considera que los derechos de las personas se respetan menos que antes y que habría desilusión sobre la capacidad de la democracia para velar por los derechos de las minorías.

No obstante este portazo de la oposición, el gobierno seguirá insistiendo en reponer la iniciativa legal durante el mes de diciembre, para que pueda reactivarse y ser aprobado en el parlamento antes de fin de año. Ojalá en esta ocasión exista disposición de toda la derecha a entregarle a la gente más herramientas para defenderse ante actos del sector público y privado, tal como lo reclama la ciudadanía.

Si bien esta tarea pendiente tuvo su origen en 1991 -cuando su implementación surgió como recomendación de la comisión Rettig- hoy es necesario que el mundo político dé una clara señal de que en Chile no existen ciudadanos de primera y segunda categoría y que es el propio Estado el que se hace cargo de entregar mecanismos de defensa, sobre todo, a los más humildes cuando sus derechos son vulnerados.

Esto no es menor si consideramos que en una democracia moderna, las instituciones deben estar en sintonía con los cambios globales. No es un buen indicio que seamos uno de los dos países de Latinoamérica que no tienen un organismo autónomo, de derecho público y sin fines de lucro que tenga la capacidad de fiscalizar y denunciar un acto que vulnere los derechos que establece nuestra Constitución y los Tratados Internacionales vigentes.

Oficinas nacionales del Ombudsman existen en más de noventa países del mundo. En muchos de ellos existen oficinas a nivel nacional, regional y municipal, como en el caso de Australia, Argentina, México y España.
En varias naciones la protección de los derechos humanos es uno de los fines principales de la oficina del Ombudsman.

En México está la “Comisión Nacional de Derechos Humanos”, el “Protector de los Derechos Civiles” en Polonia, el “Comisionado Parlamentario para los Derechos Humanos” en Hungría y los “Defensores del Pueblo” de España, Argentina y Perú.

El Defensor del Pueblo es un proyecto de ley que se enmarca dentro de los programas sociales del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que postula la protección y acogida hacia los más desposeídos como una prioridad que se debe transformar en una discusión inmediata entre el mundo político.

Sabemos que se requieren los tres quintos de los votos de los diputados para lograr sacar adelante esta iniciativa. Quizás con el esfuerzo y la disposición de algunos parlamentarios, especialmente de derecha, podemos hacer realidad esta tarea pendiente que tiene nuestro gobierno democrático.

La actitud de un sector de la derecha, contraria a que el defensor del pueblo también pueda fiscalizar aquellas empresas privadas que entregan servicios públicos como el agua, el gas o la electricidad, sin duda responde a un doble discurso que la gente no logra entender y deja a la amplia mayoría de chilenos sin posibilidades de real equivalencia a la hora de enfrentar un abuso por parte de empresas privadas que deben prestar un servicio público. Es de esperar que lo que persistentemente señalan ante las cámaras de TV lo refrenden a la hora de votar un proyecto de ley tan trascendente como éste.