Cierre de tres radios comunitarias

RadiosComunitariasObservatorio / La Asociación Mundial de Radios Comunitarias –Amarc- denunció el cierre de tres emisoras en la comuna de Paine:  Felicidad, Tentación y 24. A las tres  radios comunitarias se les confiscaron los equipos por parte de integrantes de la Brigada de Delitos contra las Propiedad Intelectual de la Brigada de Investigaciones –PDI- por una orden emitida desde la fiscalía Sur Metropolitana de la localidad de San Bernardo. La denuncia original fue realizada por una radio comercial de la zona ante la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Subtel.

Lea a continuación, el comunicado de Amarc:

Reinicia persecusión penal en contra de radios comunitarias de Chile

Este 9 de noviembre de 2010, fueron cerradas mediante la utilización del derecho penal tres radios comunitarias en la comuna de Paine en Chile: Radio Felicidad, Tentación y Radio 24. A las emisoras Tentación, que transmite por la frecuencia 105.3, y Radio 24, ubicada en la frecuencia 100.5 en la banda FM, les fueron confiscados los

equipos por parte de integrantes de la Brigada de Delitos Contra la Propiedad Intelectual de la Policía de Investigaciones (PDI) con orden emitida por el fiscal Pablo Cortés, de la Fiscalía Sur Metropolitana,

de la localidad de San Bernardo. Dicha orden fue liberada como parte de procesos penales abiertos en contra de integrantes de las radios.

La denuncia fue iniciada por la propia Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) tras el reclamo interpuesto por una radio comercial de la zona .

De acuerdo a lo relatado por integrantes de las propias radios, cuatro policías adscritos a la PDI llegaron alrededor del mediodía del martes 9 de noviembre a radio Tentación y procedieron a incautar los equipos de transmisión. Detuvieron a los comunicadores radiales que se encontraban en ese momento. Posteriormente, los integrantes de la PDI se trasladaron al domicilio de radio 24 e ingresaron al local por medio del uso de la fuerza. Incautaron los equipos de la emisora así como equipos de computación que no pertenecen a la radio sino a los comités de vivienda que funcionan en ese espacio. Como parte del proceso penal se detuvieron a cinco personas, entre ellos a Marcelo Núñez, director de Radio Tentación, y a Miguel Silva, director de Radio 24.

Con estas acciones el Estado chileno nuevamente incurre en la utilización desproporcional del derecho penal para perseguir a integrantes de radiodifusoras no autorizadas. El hecho se agrava dado que en Chile subsiste una legislación que impone restricciones discriminatorias para las radios comunitarias.

Cabe recordar lo que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha desarrollado al respecto: “los Estados tienen, la obligación de establecer un marco regulatorio que promueva una discusión libre, abierta, plural y desinhibida, lo cual implica el diseño de instituciones que permitan, y no que dificulten, la deliberación sobre todos los asuntos y fenómenos de relevancia pública. Nada de esto se compadece con el uso indiscriminado del derecho penal como mecanismo

para limitar la circulación libre de opiniones e informaciones, especialmente cuando las mismas se refieren a asuntos públicos”.

La falta de una legislación y políticas públicas que se adecuen a los estándares interamericanos de derechos humanos en materia de medios de comunicación audiovisual fue establecida hace tres semanas por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC ALC) durante una reunión de trabajo llevada a cabo en el último periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).[1] En ella, el

estado chileno se comprometió a mantener los canales abiertos a fin de analizar modificaciones a estas prácticas abusivas que restringen indirectamente el derecho a la libertad de expresión. Lejos de cumplir con sus acuerdos, el Estado chileno continúa haciendo uso de la legislación penal para perseguir a integrantes de medios de comunicación comunitaria. AMARC ALC condena nuevamente esta situación y hace un llamado urgente al Gobierno chileno a fin de que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos modificando la legislación y absteniéndose de la persecución penal injustificada.