Clarín en blanco

Observatorio / Ayer el diario argentino Clarín apareció en los quioscos con su portada en blanco, no precisamente porque no tuviera nada que informar, sino como una forma de protesta por grupos sindicales que han intentado detener a los camiones que reparten el periódico por el país trasandino,  logrando retrasar su entrega a los distribuidores. Idéntica situación ha vivido el diario La Nación. Ambos periódicos tiene una línea editorial contraria al gobierno de Cristina Fernández y atribuyen los sucesos a una maniobra política en venganza por la denuncia publicada en Clarín sobre los problemas judiciales de un líder camionero cercano a la coalición gobernante. Por su parte los trabajadores involucrados en la protesta aducen una persecución de los dueños de los periódicos a los dirigentes sindicales. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, tuvo que mediar en el conflicto y expresó su deseo de que se busque una solución en la reunión que se producirá mañana entre delegados de los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), que el domingo realizaron una protesta en la planta de impresión del matutino porteño, y la empresa. «La libertad de expresión es también para los trabajadores», puntualizó el ministro.

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Página 12

Tomada espera que «se busque una solución al conflicto»

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, expresó su deseo de que en la reunión de mañana entre delegados de los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), que el domingo realizaron una protesta en la planta de impresión del matutino porteño, y la empresa «se busque una solución al conflicto» teniendo en cuenta que «los derechos sindicales existen» y que «la libertad de expresión es también para los trabajadores». Por su parte, la titular de la cartera de Seguridad, Nilda Garré, enfatizó: “Yo no permití ningún bloqueo”. Esta mañana, delegados de la Comisión Gremial Interna de Canal 13 y TN, ambas parte del multimedio, expresaron su «solidaridad» con los empleados de AGR y repudiaron la «actitud manipuladora» de la empresa al presentar el conflicto como una «vulneración al derecho a la libertad de prensa».

Garré, a quien ayer citó la oposición para dar explicaciones en nombre del Gobierno sobre el bloqueo que impidió la salida de la edición dominical del diario Clarín, aseguró que “repudia” esa medida de fuerza, pero insistió en que la libertad de prensa «no está afectada» con ese hecho concretado el fin de semana pasado.

«Si hay algún otro que lo aprovecha para otra cosa, la verdad que repudio esa posibilidad, pero creo que, a la vez, la libertad de prensa no está afectada», manifestó la funcionaria, quien en una entrevista radial reiteró que se trata de «un conflicto gremial que ya lleva ocho años».

Por su parte, Tomada afirmó que «la dirección de Recursos Humanos de Clarín tiene una política clara de impedir las representaciones gremiales al interior de la empresa. Esto lo saben todos los periodistas y lo saben todos los trabajadores gráficos también».

«La reunión de mañana (entre delegados y representantes de la empresa periodística) será en el marco de buscar una solución a este conflicto, y lo vamos a buscar de todas las maneras posibles porque creemos que hay derechos sindicales. No es solamente reclamar la libertad de expresión, es también reclamar la libertad de expresión de los trabajdores», dijo el funcionario.

Además, agregó que en este conflicto no se trata de «negociar condiciones laborales, donde la solución va por la búsqueda de equilibrios», sino de garantizar «la práctica sindical, el funcionamiento de la representación gremial en la empresa». Tomada reconoció que la reunión de ayer entre ambas partes se frustró porque «después de seis años de conflicto, las relaciones laborales no fluyen con la normalidad habitual», y afirmó que «de todas maneras hay que hacer un esfuerzo». «La empresa sabe muy bien lo que necesitan estos trabajadores. Esperemos que encuentren una solución».

Esta mañana, delegados de la Comisión Gremial Interna de Canal 13 y TN expresaron su «solidaridad» con los trabajadores de AGR. «Creemos necesario que no se desvíe la atención sobre el tema principal, que es la falta de libertad sindical que sufrimos los trabajadores», señalaron a través de un comunicado.

En este sentido, advirtieron que «la vulneración a derechos constitucionales como el libre ejercicio sindical, la violación a los convenios colectivos y al estatuto del periodista son prácticas constantes en las empresas del grupo Clarín». «Somos los trabajadores de esta empresa quienes vivimos desde hace años la imposibilidad de desarrollar nuestra actividad sindical libremente», afirmaron.

Editorial de la Tercera, Chile

Libertad de prensa en Argentina

AYER, el diario argentino Clarín apareció en los quioscos con su portada en blanco, en simbólica protesta contra los grupos que, por quinta vez en cuatro meses, han buscado impedir que salieran de la imprenta los camiones que reparten el periódico, retrasando su entrega, una situación que también afecta al diario La Nación. Ambas publicaciones son de línea editorial contraria al gobierno de la Presidenta Cristina Fernández y ya habían entrado en conflicto abierto con la Casa Rosada durante la última etapa de la presidencia de su marido, Néstor Kirchner. Los manifestantes alegan una supuesta «persecución (de) la patronal contra los delegados sindicales», pero Clarín señala que las últimas protestas comenzaron luego de que publicara información sobre los problemas judiciales de Hugo Moyano, cercano a los Kirchner y líder del gremio de los camioneros.

Pese al reclamo de ambos diarios, no se hicieron presentes en el lugar las autoridades para impedir una flagrante violación del orden público que no afecta sólo a las empresas involucradas, sino a la opinión pública argentina, que se informa por esos medios impresos, los dos de mayor circulación en el país. Tampoco el Ejecutivo ha manifestado su rechazo al bloqueo ilegal de la imprenta. Ello es lamentable, pues el gobierno argentino no debería seguir empañando su ya cuestionable historial en materia de libertad de prensa y de expresión. En los últimos años, el Estado ha ido aumentando su presencia e influencia en el sistema argentino de medios, afectando en muchos casos el derecho de propiedad e identificando como «enemigos» a los que son críticos del gobierno. Organismos internacionales han hecho ver el peligro de que en Argentina hoy pueda estar en entredicho la libertad de sus ciudadanos para buscar, recibir y entregar información, lo cual sería una grave amenaza para su convivencia democrática