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Comunicación, democracia y movimientos sociales

4 marzo 2013 • La Opinión de FUCATEL, Noticias

Compartimos a continuación la introducción del libro Democratizar la palabra: Movimientos convergentes en comunicación. En ella, se hace un profundo análisis sobre la demanda por participación ciudadana en América Latina, la cual requiere y exige un proceso de democratización de los medios de comunicación, proceso necesario a su vez para  mejorar la calidad de nuestras democracias.

Por Osvaldo León

Prácticamente desahuciada por las políticas neoliberales, la lucha por la democratización de la comunicación se presenta hoy con singular vitalidad en sintonía con los cambios políticos que vive América Latina desde la década pasada. Ya no se trata de un asunto circunscrito a quienes se encuentran vinculados directa o indirectamente a la comunicación, sino de una causa asumida por cada vez más actores sociales, puesto que ventila el futuro mismo de la democracia.
La democratización de la comunicación es, ante todo, una cuestión de ciudadanía y justicia social, enmarcada en el derecho humano a la información y a la comunicación. Por lo mismo, es consustancial a la vida democrática de la sociedad, cuya vitalidad depende de una ciudadanía debidamente informada y deliberante para participar y corresponsabilizarse en la toma de decisiones de los asuntos públicos.
Bajo la hegemonía neoliberal, esta aspiración democrática se ve seriamente constreñida pues colocar al mercado como eje del ordenamiento social implica diluir todo sentido de ciudadanía, para dar paso a la figura omnipresente de consumidor/a, con la particularidad que la comunicación pasa a constituirse en soporte clave de tal proceso. Esto es, la comunicación, por el acelerado desarrollo de tecnologías y técnicas que registra, no sólo que es objeto de sustantivos cambios internos, sino que se convierte en uno de los sectores más dinámicos, con profundas repercusiones en todos los órdenes de la vida social.
En tanto proyecto global, se pone a la orden del día la imposición de políticas de liberalización y desregulación, sobre todo en materia de telecomunicaciones, para eliminar cualquier regulación o espacio estatal que pudiera interponerse a la expansión transnacional, y de normativas orientadas a lograr que de una vez por todas la información y la producción cultural sean consideradas meras mercancías. Y es así como se potencia una industria mediática y de la cultura altamente concentrada y regida por criterios exclusivamente comerciales, bajo los cuales lo que cuenta son los criterios de rentabilidad por sobre aquellos de interés público.
Al calor de la mundialización económica, es en el campo de la comunicación donde con mayor virulencia se ha desatado la dinámica de concentración empresarial y transnacionalización, que se ha traducido en el aparecimiento de megacorporaciones -vía fusión de medios impresos, cadenas de televisión, TV cable, cine, software, telecomunicaciones, entretenimiento, turismo, entre otros-, con ramificaciones en todos los rincones del mundo.
Bajo estos parámetros, los medios de difusión multiplican su capacidad para gravitar en la configuración del espacio público y de la ciudadanía, por su mayor incidencia sobre los entornos sociales y la propia cotidianidad. La predominancia que ahora ostentan respecto a otras instancias de mediación social -partidos, gremios, iglesias, establecimientos educativos, etc.- es tal que éstas para prevalecer precisan recurrir a ellos sistemáticamente.
De hecho, lo que sabemos resulta cada vez menos de las experiencias de primera mano, y cada vez más por lo que nos llega de la realidad construida por los medios; o sea, la materia prima que sirve para configurar las realidades en las que nos desenvolvemos, las pautas de la agenda pública que determinan en torno a cuáles temas opinar, con quiénes identificarnos o no, etc. De modo que es esta construcción mediática la que les da ese peso específico en la sociedad y por lo mismo es que tiene tanta o mayor importancia los silencios que guardan, los mecanismos de invisibilización. De ahí que para la salud democrática resulta clave garantizar la pluralidad y la diversidad de medios.
En clave de Derecho a la Comunicación
Como las políticas neoliberales agravaron seriamente los problemas sociales que supuestamente iban a resolver, las propuestas de cambio levantadas desde las resistencias sociales y políticas encuentran un sustantivo respaldo por parte de la ciudadanía, pese a que ellas habían sido objeto de una descalificación sistemática por parte de los medios hegemónicos. Y es así que a inicios del nuevo milenio, particularmente en Suramérica, se produce un giro en el mapa político que se presenta marcado por compromisos para profundizar la democracia, cuando no para avanzar hacia democracias participativas.
En este nuevo contexto “renace” la demanda por la democratización de la comunicación, que hasta hace no mucho por razones de “política correcta” (cuando menos para mantener la ilusión de algún momento ser considerado en un espacio mediático) incluso sectores progresistas la habían puesto de lado. Cabe recordar que en los ’80, cuando se procesaban los retornos constitucionales en una buena parte de países de la región, la proclama: “sin democratización de la comunicación, no hay democracia” hacía parte de las plataformas reivindicativas, siendo que las corporaciones mediáticas se afianzaron con el favor y amparo de las dictaduras.
Vale precisar que en un primer momento varios gobiernos de esta corriente de cambio prácticamente dejan fuera de agenda este tema, debido a que con un sentido “pragmático” se inclinan por buscar “entendimientos” con los pesos pesados del poder mediático hegemónico. Pero como los cambios exigen afectar intereses que tocan a los poderes fácticos, estos “entendimientos” se diluyen, al tiempo que se hace evidente que los medios hegemónicos asumen un rol articulador de las fuerzas de oposición, ocupando el espacio resultante del generalizado descalabro de los partidos políticos tradicionales[1].
En las circunstancias particulares de los diversos países, varios gobiernos asumen la necesidad de establecer normativas legales para democratizar la comunicación en sintonía con planteamientos procesados por una multiplicidad de actores sociales comprometidos con esta causa, uno de cuyos ejes es la demanda por la implementación de mecanismos para la regulación de los medios de comunicación desde un paradigma de derechos humanos, a través de políticas públicas orientadas a fomentar el pluralismo y la diversidad de voces y a garantizar condiciones de igualdad en el acceso al debate público, y por lo mismo, también para revertir las asimetrías existentes. Esto es, la diversidad y el pluralismo considerados como presupuestos básicos del Derecho a la Comunicación.
El Derecho a la Comunicación recoge todos los demás derechos adquiridos en el devenir histórico[2], a la vez se torna extensivo para responder a los tiempos presentes. Dos son los principales ingredientes que gravitan en esta esfera: uno, el consenso que se ha ido estableciendo en la comunidad de naciones respecto al imperativo de profundizar la democracia con la participación ciudadana en la toma de decisiones, cuestión que remite a la necesidad de potenciar la diversidad y pluralismo en el mundo mediático; y, dos, el vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, bajo la matriz de la convergencia digital, que entre otras cosas establece condiciones operativas de interactividad.
Medidas democratizadoras
El primer país en tomar cartas en el asunto es Venezuela, donde tras el fallido golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez (abril de 2002) se da paso al tratamiento de la “Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión” (conocida como ley Resorte), que es sancionada en diciembre de 2005, y a políticas para fomentar medios públicos y comunitarios. En la Asamblea Nacional se encuentra el anteproyecto de Ley de Medios Comunitarios y Alternativos, aprobado en primera discusión en noviembre 2012, que fue presentado con el respaldo de más de 26 mil firmas bajo la figura Pueblo Legislador, que permite a la ciudadanía proponer proyectos jurídicos.
En donde sí se ha establecido una reglamentación del “Servicio de Radiodifusión Comunitaria” es en Uruguay, con la sanción de la Ley 18232 en diciembre de 2007, que establece para las emisoras comunitarias al menos un tercio de las frecuencias disponibles en todas las bandas de radio y televisión, analógicas o digitales. También se han sancionado varios decretos ejecutivos en esta materia, como el expedido el 31 de diciembre de 2012 que dispone: “El total de abonados de las empresas de televisión para abonados autorizadas para operar en todo el territorio nacional no podrá superar el 25% del total de hogares en todo el país…”. Y se prevé que el gobierno del presidente José Mujica ponga a consideración del Parlamento el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que es resultado de un proceso implementado con el mecanismo de los Comités Técnicos Consultivos conformados con representantes de organizaciones sociales y del empresariado.
En Ecuador, la nueva Constitución aprobada el 28 de septiembre de 2008 contempla el reconocimiento de la comunicación como un derecho humano fundamental. Los Derechos de la Comunicación e Información consagrados establecen un marco inédito para avanzar hacia una profunda democratización del sector. Pero la Ley de Comunicación encargada de desarrollar lo estipulado en la Carta Magna, calificada por los grandes medios empresariales como “ley mordaza” antes de que se inicie su redacción y objeto una campaña millonaria antes nunca vista, se encuentra trabada en la Asamblea Nacional.
La nueva Constitución boliviana reconoce igualmente a la comunicación como un derecho humano. En materia legislativa, el 8 de agosto de 2011 se promulga la “Ley general de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación”, Nro 164, que, entre otras disposiciones, establece la distribución del espectro radioeléctrico en los siguientes términos: “1. Estado, hasta el treinta y tres por ciento. 2. Comercial, hasta el treinta y tres por ciento. 3. Social comunitario, hasta el diecisiete por ciento. 4. Pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas hasta el diecisiete por ciento”.
Tras un amplio debate a nivel nacional que repercutió en una amplia movilización social, el 10 de octubre de 2009 el Senado argentino aprueba la “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, que divide el espectro radioeléctrico en tres tercios: comercial, estatal y organismos sin fines de lucro. Debido a que uno de los componentes de la Ley apunta a la desmonopolización del sector, el poderoso grupo Clarín, secundado por otros conglomerados, no solo que desata una campaña demoledora sino que de manera sistemática recurre a medidas cautelares para no acatar la norma.
En Brasil también se encuentra en disputa la democratización de la comunicación. Tras varios meses de debates animados por diversos sectores de la sociedad, del 14 al 17 de diciembre de 2009, en Brasilia, tiene lugar la Conferencia Nacional de Comunicación (Confecom) que concluye con la aprobación de 665 propuestas. Aunque la propia realización de la Confecom es considerada como una victoria de los sectores sociales, por el carácter pedagógico de la fase preparatoria, sus directrices se han diluido paulatinamente bajo el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, ante la presión de los grandes medios para que ellas mueran en el papel. En este contexto destaca la campaña “Para expresar la libertad – Una nueva ley para un nuevo tiempo” impulsada por el Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación (FNDC) a fin de sostener la movilización y presión social.
Ejes comunes
Tanto en estos países como en otros que están inmersos en procesos afines, el punto común denominador es la premisa de que lo que está en juego es el sentido mismo de la democracia: una de carácter formal, limitada a votaciones de tiempo en tiempo, donde los actores ya no son los ciudadanos sino los consumidores; y la otra que reivindica una ciudadanía participativa y proactiva para tener voz y voto en las decisiones que vertebran su destino.
Es así que en la agenda en disputa los ejes comunes tienen que ver con la necesidad de contar con políticas públicas de comunicación orientadas a fomentar los espacios de debate y encuentro a todo nivel, estimular las iniciativas sociales e individuales, catalizar propuestas y consensos, delegar decisiones y fijar normativas regulatorias, entre otros.
En este sentido también se contempla la confrontación a la concentración mediática y la lógica que privilegia los intereses de los grandes grupos económicos, para dar paso a una reestructuración que ponga término a los monopolios y oligopolios. Concomitantemente, se establece el rescate del carácter público de la comunicación social y por lo mismo la centralidad de la sociedad en este plano: un giro copernicano ya que únicamente se venía contemplando a dos actores: Estado y empresarios[3]. Esto es, garantizar la participación activa, crítica y organizada de la sociedad en todos los procesos comunicativos. Y como ejes vertebradores, la defensa irrestricta de la libertad de expresión y del derecho a recibir información verificada y plural; derecho a la rectificación; etc.
En esta perspectiva de cambios, uno de los puntos críticos tiene que ver con el reparto del espectro radioeléctrico -un bien público inalienable, imprescriptible, inembargable y limitado- que pertenece a la humanidad pero que es administrado por los estados. En esta materia, se viene imponiendo el criterio de los tres tercios: sector empresarial, público (estatal) y comunitario. Cuestión que cobra particular importancia ante la próxima entrada del sistema de frecuencias digitales.
Otro tema se refiere al ordenamiento institucional y la consiguiente definición y demarcación del órgano u órganos rectores que habrán de ocuparse de las regulaciones y controles. A propósito, la figura esgrimida es la de un Consejo Nacional o Social de Comunicación, aunque no necesariamente hay concordancia respecto a su composición, rol y espacio de autonomía.
También hay una serie de demandas que, con variantes, resultan comunes a los diversos países, tales como: la producción y distribución local y regional; la sustentabilidad de los medios públicos y comunitarios; la precisión del carácter y composición de los medios públicos; las derivaciones prácticas del control y participación social; acceso a la información de las entidades públicas (transparencia), insinuándose que lo mismo debería aplicarse hacia todos los sectores; acceso universal a las tecnologías de Información y Comunicación (TICs); regulaciones en materia de promoción y publicidad, entre otros puntos.
Pero más allá de las demandas específicas importa considerar que también se está proponiendo un nuevo enfoque que ya no solo considera fundamental establecer normativas respecto a las obligaciones del Estado para Garantizar y Respetar el conjunto de derechos sancionados legalmente, sino también sus obligaciones de Proteger y de Cumplir para la realización plena de los Derechos de la Comunicación.
Contraofensiva mediática
Ante este nuevo escenario, muy a su pesar los medios hegemónicos se ven constreñidos a abrir espacios para que se pueda hablar sobre un tema vedado: la responsabilidad social de los medios de comunicación. Aunque en lugar de propiciar un debate amplio y diverso optan por atrincherarse en la propaganda y responder con multimillonarias campañas publicitarias, por cierto muy interrelacionadas, no sólo por tener una matriz común, sino por la sincronización de movimientos y soportes: institutos de investigación, centros de observación y entidades afines, y obviamente el gremio de las corporaciones mediáticas, la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa).
Para sostener tales campañas, ese mismo poder mediático se autoproclama paladín de la libertad de expresión, de modo tal que se convierte en un atentado a dicha libertad toda iniciativa que pretenda abrir nuevos parámetros para que en ella se contemple también la libertad de expresión de la ciudadanía toda. Vale decir, que ésta sea una prerrogativa de todos y todas y no solo de quienes tienen medios de comunicación.
Bajo la premisa de que en materia de comunicación la mejor ley es la que no existe, los medios hegemónicos sostienen que la autorregulación es el mecanismo idóneo para preservar la libertad de expresión y que el verdadero control está en manos del lector, del oyente, del televidente, quienes en cualquier momento pueden decidir no seguir con tal o cual medio o programa. Es decir, todo se resuelve en el mercado. Sin embargo, ni la comunicación ni la información se las puede considerar como meras mercancías pues son bienes esenciales y relevantes para el convivir de una sociedad democrática. Y precisamente por eso merecen protección del ordenamiento jurídico.
Cuando los teóricos del liberalismo clásico establecen las ideas del “cuarto poder” lo hacen con el presupuesto de que la libre expresión de opinión a través de los órganos de prensa independiente constituye el principal medio para garantizar la expresión de la diversidad de puntos de vista, la formación de una opinión pública lúcida y la vigilancia de los abusos del poder estatal. Pero hoy los abusos también provienen del poder mediático altamente concentrado. Por eso, como anota Thompson[4]: “El enfoque del laissez-faire para la actividad económica no es necesariamente la mejor garantía de la libertad de expresión, desde el momento que un mercado desregulado puede abrir un camino que efectivamente reduce la diversidad y limita la capacidad de la mayoría de individuos para poder hacer escuchar sus puntos de vista”.
Vale tener presente que a diferencia de Europa y Norteamérica, donde los medios de difusión masiva se desarrollan codo a codo con la industrialización, en Latinoamérica son implantados desde esos países del Norte -respondiendo más bien a las condiciones de su integración al capitalismo internacional-, circunscritos a los grupos de poder. Y esa característica se expresa en el sistema mediático predominante: grandes grupos familiares que concentran y monopolizan el sector (con mínimas variaciones en los diferentes países), orgánicamente articulados al conjunto de poderes fácticos, imbuidos de un alto criterio patrimonialista (que reduce el interés público a los suyos particulares; tan es así que los concesionarios de frecuencias radioeléctricas tienden a considerarlas como suyas a perpetuidad) y con una lógica que establece una interdependencia de los medios de comunicación con el libre mercado como pilares de la democracia, por señalar algunos rasgos.
Como anota al respecto Frank La Rue[5], Relator Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, la libertad de expresión “es un derecho universal, un derecho de todos, y no solo de las grandes corporaciones de los media… Es un derecho de la sociedad a estar bien informada, es una cuestión de justicia y ciudadanía vinculada directamente al principio de diversidad de los medios. Por eso, el monopolio de comunicación está contra, justamente, la libertad de expresión y el ejercicio pleno de la ciudadanía”. Y más adelante precisa: “En América Latina hay un fenómeno histórico común porque toda la estructura de comunicación social fue pensada solamente desde la óptica comercial. Y la comunicación es mucho más que eso, es un servicio público. No hay problema en que también sea un negocio, nadie está contra eso, pero debe prevalecer el espíritu de servicio a la colectividad, hecho con calidad e independencia, de forma honesta y objetiva. Eso solo puede funcionar fuera de la estructura de monopolio, dentro del principio de la diversidad y del pluralismo de los medios”.
De modo que lo que tenemos es un poder mediático cada vez más concentrado, que conjuga tanto el ser parte de los grandes negocios como el hecho de ser un factor preponderante para la disputa de ideas. Y por otro lado, una lucha histórica por la ampliación de derechos o cuando menos para que se hagan realidad los ya consagrados. Vale decir, se trata de una disputa entre el poder mediático que habla de libertad de expresión, aunque en realidad reducida a la libertad de prensa (que consagra derechos a los empresarios); y actores sociales con un sentido englobante y amplio que reivindican el Derecho a la Comunicación.
En el fondo, esta es una expresión de la disputa central de los proyectos de cambio que sin desconocer los derechos individuales abogan por los derechos ciudadanos, colectivos.
Articulando fuerzas
En América Latina se registra un fenómeno muy particular: la configuración de un espectro de medios de comunicación alternativa y popular, que germina en los ’70 y que contra viento y marea resiste a las dictaduras y leyes que las criminalizan, para acompañar las dinámicas organizativas de los diversos sectores sociales en las luchas por sus reivindicaciones específicas y las relacionadas a la defensa y ampliación de la democracia. Y en este caminar también se van procesando tanto planteamientos que toman cuerpo en torno a la demanda por la democratización de la comunicación, con expresiones diversas en los diferentes países; como también confluencias específicas (en una realidad marcada por la dispersión) para intercambiar experiencias, coordinar acciones y propuestas. De modo que son interacciones que permiten no solo la configuración de plataformas mínimas -por tanto, en cierta medida, la elaboración de relatos alternativos-, sino también la articulación de fuerzas dispuestas a gravitar en las definiciones políticas relativas a este campo.
En la lucha por los derechos humanos hay una constante: las conquistas se consagran en las instancias y marcos internacionales, no necesariamente por las normas que establecen sino por la legitimidad que dan a tal o cual causa. En este sentido, las cumbres mundiales promovidas por Naciones Unidas, de cuya utilidad hay una duda generalizada, han cumplido un rol cuando menos catalizador de sinergias.
En efecto, cuando se realiza el I Encuentro Latinoamericano de Medios de Comunicación Alternativa y Popular” (Quito, 19-23 abril 1993), además de los acuerdos internos de coordinación, se formula a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, junio 1993) la primera propuesta para que se afirme y fortalezca el Derecho a la Comunicación. Con ocasión del proceso consultivo “Viena+5”, que coincide con el 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en septiembre 1998 se realiza en El Salvador el Foro Internacional: Comunicación y Ciudadanía, que tiene la particularidad de propiciar una confluencia entre el mundo de la comunicación y los movimientos sociales en torno a la democratización de la comunicación, donde se reafirma la demanda por el Derecho a la Comunicación que es trasladada al organismo mundial, junto con el pedido para que convoque a una Conferencia Mundial de la Comunicación, con amplia participación de la sociedad civil.
Este pedido coadyuva para que la ONU –que había decidido suspender la organización de cumbres mundiales- convoque a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), en cuya fase preparatoria surge la Campaña por los Derechos de la Comunicación en la Sociedad de la Información[6] (CRIS, por su sigla en inglés), cuyo lanzamiento se da en el marco del Foro Social Mundial 2002, que contribuye a tener una resonancia inusitada tanto en la diseminación de las ideas fuerza como en la proyección de convergencias con diversos sectores sociales; pero también a consolidar una masa crítica de acumulados y convergencias o cuando menos conexiones en curso desde años atrás.
Es así que, junto a los medios de comunicación popular, alternativa, comunitaria, etc., en esta lucha por la democratización se encuentran redes de intercambio pro software libre; activistas en medios digitales, colectivos a favor del acceso universal y apropiación de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs); organismos de monitoreo y/o presión frente a contenidos sexistas, racistas, excluyentes, etc. canalizados por los medios; programas de educación crítica de los medios (media literacy); asociaciones de usuarios para intervenir en la programación de los media; redes ciudadanas y de intercambio informativo articuladas en Internet; investigadores críticos; asociaciones de periodistas independientes; colectivos de mujeres con perspectiva de género en la comunicación; movimientos culturales; redes de educación popular; observatorios en pro de la libertad de información; asociaciones antimonopolios; colectivos en defensa de los medios públicos; entre otros muchos más. Y de manera creciente, organizaciones sociales de diverso signo.
En este proceso que paulatinamente lleva a incorporar la causa de la democratización de la comunicación en las agendas de los diversos sectores sociales y ciudadanos inciden también las dinámicas de confluencia que éstos propician para encarar el proyecto neoliberal que se presentaba como “única salida”. La necesidad de pensar y proponer alternativas justamente es lo que da paso a que confluyan entidades y movimientos sociales en el Foro Social Mundial bajo la consigna “Otro mundo es posible”, el cual desde un primer momento contribuye, entre otros aspectos, a visibilizar y enlazar diversas causas sociales. Un compartir de reflexiones y experiencias, pero también propuestas de acciones. En este marco, los planteamientos por la democratización de la comunicación obtienen una importante resonancia.
Al iniciar el presente siglo, el continente es escenario de las luchas de resistencia al proyecto estratégico estadounidense de crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), teniendo como principal referente a la Campaña Continental contra el ALCA[7] que logra congregar a movimientos sociales, culturales, políticos y otros estamentos, cuyo accionar fue gravitante para el descarrilamiento de ese proyecto y para rescatar la perspectiva de la integración regional. Se trata de una campaña que, obviamente, se apoya en lo comunicativo, aunque básicamente sustentada en una lógica militante que conjuga movilización y reflexión, con un sentido descentralizado; pero que a la vez incorpora la causa de la democratización de la comunicación en los debates y la formulación de propuestas alternativas, con la particularidad que entra en juego la capilaridad social que tienen los movimientos en la reconstrucción de sentidos.
Desde los movimientos sociales
Para los sectores populares, los procesos de organización, participación y movilización han constituido históricamente la piedra angular para liberar su capacidad de expresión, rescatar su derecho a la palabra, sustentados en una interacción colectiva orientada a analizar y comprender la realidad para establecer identidades y sentidos comunes respecto a su accionar social transformador. De ahí que sus definiciones en materia de comunicación por lo general se han enmarcado en parámetros relativos a tales procesos.
Ante los cambios que se registran en el mundo contemporáneo, particularmente en lo que tiene que ver con la necesidad de articular lo local con lo global y el creciente peso de factores de la comunicación en todos los órdenes de la vida, que no es ajeno al impacto de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) y cuya cara más visible y bondadosa es Internet, en las organizaciones sociales paulatinamente se registra un replanteamiento en este tema.
Si bien, por lo general, en las organizaciones sociales continúa prevaleciendo una orientación instrumental de la comunicación, circunscrita a la utilización del medio, del instrumento, no es menos cierto que al interior de ellas ya se habla de la formulación de políticas y estrategias de comunicación, de afinar y potenciar el discurso propio, del impulso a la capacidad de respuesta con el fortalecimiento de medios propios con más calidad y contemporaneidad, de la “apropiación” de Internet [8], del impulso de procesos de formación tanto para dirigencias como para los/as operadores, de la articulación de un nuevo tejido comunicacional antihegemónico, de la disputa de amplias audiencias, de la producción colaborativa de calidad, etc.
Es más, en el marco de estos replanteamientos igualmente está presente el criterio de que no basta ser beneficiarios de tal o cual política, sino partícipes en las orientaciones e implementación de éstas, lo cual plantea la necesidad de articular propuestas y desarrollar las capacidades de respuesta de manera colectiva, pues aisladamente ningún conglomerado está en condiciones de enfrentar por sí solo el gran desafío que se presenta en este momento histórico. Por lo mismo se está incorporando también una mirada hacia la integración de los pueblos en la región.
Y también hay susurros respecto a recuperar el sentido mismo de comunicación en tanto proceso social dialógico y participativo. Esto es, superar el predominante paradigma de la información (circunscrito a potenciar y multiplicar flujos desde el emisor al receptor), para rescatar el de la comunicación[9], que en ciernes es lo que históricamente han propiciado las expresiones de la comunicación alternativa y popular. Es más, señalando la conexión con ámbitos como la educación y la cultura, en tanto supone diálogo y construcción de sentidos comunes.
Vale precisar que si bien los medios hegemónicos no han logrado impedir que se ponga en cuestionamiento sus prerrogativas corporativas, eso no implica que hayan perdido el poder que han acumulado históricamente[10]. Sobre todo en el plano simbólico, pues vivimos un mundo mediático que se mueve bajo sus códigos, núcleo central de lo que se entiende por sentidos. Por lo que una perspectiva de cambios precisa asumir que la cuestión es de enfoques, no de herramientas.
[1] Es muy ilustrativo el rol que jugaron los grandes medios, particularmente la televisión, en el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en Venezuela, el 11 de abril de 2002, por lo que diversos analistas coinciden en señalar que se trató de un “golpe mediático”.
[2]Inicialmente se registra el reconocimiento de derechos a los propietarios de los medios de difusión, luego a quienes trabajan bajo relaciones de dependencia en ellos, y, finalmente, a todas las personas, que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 19, lo consigna como el derecho a la información y a la libertad de expresión y opinión.
[3] Este cambio de paradigma, sin embargo, poco o nada se ha traducido en políticas públicas. Lo que ha primado es la confrontación de los gobiernos con los empresarios mediáticos.
[4] Thompson, John (1999) The Media and Modernity, Cambridge (UK), Polito Press (traducción libre O.L.).
[5] Entrevista concedida a Leandro Fortes, de Carta Capital, “Entrevista Frank La Rue: Um direito universal”, 15/12/2012 , http://www.fndc.org.br/internas.php?p=noticias&cont_key=858887 (traducción libre O.L.)
[6] Esta campaña logra cumplir un papel destacado en la CMSI al promover un enfoque de derechos como alternativa a la visión tecnologista que primaba en la convocatoria de ésta.
[7] Esta campaña se nutre del acumulado de los procesos de recomposición organizativa de las fuerzas sociales que se desataron con la Campaña Continental 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular (1989-1992).
[8] Con Internet es la primera vez que las clases subalternas pueden acceder a una tecnología de punta en el plano de comunicación. Al decir de Noam Chomsky, en declaraciones al periódico mexicano La Jornada (19/09/04): “el uso de Internet, además de facilitar y agilizar la comunicación dentro de los movimientos sociales y entre ellos, se presta para restar el control de los medios establecidos. Esos son dos de los nuevos factores más importantes que han surgido en los últimos 20 años“. Una iniciativa pionera en este plano es la Minga Informativa de Movimientos Sociales (http://www.movimientos.org) en la cual confluyen una decena de coordinaciones y redes sociales del continente en la perspectiva de construir “una agenda social en comunicación”.
[9] De hecho, hoy por hoy, se trata de un desafío universal, como anota Dominique Wolton al señalar que: “La revolución del siglo XXI no es la de la información, sino de la comunicación. No la del mensaje, sino de la relación. No de la distribución de información mediante técnicas sofisticadas, sino de las condiciones de aceptación, o rechazo, por parte de millones de receptores, todos diferentes y rara vez en sintonía con los emisores. Los receptores, destinatarios de la información, complican la comunicación. La información tropieza sobre la cara del otro. Se soñaba con la aldea global, pero se redescubre la Torre de Babel”. cf. Informer n’est pas communiquer, CNRS Éditions, París, 2009. El autor es Director del Instituto de las Ciencias de la Comunicación del Centro Nacional de la Investigación Científica (CNRS, por sus siglas en francés) de Francia. (traducción libre de O.L.)
[10] De hecho, los medios no han perdido capacidad de gravitar incluso en el seno de gobiernos con los que las relaciones se mantienen tensas.

 

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