Curioso silencio en la TV digital
En la sección “Ideas y Debates” del diario La Tercera se publicó una columna de Manuela Gumucio, Directora del Observatorio de Medios Fucatel, en la que plantea sus principales reparos al proyecto para el tránsito a la TV digital, presentado por el Ejecutivo al Parlamento, que en estos días será votado en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara. Lea a continuación el texto íntegro:
Manuela Gumucio / La Tercera
Curioso silencio en la TV digital
«Resulta aberrante entregar gratuitamente a un privado un bien escaso y estratégico, a través del cual se transmiten valores y sentidos para el desarrollo cultural de nuestra sociedad, basándose sólo en la calidad técnica de la imagen«.
La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados iniciará pronto la votación del proyecto de ley para el tránsito de la televisión abierta, analógica, hacia la digital. Se trata de un proyecto clave, donde quedarán definidas las bases de nuestro modelo de concesiones televisivas por varias décadas. No obstante su trascendencia, los medios de comunicación han reducido el tema a la elección de la norma técnica, como si se tratara de la simple introducción de una nueva tecnología y no de la gran oportunidad, para hacer más diversa, plural y enriquecedora intelectualmente nuestra oferta televisiva, tal como espera el país.
Este proyecto consagra privilegios para los actuales concesionarios y no corrige, en lo medular, la deficiente legislación que se aprobó en 1992. Como aspectos positivos de la reforma en trámite destacan la reserva del 40% del espectro radioeléctrico -por donde «viajan» las señales de televisión- para operadores regionales, locales, comunitarios y culturales.
También, la posibilidad de que un concesionario pueda ser transportador de programas o datos como mero transmisor de señal, de manera que proyectos televisivos, sin recursos económicos para instalar una red propia, puedan emitir sus contenidos.
Sin embargo, esta capacidad espectral reservada puede convertirse en letra muerta si el proyecto en discusión no incorpora, como sugerimos, la inversión del Estado en un transportador público que garantice la transmisión de los canales regionales y nacionales independientes, sin discriminación alguna y a bajo costo. Sin su existencia, los interesados dependerán de las condiciones que les impongan los privados, de acuerdo a criterios comerciales o ideológicos.
Por otra parte, el Consejo Nacional de TV carecerá de instrumentos para ejercer su rol regulador si se mantiene como única exigencia para la atribución de una concesión, la aprobación, por parte de la subsecretaría de Telecomunicaciones, de un proyecto técnico.
Resulta aberrante entregar gratuitamente a un privado un bien escaso y estratégico, a través del cual se transmiten valores y sentidos para el desarrollo cultural de nuestra sociedad, basándose sólo en la calidad técnica de la imagen. De no corregirse este absurdo, la decisión residiría, en último término, en una repartición -la Subtel- dependiente de los gobiernos de turno y no en el Consejo Nacional de TV, organismo representativo y de carácter constitucional. Es ante esta institución que el concesionario debiera suscribir un compromiso general sobre el uso, sea cual sea, que proyecta dar a este bien, propiedad de todos los chilenos.
Otro aspecto alarmante lo constituyen las disposiciones -difíciles de detectar para un lego en la materia- que buscan garantizar la necesaria continuidad de los actuales canales. Se les entrega, sin concurso, concesiones de un ancho de banda mayor al estrictamente necesario técnicamente y reservando para ello buena parte de la capacidad de difusión disponible a nivel nacional.
Esto merecería un debate público y la presentación previa de un plan de distribución del espectro que garantice la real incorporación de nuevos entrantes. De no ser así, la oferta se traducirá en más de lo mismo: ¡mayor número de canales en manos de los mismos poderes!
Finalmente, es notoria la ausencia en el proyecto de ley de disposiciones que regulen importantes ventajas que ofrece la digitalización, como puede ser, por ejemplo, internet gratuito para todos los chilenos y otros usos interactivos de utilidad pública.