Al rojo debate en Tribunal Constitucional
OBSERVATORIO / Ayer se iniciaron en el Tribunal Constitucional -TC- los alegatos por el recurso de inconstitucionalidad presentado por 36 diputados de diversas bancadas, a raíz del decreto 264, dictado hace un par de meses por el Gobierno, que amplía el permiso para transmisiones demostrativas en TV digital, hasta por cinco años, y autoriza de facto la asignación de nuevas concesiones televisivas. El argumento de fondo de los parlamentarios es que el decreto vulnera las facultades legislativas por cuanto se está debatiendo en la Cámara el proyecto de ley que regula el tránsito a la TV digital terrestre y que debe definir, entre otras materias, la forma en que se asignarán y renovarán las concesiones de televisión, la duración que tendrán y los requisitos que deberán cumplir los postulantes. Esta postura fue la que planteó también desde un primer momento nuestro Observatorio y que fue refrendada en reunión con la Subsecretaría de Telecomunicaciones por la Mesa de Ciudadanía y TV digital.
¿Apagón digital?
En una de las intervenciones del día de ayer, el subsecretario de Telecomunicaciones Jorge Atton defendió la medida tomada por el Gobierno, argumentando que los cambios tecnológicos de la TV chilena siempre han sido realizados vía decreto supremo y está no sería una excepción. Recordó en este sentido que el decreto en disputa es un añadido del que dictó el gobierno de Michelle Bachelet al elegir la norma nipo-japonesa para el funcionamiento de la TV digital en el país. Atton remató su exposición, señalando que ellos sólo renovaron los permisos demostrativos para la TV digital que opera en Santiago con el fin de que no queden sin TV digital de alta definición las 500 mil personas que han comprado televisores con el decodificador que permite usufructuar de la calidad de imagen y sonido inherente a esta nueva tecnología. Advirtió que de declararse inconstitucional el decreto se produciría un “apagón digital”. Este argumento del Gobierno es muy débil, desde la perspectiva del Observatorio, porque para favorecer a una minoría que ha comprado televisores con esas características se estarían discriminando el ingreso de nuevos actores al escenario televisivo en igualdad de oportunidades, con el consiguiente daño al pluralismo en las comunicaciones y la libertad de expresión. Así lo plantearon Manuela Gumucio, directora del Observatorio y la abogada Lorena Donoso, en columna publicada en La Tercera, el 20 de diciembre: “Es absurdo calificar de ‘apagón’ la eventual suspensión provisoria de la recepción en alta definición de un reducido grupo de chilenos que hoy cuenta con los televisores adecuados para recibirla. Si bien todos queremos gozar de los beneficios de la digitalización lo antes posible, esperamos, también, que se legisle con rigor y garantizando que, junto al mejoramiento de la imagen, tengamos una mejor oferta de programas, más diversa y democrática».
El mito del atraso de la TDT en Chile
Por su parte en su intervención ante el TC, el abogado y jefe del Departamento Jurídico del Consejo Nacional de TV, Jorge Cruz, sostuvo que el decreto no era ilegal, pero consideró excesivo el plazo de ampliación de los permisos demostrativos, haciendo un llamado a apurar el trámite del proyecto de ley en el Parlamento ya que Chile estaría atrasado en el contexto internacional en la implementación de la TV digital. En el escrito presentado por el CNTV, hace unos días ante el TC, el organismo regulador de la televisión chilena advertía claramente que “lo dispuesto en el artículo primero del Decreto Supremo impugnado, que establece un nuevo período anual de exposición pública y abierta, renovable hasta por un máximo de cinco años, excede las características de un título meramente experimental o demostrativo y resulta inconciliable con la naturaleza jurídica de los permisos”.
El abogado del CNTV declaró también que le parecía una “interpretación” las acusaciones de que el Gobierno pretendía usar las señales de prueba como enganche para apurar la tramitación de las nuevas concesiones televisivas: “La idea de esto es que puedan experimentar los que usaran estos nuevos recursos técnicos (…) si no se le quiere entregar la posibilidad a quienes van a poseer, lo más seguro es que sea así, estas nuevas concesiones, sería limitar a la nueva televisión”, afirmó el representante del Consejo.
Respecto al supuesto atraso en el tránsito a la TDT a que se refieren el abogado Cruz y el subsecretario Atton, el Observatorio ha demostrado con estudios comparativos, que Chile no va la zaga en relación a otros países del continente en esta materia y que más importante que la prisa por legislar, es promover un debate serio e informado en el Parlamento, que nos permita tener, como sostuvo Michelle Bachelet en su discurso al presentar el proyecto al Congreso, en octubre de 2008, “más y mejor TV para Chile”·
Los supuestos derechos de los grandes canales
Abogados de Megavisión también se hicieron presentes en el TC para plantear la posición de ese canal televisivo sobre el asunto. Manifestaron el temor de que el debate pueda poner en riesgo los “derechos sobre las concesiones que actualmente tienen” que no serían transitorios sino permanentes sobre el espectro radioeléctrico.
Los abogados de Megavisión argumentan que el Estado puede definir los aspectos técnicos de la televisión chilena, pero al hacerlo no debiera afectar los derechos adquiridos por el canal que representan: “el cambio tecnológico no puede constituirse en oportunidad o pretexto para desconocer o escamotear derechos amparados constitucionalmente y de antigua data”, señalaron.
Los alegatos ante el Tribunal Constitucional continuarán durante esta mañana en la sede de ese organismo ubicada en Santo Domingo 689, a partir de las 10:30 horas en Audiencia Pública, a la que pueden asistir todas las organizaciones sociales y personas interesadas en este gravitante tema de deliberación ciudadana.
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