Dejar hablar, dejar oír

imagesHay dos formas de maltratar la libertad de expresión. Una consiste en hacer callar a la gente; la otra, en impedir que se la oiga. En un caso se persigue que una opinión no se emita; en el otro, que una opinión no se escuche.

Esta semana asistimos, en el mismo día y casi a la misma hora, a ambas modalidades.

La primera estuvo a cargo de Hinzpeter.

Decidió impedir el acceso de periodistas del Diario La Nación al acto en que se proclamaba a Piñera:

La Nación colmó nuestra paciencia. Es un acto de protesta por una cobertura injusta -explicó.

Era difícil de creer. Pero ahí estaba. El jefe político de una candidatura presidencial imitando a los futbolistas que, cuando se molestan con la sección deportiva del diario, expulsan a los reporteros de los entrenamientos. El incidente recordó algunos de los peores modales de la derecha.

¿Habrá que enseñarle a Hinzpeter que en una sociedad abierta, quien juzga cuán injustas, falaces o parciales son las informaciones no son los afectados por ellas, sino las audiencias y los lectores? ¿Habrá que explicarle que los actos políticos son públicos por antonomasia y que tienen derecho a asistir a ellos incluso quienes mantienen opiniones, puntos de vista y prácticas opuestas a las de quienes los organizan? ¿Que en una sociedad libre, incluso si un medio mintiera o difamara, no deberíamos hacerlo callar ex ante, sino nada más perseguir su responsabilidad ex post?

El derecho a la libertad de expresión -nunca se insistirá demasiado en ello- incluye la facultad de los medios de emitir opiniones incómodas, exageradas, injustas o ácidas. Y no es el afectado -sea Hinzpeter o un futbolista- quien debe decidir si merecen o no ser oídas, sino cada una de las personas a través de ese plebiscito cotidiano que es la lectura y el consumo de medios.

Pero el gobierno tampoco lo hizo mejor.

No hizo callar a nadie ni negó el acceso a la información. Pero elevó su voz para que no se oyera, o se oyera menos, la de Piñera.

La cadena voluntaria a la que llamó -para dar noticias y hacer reflexiones que perfectamente pudieron haber esperado- tuvo el obvio propósito de anegar los medios disminuyendo así el impacto del evento de la derecha.

Se trató de un acto en apariencia lícito.

Después de todo, podría argüirse, disputar el protagonismo de los noticieros o del espacio televisivo es consustancial a la disputa política. ¿Acaso competir por el favor de las audiencias no forma parte de las rutinas que son propias de la libertad de expresión y del libre acceso a la información? ¿No es la competencia de opiniones parte del juego de la democracia? Por supuesto que sí. Es legítimo disputar la atención de los medios. Pero ello ha de hacerse empleando los mecanismos ordinarios de la comunicación, y no echando mano a arbitrios excepcionales como una cadena nacional.

Cuando el gobierno, en vez de emitir una opinión y dejar su cobertura entregada al juicio espontáneo de los medios y de las audiencias, invita a una cadena nacional, y lo hace el mismo día y a la misma hora en que su rival político es proclamado, no está ejecutando un acto lícito: está ejecutando un ardid. Está empleando su derecho a emitir opiniones no con la intención de informar o hacer más densa la deliberación pública, sino con ánimo puramente estratégico.

Es cierto que ese ardid no tiene por objeto hacer callar al rival, pero sí tiene por objeto lograr que no se le oiga o se le oiga menos.

No es tan torpe como lo de Hinzpeter, pero igualmente maltrata la libertad de expresión.

Un mercado de medios abierto, en el que el valor de las opiniones no depende ni del juicio de los afectados ni del gobierno, sino de la adhesión cotidiana de los lectores y de las audiencias, es, con todos sus defectos, consustancial a la democracia y a la libertad de las personas, y por eso nadie debería ceder a la tentación de maltratarlo para cobrarse venganza (como lo hizo Hinzpeter) o para tomar ventaja (como lo hizo el gobierno).