Derecho a la honra y libertad de expresión

OBSERVATORIO / Un debate sobre los límites de la libertad de expresión ha provocado un reciente fallo del Tribunal Constitucional –TC- a raiz de una demanda que involucra a dos animadores de la televisión local. El dictamen establece que una persona puede solicitar una reparación económica a un medio de comunicación por los daños y perjuicios a raíz de una imputación injuriosa, tanto si se ha provocado un daño patrimonial como moral. Hasta ahora la legislación exigía al demandante en una causa de este tipo que afectará el honor o crédito de una persona, que se probara el daño emergente o “lucro cesante”, apreciable en dinero para establecer eventuales indemnizaciones.

La editorial de La Tercera de hoy plantea que de no limitarse esta posibilidad se pondría en riesgo la libertad de expresión y se vulneraría severamente el accionar de los medios, ya que podrían proliferar demandas que más que perseguir la reparación de la dignidad de la persona sólo buscarían una recompensa económica.

Los editorialistas llaman a las autoridades a mantener el equilibrio en la defensa de estas dos garantías constitucionales: el derecho a la honra y el derecho a la libertad de expresión.

El fallo Del TC en este caso estaría marcando un precedente ya que declararía la inaplicabilidad, nueve votos contra uno, por considerar que el artículo 2331 del Código Civil -que no contempla las indemnizaciones morales por imputaciones injuriosas contra el honor o crédito de las personas- es contrario a la Constitución, por lo que se le debe resarcir el daño si es que se prueba que hay una imputación falsa.

Recordemos que Felipe Camiroaga, el demandante, se querelló contra el comentarista de Espectáculos Italo Passalacqua, actual panelista del programa SQP, quien aseguró en mayo de 2008 que el conductor de TVN presionó a su hermano Francisco Camiroaga para que se fuera al extranjero porque le «incomodaba» su condición homosexual.

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Editorial La Tercera

Un fallo que afecta la libertad de expresión

La posibilidad de que la justicia establezca pagos para resarcir el daño moral arriesga inhibir la función informativa.

UN RECIENTE fallo del Tribunal Constitucional ha permitido que en un caso de demanda por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de una imputación injuriosa, vertida en un medio de comunicación en contra de un animador de televisión, se pueda exigir no sólo el daño patrimonial, sino también el daño moral. El criterio sustentado por el TC amplía en forma exagerada e innecesaria el límite que ha impuesto históricamente nuestra legislación a este tipo de demandas, poniendo una carga que perjudica el ejercicio de la libertad de expresión por parte de personas y medios de comunicación.

Desde 1857 -y bajo diferentes textos constitucionales que garantizaban la libertad de expresión y el derecho a la honra-, el artículo 2331 del Código Civil estableció una norma especial respecto a las indemnizaciones por concepto de imputaciones injuriosas contra el honor o crédito de una persona, exigiendo que se probara el daño emergente o lucro cesante, apreciable en dinero. Esto significa que queda excluida la indemnización por el daño moral, que se entiende como aquel que afecta, más bien, la personalidad que el patrimonio de la persona.

Esa norma tiene su fundamento en que, si se incluyera el daño moral en este tipo de infracciones, resultaría difícil precisar lo que constituye el perjuicio en la personalidad del afectado, lo que dejaría expuesto a informadores y medios de comunicación a una contingencia permanente de demandas por altos montos. En los países en que esto es posible, esto se ha traducido en un incentivo a la proliferación de demandas. Esa norma en el fondo busca evitar que ante ese peligro, los medios y quienes laboran en ellos tiendan a inhibirse de cumplir con su función de informar asuntos de interés público.

La crítica que se hace a esta norma es que dejaría en la indefensión a los que buscan proteger su honra frente a un ejercicio irresponsable de la libertad de expresión. Este argumento choca con la experiencia práctica de su aplicación en Chile, donde, por la vía de la demanda de los perjuicios efectivos en el patrimonio, ha sido posible dar protección al que ve afectados su honra y prestigio por una imputación injuriosa. Este es un caso típico donde entran en conflicto las medidas que se toman para proteger el ejercicio de dos garantías fundamentales -aquí el derecho a la honra y el derecho a la libertad de expresión- y, por ello, las normas legales que se dictan al respecto y los fallos judiciales que las aplican deben cuidar de que se mantenga un sano equilibrio entre ambas.

En otros países -usualmente por la vía jurisprudencial-, este equilibrio se ha preservado por la vía de establecer requisitos muy exigentes para que procedan las demandas, particularmente en lo referido a la necesidad de acreditar la intencionalidad directa por parte del medio de comunicación o la persona a quien se le atribuye la imputación injuriosa, evitando de esta manera que se limite excesivamente el ejercicio de la libertad de expresión. La ley chilena ha optado por una alternativa, que es no poner tantas exigencias para acreditar la injuria, pero limitar los perjuicios que se pueden exigir, lo que parece armónico con el resto de nuestro sistema legal. Por la importancia que tiene en una democracia moderna que se garanticen equilibradamente estas dos garantías, resulta indispensable que el criterio aplicado por el fallo del Tribunal Constitucional sea revisado.

Acogieron inaplicabilidad:

Felipe Camiroaga gana disputa en el TC contra Ítalo Passalacqua

Admiten pago por daño moral si se prueba que hizo imputaciones injuriosas.

CINTHYA CARVAJAL / EMOL

El animador de TVN Felipe Camiroaga ganó la disputa judicial que mantenía con el periodista Ítalo Passalacqua ante el Tribunal Constitucional (TC).

El actual panelista del programa SQP aseguró en mayo de 2008 que el conductor presionó a su hermano Francisco Camiroaga para que se fuera del país porque le «incomodaba» su condición homosexual.

El TC acogió un recurso de inaplicabilidad para el caso particular de Camiroaga por nueve votos contra uno, por considerar que el artículo 2331 del Código Civil -que no contempla las indemnizaciones morales por imputaciones injuriosas contra el honor o crédito de las personas- es contrario a la Constitución, por lo que se le debe resarcir el daño si es que se prueba que hay una imputación falsa.

El voto de minoría fue del ministro Francisco Fernández.

La Corte de Apelaciones de Santiago revisará la apelación de la resolución del 10° Juzgado de Letras de Santiago, que condenó a Passalacqua a pagar sólo $5 millones de los $50 millones que se pedían en la demanda. Esta causa estaba suspendida a la espera del fallo del TC.

El abogado Ciro Colombara, quien representa a Camiroaga, se mostró satisfecho con la decisión del TC.

El fallo marca un precedente, pues justamente el organismo analiza si declara la inconstitucionalidad del artículo 2331 del Código Civil, con el fin de eliminarlo, tal como lo hizo con una norma de la Ley de Isapres.

La larga disputa judicial entre Camiroaga y Passalacqua: El periodista deberá pagarle 5 millones de pesos al animador por daños morales

El panelista del SQP deberá compensar el daño causado en caso que se demuestre que hubo una imputación falsa.

Felipe Camiroaga le ganó la batala al periodista Ítalo Passalacqua después que dijera que el animador del «Buenos Días a Todos» había obligado a su hermano Francisco a dejar el país por su condición homosexual.

De acuerdo a una publicación en El Mercurio, el Tribunal Constitucional (TC), acogió un recurso de inaplicabilidad en el caso del «Halcón de Chicureo» tras considerar que el artículo 2331 del Código Civil (no contempla indemnizaciones morales), era contrario a la Constitución.

O sea, Passalacqua deberá compensar el daño causado en caso que se demuestre que hubo una imputación falsa.

A esa resolución se llegó, luego de los nueve votos contra uno del TC: El periodista deberá pagar 5 millones por daños morales. Sin embargo, la resolución será revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago.