Después de 9 años Corte Internacional de DH reacciona al mal uso de la publicidad del Estado en Chile

Fucatel realizó en el año 2006 una invetigación sobre el uso de la publicidad del Estado para concluir que de manera no justificada técnicamente, ella era destinada principalmente a los grandes medios de comunicación y que , con esto, la sobrevivencia de medios de menor alcance, pero que contribuían al pluralismo, se veía amenazada. Es la historia del Diario La Epoca y diversas revistas. La asignación de la publicidad del Estado es en muchos países un instrumento de discriminación política y por esto es un tema de gran preocupación de las organizaciones que, como Fucatel, luchan por la existencia de pluralismo en las comunicaciones. En el caso de Chile, donde la propiedad de los medios está concentrada en partidarios de la derecha política del país, el hecho que se refuerce su poder con la publicidad del Estado, resulta un hecho grave.

Ver:file:///Users/Manuela/Desktop/NOTIFICACION%20COMISION%201%20(1).pdf

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió información al gobierno de Chile respecto a la denuncia del director de la revista “Punto Final”,Manuel Cabieses Donoso, sobre la forma discriminatoria en el Estado distribuye su
publicidad en los medios escritos y audiovisuales del país.
En comunicación al Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera Neumann, la CIDH señala que el Estado tiene un plazo de tres meses para responder a la denuncia
del periodista Cabieses.
En forma simultánea el secretario ejecutivo de la CIDH, Mario López-Guarelli, dio aconocer al abogado de “Punto Final”, Alberto Espinoza Pino, la solicitud al Canciller chileno. Ambas comunicaciones tienen fecha 18 de julio.
La denuncia a la CIDH fue planteada el 21 de octubre de 2010, después que el periodista Manuel Cabieses recurriera, sucesivamente sin resultados positivos, ante la
Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Corte Suprema de Justicia. Ante esas instancias su abogado sostuvo -con abundancia de pruebas y testimonios- que el Estado de Chile destina la mayor parte de su
inversión publicitaria a los medios de prensa dominantes -la cadena El Mercurio y Copesa-, lo que impide que los medios independientes puedan financiarse. La denuncia sostiene que esta situación afecta gravemente la libertad de expresión ennuestro país.
La propia revista “Punto Final” se vio obligada a cerrar en marzo del 2018, luego de 53 años de existencia en Chile y en el exilio.
La denuncia ante los tribunales chilenos y la CIDH cuenta con el respaldo del Colegio de Periodistas y de numerosas organizaciones sociales que protestan por esta discriminación que limita la libertad de expresión en Chile.

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