Diputado Jorge Burgos: “La regulación de una industria como la TV tiene que ser por ley, no por decreto»

OBSERVATORIO / Fue uno de los artífices del requerimiento de inconstitucionalidad presentado por 36 parlamentarios de diferentes bancadas por el decreto 264 dictado por el Gobierno sobre TV digital. Por esta razón, el diputado DC Jorge Burgos siguió con particular interés los alegatos durante las audiencias públicas del Tribunal Constitucional, donde diversos actores involucrados se hicieron parte de las argumentaciones para anular o ratificar el decreto que amplía los plazos para las transmisiones demostrativas de TV digital y autoriza de facto la asignación de nuevas frecuencias televisivas. Intervinieron abogados en representación del Consejo Nacional de TV, del Consejo de Defensa del Estado, de los canales La Red y Megavisión, del gobierno y de los parlamentarios, entre otros. Al finalizar las intervenciones el TC se comprometió a entregar un veredicto los primeros días de marzo.

Burgos dice estar optimista ante la posibilidad de que el TC declare la inconstitucionalidad del decreto supremo y traspase toda la responsabilidad de la asignación y renovación de concesiones de TV a la ley que se debate actualmente en el Parlamento para el tránsito a la TV digital terrestre y que debiera aprobarse en los próximos meses. Con el fin de profundizar en esta importante polémica, el Observatorio dialogó con Jorge Burgos sobre las aristas más gravitantes del tema:

-¿Cómo ve el panorama luego de los alegatos ante el Tribunal Constitucional?

Los 36 diputados que concurrimos representados por el abogado Gonzalo García, tenemos la convicción de que estamos en buen camino. Hemos denunciado un tema de fondo: la intención del Gobierno de consumar vía una norma infra legal, es decir un decreto supremo, las condiciones de funcionamiento de la televisión digital. Tenemos una buena posibilidad de que el TC, que tiene por objeto resguardar las normas constitucionales en todos sus artículos y evitar leyes y decretos inconstitucionales, impida que se pase por encima de la letra y el espíritu de la Constitución.

-Clara Szczaranski, en representación del Consejo de Defensa del Estado, declaró que no encuentra inconstitucional el decreto 264…

Lo de Clara Szczaranski fue algo más bien técnico, pero que no va al fondo de la discusión planteada: que por vía decreto se quieren crear condiciones de funcionamientos de la industria, pasando por el tema de la reserva legal del espectro radioeléctrico, que está entregado a la legislación. Un retroceso que a mi juicio el TC debiera rectificar. Además, el CDE no fue parte, sino que participó en la Audiencia Pública y en ese entendido se dejó alegar a la señora Clara Szczaranski. A mi juicio el CDE no debió haber alegado, porque el Consejo esta para defender el interés fiscal, y aquí no está el interés fiscal comprometido y se termina actuando contra un órgano del Estado como es la Cámara de Diputados, con varios partidos políticos involucrados en el requerimiento, no solo de la Concertación.

-En ese aspecto, la intervención del CNTV tampoco plantea que sea propiamente un decreto inconstitucional, sino que manifiestan reparos por la ampliación hasta por 5 años de los permisos demostrativos que les parece excesivo.

Esto último no es menor, porque el plazo es un elemento esencial del decreto que impugnamos. O sea, otorgar concesiones vía administrativa hasta por 5 años excede a un periodo presidencial. Una cuestión absolutamente reprochable y el propio Consejo en sus escritos lo señala así. Hay que tener presente que el CNTV no fue parte, sino que participó en la audiencia pública al igual que el Consejo de Defensa del Estado.

“No se puede apagar lo que no está encendido”

– ¿Cómo se llegó a este acuerdo entre los parlamentarios que presentaron el requerimiento? ¿Hubo algún proceso de reflexión sobre el asunto?

La reflexión la hice inicialmente yo conversando con Patricio Hales y Felipe Harboe, entre otros. A mi juicio, teníamos el deber de usar el instrumento que nos otorga la Constitución Política del Estado respecto a la posibilidad de recurrir contra un decreto por inconstitucionalidad. Cumplimos con los requisitos en cuanto al número de diputados y tomamos la decisión con el apoyo jurídico de Gonzalo García, que estuvo a cargo de los alegatos ante el TC.

-El Gobierno como parte de su argumentación de defensa del decreto habló de un virtual “apagón digital” en referencia al medio millón de chilenos que están en condiciones de ver Tv digital y advirtió, además, un supuesto atraso en el tránsito a la TDT. ¿Comparte estos argumentos?

Primero, hablar de apagón me parece realmente una frase sin sentido: no se puede apagar algo que no está encendido. Lo segundo, decir que se tiene que hacer por decreto la regulación de una industria como esta, porque se puede demorar mucho la ley, es buscar un atajo. Las leyes se demoran o no se demoran en función esencialmente de los actos del ejecutivo. En consecuencia, es un mal argumento que simplemente busca aterrorizar a la gente. Como si la TV digital en Chile estuviera en plena marcha, cuando todos sabemos que solo medio millón de personas la está recibiendo vía cables o satelital. Creo que las cosas se pueden hacer con rapidez e inteligencia pero por la vía legal que corresponde.

-El argumento de la industria es que tienen que hacer grandes inversiones para migrar del sistema analógico al digital, y necesitarían mayor certidumbre de parte de la autoridad…

Ellos alegan certeza jurídica, pero la certeza jurídica la da la ley. La regulación de esta nueva industria tiene que ser por ley, no a través de un atajo. Somos una democracia y me parece un argumento muy malo de la autoridad.

– ¿Qué esperaría de la autoridad en ese sentido?

Espero que el decreto quede sin efecto y que le pongan la debida urgencia al proyecto de ley. Y que nos sentemos a discutir las cuestiones de fondo con mayor rapidez.

-¿Y cuáles son a su criterio los temas de fondo? ¿Dónde radica la discusión política del tema?

Necesitamos normas claras que proporcionen certezas jurídicas y la ley se tiene que preocupar de eso. Tiene que resolver, por ejemplo, si vamos a continuar o no con las concesiones legales indefinidas de algunos canales de la TV abierta. Tenemos que ver cómo la ley nos asegura un mayor pluralismo en la TV chilena y cómo se van a desarrollar nuevos canales regionales, culturales, locales y comunitarios. Esos son algunos de los temas de fondo que se están debatiendo.

“Los medios están cerrados ante el tema”

-En general, en lo que se refiere a las concesiones de todo tipo en Chile, ¿le parece que están bien reguladas?

En general, en el tema de las concesiones de uso público todavía tenemos un trecho largo por recorrer. Tenemos una legislación a veces anticuada que se ha prestado para abusos. Yo creo en el mundo privado, pero también creo en un Estado que regula y establece derechos y obligaciones de una forma precisa y clara.

-Usted como diputado en su zona que es Ñuñoa-Providencia, ¿percibe preocupación por parte de la gente de los proyectos de ley para la TV digital? Se lo pregunto porque en apariencia las personas de a pie están preocupadas por la calidad de nuestra TV, pero parece haber muy poco debate público en torno a un proyecto de ley que debiera tener consecuencias en ese sentido.

No percibo mucha preocupación para serle franco, pero hay una mezcla de factores que inciden en esto. La gente desgraciadamente habla de televisión solo por lo que ve, pero el tema es algo más profundo y no hemos conseguido provocar un debate social. Creo que, en general, hay una cerrazón de los medios, no hay una gran contribución de los medios masivos para darle un espacio significativo al tema. La excepción es lo que viene planteando Manuela Gumucio en el Primer Café de la Mañana de Radio Cooperativa o el mismo sitio del Observatorio Fucatel que es una muy buena fuente de información sobre el tema.

-¿Por último diputado, tienen algún plan B por si el Tribunal Constitucional no acogiera el recurso?

Tengo el feeling de que nos va a ir bien. De lo contrario habrá que volcarse en el proyecto de ley que se debate en el Congreso: una ley perfectamente puede dejar sin efecto la norma de un decreto supremo. Para eso funciona la democracia con poderes distintos.-