Discriminación en la publicidad del Estado

Compartimos artículo de El Clarín de Chile escrito por Bruno Sommer.

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El avisaje en medios por parte del Estado, se concentra principalmente en televisión; en segundo orden en los medios impresos y digitales, siendo los grandes beneficiados los diarios pertenecientes al duopolio El Mercurio y Copesa. El hecho ha sido ratificado por el capítulo sobre libertad de expresión del Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de EE.UU. (Country Reports on Human Rights Practices for 2013).

La discriminación hacia los demás medios de comunicación es evidente. Tanto los de carácter nacional como regional y comunal se ven afectados por esta política, que favorece a las cadenas de Agustín Edwards y Alvaro Saieh.

La justificación que rige el avisaje estatal hoy parece inválida, pues el impacto de los medios en Chile ha cambiado con la aparición de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación social. Las personas se informan cada vez más por plataformas como Facebook y Twitter. Incluso la televisión como soporte para la información ha perdido posición respecto a la comunicación por Internet.

COMISION INVESTIGADORA,

PRIMEROS ANTECEDENTES

La Comisión Investigadora sobre el Avisaje Estatal en Medios de Comunicación, que presidió Marco Enriquez-Ominami en la Cámara de Diputados en el año 2005, llegó a la conclusión de que no existían “cifras públicas sobre la inversión del Estado en publicidad, como tampoco hay información disponible sobre la inversión en radios ni sobre los medios regionales”.

Por ello, el Observatorio de Medios Fucatel estudió la inversión del Estado consultando Ministerio por Ministerio, al no contarse con un ente centralizado de adquisiciones. Ello se revertiría en cierta forma tras la creación de Chile Compra y el llamado Convenio Marco de Avisajes en Medios, cuyas puertas han permanecido cerradas por más de seis años.

La investigación de Fucatel concluyó entonces que hay una “excesiva concentración de recursos provenientes de algunos Ministerios (Hacienda, Mideplan, Ministerio Público y Justicia) en El Mercurio (sobre 70%), lo que no tiene relación con las ventas ni con el número de lectores de ese medio. El Mercurio también recibe casi el 90% de los recursos de Tesorería, y cerca del 50 por ciento del avisaje de empresas estatales como Corfo, Conaf y Fonasa, a pesar que el público de esta institución de salud corresponde a los estratos socioeconómicos medio-bajos, que no se ajustan al perfil de lectores del diario, según sus propias metas declaradas.

El informe también da cuenta de que “la selectividad arbitraria en el avisaje del Estado ha sido, entre otras, la causa de que numerosos medios independientes se hayan visto obligados a cerrar por falta de apoyo publicitario. Debido a ello, el pluralismo se ha ido debilitando a un extremo que se ha hecho muy peligroso para el desarrollo del propio sistema democrático”. Otra de las conclusiones es que la forma en que se ha llevado a cabo “la inversión del avisaje pagado por el Estado y asignado a un agente económico específico, rompe con el principio de la igualdad de trato que el Estado debe mantener frente a sus compras, conforme a lo establecido en la ley N° 19.886”.

LA TORTA QUE NO SE REPARTE

Y LA AMENAZA MERCURIAL

La adquisición de espacios en medios de comunicación por parte del Estado se hace -como ha clarificado el senador Alejandro Navarro, citando a El Mostrador-, “bajo la ley N° 19.886 y los Convenios Marco que hay para estos casos. Uno es para ‘avisaje en medios impresos y electrónicos’, mientras que el otro es para ‘campañas comunicacionales y servicios de asesoría creativa’. La administración piñerista habría tratado de dejar amarrado este último pero fue bajado del portal”.

Mientras a las agencias publicitarias de medios -y en segundo orden a las creativas nacionales y trasnacionales-, van a parar cerca de 41 millones de dólares anualmente, a los medios directamente se destinan unos 19 millones de dólares. Del total para medios, señala el editorial de El Mostrador, más de 13 millones fueron para los conglomerados mediáticos El Mercurio y Copesa.

Las instituciones que más gastaron fueron el Servel, un millón 576 mil dólares; la Universidad de Chile, un millón 164 mil; Dirección Nacional del Servicio Civil, 963 mil y el Sernatur, 562 mil”, especifica el medio digital.

El Mercurio, al actuar como monopolio en muchas regiones y provincias con sus ediciones impresas, resulta ser el único beneficiado por este tipo de avisos, que por ley se requiere se hagan en publicaciones de carácter “diario”. Atendiendo a que el avisaje en general apunta a la segmentación de los públicos, esta cadena -de la mano de Cristián Edwards-, inició una avanzada para inscribir más de 300 dominios en NIC Chile, con miras a crear diarios comunales sobre la red y acaparar el mercado del avisaje publicitario.

DESMANTELANDO “LA NACION”

Tras la llegada de la “democracia” a Chile, la política de silenciar medios de comunicación, en especial los que hacían investigación o simplemente eran más críticos del modelo neoliberal, no tardó en llegar.

Si para el 11 de septiembre de 1973 el pueblo perdía a Punto Final, El Siglo y Clarín como medios de comunicación que apoyaban la vía chilena al socialismo de Salvador Allende, con la llegada de Patricio Aylwin a la Presidencia en 1990, y la creación de La Oficina, se socavaría la existencia de publicaciones que lucharon por el retorno de la democracia, como Fortín Mapocho, el diario La Epoca y revistas como Análisis, Apsi y Hoy.

El Premio Nacional de Periodismo y director de Radio Universidad de Chile, Juan Pablo Cárdenas, lo grafica en entrevista a El Ciudadano: “Cuando vino la transición, estos medios de comunicación aspiraron a tener publicidad y, por supuesto, las agencias de las grandes empresas no nos apoyaron. No ponían avisos, pese a los altos índices de circulación que teníamos. Pensamos tener publicidad estatal y tampoco la tuvimos. Aylwin respetó los convenios que Pinochet había dejado amarrados con El Mercurio y La Tercera. Pero lo más escandaloso fue que ofertas de países amigos, como la del gobierno holandés para que nos afianzáramos, fueron boicoteadas por el primer gobierno democrático. Este hizo ver a los holandeses que su ayuda sería vista como injerencia en los asuntos internos de Chile, y nos bloquearon esta ayuda fundamental. En la operación también participaron Enrique Correa y seguramente, Edgardo Boeninger. Ellos definieron los acuerdos que se tomaron en la transición en lo que toca a comunicación social”, agrega Cárdenas.

Siguiendo la vía neoliberal de capitalismo desregulado, la hegemonización de los discursos en la prensa se hizo más evidente y los intentos por mostrar la diferencia o un camino más social, donde el Estado recuperaba su rol como garante de los derechos de los pueblos, fueron silenciados. El Estado perdió poder a manos del mercado manejado por grandes capitales. Chile cedió soberanía con leyes de concesiones plenas heredadas de la dictadura, y varias empresas estatales pasaron a precio de huevo a manos privadas. Otras fueron simplemente cerradas.

La desaparición de la distribuidora de publicaciones Vía Directa que daba circulación a La Nación y otras publicaciones, como The Clinic, El Ciudadano, Punto Final, Plan B, El Siglo… sería la primera señal.

Luego el gobierno del Piñera se encargaría de quitarle el Diario Oficial a La Nación, que era el gran sostenedor económico de ambos, producto del avisaje legal. Así, en poco tiempo, La Nación tuvo que dejar de ser impreso alegando que no se sustentaba económicamente. Sólo se dejó funcionando el sitio web (lanacion.cl).

EMPAREJAR LA CANCHA

El acceso igualitario a los recursos fiscales provenientes de los avisos publicitarios garantizaba de manera real la libre competencia y con ello, una información pluralista, como prometen la Constitución Política, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ratificados por Chile”, afirmaba la demanda de Punto Final ante el Tribunal de la Libre Competencia, acusando al Estado de tener una política preferente con la cadena El Mercurio y Copesa.

El director de Punto Final, Manuel Cabieses, alegaba una infracción a la libre competencia. Pero el tribunal no comprendió el fondo del asunto: al concentrarse sobre 70% del avisaje en medios de El Mercurio y Copesa, el Estado estaba discriminando negativamente a muchos otros medios. Esta segregación ha aumentado, tras la proliferación de publicaciones, sobre todo locales y de nicho, sobre la red.

La situación que deben atender el gobierno y el Parlamento, si bien no está en el centro de la agenda política, sí lo está en la agenda de diversos medios de comunicación que han tomado conciencia de la situación y buscan participar del avisaje fiscal.

Seguir negando una distribución más equitativa del avisaje del Estado en los medios de comunicación, sólo viene a ser otra prueba de debilidad del gobierno frente a los magnates de la prensa “chilena”… Habrá que esperar las bases del llamado al nuevo Convenio Marco en la materia

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