Eliminación de medición de Rating on line, abre polémica de fondo sobre el rol de la TV

Observatorio de medios, Fucatel

El pasado 12 de septiembre, Javier Urrutia, Director Ejecutivo de La Red Televisión, envió una carta a El Mercurio en la cual señalaba su preocupación por la indicación al proyecto de la Ley de Televisión Digital y ya aprobada en la Comisión Reunida de Transportes y Telecomunicaciones –  Educación y Cultura, que  prohíbe la medición de rating on line permitiendo la medición  sólo 6 horas después de transmitido el programa.

Estas opiniones merecieron una reacción del Psiquiatra, Francisco Huneuus, aún sin publicar, que se puede leer a continuación.

La iniciativa parlamentaria tiene por objeto evitar que los contenidos sean modificados  durante el desarrollo de la transmisión de un programa en  búsqueda de  un mejor rendimiento comercial, perdiéndose así, a menudo, el sentido original del programa y atropellándose el derecho a intervención de los participantes.

Urrutia considera una “censura previa “ la prohibición de la medición en línea (people meter on line) y la califica como  inconstitucional, contraria a la libertad de un medio de comunicación, en tanto  establecería  una discriminación arbitraria respecto de lo que sucede con otros medios como, por ejemplo, la TV por Internet.

Este intercambio de cartas apunta a un tema de gran relevancia en tanto revela que el Sr. Urrutia no parece considerar el rol social de TV chilena, respaldado en la misma Constitución en el artículo 19, N° 12 cuando crea el CNTV y le atribuye el rol de velar por el correcto funcionamiento. El tema es, sin duda, controversial. Actualmente se desarrolla un lobby en el Congreso Nacional, con el fin de revertir esta situación, impulsado principalmente por la empresa que ofrece estos servicios.

El Observatorio de Medios Fucatel, si bien aplaude la preocupación parlamentaria por generar regulaciones que contribuyan a la calidad de la TV, considera que  la eliminación del  people meter on line no es capaz en si misma de solucionar un problema más de fondo, el de un modelo de TV orientado  principalmente  a obtener altas audiencias, en desmedro  de la entrega de información, promoción de debates, expresión de sectores sociales, integración social, etc., etc. (muchasde estas obligaciones están consideradas en la ley de TV digital). Diversos estudios del CNTV y de Fucatel indican grandes ausencias en estas materias que vulneran  el derecho a la información y la libre circulación de ideas,  requerimientos  fundamentales para la vida  democrática donde el rol de la TV es indiscutiblemente central.

Curiosamente, el  mismo canal “La Red” ha tenido que pedir disculpas públicas por los dichos racistas y ofensivos de  panelistas de sus programas de farándula, situaciones, muy probablemente provocadas por la sumisión de dicho canal a las veleidades del rating on line, y por carencia de una reflexión ética sobre los mensajes al actuar “sobre caliente”.
No puede ignorarse la responsabilidad social de la TV, ya que el espectro radioeléctrico es un bien público y  nadie pone en discusión que este medio representa el mayor de los poderes en una sociedad, y por lo mismo, no puede estar sometida a meros objetivos comerciales. Esto es particularmente válido para nuestra TV pública que fue una de las primeras estaciones que eliminó el rating on line.

A continuación compartimos la carta de Javier Urrutia, y la respuesta de Francisco Huneeus, psiquiatra y editor general de Cuatro Vientos.

Viernes 28 de Septiembre de 2012, cartas El Mercurio

Medición de la audiencia en línea

Señor Director:

El proyecto de ley de televisión digital contiene una norma en la que pocos han reparado. Agregada por indicación parlamentaria, envuelve un retroceso en nuestros estándares de libre expresión. El artículo en cuestión prohíbe a la televisión abierta y al cable el uso de sistemas de medición de audiencia en línea, fijando un lapso mínimo de seis horas para recibir los datos. Con esta norma, el legislador estaría impidiendo que los canales se conecten en línea con su público.

Esta propuesta resulta problemática en varios sentidos. Quizás el más relevante es que contraviene principios constitucionales. Limitar la posibilidad de un medio de comunicación de conocer oportunamente el comportamiento de sus receptores (lectores, telespectadores, auditores, internautas, etcétera) importa una restricción a la libre determinación de sus contenidos, pues ellos se adaptan de modo de asegurar que sintonizan efectivamente con las preferencias de quienes los ven, escuchan o leen. Interferir en este proceso constituye una restricción a la libertad de los medios de definir sus contenidos; en la práctica, se transforma en una forma de censura previa. La lógica que parece sustentar esta propuesta es que el legislador conoce mejor que los ciudadanos lo que ellos quieren o debieran ver. Cegando a la televisión de su audiencia, se produciría un efecto que sería mejor que el conocimiento real de sus preferencias.

Por otra parte, esta prohibición resulta discriminatoria. Sí, porque otros medios no ven limitada su capacidad de conocer oportunamente el comportamiento de sus audiencias. El caso más evidente se observa en los medios electrónicos, que pueden verificar sin mayor contratiempo si las visitas bajan o suben. En los soportes electrónicos se observa, además, un absurdo tecnológico. Cualquier medio (incluida la televisión) puede conocer el comportamiento de sus audiencias a través de internet, las redes sociales y diversos sistemas online que han ido surgiendo. De hecho, progresivamente las transmisiones televisivas serán vistas a través de dispositivos móviles e internet, desde donde es posible conocer el nivel de audiencia de manera extremadamente sencilla. Tecnológicamente, esta propuesta de prohibición está superada.

De  prosperar la prohibición, el Estado no sólo aparecería enfocándose en la programación ya emitida de los canales y en su correcto funcionamiento -para lo que cual hay facultades constitucionales a través del CNTV-, sino que ahora anticiparía su intervención a las etapas previas a la elaboración y emisión de la parrilla. Ahora determinaría qué instrumentos pueden los canales tener a la vista al ejercer su derecho a emitir opinión e informar.

En otros sentidos, el people meter es una simple herramienta de medición e información que no puede ser prohibida sin afectar el derecho constitucional a desarrollar cualquier actividad empresarial que no es contraria a la moral ni al orden público ni a la seguridad nacional. Ante la Constitución, el negocio de las mediciones y estudios es perfectamente lícito.

En definitiva, prohibir la medición de audiencia en línea es poco democrático, porque refleja un temor ya muy superado por los hechos hacia la opinión instantánea de los televidentes. Contradice la tendencia incontrarrestable de las redes sociales, que funcionan al segundo, intrínsecamente en línea. Esto no era tan claro hace cinco años, cuando se introdujo la primera iniciativa legislativa sobre la materia.

Ahora los canales quedarían ciegos por seis horas respecto de cómo recibieron las audiencias nuestra programación, mientras cualquier usuario de Facebook, Twitter u otro sistema podrá conocer y opinar al instante sobre los contenidos de la televisión. De hecho, ya existen servicios especializados en esta área.

JAVIER I. URRUTIA
Director Ejecutivo La Red

Lunes 12 de noviembre

Carta respuesta Francisco Huneeus

Sr. Director:

Encuentro sospechoso que un director de una canal de Televisión ( Javier I. Urrutia en carta … , ponga el grito en el cielo           porque el Parlamento haya incluido en el proyecto de ley de televisión digital una norma que prohíbe a la televisión abierta y al cable el uso de sistemas de medición de audiencia en línea fijando un lapso mínimo de 6 horas para recibir los datos, argumentando que contraviene principios constitucionales, llegando a afirmar que en efecto, se transformaría en una suerte de censura previa. La lógica tras esta propuesta es que el legislador conoce mejor que los ciudadanos lo que ellos quieren o debieran ver.

El autor deja de señalar que la televisión abierta con su penetración impresionante, es efectivamente el gran sistema educativo de nuestra sociedad, formadora de opinión abarcando a todas las capas sociales y cuyos contenidos son imitados universalmente.

¿Puede alguien creer por ejemplo  que  el  sistema de asaltos llamado «alunizaje» es un invento de un creativo criollo?

¿De ser así, puede dejarse la televisión en manos de las leyes del mercado?

¿Y porqué no dejar toda la educación escolar y universitaria en manos de las leyes del mercado?

Tampoco dice este señor,  que su canal esté impulsado por ideales educacionales o culturales como debió haber sido al serle conferido por el estado una frecuencia radio eléctrica en un medio masivo privilegiado exento de IVA.

Tampoco dice  que vive presionado por generar contenidos que interesan a una determinada audiencia porque esa es la audiencia que necesitan los avisadores, que son quienes los financian – y que a final de cuentas dominan los contenidos. Ellos, los grandes avisadores son quienes manejan la televisión abierta. ¿Y qué les interesa a ellos?

No me parece en absoluto anticonstitucional que haya autocensura – francamente creo que los legisladores son más sensatos que los hombres de negocio, cuyo gran norte, lejos de   ser un deseo de  equidad y  de una  convivencia civilizada pluralista,  es su individualismo teñido con  su codicia insaciable.

Así de simple.

Francisco Huneeus, psiquiatra.

 

Carta Javier Urrutia, en El Mercurio