Editorial de La Tercera se equivoca al desconocer la facultad de los diputados de decidir sobre la admisibilidad del veto sobre Ley de TV digital

La infalibilidad del Jefe del Estado es sólo propia de los gobiernos autoritarios.

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Lamentamos la  editorial del diario La Tercera de ayer  30 de marzo de 2014 «Inédito cuestionamiento constitucional», donde se insiste en considerar que el veto presidencial es una facultad ilimitada y califica negativamente el accionar de la Cámara de Diputados. La Tercera se equivoca.  El artículo 73 de la Constitución Política de la República es claro en cuanto señala que el Presidente de la República sólo puede vetar las normas que se ajustan a las ideas matrices del proyecto o que se encuentran contenidas en el mensaje con que el proyecto fue remitido al Parlamento, lo cual no es el caso. Las observaciones consideradas inadmisibles se refieren a temas que fueron introducidos durante la tramitación y que son anexos a la idea matriz del proyecto cual es normar la migración de la TV analógica a la digital, como son por ejemplo, la composición del CNTV, el pluralismo de los noticieros, el respeto a las normas laborales y de propiedad intelectual. Todos temas que se refieren al régimen general y no a la migración.  Claramente la intención de la Tercera es llamar a equívoco a la opinión pública y poner en jaque la institucionalidad frente al necesario control que debió hacer el parlamento sobre la pertinencia de cada una de las observaciones del Presidente al proyecto de Ley.

 

Si se aceptara la tesis de La Tercera, la atribución presidencial   podría asemejarse al proceder de un  Estado autoritario, donde el rol de la instancia legislativa puede ser  aplastado por el Jefe de Estado. Más aún en un caso como éste, en que el texto finalmente aprobado  es fruto de un acuerdo transversal en que fueron oídos los más diversos sectores de nuestra sociedad.

Ahora bien, en este punto de la discusión, dado que el TC dio traslado a la Presidenta de la República para su pronunciamiento, ella  podría ejercer sus atribuciones retirando el veto, permitiendo que la ley sea promulgada tal y como fue aprobada por el Parlamento. Con ello se restablecería el respeto del colegislador a la labor parlamentaria, y destrabaría la implementación de la Televisión Digital en Chile.

 

 

La Tercera, 30 de marzo 2014.

 

Inédito cuestionamiento constitucional

El gobierno deberá defender sus facultades ante el TC, para evitar que el método utilizado en la ley de TV digital valide una infracción a la Constitución.

LA PRESENTACION de un requerimiento por parte de un grupo de senadores para que el Tribunal Constitucional invalide la tramitación del proyecto de ley sobre televisión digital ha dejado al descubierto una infracción a la Carta Fundamental incurrida cuando la Cámara de Diputados se pronunció sobre el veto presentado por el gobierno anterior.

Lo que se cuestiona en el requerimiento es que la sala de la Cámara, al pronunciarse sobre las observaciones formuladas por el Presidente de la República al texto aprobado por el Congreso, optó por declarar inadmisibles algunos puntos por la mayoría de la sala para evitar que fueran votados directamente. Esto no es una mera omisión formal, porque si se votaban las normas iban a ser rechazadas por la sala sin reunir el quórum de dos tercios requerido para que el Congreso insistiera en el texto original y doblegara la propuesta presidencial. En la práctica, quedaron en el texto normas que debieron excluirse por no contar con los votos necesarios para su ratificación.

Si se validara este resquicio utilizado por la Cámara de Diputados, en la práctica el Congreso siempre podría rechazar los vetos presidenciales por la vía de declarar la inadmisibilidad por simple mayoría y sin necesidad de contar con los dos tercios exigidos por la Constitución. Cabe señalar que el fundamento formal esgrimido para la inadmisibilidad fue que el veto del Presidente Sebastián Piñera se salía de las ideas matrices del proyecto, lo que no resiste análisis si se considera que parte del veto cuestionado tenía como propósito suprimir algunas normas del mismo.

De acuerdo a los antecedentes disponibles -que deberán ser aclarados en la tramitación del requerimiento- lo que habría ocurrido es que el anterior gobierno llevó adelante una apresurada negociación, a fin de sacar adelante el despacho del proyecto antes del término de su período, llegando a acuerdos parlamentarios que comprometieron obviar parte del veto. Esta explicación queda de manifiesto con el examen de las actas de la discusión del proyecto, donde al ser cuestionado el procedimiento por parte del diputado Felipe Harboe, recibió como explicación por parte del presidente de la Cámara que existía “un acuerdo político sobre la materia, firmado por todas las bancadas -incluidas las de gobierno- y el Ejecutivo”.

El Tribunal Constitucional deberá ahora pronunciarse sobre el fondo del asunto y determinar cuál es el alcance que tiene una infracción constitucional de esta gravedad. Una alternativa, la más probable, es que declare nulo lo actuado por la Cámara y deba retrotraerse la tramitación, para que sea repetida desde el pronunciamiento de la Cámara de Diputados, lo que no tiene precedentes bajo la vigencia de la actual Carta Fundamental.

Para resolver, lo primero que debe hacer el tribunal es pedir su informe al Ejecutivo, lo que obligará a La Moneda  a pronunciarse sobre el procedimiento utilizado y respecto de si apoya la declaración de inconstitucionalidad. Esta debería ser su posición si pretende proteger las atribuciones que le ha conferido la Constitución.

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