El decreto ambiguo según El Mercurio

censura 2Observatorio / El viernes 23 de octubre una editorial de El Mercurio titulada TV digital aludió a una serie de organizaciones ciudadanas que plantearon su malestar a raíz de un decreto firmado por el gobierno que permitía, de facto, la asignación de nuevas concesiones televisivas, mientras se discute aún la ley que regulará en el futuro, de manera democrática y transparente, la administración del espectro radioeléctrico. El gestor cultural y actor Jaime Mondría envío una carta al director del Mercurio, que hasta ahora no ha sido publicada, donde rectifica la información entregada por el editorialista.  En su misiva Mondría, apasionado defensor de los derechos ciudadanos involucrados en la futura televisión digital, demuestra que el decano de la prensa no sólo comete gruesos errores de contenido, dejando en evidencia su precario conocimiento sobre la materia, sino además pretende confundir a la opinión pública al sostener que el mentado decreto tendría su origen en la supuesta demora de las autoridades del gobierno pasado para definir la norma técnica que regirá a la TV digital en Chile.

 

Jaime Mondría, activista por la TV digital
Jaime Mondría, activista por la TV digital

Conozcamos, a continuación, la carta in extenso:

 

 

Estimado Sr. Director:

Algunas correcciones al editorial sobre la TV digital del día viernes 23 de 10 del 2010.

– Partamos por una aclaración semántica. El Mercurio se equivoca al afirmar que Chile ha escogido la norma japonesa, puesto que hemos adoptado la tecnología brasileña. Para ser puristas, nuestro sistema es el ISDB-Tb. A este lado del Ecuador se conoce también como SBTVD, Sistema Brasileño de Televisión Digital.

– El simulcasting y la demora en la elección: da lo mismo la norma que haya escogido Chile ya que los permisos demostrativos son necesarios para la migración a la TV Digital y permiten un apagón analógico seguro. Dichos permisos fueron entregados por el subsecretario de telecomunicaciones del gobierno de Bachelet, Pablo Bello, antes de la elección de la norma, se renovaron durante la administración pasada y se extendieron en la actual administración. La convivencia de señales digitales con analógicas se ha dado en todas partes del mundo y se conoce como “simulcasting”. Nadie cercano a este tema se opone a que se entregue este tipo de permisos a los actuales operadores, porque son necesarios para la migración a digital.

– Sin embargo, el simulcasting requiere de un permiso simple y no es necesario un decreto supremo firmado por el Presidente de la República que abra la posibilidad de asignar nuevas concesiones, antes de la aprobación y promulgación de la ley respectiva que se tramita en el Parlamento hace dos años.

– Nuestro País se tomó el tiempo necesario para elegir la norma. Fue una decisión informada que consideró capacidades técnicas, factibilidad económica y conveniencia geopolítica. Gracias a esta “demora” optamos por la tecnología de vanguardia que nos ahorra la reconversión que vive en Europa y que ha implicado recambio de todos los receptores, millones de euros para actualizar los mecanismos de compresión e igualar posibilidades técnicas que entrega la norma que Chile adoptó. Entonces ¿de qué demora me habla el editorialista del Mercurio?

Bendita sea la demora que nos puso a la vanguardia en relación con Europa.

– El verdadero problema es la redacción ambigua del cuestionado decreto, que se presta a dos interpretaciones. La más desfavorable advierte que Subtel concibió una manera de asignar concesiones digitales, antes de la ley. Y otra, plantea que Subtel estudiará qué frecuencias se utilizarán para la televisión después del apagón analógico, lo que se conoce como plan de espectro.

– Hay que reconocer que la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel, ha llevado de modo impecable su labor en televisión digital durante los meses del nuevo Gobierno. Su show room gira por Santiago y diversas ciudades del país, mostrando los avances tecnológicos y respondiendo las preguntas de los ciudadanos y acercando la digitalización a los usuarios. También realizó un productivo seminario político en conjunto con un grupo de senadores, en el Congreso de Valparaíso, y un avanzado seminario técnico junto a Anatel en TVN. Pero los asesores legales de esa repartición se han equivocado al exponer al Ministro Felipe Morandé y al Presidente Piñera al trance de firmar un Decreto Supremo ambiguo, que se presta para interpretaciones erróneas.

– El Subsecretario Jorge Atton se ha comprometido con la Ciudadanía a no otorgar concesiones definitivas mientras no sea aprobado el proyecto de ley en trámite y más allá de hacer una declaración pública (que hizo) debería publicar un documento legal eliminando la posibilidad de asignar nuevas concesiones de facto, por la vía del decreto. Del mismo modo, el nuevo documento debiera regular los permisos demostrativos y consignar que éstos no representan derechos preferentes para solicitar frecuencias digitales ni para el diario electrónico El Mostrador ni para ninguna de las sociedades comerciales que son permisionarias en la actualidad o lo sean a futuro.

– La propuesta de utilizar las bandas TV que quedan “libres” después del apagón analógico para entregar servicios de súper WiFi, es una pésima idea del editorialista: lo lógico sería mantenerlas para la televisión comunitaria y rural, debido a que al ser más baratas de explotar representan una zona del espectro radioeléctrico muy apreciada.

– Por si fueran pocos los errores anteriores, el editorial mercurial habla de “asignarles a los canales públicos un segmento adicional del espectro“. Se debe tratar de un malentendido ya que en Chile sólo TVN podría llevar ese apellido, aunque ya no cien por ciento. ¿O cree el editor de El Mercurio que Time Warner es un canal público?

– Y para terminar una última reflexión ciudadana: las bandas del VHF y del UHF son las carreteras por donde transita la TV que llega a nuestras casas. representan un bien nacional escaso, de uso público y están asignadas a la transmisión de TV y consagradas para la libre recepción de las personas. Sin embargo, estas bandas electromagnéticas, poseen un valor económico que en países vecinos como Brasil alcanza los 50 millones de dólares cada concesión. Las mismas concesiones que en Chile se entregan absolutamente gratis a los actuales concesionarios.

Preguntémonos: ¿Cuánto estamos perdiendo los ciudadanos en esta danza de millones?