El lobby que cerró la puerta al uso de software libre en el Estado

Por Miguel Paz / El Mostrador / La Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI) desplegó un fuerte cabildeo y envió cartas a todos los diputados para pedirles que rechazaran una moción del senador Alejandro Navarro, aprobada por el Senado la semana pasada. La moción buscaba que los organismos públicos evalúen el uso de software de código abierto en las licitaciones para adquirir programas computacionales o renovar licencias que “en el actual proyecto de presupuesto alcanza a más de 27 mil millones de pesos”, dice Navarro. Los titulares de Economía y el MOP pidieron que no se aprobara el paquete de iniciativas que incluía este tema.


La Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI) tuvo en el ministro Sergio Bitar un inesperado aliado en su cruzada contra una moción del senador Alejandro Navarro que podía afectar los negocios de las empresas que desarrollan software y tienen entre sus clientes a los organismos del Estado. Esto, de no ser por el exitoso lobby desplegado por la ACTI, organización que agrupa a Microsoft y otras compañías grandes, medianas y pequeñas.

La moción presentada por Navarro y aprobada por el Senado el jueves 20 de noviembre de 2008, en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto, exigía que “la cotización de equipos computacionales que incluya el costo de licencias debe indicar al menos una alternativa con software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta o libre de costo. La cotización deberá acompañarse por una justificación especial si es que existe un software de código abierto o libre de costo que realice la misma función”.

Con dicha iniciativa, explica Navarro, se buscaba que cada vez que un servicio público deba adquirir sistemas operativos y programas computacionales, como Windows y Office (de uso mayoritario en el Estado), considere a la hora de la licitación otras opciones, que también pueden ser de pago pero sin requerir nuevos desembolsos de dinero en la renovación de licencias.

Esto porque, de acuerdo a los cálculos del senador, el Estado desembolsa anualmente en pago de licencias y renovación de licencias de programas computacionales una cifra cercana a los 25 mil millones de pesos. Algo así como lo que cuesta construir cinco hospitales de $5 mil millones, similares al de Puerto Aysén, o 41 escuelas rurales, como la de Calbuco, de $600 millones cada una.

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El tema, según la ACTI, “daña a la industria local del software” y debido a ello la asociación emitió un comunicado rechazando la moción que aprobó el Senado, y urgió a los diputados a no ratificarla.

El lobby se dejó ver de inmediato y fue reconocido por el secretario general de la gremial empresarial, Aldo Signorelli, en una entrevista en un blog, diciendo que “estamos haciendo harto lobby. Pero en el buen sentido de la palabra”, aunque luego aseguró a El Mostrador.cl que en dicha entrevista fue sacado de contexto.

Signorelli reconoce que en la ACTI una vez enterados de la aprobación de la moción de Navarro, enviaron correos electrónicos a diputados y cartas al ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y al titular de Economía, Hugo Lavados, a los que les manifestaron la complejidad de aprobar la iniciativa, apelando a los argumentos centrales de su comunicado: 1. Que resta competitividad y dinamismo al desarrollo tecnológico de Chile. 2. Daña a la Industria local de software ya existente, y 3. Resta agilidad a la contratación pública de software.

“Todo lo que hacemos está publicado en nuestra página web”, dice el secretario general de la ACTI y añade que su postura está alineada con la Estrategia Digital del gobierno, aprobada por el comité de ministros y que preside la cartera de Lavados.

Dichos cabildeos, que lograron el rechazo de la moción en la Cámara de Diputados, también incluyeron llamados a más de un ministro de Estado para pedirles su apoyo. De acuerdo a informaciones obtenidas por este medio, Hugo Lavados fue el más explícito y habría hecho ver a algunos parlamentarios los inconvenientes de imponer legalmente el uso de software de código abierto en los organismos del Estado.

La carta de Bitar

El otro ministro mencionado es el titular de Obras Públicas, Sergio Bitar, aunque rechaza de plano haber tenido cualquier contacto con la ACTI. Bitar mandó el lunes 24 una carta a un número indeterminado de diputados instándolos a rechazar un paquete de 28 indicaciones de la Ley de Presupuesto -entre ellas la polémica propuesta de Navarro- argumentando que “su aprobación rigidizaría más al Ministerio. Ojalá las rechacen”, escribió.

Bitar explica a El Mostrador que envió la misiva debido a que las indicaciones, cuando van a comisión mixta, “se aprueban o no en paquete”, y como consideró que la mayoría de ellas podrían restringir el presupuesto del MOP, “le pedí a todos los diputados que conozco, amigos y otros de la oposición, que consideraran que podían dañar el plan de inversiones 2009, y la promoción de empleos. El tema del software libre no era tema para mí”, dice. Luego agrega que “el software libre se está usando en el MOP. La página nueva del ministro se está haciendo con software libre”.

No obstante estas palabras, el ministro acompañó su carta a los legisladores con una minuta redactada por su equipo técnico, donde se hace especial hincapié en los inconvenientes de usar software de código abierto, explicando que “existen pagos realizados” y “contratos de mantención y actualización a nuestros software”.

En el punto principal los expertos del MOP son enfáticos y contrarían la versión dada por Bitar: “No es recomendable el Código Abierto a nivel corporativo, dado que mayoritariamente nuestros sistemas y nuestra plataforma se ha basado en software de empresas IBM-Microsoft, a nivel corporativo”.

En el documento se explica, además, que los profesionales del ministerio están capacitados en el uso de software licenciados y que abrirse al uso de nuevos programas significaría una “capacitación masiva” de los funcionarios. Luego informa de que es recomendable “evaluar alternativas de código abierto” pero “para soluciones de funcionalidades puntuales”.
“Esa es una nota. Yo pregunto a los equipos técnicos. Pero la opinión del ministro es abrir el tema”, aclara Bitar.

Falta de motivación

El diagnóstico de las dificultades para que los organismos del Estado se cambien de plataforma informática, como se hizo en Brasil, es compartido en otras reparticiones públicas. Pese al enorme ahorro a mediano plazo que supondría para las arcas fiscales reemplazar, en las computadoras de los funcionarios públicos, programas como Office por versiones gratuitas similares.

Patricio Gutiérrez, director de Estrategia Digital, concuerda con que no están dadas las condiciones para reemplazar el software licenciado por otro de carácter abierto en todos los organismos del Estado. “No hay alto compromiso de la autoridad en tomar banderas por el uso del software libre, hay interés de aprovechar ciertas oportunidades pero hacer ese desarrollo a nivel global no es menor. Eso tiene un impacto que requiere una gran capacitación de funcionarios”, asegura.
Su balance se basa en un estudio que el gobierno solicitó a la Universidad Católica para revisar la experiencia del uso de software de código libre en Alemania, Brasil y Venezuela, junto con el análisis del contexto local. “Ese estudio finaliza en diciembre y se le hizo llegar al presidente de la Cámara de Diputados”, dice Gutiérrez.

El director de Estrategia Digital, además, indica que hay que tener presente cuatro elementos para formular una política pública respecto al software libre. “Primero, alto compromiso de las autoridades para hacer el cambio. Segundo, alta capacidad humana de los técnicos que implementen los cambios y capacitación de los funcionarios que deben usarlo cotidianamente. Tercero, un alineamiento entre la industria y el gobierno para promover el software libre. Y cuarto, que haya motivación para hacer los cambios. Si uno revisa, estos elementos no están presentes en este minuto”.