El nuevo Presidente y la prensa

Cristián Cabalín / Instituto de  la  Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile /  Solo un par de días bastó para que se generara la primera polémica en torno a Sebastián Piñera. En el contexto del alza de las acciones de Axxion, algunos periodistas comentaron que los asesores del nuevo Presidente solicitaron no hacer preguntas sobre sus empresas, especialmente LAN, en las entrevistas pactadas con los canales de televisión el lunes pasado.

Según Fernando Paulsen, a Iván Núñez (su colega en Chilevisión, el canal del nuevo Mandatario) no le informaron de esta restricción hasta que llegó al encuentro y no aceptó las condiciones. Núñez, quien ya había incomodado con sus preguntas a Piñera en el último debate presidencial de la ANATEL, fue reemplazado por Macarena Pizarro.

Jaime de Aguirre, director ejecutivo de Chilevisión, confirmó a LUN que solicitaron entrevistas “con orientación y restricción de temas”. Aunque luego agregó “que uno se desubica un poco a veces ¿no?. Estamos hablando de un Presidente, no de un candidato”.

De todos modos, desde el grupo más cercano al Presidente electo se envió una muy mala señal. Justamente, por su nueva investidura debe responder de manera transparente y clara sobre sus actos. Rendir cuentas a la ciudadanía es su obligación, sobre todo, considerando que aún tiene que dejar algunas actividades económicas antes de asumir su cargo.

Pese a que las entrevistas pauteadas son habituales en el periodismo, este tipo de prácticas limita el trabajo de la prensa e impide a la opinión pública conocer todos los detalles de temas de alta importancia.

Una de las fortalezas de la democracia es contar con una prensa libre e independiente, donde los periodistas no son víctimas de restricciones, vetos, persecuciones o censuras. Si Núñez se negó a realizar la entrevista, hizo valer su independencia y cumplió con una de las principales premisas éticas del periodismo: estar al servicio de la democracia y no de los poderosos.

En gran parte del mundo, se condena firmemente los intentos del poder político por controlar el funcionamiento de los medios de comunicación. La Relatoría por la Libertad de Expresión de la OEA llama a estas acciones restricciones directas a la libertad de expresión.

La acción vigilante y fiscalizadora de los medios es un requisito fundamental para salvaguardar el derecho a la información de la ciudadanía. El nuevo Gobierno debe tomar todos los resguardos para garantizar el trabajo de la prensa, porque así también está profundizando la democracia.