Entrevista con Martin Becerra, co autor de ‘Los dueños de las palabras’ texto de referencia en América Latina sobre concentración de medios “Lo más dañino para la libertad de expresión es que haya pocas voces”

El Observatorio de Medios aprovechó la presencia en Chile del Profesor  de la Universidad de Buenos Aires y Universidad de Quilmes,  y co autor junto a Guillermo Mastrini de uno de los libros más recientes sobre la concentración de medios en América Latina para entrevistarlo.

Foto IPS

El tema de la regulación de medios de comunicación está hoy en la primera plana política de países como Venezuela, Ecuador y Argentina, donde se han aprobado leyes de medios por  los gobernantes de dichos países que son criticadas por la oposición. Nos parece que como Observatorio nos corresponde hacer un aporte de información crítica sobre los distintos procesos que pueden verse tergiversados por el enorme poder de la prensa tradicional, que es justamente la que se opone a la regulación de medios.

“Toda vez que la información y el entretenimiento mediados por industrias como los medios troquelan las formas de vida, de socialización, y relegan a la sociedad al lugar pasivo de audiencia que sólo puede participar de opciones de consumo en programas de entretenimiento, implica una lectura empobrecedora de la ciudadanía y de sus prácticas comunicativas.”

¿Cuál es el objetivo e interés por implementar  una ley que regule el funcionamiento de los medios de comunicación?

En América latina, por la impronta comercial que han tenido históricamente nuestros sistemas de medios, el objetivo de la regulación es que el sistema sea capaz de incorporar actores que tradicionalmente fueron privados del acceso a las licencias de radio y televisión.

La  búsqueda de ampliación de este espacio  se combina con toda la doctrina del derecho a la comunicación, es decir, sobre la concepción que la comunicación tiene que ver con el interés público. Desde luego es, también, negocio y entretenimiento, pero esta  otra faceta, a diferencia de lo que ha ocurrido en Europa e incluso en América del norte, en América latina ha sido muy descuidada.

¿Qué sistema de medios sería  “ideal” para compatibilizar negocio y entretenimiento con estándares del derecho a la información?

En América latina está demostrado que la excesiva concentración es un problema, pero también  lo sería la hipótesis de una atomización absoluta, es decir, que hubiese tantos actores que fuera imposible competir por la extrema fragmentación del sistema y la falta de incentivos.

Lo ideal es una parte del sistema de medios gestionada por el Estado porque, así como a mi juicio la educación es un bien público y en consecuencia es el Estado el que tiene que invertir en ella, debería haber un segmento de los medios de comunicación gestionados por el Estado, como inversión que hace en construcción de ciudadanía, cohesión social e información de interés social. Otra parte, en manos privadas, pues es innegable que grandes empresas comerciales en la historia de todas las industrias culturales innovan en formatos, entretenimientos, etc. Y otro segmento para actores sociales sin fines de lucro que tienen que ser apoyados económicamente a través de concursos de programación o incentivos, pero que no tengan la búsqueda del rating como norte sino que una misión de servicio público.

¿Cómo se regulan los medios de comunicación? ¿Con qué desafíos se ha enfrentado Argentina?

Los medios se pueden  regular desde la legislación, o desde una especie de apelación a la autorregulación de los medios, lo que en general no resulta.

En el caso de Argentina, se hizo desde la legislación. El texto de la ley de medios es muy bueno y una vez aprobado,  el desafío ahora es un problema grave en la implementación. El gobierno fue el principal actor político por impulsar la ley, guiado por el enfrentamiento con el principal grupo económico que es el grupo Clarín. Sin embargo, una vez sancionada la ley, el principal incumplidor de la ley es el propio gobierno, por ejemplo, del mandato de que los medios públicos sean plurales, mientras han hecho del canal público un canal absolutamente oficialista.

También existen las medidas cautelares solicitadas por El Clarín.

Así es.  Además del incumplimiento del gobierno, los propios actores privados concentrados apelan a la justicia en su derecho. Si uno lo mira históricamente son actores que durante décadas no tuvieron ningún tipo de control ni regulación, y de golpe aparecen gobiernos que dicen “ahora vamos a  regular el sector”. Desde mi punto de vista, el sentido común de ese sector y su inercia por supuesto que es contraria, pues ellos se han acostumbrado a que los estados y gobiernos los favorecieran.

La nuestra es una experiencia para advertirnos cuáles son las enormes dificultades que existen en nuestra región para regular un sector que ha sido históricamente muy poco regulado.

¿Qué impresión tienes de la Ley de medios de Venezuela?

Venezuela tiene la primera ley de medios de la región. A diferencia de la ley argentina, la ley venezolana regula contenidos. El gobierno venezolano ha sido mucho más agresivo en la penalización de opiniones distintas, por ejemplo, existe está la figura del desacato en el código penal de Venezuela la que criminalizan la opinión con la excusa que se está llamando al desorden público. Desde el punto de vista de la injerencia del Estado en los contenidos, yo defiendo completamente el texto de la ley argentina, y por el contrario soy muy crítico de la ley venezolana.  En Ecuador se está discutiendo un proyecto de ley que se asemeja más a la ley  venezolana.

Sé, porque viajo mucho,  que la ley argentina en el discurso de los grandes medios es asimilada a la ley venezolana y al proyecto de Ecuador como si fueran exactamente lo mismo, lo cual revela una haraganería por parte de los que escriben eso – o mala fe- porque no se dan el trabajo de leer esas leyes y advertir que son distintas. Cuando uno analiza la intervención del gobierno venezolano de Chávez y de los gobiernos de los Kirchner, hay una diferencia abismal. Aun siendo yo crítico de la gestión de los Kirchner, en Argentina no hay periodistas que estén acusados por el gobierno en tribunales y amenazados de cárcel.

¿Por qué crees que en nuestra región los gobiernos no se han preocupado por regular los medios hasta ahora?

Me imagino que por lo mismo que en Argentina hasta el año 2009. Hay un temor reverencial hacia los medios. Comprendo que hay correlaciones de fuerzas, no soy ingenuo, pero creo que no debería estar este temor por encima del interés general de una ley con reglas del juego claras: que garanticen el pluralismo y la libertad de expresión en su sentido más amplio, y que le pongan algo de controles y contraprestaciones a los grupos concentrados.

Y sobre el caso chileno ¿Sabes algo?

Me consta que en el caso chileno es así por testimonios directos de cables de la embajada de EE.UU., y colegas y amigos que están vinculados con el estamento político y en particular gente que estuvo en el pasado muy vinculada con alguno de los gobiernos de la concertación que cuentan este temor. Lagos, por ejemplo, fue un Presidente muy fuerte, con mucha legitimidad y capital político, pero que sin embargo con los medios no se metió. O lo que he leído estos días en Santiago con respecto del canal nacional, que a pesar de poseer los derechos de televisación del documental  ‘El diario de Agustín’ hace años, no lo transmite porque meterse con El Mercurio sigue siendo un tabú.

En ese sentido,  con desorden y quilombo, en Argentina se avanzó mucho más en la materia.  Insisto, caóticamente, pero dejó de ser un tabú. Ya nadie teme hablar de El Clarín, pero ese temor existía hasta antes de la ley de medios.

¿Qué piensas de los grandes grupos económicos  que acusan que la regulación atenta contra la libertad de expresión?

Ese argumento, tan trillado en América latina, va en contra de la Carta de los Derechos del  Hombre, va en contra de Tratados Internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, de la Convención Latinoamericana de Derechos Humanos, y de principios elementales. Lo que daña la libertad de expresión es que muy pocos concentren los recursos que deberían ser utilizados por más.

Es muy paradójico en América latina que la SIP, que es la representación de los grupos más concentrados de medios de comunicación, escrita en este caso, sea el portavoz de la susodicha libertad de expresión. Simplemente me parece un contrasentido. Lo más dañino para la libertad de expresión es que haya pocas voces, y esa es la situación de los mercados concentrados que ahora tenemos.

¿Crees importante la representación de la sociedad en el debate sobre los medios?

Creo que es fundamental que esa representación exista. Toda vez que la información y el entretenimiento mediados por industrias como los medios troquelan las formas de vida, de socialización, relegan a la sociedad al lugar pasivo de audiencia que sólo puede participar de opciones de consumo en programas de entretenimiento (votando quién se va de la «casa» del Gran Hermano, por ejemplo),  implica una lectura empobrecedora de la ciudadanía y de sus prácticas comunicativas.

Y  participación en cargos como directorio de CNTV,  canales ¿también?

Si. Para que el lugar de la sociedad deje de ser el del «invitado de piedra» es importante que pueda tener voz y presencia en los órganos de regulación, de control y de gestión del sistema de medios y, en particular, en los medios de gestión estatal. Es decir, considero que es importante que la representación en esos órganos de control, regulación y gestión no sea sólo política, sino que sea política y social con representantes de la sociedad civil.

¿Cuáles son los efectos de una TV abierta que no tiene TV pública como alternativa a la TV privada?

En América Latina no hay televisión auténticamente pública. Hay canales de TV gestionados por el Estado, en casi todos los países, que funcionan como apéndices de la propaganda gubernamental y por lo tanto, cambian radicalmente su orientación cuando un gobierno es reemplazado por el siguiente. En Chile la excepción es que el mandato comercial de la televisión estatal la confunde directamente con los emisores privados y es menos oficialista que en otros países de la región.

Algunas de las consecuencias son subestimación de la capacidad intelectual en selección de la audiencia, que si contara con voces que difieran del relato oficial podrían elaborar con mayor fundamento su propia perspectiva.

Otra consecuencia es la subestimación de la labor de alfabetización ciudadana que ejercen los medios de comunicación en general y los medios gestionados por el Estado en particular. Esta subestimación remite a una concepción instrumental-propagandística de los medios que erosiona su credibilidad y la legitimidad de su mensaje.

El efecto de todo esto, es que los medios gestionados por el Estado se hallan en pésimas condiciones para disputar el interés de la sociedad a los medios comerciales, que a su modo suelen brindar una cantidad de perspectivas menos acotada (lo que no es mucho decir), aunque fuertemente sesgada también.