Fallo sobre televisión digital

TV niñoObservatorio / El diputado Jorge Burgos analiza en una columna en la Tercera de hoy los principales argumentos de 36 parlamentarios opositores para presentar un recurso de inconstitucionalidad del decreto 264, dictado por el gobierno, que amplía hasta por 5 años el permiso para transmisiones demostrativas de TV digital y permite asignar nuevas frecuencias de televisión. El parlamentario puntualiza que dado “el papel de la Tv digital y la importancia que han tenido sus regulaciones, resulta evidente que las nuevas reglas debe fijarlas el Congreso”

Lea a continuación la columna completa:

por Gonzalo García y Jorge Burgos / La Tercera / Opinión

Junto a 36 diputados, presentamos en noviembre un requerimiento al Tribunal Constitucional para que declarara la inconstitucionalidad del Decreto Supremo N° 264/2010 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Este decreto abre un período de hasta cinco años de exposición pública y abierta para otorgar permisos para efectuar transmisiones digitales demostrativas; levanta la prohibición existente desde 2000 de asignar nuevas frecuencias para estaciones de televisión; y determina que los permisos que se otorguen en estas frecuencias “a los concesionarios de radiodifusión televisiva de libre recepción, constituirán las frecuencias de reemplazo que en su caso correspondan”.

Con ello, sostuvimos, se iniciaba la industria de la televisión digital en Chile sin ley. Asimismo, se posibilitaba la asignación de nuevas frecuencias sin reglas legales de competencia e igualdad de oportunidades en el acceso. Estos permisos demostrativos sí han tenido un valor comercial como aconteció con la transmisión de partidos de fútbol en el Mundial, generando, en el hecho, importantes inversiones en tecnología sin respaldo legal sobre las mismas. Adicionalmente, los plazos para los permisos otorgaban tal poder discrecional al gobierno que podía construir desde monopolios hasta impedir el ingreso de la TV digital en períodos superiores a un ciclo presidencial. En fin, por el papel esencial que juega la televisión en Chile y la importancia constitucional que han tenido sus regulaciones, resulta evidente que las nuevas reglas debe fijarlas el Congreso Nacional.

La tramitación en el Tribunal Constitucional se acerca a un momento de definiciones. Mañana miércoles habrá audiencias públicas y el jueves 6 tendrán lugar los alegatos en la vista de la causa. Hasta ahora tenemos una defensa del decreto por parte de la Presidencia de la República y la Subtel y un informe de la Contraloría sosteniendo que se trata de un asunto de legalidad y no constitucionalidad, opinión que ha dado en otras oportunidades sin éxito. Pero más allá de la evidente posición de los gestores y los que visaron el decreto, la principal novedad radica en la postura del organismo técnico y de la industria.

El Consejo Nacional de Televisión, si bien hace una descripción de la naturaleza del decreto y sostiene que no afecta sus competencias, advierte “que lo dispuesto en el artículo primero del Decreto Supremo impugnado, que establece un nuevo período anual de exposición pública y abierta, renovable hasta por un máximo de cinco años, excede las características de un título meramente experimental o demostrativo y resulta inconciliable con la naturaleza jurídica de los permisos”.

Un actor relevante de la industria como Mega hace una crítica a la respuesta de la Presidencia de la República, básicamente porque la Subtel en la defensa de estos permisos demostrativos los reduce a un derecho precario, condicional, autorizatorio, con las inversiones bajo cuenta y riesgo del que las realiza.

Con ello, deja vulnerables las garantías de mantención de las concesiones televisivas. En síntesis, Mega le pide al Tribunal Constitucional que no se vulneren mediante una “norma infralegal” sus derechos de propiedad, de emprendimiento y de libertad de expresión sobre su concesión de TV abierta indefinida.