El debate contemporáneo en torno a la conceptualización del término calidad en la industria televisiva -nacional y global- se ha transformado en una verdadera “caja negra” que requiere ser definido y analizado en las múltiples aristas que hoy sirven o se utilizan para la defensa y la reflexión crítica  de sus contenidos audiovisuales.

Fucatel está interesado en contribuir al desarrollo informado de este debate y en tal sentido se realizó a fines del 2012 y comienzos del presente año una investigación cualitativa exploratoria para indagar en torno a los parámetros actuales que sirven para definir en grupos de líderes de opinión intermedios lo que se entiende por buena y mala televisión. Sobre todo vinculada con la experiencia de consumo televisivo de quienes formaron parte de la muestra y de su experiencia de socialización con la TV.

Se trató de una aproximación a los marcos del debate simbólico y semántico sobre la calidad de la TV generalista, mediante entrevistas en profundidad a una muestra de más de una veintena de personas de distintos campos (medios de comunicación, realizadores audiovisuales, cineastas, abogados, sacerdotes, dirigentes sindicales y representantes de ONG’s). En todos los casos se trató de personas en posición de liderazgos intermedios y que mediante su interacción social influyen o sirven de referentes en las percepciones y las conductas de sus respectivos grupos de intervención.

Calidad como concepto complejo

No existe consenso en las ciencias sociales sobre cómo considerar o evaluar un contenido medial de calidad. No obstante, es posible vincularlo a condiciones socioculturales y a construcciones sociales que se reparten de modo desigual en los públicos.

En la actualidad se ha tendido a analizar el negocio del entretenimiento televisivo desde dos términos complementarios: taste y liking, derivados originariamente de pleasure en la Teoría de Usos y Gratificaciones: el primero referido al placer estético y la belleza, de uso extendido en el campo académico y públicos con mayor capital cultural o ilustrados. El segundo vinculado con preferencias personales o lúdico/emotivos/afectivos que permiten clasificar los contenidos a partir de las sensaciones agradables o desagradables que generen.

La calidad también puede ser situada en una dimensión técnico-formal respecto del nivel de recursos disponibles para el desarrollo de contenidos, programas o formatos televisivos. Y en términos simbólicos, la industria tiende a considerar la masividad como un indicador de éxito y de “buen hacer”.

Otras dimensiones que enriquecen el debate se vinculan con el pluralismo, la diversidad de géneros y formatos, la relación contenidos-realidad, la entretención informada, la promoción de la integración social, las reglas que definen estándares y funciones en la televisión pública, las políticas de acceso a la tenencia de medios y la conformación del sistema televisivo y su regulación.

A modo de síntesis

Hay tensiones básicas que determinan la percepción de la calidad y “buen hacer” en el contexto de la oferta de la TV abierta. Una de ellas es la lógica mediacéntrica imperante dentro de la industria concebida como un negocio de fidelización de audiencias, respecto de la lógica sociocéntrica que tiene por base las demandas y condiciones de realidad de los distintos grupos sociales.

En este campo está instalada la percepciónque los canales de TV generalista conciben a las personas unidimensionalmente como consumidores y no como ciudadanos.

Los entrevistados demandan una mejora de las ofertas. No obstante, las disposiciones y expectativas varían respecto de los grupos más distantes de la TV abierta hoy, cuyos referentes de calidad se encuentran en la TV de pago y miran a la industria generalista con nostalgia, recelo y desengaño.

Los contenidos valorados o considerados consensualmente como de calidad en este estudio coinciden con asociaciones proyectivas de los entrevistados respecto de atributos de funcionalidad, representación y contribución al desarrollo social. Los referentes involucran un proceso de incorporación racional de los contenidos, predominando dos productos hegemónicos de ficción nacional en la pantalla abierta, los 80 y El Reemplazante. Así mismo se valora todo programa que amplíe las miradas y dé cuenta de los desafíos principales de la sociedad civil, en pro de mejorar la calidad de vida. Esto se vincula directamente con la representación de temas como la crisis educacional en el caso de El Reemplazante o del repaso a los ejes que marcaron la convivencia nacional durante el régimen militar, como ocurre con Los 80.

Los ejes que emergen de esta experiencia exploratoria quizá reafirman impresiones anteriores; no obstante, el debate para consensuar criterios de calidad es un problema que sigue pendiente en la sociedad chilena. Al respecto, asegurar un acceso sin trabas a contenidos diversos y plurales, junto con la libre expresión de las ideas -sin sesgos valóricos, ni ideológicos, ni de género -, es un punto de partida razonable para enfrentar la toma de decisiones entorno a las reformas legales en el campo de las políticas públicas que configurarán el escenario de la Televisión Digital Terrestre en Chile.

El estudio fue realizado por equipo Fucatel. Coordinado por el periodista y académico Luis Breull, y trabajo de campo a cargo de Bernarda Aguirre.

Estudio calidad Fucatel

Observatorio Fucatel

Senado

Conforme con nuestro afán de contribuir a la transparencia del proceso de votación de la ley de Televisión Digital y a la necesidad de que nuestra sociedad comprenda el alcance de la nueva normativa, entregamos un resumen detallado de lo votado en la sala del senado este miércoles. El observatorio considera que la materia de la letra b), referida a la entrega de concesiones en caso de empate técnico, debe seguir en la discusión con el objetivo que se apruebe que sea al CNTV a quien le corresponda dirimir en base a la propuesta programática de los concursantes y con criterios de pluralismo, y que no se resuelva a través de un simple sorteo tal como hasta ahora podría aprobarse.

a)      Reconocimiento del carácter de “Bien nacional de uso público” del espectro radioeléctrico

En primer lugar se aprobó el inciso segundo nuevo para el artículo 47, en los términos siguientes: “El espectro radioeléctrico es un bien nacional, cuyo dominio pertenece a la Nación toda. En consecuencia: a) su uso y goce está orientado a satisfacer necesidades públicas y colectivas de toda la sociedad, b) ninguna persona natural o jurídica puede atribuirse o pretender el dominio de todo o una parte del espectro radioeléctrico”. En todo caso se rechazó en esta norma las letras c) y d), la primera de las cuales dejaba en claro que las concesiones son por esencia temporales y la segunda establecía la posibilidad de que eventualmente se establezca un cobro a los concesionarios, representativo del justiprecio por el uso y goce de las concesiones por parte de los privados.

Este artículo es importante, porque más allá de ser una declaración de principios debiera orientar al Consejo Nacional de Televisión a la hora de asignar una concesión. En efecto, si el espectro viene a satisfacer necesidades públicas y colectivas de la sociedad, resulta de toda lógica que en la evaluación de las propuestas programáticas de los concursantes, que deben acompañar conforme al artículo 22, el CNTV deba justipreciar cuál de ellas contribuye de mejor manera al pluralismo.

b)     Resolución de un concurso frente a un empate pone en riesgo que se cumpla el espíritu del artículo 47 aprobado

En segundo lugar se votó  y aprobó el nuevo artículo 23 bis que permite asignar más de una concesión para una misma zona de servicio si hay frecuencias disponibles, en la medida que haya más de un postulante con igual calificación de sus propuestas técnicas, financieras y de los demás condiciones para ser concesionario. En este caso la frecuencia específica que se atribuiría a cada concesionario se definiría por sorteo público.

Esta norma se suma a la propuesta del artículo  23 en que se propone que cuando informa las propuestas de los concursantes, “En caso de existir dos o más solicitudes, deberá establecer, en forma separada y fundamentada, si alguna de ellas garantiza las mejores condiciones técnicas de transmisión, o, de ser el caso, si más de una solicitud, conforme con los rangos establecidos en las bases del concurso, garantizan de manera equivalente tales condiciones, en cuyo caso el concurso se resolverá por sorteo público”.

De la información que consta en la página web del Senado esta norma no se habría votado, por lo que alertamos a los parlamentarios que la misma debiera ser rechazada, por cuando resta posibilidades al Consejo Nacional de Televisión de decidir sobre el concurso en base al análisis de la contribución efectiva de las propuestas programáticas al pluralismo. Más aún, el artículo propuesto termina con una disposición nefasta, del siguiente tenor: “El concurso sólo podrá declarase desierto, si es que ninguna de las postulaciones cumple sus requisitos formales y técnicos”. Siendo así y llevado una propuesta programática con sólo “telebasura”, si el informe de Subtel dice que cumple las condiciones técnicas, el CNTV se vería obligado a asignar la concesión, lo que dejaría en letra muerta la norma del artículo 47 recién aprobada.

c)      Multas diferenciadas a la TV

Adicionalmente a los puntos anteriores se aprobó la modificación al artículo 33 que establece multas de entre 20 y 200 UTM para los concesionarias de servicios de radiodifusión televisiva regionales, locales o locales de carácter comunitario y de hasta 1000 UTM para los concesionarios nacionales. En ambos casos, en caso de reincidencia en una misma infracción podrían duplicarse los montos máximos de las multas.

d)     Potestades del CNTV respecto de los servicios limitados de TV

En el caso de la TV “de pago”, se aprobó por 28 votos a favor, que el CNTV pueda aplicar sanciones en el caso de que cometan las siguientes infracciones: a)  infracción a lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley (correcto funcionamiento); b) infracción a la letra l) de su artículo 12: obligación de transmitir 4 horas de programación cultural a la semana, considerando el total de señales que conformen su oferta básica; c) infracción al artículo 14, respeto al pluralismo; d) Infracción al inciso segundo del artículo 15 quáter, que prevé la obligación de difundir en la región o localidad en que operen, y siempre que sea técnicamente factible, a lo menos 4 canales regionales, locales o locales de carácter comunitario en sus respectivas grillas o parrillas programáticas).

e)      Atribución del CNTV y Subtel en la modificación de las concesiones

La sala aprobó por 27 votos que en  las solicitudes de modificación CNTV solicite a Subtel que informe los aspectos técnicos involucrados y que además podrá requerir en lo que corresponda la información a que se refiere el inciso segundo del artículo 22, esto es, la información sobre la identidad de los propietarios de la concesión.

f)       Procedimiento de reclamación de la decisión del Consejo que recae sobre el concurso

Por 24 votos fue aprobada la norma que establece, como mecanismo de publicidad, que la resolución del Consejo recaída en un concurso se publicará, por una sola vez, en el Diario Oficial correspondiente a los días 1 ó 15 del mes o al día siguiente si éste fuere inhábil. Luego, en relación al procedimiento de reclamos sobre dicha resolución, la norma prevé una tramitación breve y sumaria en la cual se da cabida a que el adjudicatario se pronuncie respecto de los argumentos del reclamo y en que se considera la intervención de Subtel en relación a los aspectos técnicos comprometidos. Una vez firme la resolución del CNTV se prevé la publicación en el mismo diario del decreto que otorga la concesión de radiodifusión televisiva terrestre,  y luego la dictación de la resolución definitiva respectiva, “y desde la fecha en que ésta esté, totalmente tramitada y se notifique al interesado, comenzarán a correr los plazos para el inicio de los servicios.”.

En el mes de Enero de 2013, el Observatorio realizó un primer encuentro con responsables de prensa de los canales de TV abierta, miembros del Poder Judicial y de la PDI, para explorar las percepciones sobre este tema de parte de quienes intervienen en la escena penal así como de quienes tienen la obligación de informar a la ciudadanía. Consideramos que fue un encuentro muy positivo pues sirvió  para intercambiar desde diferentes puntos de vista la complejidad del tema, y pudimos además advertir la buena voluntad de parte de todos por mejorar la entrega de información penal y de casos judiciales.

La ciudadanía y los telespectadores también se han manifestado preocupados por estos temas. Compartimos a continuación el estudio del CNTV “Tratamiento de los Noticiarios en Delitos contra Personas Víctimas y Victimarios” el cual busca conocer la opinión de las personas con respecto al tratamiento que realizan los noticieros de los delitos, y su evolución del tratamiento a víctimas y victimarios.

Descargar informe de CNTV aquí

Cooperativa, 15 de mayo, 2013

• El diputado PPD acusó a la Alianza de dilatar los tiempos para impedir la aprobación.
• También acusó en Cooperativa que el ministro Larroulet les mintió.

No corresponde al Observatorio manifestarse sobre la veracidad de la denuncia de corrupción, la cual es sin duda muy grave y corresponderá a la justicia argentina investigar, pero sí creemos necesario contextualizarla en atención del conflicto que nace entre el gobierno de Fernández y el grupo Clarín una vez promulgada la Ley de medios en el país vecino.

Observatorio Fucatel

Foto: M24digital

Si bien desde el año 2003 las relaciones entre el principal grupo económico El Clarín con el presidente Néstor Kirchner  fueron de cooperación y apoyo – y de consolidación de El Clarín como el principal grupo comunicacional del país-,  el  2008 sufren un quiebre con el gobierno de Cristina Fernández  posterior al conflicto de los camioneros o “crisis del campo”, alcanzando un hito luego de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual el año 2009 –aprobada por el congreso-, cuando comienza una abierta batalla tanto judicial como mediática entre el oficialismo y El grupo Clarín en torno a la legitimidad de regular los medios de comunicación, históricamente desatendidos por la  normativa en los países de América Latina.

El gobierno de Fernández ha bosquejado una política comunicacional inédita, en la cual además de intentar desconcentrar la propiedad–medida que afecta principalmente a El Clarín, que debe desprenderse de parte de esta- ,  reserva espectro para la entrada de nuevos operadores sin fines de lucro y para medios estatales, poniendo en el centro del debate público, por primera vez, la necesidad de resguardar la libertad de expresión y el derechos a la información limitando el poder de los medios masivos que por medio de la concentración de la propiedad hegemonizan los contenidos de la prensa, radio y TV, enfrentando esta visión a otra que sostiene que estas regulaciones afectan la libertad de negocio.

Desde el año 2009 el grupo Clarín no se ha querido acoger a la llamada “Ley de medios”, interponiendo recursos judiciales con el fin de no cumplir con el imperativo de desinversión, razón por la cual la ley todavía no ha podido entrar plenamente en vigencia. La implementación de la ley de medios por parte del gobierno también ha  sido blanco de críticas de parte de aquellos que la promovieron, principalmente porque, a juicio de académicos y expertos en derecho a la información y comunicación, consideran que se han contrariado los mandatos de pluralismo: los canales públicos han sido utilizados como canales oficialistas,  no se permite la entrada efectiva a operadores sin fines de lucro, y se han otorgado licencias sin concursos además de haber falta de transparencia.

Mientras algunos canales se ponen de parte del gobierno y lo defienden, los del grupo Clarín critican a Fernández y su gobierno,  en particular en programas de análisis de actualidad y político como el conducido por Jorge Lanata “Periodismo para todos”, desde donde el periodista ha tenido la oportunidad de ser una de las principales voces opositoras, acusando a la presidenta constantemente de corrupción, malas prácticas y mal manejo del país.

Análisis crítico de políticas de comunicación 2003-2013, Martín Becerra

Observatorio Fucatel

Este martes 14 de mayo  aparece en tabla  en el senado la discusión de la llamada ley corta de TVN, la cual busca ampliar el giro comercial del canal público. El año pasado cuando se aprobó en la comisión la ley corta de TVN, el Observatorio de Medios advirtió sobre la inconveniencia de postergar el estudio de la ley de TVN (ley larga) aprobaba por la Cámara de Diputados que busca precisar la función del canal público, y  donde el tema de los medios para que pueda cumplir este rol debería ser tratado inminentemente puesto que resulta claro que el autofinanciamiento obliga a la red estatal a una oferta muy poco diversa de la que ofrecen los canales comerciales.   Los Senadores presentes en la comisión se comprometieron a ponerla en tabla en un corto plazo. Esto no ha ocurrido y mañana se buscará aprobar la llamada ley corta que, lejos de restablecer su carácter de canal público,  iguala a TVN  en derechos y obligaciones a la TV comercial.

Resulta lamentable la premura y urgencia  que solicitó a los parlamentarios el Ministro Chadwick en el momento de su incorporación siendo Ministro Secretario General de Gobierno puesto que los temas de fondo de la función del canal estatal están  asociados a la ley de TV digital. Es absurdo que los Senadores tengan que votar beneficios para la TV estatal si no se ha definido su función social.  Por ejemplo, en la ley larga se especifica el rol  de servicio público para la TV estatal junto con asignársele  un segundo multiplex para servir a las TV regionales y la  prestación de servicios a terceros. Si  no hay una misión de servicio público precisa  asociada a este segundo múltiplex, puede prestarse esta asignación para usos comerciales de acuerdo a la definición de la ley corta.

También la ley larga contempla el perfeccionamiento del gobierno corporativo de TVN: la profesionalización del directorio  y una mayor representatividad  de las diferentes sensibilidades nacionales y sectores sociales, ya no respondiendo a un mero cuoteo político. Este punto es particularmente central si queremos de verdad tener un canal de TV que haga un contrapeso de la TV comercial ofreciendo una real diversidad en su oferta y libre del poder de equilibrios políticos hoy claramente superados .

El Observatorio cree necesario que mañana,  conjuntamente con votar la ley corta, se debiera establecer garantías para la tramitación de una ley de TV pública  que de coherencia y sentido a lo que se propone en la ley de TV digital. Una TV estatal como la que se consagraría con la ley corta permite a la red pública contratar créditos y acceder a un canal multiplataforma, es decir, adquirir radios, medios de prensa escritos y plataforma de  internet, sin que ninguna de estas nuevas adquisiciones quede sujeta a una obligación especial de contribuir al pluralismo, diversidad, y al mejoramiento de la calidad de la TV, radio o prensa.

El modelo de televisión pública adoptado por el país al inicio de la transición no deja de ser peculiar. Un modelo que apunta a su autofinanciamiento a través del mercado de la publicidad, lo que supone una grave limitante para cumplir cabalmente su función que, por cierto, debiera diferir de la de los canales netamente comerciales. Con un directorio integrado por representantes oficiosos de los partidos con representación parlamentaria, y más propiamente de los bloques mayoritarios, así como un Presidente del directorio de la confianza del gobierno de turno. La misión de la televisión pública, insuficiente y deficientemente  definida por la ley que la creó, no apunta tan sólo a garantizar el pluralismo, sino también a su independencia del gobierno de turno, el poder de los avisadores, los partidos políticos y los poderes fácticos, apuntando a expresar la amplia diversidad social, política y cultural del país.

Una independencia que hoy está en tela de juicio no tan sólo por la autocensura del canal en temas sensibles o polémicos, como su reiterada inhibición de transmitir el documental “El Diario de Agustín”, cuyos derechos comprara hace años, sino por las públicas presiones sobre su línea editorial y el desempeño de los periodistas, tal como ha quedado en evidencia a propósito del programa periodístico “Frente al espejo” y su conductor, que ha sido cuestionado por un supuesto trato preferencial hacia la ex Presidenta y hoy candidata presidencial. Michelle Bachelet y que contrastaría con un trato mas agresivo hacia otros candidatos.

Extraña que el directorio del canal, como organismo colegiado, que es a quién verdaderamente corresponde velar por estos valores, no haya tenido el mismo celo que hoy muestra el nuevo Presidente de TVN para garantizar el pluralismo, para defender la independencia del canal estatal frente a estas ilegítimas presiones políticas.

No deja de resultar curioso que Televisión Nacional de Chile se haya sumado a la ofensiva de la Asociación Nacional de Televisión, de la cual forma parte, para oponerse a un artículo de la ley de primarias que establece la obligación de los canales de televisión a establecer una franja de debate político para los candidatos presidenciales que participen en ellas. Es verdad que para los canales comerciales ello importa una carga financiera -menor si se la compara con la concesión gratuita de la frecuencia que explotan comercialmente-, pero ese argumento no puede ser suscrito por un canal público, de propiedad de todos los chilenos, que en su misión debiera incluir el debate de ideas para un voto informado de los ciudadanos y no principal o prioritariamente la maximización de sus utilidades.

La nueva era digital, a la que se encamina con un cierto retraso la televisión en nuestro país, ofrece una nueva oportunidad para debatir el actual modelo de televisión pública, buscando no tan sólo definir con mayor precisión la misión de la televisión estatal sino también sus fuentes de financiamiento, la composición y funcionamiento de su directorio, estableciendo la obligación de rendir cuenta pública anual tanto de sus resultados financieros como del cumplimiento de su misión, materializada en su programación.

Un debate que hasta ahora se ha circunscrito al ámbito estatal -gobierno y parlamento- sin una adecuada información y reales posibilidades de la ciudadanía de participar en este debate que marcará el destino de este relevante medio de comunicación y en donde no sólo está en juego el pluralismo informativo sino la libre  expresión de la amplia diversidad del país.

En las sesiones de esta semana del proyecto de ley de televisión digital se ha avanzado en diversos aspectos. Si bien se ha aprobado que los concursantes a una concesión deban presentar al CNTV en sus postulaciones  “Una declaración relativa a la orientación de los contenidos programáticos que los postulantes estén interesados en difundir en sus señales”, norma que fortalece lo votado antes en cuanto a que el cumplimiento de la propuesta programática sea parte integrante del correcto funcionamiento, estas normas se ven ensombrecidas porque no queda claro que el CNTV deba considerar estas propuestas a la hora de decidir sobre la adjudicación de un concurso.

En los demás aspectos, consideramos que los avances no han sido tan positivos como la ciudadanía esperaba. Al respecto, acompañados a continuación un resumen de lo votado con algunas apreciaciones sobre sus implicancias prácticas

Sobre las discusiones de esta semana, destacamos:

1.- Se rechazó por los senadores la indicación propuesta por los senadores Muñoz y Navarro que buscaba que Los concesionarios de televisión digital terrestre nacionales, debieran incluir a lo menos dos horas semanales de producción audiovisual de los pueblos indígenas y noticiarios en lenguas indígenas.

2.- Se rechazó asimismo las indicaciones 286, 287 y 288 que buscaban que las concesiones comunitarias se consideraran tales por la vinculación social de los contenidos y no por su área de cobertura geográfica. Entre los argumentos esgrimidos se habría considerado las dificultades de administrar este tipo de concesiones si se constituyeran en vinculación a los contenidos. Con ello se condena a las TV comunitarias a ámbitos locales restringidos que dificultarán su viabilidad económica y de su parte se genera un incentivo perverso en favor de la constitución de concesionarios con fines de lucro, los cuales sí pueden tener una cobertura más amplia, regional o nacional. De nuestra parte consideramos que esta decisión resulta inexplicable desde la óptica de los derechos fundamentales comprometidos y que la administración de estas concesiones no entrañaría más dificultades de administración que las que tendrá la TV comercial de carácter nacional o regional.

3.-  Se aprobó además la prohibición del empleo de sistemas de medición de audiencias en línea, considerando como tales aquellos que proporcionan información de la audiencia antes de seis horas de haberse terminado la emisión del programa sujeto a medición. “La contravención a esta norma impondrá las sanciones contempladas en el artículo 33 de esta ley”. A este respecto, se considera que una norma de esta naturaleza, si bien no es una panacea, podría contribuir a la calidad de la televisión en cuanto que no se tomen decisiones atolondradas en base a estas mediciones, que vayan en desmedro de las programaciones elaboradas previamente.

4.- Se rechazó asimismo la indicación 275 bis que limitaba a 6 MHZ el número de concesiones a las que podría optar un prestador de servicios intermedios de infraestructura,  además de imponer obligaciones de servicio público a estos concesionarios y adicionalmente les imponía la obligación de no otorgar condiciones más favorables a algunos concesionarios y/o incurrir en conductas contrarias a la libre competencia. Al respecto, resulta inadecuado que estos concesionarios no estén limitados en cuanto al número de concesiones a las que pueden acceder, por cuanto es necesario garantizar que no se acapare el espectro televisivo por pocos actores económicos.

5.- Se rechazó la indicación 199 quáter de los senadores Navarro y Muñoz, que imponía a los concesionarios  de televisión digital y los permisionarios de servicios limitados de televisión, que operen señales nacionales y/o regionales, locales o comunitarias contar con una política editorial de carácter público, la que deberá estar a disposición en su sitio electrónico, que podría ser fiscalizable en los términos del artículo 40 de la ley. A este respecto es importante considerar que las propuestas programáticas se consideran en los artículo 13 (ya votado) y el 22  y que en todo caso, más que la difusión de las líneas editoriales de los concesionarios, es necesario que la ley considere mecanismos para que los concesionarios rindan cuentas a la ciudadanía respecto de ciertos compromisos de calidad de la TV y obligaciones de servicio público, como una retribución al privilegio que se les otorga al permitírseles explotar gratuitamente  el espectro radioeléctrico, de titularidad de todos los chilenos.

6.- Adicionalmente, en el artículo 22, se aprobó aceptar una indicación para modificar la redacción de la letra f), que dispone “a la hora de postular a una concesión se exija una “Declaración Jurada del solicitante donde se estipule que se cumple fielmente con las leyes N° 17.336, N° 19.889 y N° 20.243, y que no ha sido condenado en virtud de ellas durante los últimos 3 años calendario inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud, ni mantiene pendiente el cumplimiento de dichas sentencias”. Esta norma responde a la expectativa de que los postulantes a una concesión no hayan infringido normas de propiedad intelectual ni a los derechos de sus trabajadores. En todo caso, se rechazó la indicación 370 que permitía a cualquier persona impugnar esta declaración, por lo que la nueva redacción debiera ajustarse a esta condición.

7.- Además, se aprobó el artículo 22 propuesto (salvo la letra f antes referida), incluyendo la letra d) que obliga a que los concursantes a una concesión presenten “Una declaración relativa a la orientación de los contenidos programáticos que los postulantes estén interesados en difundir en sus señales.”.

8.- Se aprobó los incisos finales del artículo 19 que impone que frente a una transferencia de concesión, la Fiscalía Nacional Económica deberá informar los efectos de dicha transacción sobre la  libre competencia, informe que deberá ser emitido dentro de los 30 días siguientes a la solicitud.

9.- Se aprobó en el artículo 18, la exigencia de reciprocidad para los inversionistas extranjeros que quieran hacerse de una concesión de radiodifusión televisiva. De esta manera sólo podrán otorgarse este tipo de concesiones a aquellos concursantes cuyos países de origen den igual trato a las inversiones chilenas.

10.- Se aprobó además que los eventos de futbol de la selección nacional deban ser transmitidos por la televisión abierta, sin perjuicio de sus transmisiones por la TV de pago, norma contenida en el artículo 17 inciso 6°.

Hacemos un llamado a los parlamentarios para que a la hora de votar los artículos que faltan de la ley, reflexionen sobre el tipo de televisión que queremos, que discutan  a cabalidad cada una de las indicaciones en pos de mejorar la diversidad en la televisión abierta.

Foto: Mega

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El programa El Informante de TVN conducido por Juan Manuel Astorga, en su capítulo del día 7 de mayo estuvo muy interesante ya que recogió temas de interés que estuvieron durante la semana en el centro de la agenda noticiosa: el problema del financiamiento de enfermedades crónicas y raras que son muy costosas, los abusos de los consumidores por parte de la banca y el retail, y la posible llegada de dirigentes de los movimientos sociales al parlamento.  Sin duda que estos temas sean discutidos por sus protagonistas en la pantalla abierta y en horario prime es un gran aporte en la programación de la señal abierta de TVN, sin embargo, la calidad del debate en este programa (así como en los otros dos de señal abierta,  Tolerancia 0 y Estado Nacional)  todavía es deficiente.

Esto en consideración que un debate requiere de posturas diversas sobre un mismo punto, y que además sea informativo para que la ciudadanía se pueda formar una opinión sobre lo que escucha. No es su objetivo aportar a una solución sobre el tema que se toca, sino que los participantes expongan sus argumentos sin que haya un intento de consensuarlos.

En el caso del encuentro entre el ministro de salud Jaime Mañalich y el periodista Ricarte Soto, convocante a la exitosa “Marcha de los enfermos”, a pesar de lo evidentemente diferentes de sus  visiones políticas sobre cómo debe entenderse la salud en nuestro país,  fue difícil distinguir las discrepancias de los puntos de encuentros, principalmente por los cambios de temas sugeridos por Astorga a un invitado y otro. Posterior a esto, en el panel de discusión de los dirigentes de movimientos sociales– que contó con Eloísa González, ex dirigente de la ACES, Andrés Faulbaum, presidente de la FECH, Iván Fuentes, dirigente de movimiento de Aysén, y Cristián Cuevas, dirigente del Cobre)- nuevamente fue difícil distinguir la posición de aquellos que creen que los dirigentes sociales serán un aporte integrándose a instituciones como el parlamento, desde donde van a seguir apoyando al movimiento social (postura de Cuevas e Fuentes), y quienes creen que las estructuras políticas están viciadas y el poder y éxito de los movimientos sociales está en el empoderamiento de la ciudadanía y no en que sus dirigentes tengan cargos políticos (postura de Gonzáles y Faulbaum). Esto último, porque durante toda la conversación los invitados se dirigían al moderador (que en la práctica estaba actuando como entrevistador) y no pudieron  hablar entre ellos,  argumentar, contra argumentar e intercambiar opiniones. Nuevamente, faltó el antagonismo necesario para que el debate de ideas se desarrolle.

Una entrevista guiada, personal o colectiva, no es un debate. Para el debate de ideas es necesario que se expliciten las diferencias y que se entienda en qué radican estas: diferentes modos de entender lo económico, lo social, lo político, el rol del Estado, el rol de los particulares, etc. Si en un debate de ideas, los invitados no logran exponer el racionamiento de por qué creen una cosa y no otra sobre algo, no se cumple con el objetivo de informar a la ciudadanía y aportar con esto en su construcción y conocimiento sobre nuestra sociedad, lo cual es relevante en este año de elecciones. El éxito para un programa de debates no es hacer pedagogía ni tampoco buscar una moraleja ni forzar una conclusión, sino que permitir que durante el intercambio de opiniones y visiones, se complejice el tema abordado y finalmente deje a criterio de los espectadores la decisión sobre qué es lo que considera mejor para el país.