Fucatel manifiesta su posición crítica a ley de TVN que se está discutiendo actualmente en comisión del Senado
La indicación sustitutiva del llamado proyecto de ley larga de TVN, si bien avanza en la asignación de una misión de servicio público, no prevé un mecanismo de financiamiento que asegure que la empresa tendrá los recursos suficientes como para cumplirla ya que sólo se prevé un financiamiento inicial para implementar, desarrollar y/o mantener el funcionamiento de la o las señales emitidas a través de la concesión cultural y educativa. Siendo así queda atrás la promesa electoral de fortalecer esta empresa como un motor para el pluralismo y la diversidad a través de la provisión de servicios de transmisión de señales para televisiones comunitarias y pequeños operadores locales y/o regionales.
Recién después de dos años del inicio del gobierno se mandó al parlamento una “indicación sustitutiva” del proyecto de ley que enviara en 2008 la misma presidenta Bachelett al parlamento (Boletín 6191-19) conjuntamente con el proyecto de ley que permitía la llegada a Chile de la Tv digital.
Las principales novedades dicen relación con que se permite que TVN constituya filiales, todas de propiedad de TVN, y cuyo directorio debe ser presidido por un miembro del directorio de TVN como casa matriz. Una de estas filiales es el anunciado canal cultural para el cual se prevería un financiamiento inicial, y por una sola vez de parte del ejecutivo, según lo anunciado por la Presidenta de la República.
No obstante el proyecto de ley atribuye una misión de servicio público a la cadena estatal, en cuanto a su gestión, se prevé que TVN haga un compromiso quinquenal en que considere las actividades y metas asociadas al cumplimiento de esta misión. Sin embargo el proyecto considera que el financiamiento de TVN “deberá ser obtenido a condiciones de mercado y de manera transparente y competitiva, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40 de la presente ley.” Este artículo establecería que la ley de Presupuestos podrá considerar aportes y/o transferencias a Televisión Nacional de Chile con el solo objeto de implementar, desarrollar y/o mantener el funcionamiento de la o las señales emitidas a través de la concesión cultural y educativa a la que se refiere el artículo 35 de esta ley. Como ya señalamos, según el anuncio presidencial el proyecto ha considerado un aporte de 70 millones de dólares «para enfrentar los retos de la televisión digital», que consiste básicamente en la implementación de este canal cultural, que estimamos no es suficiente para dotar de sostenibilidad a un televisión pública en el sentido que normalmente se da en un país democrático a esta expresión.
Siendo así, el proyecto de ley no asegura el financiamiento de las demás misiones de servicio público que se asigna a televisión Nacional de Chile, las que quedan entregadas a las posibilidades del mercado, como hasta hoy en día, con los débiles resultados que conocemos. Asimismo, no vemos cómo podría darse cabida a la implementación del ansiado transmisor público para contenidos de pequeños operadores sin red, que son aquellos que podrían traer diversidad y pluralismo a nuestras concentradas pantallas de televisión.