Función e independencia de TVN

tvn 2El Mercurio / Editorial / En 1992, bajo la gestión del Presidente Aylwin, el Estado transformó a TVN: un órgano oficialista de trinchera pasó a ser una empresa pública con algún grado de autonomía. La mantención de un canal estatal -por oposición a confiar en la competencia entre los canales privados, con y sin fines de lucro- se justificó entonces por el “número reducido de señales de televisión abierta” y el “bajo acceso a la televisión pagada”. Pero la explosión tecnológica ha tornado obsoleta esa fundamentación. De la mano del Canal del Fútbol, la cobertura de la TV pagada (incluyendo “colgados”) superó el 40 por ciento de los hogares. Internet y sus portales llegan ya al 45 por ciento de ellos, y sobra espectro para la TV abierta, como lo indica el modesto precio de una concesión de radiodifusión televisiva. La TV digital terrestre aumentará esta abundancia.

La responsabilidad pública por los contenidos de la televisión, que cumplen un papel en la educación y en la cultura, está en manos del Consejo Nacional de Televisión. El contenido está sujeto a las regulaciones y los subsidios de dicho consejo para promover la diversidad, el desarrollo cultural y regional, la integración nacional e internacional, y la educación cívica de la población. Quizá falta un subsidio a los hogares de bajo ingreso, para adquirir algún paquete básico de TV cerrada e internet.

Por eso, el valor de una empresa estatal de TV se encuentra hoy en un contexto muy distinto y más competitivo. El pluralismo y la entretención son proveídos por la multiforme competencia entre los nuevos medios de comunicación, moderados por el CNTV. TVN no tiene labores que la distingan, como lo muestra la comparación de su programación con la de sus rivales. La reforma que necesita, para recaudar fondos para entrar al cine, radio, portales de internet y música, y para expandirse a la TV de pago, es permitirle colocar acciones entre inversionistas privados y abrirles a éstos cupos proporcionales en su directorio, o bien, derechamente, propiciar una ley de financiamiento acotado sólo a este propósito.

Una TV con financiamiento estatal sin topes interesa a algunos que intentan ejercer influencia electoral por esa vía. El proyecto de ley del Gobierno debería ignorar a tales grupos. Además, terminar con el autofinanciamiento de TVN demolería el pilar de su relativa autonomía: en cuanto ese proyecto permite al fisco darle créditos y avales, y autoriza a todos los órganos del Estado para comprarle servicios, sin verificar que eso ocurra en condiciones de mercado, puede abrir la puerta a que el oficialismo la controle por la vía financiera.