Imperfecciones de una ley necesaria

MARÍA PÍA MATTAMaría Pía Matta / presidenta de AMARC-ALC  / En las últimas semanas se ha producido la persecución de varias radios comunitarias por supuesta ilegalidad en sus transmisiones. Por mandato del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones ha realizado operativos para desarticular emisoras de la comunidad. La arremetida contra las radios comunitarias incluyó, entre otras, a Radio Placeres y UV 15 de la Región de Valparaíso, y en Santiago a la emisora Sin Tierra de la comuna de La Reina, por transmitir sin concesión. Su director no quiso acogerse a un juicio abreviado y decidió enfrentar la demanda hasta las últimas consecuencias para defender el derecho a la comunicación de la ciudadanía ante la justicia.

Es fácil anticipar que este problema no se resolverá por la vía de las amenazas y persecuciones legales. La única esperanza para que las emisoras comunitarias puedan operar sin discriminaciones es que se apruebe el proyecto de ley -enviado recientemente por el Ejecutivo al Parlamento- incorporando las correcciones propuestas por organizaciones de la sociedad civil. Lo anterior implica cumplir cabalmente con el llamado de la Presidenta Bachelet, en el sentido de potenciar y promover los medios de comunicación que permitan la expresión de la ciudadanía. Esto se debiera traducir en un acceso igualitario de las emisoras comunitarias al espacio radial, en línea con lo que ha sucedido en otros países latinoamericanos, como Uruguay, por ejemplo, donde la ley les reservó un tercio del espectro.

Es oportuno recordarles a nuestros legisladores que estos medios de comunicación son esenciales para ampliar el pluralismo y la democracia y permitir la expresión de los habitantes de lugares y regiones aisladas, de la vida municipal y barrial, de las comunidades de interés como las mujeres, los pueblos originarios y los jóvenes. Además, tienen la garantía de ser medios independientes, sin vinculación con partidos políticos o empresas comerciales y sin afanes proselitistas.

En Chile existe una larga tradición de radios comunitarias que, en condiciones muy básicas y sin reconocimiento jurídico, han usado una parte del espectro radioeléctrico, que pertenece a todos los chilenos, para canalizar las ideas, proyectos y sueños de muchas personas. En este sentido, el proyecto de ley provoca un avance y se convierte en ejemplo de un cambio de actitud de la Concertación en su política de medios. En concreto, además de reconocerlas, otorgarles un estatuto jurídico y considerar ciertas formas de publicidad para su financiamiento, les amplía el límite de potencia de 1 a 25 watts, lo que unido a una autorización más amplia de perímetro de operación les permite extender su cobertura y llegar de mejor manera a más personas.

La perseverancia de las organizaciones que defendieron durante años el derecho a existir de estos medios ciudadanos está rindiendo frutos, pero en el proyecto no se cristalizan aún todos sus anhelos. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe (Amarc-ALC), organización que agrupa a cientos de emisoras de nuestro continente, incluido Chile, hubiese deseado en el plano de la cobertura una distribución más equitativa del espectro radioeléctrico, que es el espacio por donde “viajan” las ondas radiales. Por ahora, el proyecto de ley le entrega a la radiofonía privada comercial un porcentaje cercano al 90 por ciento. De no corregirse esta inequidad frente a un bien escaso que pertenece a todos, Chile seguirá al margen de los estándares internacionales, no se cumplirá en plenitud el llamado de la Presidenta en esta materia y se estarán sentando las bases de nuevas persecuciones como la que afecta en estos días a radio comunitarias de diversas regiones.