La venta de Chilevisión y el escenario futuro de la industria

Federico Joannon / Abogado. Miembro del directorio de El Mostrador / Llama la atención la opacidad de los acontecimientos que devinieron en la frustrada venta del canal Chilevisión al fondo de inversión Linzor Capital. Tal hecho demuele parte importante del capital político que el Presidente logró construir con su discurso del 21 de Mayo y el gobierno nuevamente pierde la iniciativa política.

Que los negocios del Presidente de la República y los conflictos de interés que generan estén al centro del debate político o sean el eje de la cosa pública, no es bueno para nadie y puede devenir en un serio daño institucional para el país.

La falta de transparencia en la fracasada compraventa de Chilevisión, es casi total. Y por tratarse de una empresa importante y de propiedad del Presidente estimo que debieran aclararse lo antes posible varios puntos oscuros:

1) El precio exacto y cuándo se pagaría, ya que las informaciones lo hacen fluctuar entre 130 y 140 millones de dólares (¿?).

2) El tiempo de la duración del usufructo de la concesión de televisión, ya que algunos –la mayoría- dicen que concluye el 2018, pero otros afirman que no, incluso no han faltado unos pocos que señalan que este usufructo gozaría de una cláusula de renovación automática por otro periodo de 25 años (¿?).

3) Si la Universidad de Chile quiere de vuelta o no el dominio pleno sobre su concesión de TV, porque el rector Víctor Pérez ha señalado que es un sentido anhelo el recuperarla, pero versiones de prensa han dicho lo contrario y que lo único que de verdad quiere la U. es recibir más dinero por el usufructo de la concesión (¿?).

4) El papel que jugó el anterior rector de la U. de Chile, Luis Riveros, hace 5 años, cuando Sebastián Piñera compró Chilevisión, porque hasta ese entonces la duración del usufructo era de 20 años y no era renovable automáticamente (¿?).

La falta de transparencia en la fracasada compraventa de Chilevisión, es casi total.En todo caso, como lo más probable es que el plazo del usufructo no vaya más allá del 2018, ha quedado claro que para un fondo de inversión (que por definición solamente busca una buena rentabilidad financiera a corto o mediano plazo para sus inversionistas), el precio que se iba a pagar por Chilevisión, sea éste de 130 ó de 140 millones de dólares, era demasiado alto, ya que las utilidades esperables no llegaban siquiera al 8% anual, y el precio de la posterior venta seguramente sería menor al pagado para comprar.

Esto último, como resultado natural de varios fenómenos simultáneos, entre lo cuales están: la creciente pérdida de importancia relativa de la televisión abierta (o de libre recepción) por efecto del crecimiento de la TV por Internet y de la TV por Cable, y por la creciente competencia –con más actores en el mercado- que introducirá la digitalización de la televisión abierta (si se aprovecha –como es obvio y necesario hacerlo- la optimización del espectro radioeléctrico).

A lo anterior debe agregarse la importante inversión que deberán hacer los actuales operadores de la TV abierta analógica para migrar, en un plazo de aproximadamente 8 años, a la tecnología digital, y la incertidumbre que ésta conlleva. Porque aunque dicha tecnología permitirá a los canales desarrollar varios negocios complementarios a la actual venta de publicidad televisiva, sobre todo en el evento que se les entregue 6 mhz (podrán, por ejemplo: vender transporte de datos; emitir señales pagadas que coexistan con señales abiertas; interacción directa con su público; etc.), previo a ello necesariamente deberán invertir varias decenas de millones de dólares en equipos, transmisores, antenas y nuevas torres de TV (o ampliación de las existentes).

Ello le da al futuro del negocio televisivo un grado de incertidumbre que hoy no tiene. Es más, es posible que los nuevos operadores de TV lo hagan mejor que los antiguos y los vayan desplazando, y que la torta publicitaria tienda a repartirse entre más comensales, haciendo más competitivo y difícil el mercado. Por decirlo con nombre y apellido, nada garantiza que el actual rey Midas de la TV abierta, Jaime de Aguirre, siga siéndolo cuando el negocio mute y se complejice.

Por supuesto que tales criterios podrían variar o matizarse si el comprador fuese otro (no un fondo de inversión), ya que –en este caso- la rentabilidad del dinero y la seguridad de la inversión no serían las únicas o principales motivaciones para adquirir el canal de televisión. Porque los medios de comunicación no solo valen por su capacidad de generar rentabilidad, ni tampoco por la seguridad de la inversión para sus propietarios, sino que –principalmente- por su influencia actual o potencial.

El irresistible poder de las audiencias

Federico Joannon /Abogado / Desde que Gutemberg descubrió la imprenta hace 500 años el fenómeno del traspaso de la información ha ido variando, evolucionando, haciéndose cada vez más rápido y masivo. Muchos han quedado y quedarán en el camino.

Lejanos se ven los tiempos de gloria de la imprenta rotativa (segunda mitad del S. XIX y primeros decenios del S. XX), donde los medios de prensa intermediaban entre los ciudadanos comunes y el Poder de la época. Los medios contenían un relato diario o semanal o mensual, e interpretaban la realidad a su audiencia. El texto y la fotografía convivían para narrarle al lector lo que había sucedido el día o semana o mes anterior.

Con la masificación de la radio, a partir de los años ’30 del siglo pasado, y posteriormente con la penetración amplia de la televisión de libre recepción, desde los años ’60 en adelante, se multiplicaron y complejizaron los instrumentos o medios para llegar a las audiencias, pero éstas siguieron siendo pasivas y los relatos no dejaron de ser “periódicos”, de situaciones y hechos ocurridos en el pasado (aunque un pasado cada vez más inmediato). Al texto y la fotografía se suman el audio y la imagen en movimiento. Tanto diarios, radios y canales de televisión practican el referido modelo de intermediación de información entre el ciudadano “de a pie” y sus “gobernantes”.

Los modelos de negocio de los medios de comunicación están en constante entredicho y revisión.Ya en las postrimerías del siglo pasado nace la red de redes, Internet, que con su desarrollo, fortalecimiento y masificación, especialmente a partir del segundo lustro de este S. XXI, cambia radicalmente los paradigmas mencionados. Entramos en la denominada Era Digital, donde los mensajes (texto, fotografías, audio e imágenes en movimiento) son solo datos en código binario (0-1-0-1-0-1), lo que permite su rápida (casi inmediata) y eficiente divulgación o “propagación” por las redes materiales y por el espectro radioeléctrico. Los mensajes se descomponen y componen en fracciones de segundos, en cualquier lugar del orbe.

Lo anterior, ha provocado muchas transformaciones en nuestra sociedad. Ahora todo es y debe ser “al instante”; las personas se relacionan directamente entre ellas a través de redes y comunidades; la gente –especialmente los más jóvenes- se muestra a los “otros” sin tapujos ni complejos, se exhiben en una especie de “reality show” permanente, continuo, entretenido e interactivo. Todo es rápido y debe ser seductor. Alessandro Barico nos retrata lúcidamente este fenómeno en su ya clásico libro “Los Nuevos Bárbaros”.

En esta Era Digital los contenidos y las audiencias se multiplican y fragmentan, especializándose y personalizándose, como consecuencia que la tecnología ahora lo permite y es comparativamente más barata que la anterior (la analógica), tanto para producir como para distribuir información (texto, fotografías, audio e imágenes en movimiento). La fidelidad y hábitos de las audiencias se debilitan. Las pautas de consumo cambian radical y permanentemente, la gente no se informa solo por los medios ya tradicionales (diarios en papel, radio y televisión), sino que –crecientemente- a través de medios en Internet, redes, buscadores de contenidos Web, teléfonos móviles, Ipods, videoconsolas, etc. La producción de contenido ya no es monopolio de directores y editores, quebrándose así la intermediación del pasado.

Es más, ahora el relato informativo es construido -muchas veces- interactivamente entre los medios y sus lectores, y entre éstos y sus comunidades de referencia (principalmente a través de la Web). Ha surgido el concepto “prosumidores”, esto es, consumidores que –a su vez- generan contenidos, por ejemplo, comentando activamente las noticias que aparecen en un diario en Internet. Se consolida durante estos últimos años un fenómeno que podríamos denominar de “información osmótica”, donde las personas se informan por el solo hecho de existir en una sociedad como la nuestra (caminando por la calle y abriendo el correo electrónico, por ejemplo).

Estamos en tiempos de una comunicación más horizontal, interactiva y participativa. La narrativa en la Era Digital es multimedial, es una amalgama de texto, gráfica, audio y video, con vínculos e hipervínculos entre sí, de ida y vuelta con otros medios, fuentes y soportes: diario on line – TV Digital on line – radio on line – teléfonos móviles; blogs; Facebook; Twitter; otras redes digitales.

Todo lo anterior, ha traído como consecuencia un “nuevo trato” entre los medios de comunicación y sus consumidores, estableciéndose un sentido de “comunidad informativa”, abierta, participativa, donde el señalado “prosumidor” es parte del proceso informativo. Los estudiosos hablan de periodismo 3.0, de fuente abierta, de igual a igual, que establece una red con el público.

Esto ha ido generando, como es obvio, grandes cambios a nivel de la industria de la producción editorial, con salas de redacción más reducidas (buscando el ahorro y la eficiencia) e integradas multidisciplinariamente, que incluyen el flujo desde los consumidores, con periodistas “totales” que practican una especie de “prensa total”, algo así como, a nivel futbolístico, lo fue el “fútbol total” (recuérdese a la “naranja mecánica” holandesa del Mundial 1974).

La “industria” de la producción de contenidos periodísticos, en Chile y el mundo, ha entrado en crisis. Los editores de los grandes medios tradicionales ya no pueden viajar lujosamente. Nadie tiene asegurado el futuro, el sustento hay que ganárselo día a día, minuto a minuto. Un botón de muestra es la compra por parte del multimillonario mexicano Carlos Slim de una cuota relevante del capital accionario del sofisticado y primer mundista diario The New York Times, por necesidades urgentes de “caja” de este influyente medio. Los modelos de negocio de los medios de comunicación están en constante entredicho y revisión.

En fin, soplan vientos de cambio. Se trata de una marea intensa e irresistible, algo así como lo que ocurrió con el descubrimiento de la imprenta por Gutemberg, donde los monjes que escribían a mano, página a página y tomo a tomo, dibujando pausadamente letras e ilustraciones (traspasando muy lenta y elitistamente la información), tuvieron que jubilarse. ¿Qué bien suena, no?

Controversias y provocaciones

Hubo menos provocaciones que otros años, pero sí humor, como el de Manuela Gumucio al saludar al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, René Cortázar, quien tuvo a su cargo la primera exposición del seminario sobre televisión digital, organizado por nuestro Observatorio: “Estamos muy agradecidos de que el ministro haya aceptado venir a ayudarnos en este día. Lo apreciamos particularmente, porque hemos estado bastantes veces en desacuerdo con él… Pero así es la democracia y es fantástico tenerlo aquí…”

Un centenar de personas asistieron a los debates de esta sexta versión de “Provocaciones”, seminario de TV que cada año organiza nuestro Observatorio para poner sobre la mesa los temas más gravitantes de la discusión en torno a la TV chilena y que permitió reunir, la soleada mañana del jueves 29 de octubre, en el Café Literario del Parque Balmaceda, a buena parte de los principales actores de esta discusión en nuestro país.

Esta vez había un tema obligado: la tramitación de los proyectos de ley para el tránsito a la TV digital en pleno trámite parlamentario y sus posibles consecuencias en la calidad de nuestra televisión, el destino de TVN, la posibilidad de acceso de las organizaciones ciudadanas al espectro radioeléctrico y el probable surgimiento, junto a viabilidad económica, de televisiones comunitarias y regionales. El titulo para sintetizar lo anterior: “El cambio de nuestra TV: un destino en controversia”, como se denominó esta versión 2009 del seminario.

A su turno, René Cortázar hizo una retrospectiva de lo que ha sucedido con los proyectos en el Parlamento, aclarando que se trata de  ”una ley en plena discusión” y que el gobierno no pretende sacar una legislación corta entre gallos y medianoche. Al cerrar su exposición, el ministro recibió, de manos de Tehani Staiger, el Decálogo de la Ciudadanía sobre la TV digital, fruto de un encuentro realizado días antes, en el cual alrededor de 50 organizaciones de la sociedad civil debatieron sobre el asunto y pusieron por escrito sus principales inquietudes en esta materia.

Antes de dar inicio a la primera mesa de discusión de la mañana, Manuela Gumucio, directora del Observatorio, planteó su sorpresa por el silencio de los medios de comunicación frente al tema: “Dos reformas que nosotros quisiéramos que cambiaran nuestro modelo de televisión no han concitado el interés de la prensa en Chile. En cualquier parte del mundo cuando se trata de reformar el más importante de los poderes, los medios se preocupan. Ni siquiera la TV pública le ha dado importancia a esto, y aprovecho de decirlo ahora que está presente Daniel Fernández, director Ejecutivo de TVN”.  Le cedió luego la palabra a Bet Gerber, de la Fundación Friedrich Ebert, auspiciadora del seminario, quien explicó el compromiso de la institución alemana que representa con el pluralismo mediático y la democratización de las comunicaciones.

En sus cinco versiones anteriores, Provocaciones ha conseguido reunir a directores de TV, analistas de la comunicación, parlamentarios, estudiantes, representantes de organizaciones sociales, académicos, expertos en televisión, para debatir, como su nombre lo indica, sin pelos en la lengua sobre este importante medio. Su calidad, los caminos para su desarrollo y perfeccionamiento, sus enormes posibilidades como espacio de entretención, información y cultura; su aporte a la deliberación ciudadana en un sistema democrático, son algunos de los aspectos de la televisión que se han abordado en Provocaciones: un evento que se ha consagrado como uno de los espacios más gravitantes de debate en torno a la TV chilena.

El cineasta Silvio Caiozzi, Walter Khrone del Colegio de Periodistas, el documentalista Francisco Gedda, la directora del área audiovisual de Periodismo de la Usach, Pamela Cantuarias, la periodista de radio Tierra Perla Wilson, Eduardo Tironi, director ejecutivo de ARTV, estudiantes, académicos, dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, fueron parte de los asistentes escucharon con interés la argumentación de los panelistas y las ponencias de los invitados internacionales. Entre estos últimos estuvo Gloria Tristani, experta estadounidense en regulación de medios, y  Mario Wainfeld, destacado periodista argentino, que se refirió a la polémica Ley de Medios, recién aprobada por el Senado en el país trasandino.

Lea a continuación, en el mismo orden en que se produjeron, las principales intervenciones de los panelistas de ambas mesas y algunos pasajes de las ponencias de René Cortázar y de Gloria Tristani:

 

El ministro asume la controversia

Intervenciones de René Cortázar:

  - Creo que este tránsito a la TV digital abre posibilidades de más televisión y, potencialmente también, de tener mejor televisión. La posibilidad de que exista un mejor uso del espectro, la posibilidad de que en cada una de las concesiones haya alternativa de más señales, la posibilidad de recepción en los celulares, en fin, todos efectos de este cambio tecnológico que permite más, pero la pregunta es si permite, además, mejor televisión.

- Es el cambio más importante de los últimos 50 años y ciertamente más importante que el paso de televisión blanco y negro a televisión a color. Es un tema que tiene implicancias, tiene efectos sobre la sociedad, todos sabemos el impacto que los medios en general y la televisión en particular tiene sobre la sociedad y, por lo tanto, naturalmente, que se trata de un tema crucial.

- Seminarios como este, y muchos más que se produzcan de debate de esta naturaleza, son parte de los cauces de este debate que después habrá que canalizar institucionalmente a través del Parlamento para la aprobación de las reglas del juego que se van a determinar en materia de televisión, de concesiones televisivas.

- Coincido con Manuela Gumucio en que hay una controversia, por supuesto que hay una controversia. Hay una controversia respecto a cuál es el mejor modo de lograr no sólo más televisión sino que mejor televisión, cómo tener mejores contenidos. Y ese tema es controversial”.

- Soy un convencido de que en una cantidad no pequeña de proyectos, a pesar de las críticas que se hacen al Parlamento, mejoran mucho a través de este debate donde participan no sólo los congresistas, sino también otros sectores de la sociedad que influyen, de alguna manera, en la discusión.

- En ese proyecto hay acuerdos que no son tan controversiales, por ejemplo, el aprovechar esta oportunidad de cambio tecnológico, por que es de eso que estamos hablando, para lograr mejores contenidos en la televisión. Hay consenso relativamente amplio de que esta es una oportunidad por ejemplo para incentivar, y en ese sentido no ser neutrales, sino que incentivar abiertamente la televisión comunitaria, la televisión local, la televisión regional, principalmente.

- En el proyecto se contemplan fondos concursables para la producción y transmisión de estos canales, especialmente de los que son viables comercialmente. Hoy día hay un fondo que administra el Consejo que se llama el fondo “antenas”, que se utiliza para poner antenas en zonas aisladas. Bueno, ese fondo de antenas se amplio y esos recursos se van a usar para producción y transmisión de los canales que no son viables comercialmente, en particular de los canales comunitarios y locales. Y también en los fondos de contenido, de programación, donde se pone un énfasis fuerte en la producción comunitaria, regional y local.

- ¿Entonces dónde está lo controversial? Yo creo que lo controversial está principalmente en cómo debe ser –no si debe haber- la participación del Estado en este proceso para tener no sólo más televisión, sino mejor televisión. Simplificando hay dos caminos: uno donde hay una intervención del Estado ex ante, antes de que se entregue una concesión, o antes de que se renueve una concesión, que interviene y solicita proyectos programáticos y busca de esa manera mejorar los contenidos de la televisión. Y hay un segundo camino que también tiene que ver con la intervención del Estado y también con el objetivo de mejorar contenidos, pero que uno podría decir, son intervenciones ex post, donde no evalúa previamente la instalación de un concesionario, como será su programación para darle o no darle una concesión, sino que hace dos cosas: sólo puede distinguir entre concesionarios por la naturaleza de su concesión -y como ya dije no es neutral respecto a la comunitaria, local y regional y también se incluye la cultural y la educativa infantil- , pero no hace distingos la interior de cada una de estas categorías, ni según la programación que ellos tengan.

- Insisto, estos cambios que se le han hecho al proyecto es fruto del debate de la discusión que ha habido durante este año. Este no es el proyecto original, sino el fruto de las modificaciones.

- Ahora, nosotros como gobierno, lo que buscamos en este proyecto y vamos a seguir buscando es un acuerdo lo más amplio posible. Nosotros no queremos un proyecto aprobado a la una de la mañana por un voto. Lo que estamos buscando por la naturaleza de lo que esto regula, por lo crucial de lo que se regula, es que esto sea un acuerdo lo más amplio posible. Ya lo vivimos en el caso de la norma para al televisión digital, que también fue un tema muy debatido.

- Y en ese sentido espero que este seminario, entre otros eventos, sirva no sólo para reconocer la controversia, sino que también para construir pacientemente, como se construyen, acuerdos amplios con el fin de hacer esta transición tan importante para toda la sociedad chilena.

  

Primera Mesa: desafíos para la Televisión pública en el nuevo escenario. Posibilidad de financiamiento estatal para TVN. Los canales regionales. La regulación del CNTV. La existencia de un transportador público. La falta de participación ciudadana en el debate.

Introducción de Mario Wainfeld: entretelones de tramitación y aprobación de nueva Ley de Medios Audiovisuales en Argentina.

Panelistas:

 Herman Chadwick, vicepresidente del CNTV:

- Primero, coincido en que los fundamentos de la regulación televisiva no son sólo técnicos, son múltiples, y que abarcan materias, sociales, económicas, técnicas, culturales, políticas, históricas, jurídicas. En consecuencia, hay que reflejar en la ley, de la mejor manera posible, la manera de contemplar estos fundamentos múltiples de lo que es la regulación televisiva. En segundo lugar, estimamos que debe haber un adecuado equilibrio entre las herramientas ex ante y las herramientas ex post. En tercer lugar, creemos que en el otorgamiento y renovación de concesiones el espacio, que hoy día puede ser amplio y el día de mañana puede ser restringido, no sólo se limite por razones técnicas, sino que hay una serie de otras razones que pueden restringir ese espacio. En cuarto lugar, creemos que las concesiones tienen que ser por concurso público, y en quinto lugar creemos que para otorgar una concesión, al menos, si no queremos control ex ante, se deben considerar razones técnicas, razones económicas, razones de quiénes son los dueños, razones de concentración para otorgar una concesión igual que para renovarla en el futuro.

Senador independiente Carlos Cantero:

- Yo creo que el rol del Estado es fundamental, es insustituible, que no sólo tiene que ver con cuestiones técnicas, sino con enfoques programáticos. Yo no estoy porque se controlen los contenidos, pero se tiene que decir que es lo que se quiere hacer con una concesión, no es una cuestión de libre albedrío. Porque de lo que estamos hablando es de un bien nacional de uso público, de todos los chilenos…

- Voy a ser un rabioso defensor en el Parlamento de que esto tenga expresión territorial. Me enfermo cuando prendo la televisión en Antofagasta, todos los días, y me informan de cuanto detalle ocurre en las ocho cuadras en torno a La Moneda y no informan absolutamente nada de mi ciudad. Se puede estar cayendo el mundo en mi ciudad y nadie informa nada y a nadie le importa nada. Así que vamos a cautelar la televisión nacional.

- No soy partidario tampoco de que los que hoy día tienen 6 megahertz se sientan propietarios de los 6 megahertz. Ellos son propietarios, en mi opinión personal, de una concesión de televisión para emitir una señal de televisión, pero los megahertz son de los chilenos, de todos los chilenos.

- Respecto de TVN, o del rol de la televisión estatal, me parece que juega un rol determinante en intentar cautelar el pluralismo, en promover contenidos y desde esa perspectiva estoy dispuesto a entregarle financiamiento.

Eduardo Arriagada, académico Puc:

- El mundo va a ser distinto y debiéramos legislar y discutir en ese mundo. Lo que he visto acá tiene que ver con el pasado cuando los canales abiertos dominaban el tiempo de las audiencias. Se supone que TVN tiene que hacer una serie de cosas que nos retrotraen al mundo del control, la exclusividad, la escasez. El impacto digital es una tormenta perfecta para los medios masivos, un cambio de escenario definitivo que tenemos que poner como pelo en la sopa en la discusión.

- El tema de más televisión ya está resuelto. El problema es la calidad, porque el gran combustible de los medios que es la publicidad, ya no está dando frutos, no funciona con la fuerza que tenía. Entonces seguir dividiendo y creando canales pensando que la publicidad va a financiar eso, es un engaño. Si queremos hablar en serio de calidad, la única solución es meterse la mano al bolsillo y decir cuánto queremos poner para subsidiar la calidad televisiva.

Esteban Valenzuela, diputado independiente, integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara:

- Ha habido poca voluntad política y poca voluntad de TVN de hacer algo distinto. Patricio Walker (diputado de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara) no nos permitió por un voto haber ampliado un poquito el directorio de TVN, o sea que no fueran sólo los operadores políticos de la Concertación y la Alianza, sino abrir la pluralidad un poco más allá del control de minutaje que le ha tocado a cada sector. Perdimos también la propuesta de que pudiera entrar en el directorio de TVN algún ex rector de Universidad Pública Regional, que hubiese entrado alguien de los productores audiovisuales independientes, alguien del mundo social, para enriquecer la mirada.

- Cual es la sospecha: que los canales ocupen los 6 megahertz de todos los chilenos, lo ocupen sólo para alta fidelidad, para estos canales de publicidad más baratos, y por lo tanto, de nuevo pasemos a la historia como los grandes lesos que perdieron la coyuntura histórica de haber enriquecido la televisión.

- Todo lo demás es retórica: “que vamos a apoyar a los canales, regionales, comunales y locales”. El derecho a ver un canal Lafkenche hecho en Tirúa, esa es la batalla que hay que dar. Sigo siendo un disidente de lo que estamos legislando”.

Daniel Fernández, director ejecutivo de TVN:

- Este es el mundo al revés. A nosotros se nos pide más diversidad y no se nos dan las concesiones para tener más diversidad. Nosotros tenemos que negociar con un canal de cable para que nos lleve un canal de 24 horas de noticias y ¿por qué no lo podemos tirar por televisión abierta?: por qué no se le da la concesión al canal público.

- No quiero que me vean aquí como defensor de una industria, porque el interés con el resto de los canales es distinto y muchas veces divergente. Nosotros tenemos una obligación de misión, otros canales quieren maximizar la utilidad, otros evangelizar la cultura. Nosotros tenemos una misión clarita que está hoy día en la Ley y si se quiere cambiar, se cambiará, pero tiene una misión clarita. Entonces la discusión sobre la duración y régimen de concesiones a nosotros nos tiene indiferentes porque si el país quiere que haya televisión pública, bueno, le dará la concesión por dos años renovable, o infinita, o lo que sea, pero la verdad es que nosotros no estamos en la discusión sobre nuestros derechos de propiedad respecto a la concesión. Nos da exactamente lo mismo. Lo que queremos es que se nos de la concesión que sea acorde para cumplir al misión.

- Obviamente que si quieren que TVN tenga 14 canales, con el actual financiamiento de publicidad de la televisión abierta, no da, salvo que sigamos degradando la señal principal,  porque no tenemos recursos para hacer buenos programas para estar subsidiando señales que van a ser necesariamente segmentadas. Creo que hay un espacio ahí de que haya financiamiento para señales adicionales de la televisión pública a través del CNTV y el único mecanismo en que nosotros tendremos mucho cuidado es que ese sistema no afecte la autonomía del canal. Qué los recursos no sean una negociación en el Parlamento con el Ministerio de Hacienda sobre las platas para el canal, porque ahí la autonomía se diluye y conocemos las experiencias mundiales que terminan en negociaciones de todo tipo que no favorecen necesariamente a las personas”.

- ¿Transportador público? Nosotros felices, pero el punto es que hay que financiarlo. Las redes son una torre que está instalada en un cerro, en fin, y esa torre tiene una antena y un trasmisor. Esa antena y ese transmisor están hechos para transmisión analógica. Nosotros tenemos que cambiar todos esos aparatos en todo Chile, con un costo cercano a los 20 millones de dólares. Ahora, un transmisor y una antena va a ser posible para seis megahertz. Si tu quieres otros seis megahertz paras transportar a otros, vas a tener que poner otro transmisor y otra antena en la misma torre. No es el costo de toda la red, pero no es costo cero tampoco. Entonces hay un costo asociado

- Yo me doy cuenta de que mucha de la gente que habla de televisión no ve televisión. Es sorprendente, por ejemplo, que se diga que TVN no se puede diferenciar del resto de los canales, cuando TVN da el 55 por ciento de la televisión cultural calificada por el consejo y el 45 lo dan los otros seis canales abiertos. TVN tiene la mayor cantidad de programas políticos, no se que canal tiene estado Nacional, Factor Guillier, entrevista del Domingo, entrevistas del Sábado en todas las regiones, con una entrevista al actor político de la semana, foros parlamentarios en todos los distritos y circunscripciones de todos los candidatos. No hay ningún canal que haga eso.

- Si queremos discutir de eutanasia no significa, necesariamente, un debate en la mesa con cuatro señores que saben mucho: es poner a una señora en la teleserie que quiere morir y que sus hijos no quieren que muera. Eso es realmente discusión pública nacional sobre temas de importancia. Entonces, no despreciemos los géneros televisivos no calificados como culturales totalmente, pero que son de una tremenda potencia.

Álvaro Ramis, presidente ONG Acción:

- Por qué las organizaciones no gubernamentales, que ni siquiera aparecen en la tele, tienen interés en participar en un debate sobre la televisión: porque la invisibilidad de buena parte de los actores sociales en este país, y especialmente en los medios de comunicación nos ha hecho pasar del enfoque que pone el énfasis en el derecho a la información, al derecho a la comunicación. No solamente podemos ser receptores o aparecer en pantalla, sino también podemos comunicar y tenemos algo que decir en el campo de las comunicaciones.

- El día martes 27 de octubre, un conjunto muy amplio de organizaciones que presentaron un decálogo sobre la televisión que queremos, sintetizaron ahí algunos principios y creo que en ese Decálogo están algunas de las pistas que deberíamos nosotros empezar a desmenuzar o a tratar de mostrar con mayor detalle, porque ahí están las intuiciones sociales respecto a la visibilidad y posibilidad de generar un nuevo tipo de televisión, tanto pública como una televisión de mercado de calidad, como también una televisión que sea capaz de contener a los actores sociales sin fines de lucro

- Ya no estamos para ver tele ni tampoco nos interesa ver mejor los monitos de la tele, es decir, que los cambios tecnológicos signifiquen simplemente que las imágenes se vean con más definición. Si es la misma basura televisiva yo creo que no vale la pena. Estamos hablando del tercio que debe ser garantizado para las organizaciones sin fines de lucro, en todo su marco amplio, diverso.

- Hay una concentración del poder en la televisión que está repartido binominalmente. Y las organizaciones civiles, ciudadanas, no necesariamente coinciden con esa repartición del poder. Creo que hay que diseñar otra forma de incorporar la participación ciudadana en la televisión ya no como simples receptores o televidentes, sino como sujetos de pleno derecho y exigimos, por lo tanto, ser parte del debate y no ser los que vamos a enterarnos por la tele de que se aprobó una nueva ley de televisión en la que no participamos.

- La ley hoy le está dando una misión tan elevada a Televisión Nacional y sin embargo no le está dando los recursos para poder hacerlo compatible. Creo que hay una enorme creatividad del canal hoy con los recursos que maneja para poder cumplir esa misión. Sin embargo, cuanto más se podría hacer si estuviera presupuestado ese tipo de programación por algún tipo de financiamiento.

Antonio Delfau, sacerdote, director de la revista Mensaje:

- Creo que es necesario un canal público fuerte que, como lo hemos visto en otros países, enriquezca la vida de las personas, que acentúe la cohesión nacional, el respeto a la diversidad, a la multiculturalidad, la educación cívica, que está tan perdida en nuestro país, que acentúe no sólo los derechos que todos los tienen clarísimos, sino también los deberes y que fortalezca la sociedad civil. Me muevo en ese terreno de lo ético y no voy a entrar en detalle de lo más técnico.

 

Segunda Mesa:

La regulación de los medios en EEUU. El poder de la Subtel. La amenaza del cable para los canales grandes. Requisitos técnicos y de contenidos para asignar concesiones. Cargas públicas por el uso del espectro.

Introducción de Gloria Tristani, ex comisionada de la FCC, de Estados Unidos:

- La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que es la que se conoce como enmienda de la libre expresión y la libertad de prensa, conlleva el derecho del ciudadano, del radioescucha o del televidente, a recibir información.

- Se reconoce en la ley de los Estados Unidos que el espectro es un bien nacional, entonces cuando al radiodifusor de televisión o radio le dan una licencia para espectro, ese radiodifusor ya sea comercial o público, tiene que darle algo al público en beneficio.

- Tenemos 1785 canales de alta potencia, 1395 son comerciales, los otros son canales públicos denominados allá educacionales. Todos han transitado a la TV digital y todos, privados y públicos, tiene que cumplir con ciertos beneficios para los televidentes. Las licencias para los canales se otorgan por un período de ocho años.

- Hay límites en la propiedad, hay límites en los canales en cuanto a áreas geográficas, límites de proporción de intereses extranjeros. En un mismo mercado no se puede tener un canal de televisión y un periódico.

- La norma educacional: cada canal de TV en los EEUU, ya sea público o comercial, tiene que transmitir tres horas de programación infantil educacional o informativa. Algo que ayude al niño a desarrollarse.

- Dentro de las propuestas: se ha planteado mínimos de programación local y de productores independientes, diversificar las barreras de entrada, porque las licencias televisivas son muy caras. Se ha hablado, pero no se ha hecho. La realidad es que hay unas barreras increíbles para tener una concesión. Nuestro mercado está muy concentrado y hay poco localismo y poca diversidad. Los grandes estudios dominan en la programación.

- En los Estados Unidos “público” no siempre quiere decir gubernamental. Los canales que tiene esa categoría no pueden usar la publicidad, pero si pueden tener patrocinadores y aporte de fundaciones y de los mismos televidentes a través de campañas que lo invitan a apoyar la programación. En algunos canales, el 90 por ciento del presupuesto viene de los televidentes.

- Existen también los canales de acceso público que se financian con las operadoras de cable que deben negociar con las ciudades para que les den derecho a usar la propiedad para llevar el cable. En estos canales de acceso público, en cualquier parte de EEUU, puede ir cualquier persona y decir “denme el micrófono que quiero hablar”, es un sistema muy interesante porque a veces produce una programación horrible y a veces estupenda.

- En nuestro país uno de los problemas que tenemos cuando se discute sobre la regulación y el futuro de los medios es que los medios no hablan sobre lo mismo. El público no se entera de lo que está pasando y eso pasó en Estados Unidos y pasa en casi todas partes del mundo. Un concesionario público comercial cuando ya tiene algo, no quiere que se lo cambien. Es la naturaleza humana.

- Por último y en resumen, cómo se garantiza una televisión diversa. Por mi experiencia desde 1997 al 2001 en la FCC, es importantísimo tener un regulador independiente con poderes amplios, pero sujetos a revisión; normas que garanticen diversidad y libre expresión, normas que limiten las reglas de entrada, límites de concentración de propiedad, límite en la duración de las licencias. Normas claras, si son ambiguas no se cumplen. Y cuando se haga esta transición digital aquí, estén seguros de que traiga beneficios a los chilenos. Por último: lo de ex ante o ex post: si no hacen antes es casi imposible hacerlo después.

Panelistas:

Bruno Bettati, productor, representante de la Plataforma Audiovisual:

- Para mí la controversia que suscita el proyecto de ley es que reduce los criterios de concesiones al mínimo y, además, a través de utilizar la noción de servicios intermedios en forma totalmente ambigua lo que hace es aumentar en forma desmedida el poder de la Subtel y disminuir al mínimo el poder del CNTV.

- Quisiera preguntar si después de 20 años de legislación fundamentalmente ex post que ha dado la TV reconocidamente mala que tenemos hoy día, reconocida por la encuestas nacional del CNTV, ¿por qué se insiste ahora en una legislación que sigue siendo ex post, si ya sabemos el resultado de esta ley?

- Hay una contradicción que está en la base de este concepto de pluralismo que se ha postulado en nuestra transición democrática. Una contradicción que está nuestras leyes y es simplemente que el Congreso no quiere darle financiamiento a la televisión pública, porque tienen miedo de que el canal público privilegie un sector por sobre el otro. Pero, por otro lado, es el Senado el que ratifica al consejo directivo del canal público y del Consejo Nacional de Televisión, entonces para el propio Parlamento la pluralidad se reduce a las tendencias con representación parlamentaria.

Andrés Egaña, diputado UDI, integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara:

- El proyecto de modificación de TVN, que recibimos en la Cámara, no era un buen proyecto. Si nosotros queremos tener una televisión pública de calidad requerimos recursos. 800 millones de dólares anuales se le entregan a la televisión pública francesa para que puedan emitir sin publicidad. En Chile todos los canales de televisión abierta captan en conjunto menos que la facturación que tiene la empresa VTR, por lo tanto el porcentaje de publicidad disponible que hay para financiar es muy poco.

Cristián Saieh, abogado, representante de Canal 13:

- Me pregunto yo si hemos pensado cómo pretendemos una televisión pluralista, en el futuro, que incorpore todos los avances de la televisión digital, todos los canales de minorías, todos los canales que representen sensibilidades distintas, sino se garantiza que esos canales sean bien vistos por los abonados y suscriptores a la televisión de pago. Hoy en día la televisión de pago representa aproximadamente, depende de las fuentes si es la Subtel o el Consejo, cerca del 40 por ciento de la población. Cuando tengamos televisión digital terrestre incorporada a nuestro país, en plena forma, va a ser el 80 o 90 por ciento.

- También hay que garantizar la supervivencia de los canales grandes. Ustedes dirán, ¿por qué garantizar la supervivencia de los canales grandes? Bueno hoy en día los canales grandes tienen una amenaza tremenda de parte del cable. La amenaza es que el cable está compitiendo con los mismos avisos publicitarios que el canal abierto.

- ¿Que pasa si me quitan gran parte de la torta publicitaria, de acuerdo al juego del mercado? Resulta que yo como canal 13, Chilevisión o Televisión Nacional, no voy a poder producir programas con contenido que realmente le interesen a la ciudadanía.

- Una de las conclusiones del panel es que ninguno de los presentes está muy de acuerdo con la forma en que se gestaron estos proyectos de ley en discusión en el Congreso. Extraña que Subtel no haya hecho un borrador blanco y lo haya publicado en su página web, de manera que todas las organizaciones y sistemas sociales interesados pudieran opinar.

- En el proyecto se aumentan las facultades del Consejo Nacional de Televisión: el manejo de concesiones, determinación del diseño de campañas públicas, subsidios, restricciones a la publicidad. Es tremendo el nuevo poder que se le da al Consejo Nacional de Televisión. ¿Queremos un CNTV con esas facultades?

- La pregunta es qué tipo de Televisión Nacional queremos. Si tenemos una como la que hemos tenido hasta ahora, que parece que a muchos no les gusta, pero cumple sus objetivos, o queremos una Televisión Nacional aún más fortalecida en lo que se refiere a su capacidad de financiamiento. Creo que una TVN que pueda competir de igual a igual que el resto de los canales ha sido un modelo probado bastante satisfactorio.

- Al final de cuentas la televisión abierta como la conocemos hoy es la que favorece más a los sectores más desprotegidos del país que se informan mayoritariamente por la televisión que es el medio a través del cual se transmite la cultura, la democracia y la información. Lo que preocupa a Canal 13 es que se invierta esta posibilidad hoy frente al crecimiento de otras plataformas, las cuales se enriquecen de los contenidos que emite el propio canal 13 sin retribución alguna. Y lo que va a ocurrir en un tiempo más es que ni canal 13, ni Chilevisión, ni Televisión Nacional van a poder dar programas de calidad porque no van a tener las fuentes de financiamiento. Y finalmente, los más desprotegidos, aquellos sectores más vulnerables de la sociedad no van a tener ningún acceso a televisión de calidad.

Jorge Donoso, integrante del Consejo Nacional de Televisión:

- Dicen que las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan: la concesión es una delegación que hace el Estado, en este caso, de una actividad pública y desde ese momento, quien recibe la concesión tiene que cumplir con ciertas obligaciones y más que eso, tienen que establecerse ciertos parámetros sobre los cuales se entrega esta concesión.

- Algo para mí muy importante se refiere a que las normas que echo de menos y que existen en Estado Unidos es tratar de impedir una mayor concentración de los medios de comunicación. En esta ley debiera establecerse la misma norma que existe en Estados Unidos, es decir, un concesionario de televisión no puede ser propietario de medios escritos ni de radios.

- Las concesiones que se hacen a título gratuito conllevan necesariamente el deber de soportar ciertas cargas públicas y el mejor ejemplo de esto es la actual franja electoral: si se eliminara esa obligación,  la publicidad electoral por televisión  tendería a concentrarse  en los grupos con mayor poder económico.

Ángela Vivanco, secretaria ejecutiva de la Asociación Nacional de Televisión, Anatel:

- Nosotros hemos visto muchas versiones de este proyecto de ley y ninguna de las versiones tocó alguno de los temas que a nosotros nos parece más importantes. Se ha discutido mucho la temática de la diversidad, cómo hacer que ingresen nuevos actores por la vía de que la tramitación sea simple y que esto permita que no haya sesgos en la entrada, pero se ha olvidado cómo se van a mantener esos nuevos actores en lo que es hoy el mercado televisivo.

- Nuestra conferencista (Gloria Tristani), nos explicó que el concepto de televisión pública en Estados Unidos se identifica con aportes federales, con aportes estatales, de fundaciones, etc., eso explica por qué hay una televisión pública que puede prescindir, por ejemplo, de la publicidad y de las movilidades del mercado y de la exigencia de ciertos productos televisivos que son los que se está dispuesto por la publicidad a pagar o a financiar.

- Si pensamos además que la torta publicitaria no es solamente compartida por la televisión abierta y de la de pago, sino por todos los otros medios de comunicación y plataformas a través de Internet, evidentemente no va a resistir el ingreso de nuevos actores, sino se piensa como van a subsistir esos nuevos actores, particularmente si se quiere intensificar la programación cultural.

- Hoy el proyecto actual se está basando, exclusivamente, en la inversión que han hecho los canales que existen y no piensa como van a subsistir los nuevos y las diferenciaciones que ha establecido, a juicio nuestro, son fundamentalmente semánticas. Eso genera una pluralidad y diversidad aparente, pero no va a generar una pluralidad y diversidad real.

- El proyecto que en definitiva quedó y que se está tramitando fue hecho por Subtel, donde nuestra participación ha sido prácticamente nula. Así que aquí no hay ninguna clase de connivencia y Anatel no comparte la gran mayoría de los artículos del proyecto actual. Los problemas de Anatel son frente a la televisión por cable no frente a la posible expansión de la televisión abierta.

Federico Joannon, abogado, integrante del directorio del diario El Mostrador:

- Esto partió mal, porque se quiso entender por el Gobierno, que esto era un tema técnico y se le entregó al ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Y este no es un tema técnico, ¿quién va a hacer la televisión?, ¿para qué se va a hacer?, ¿cuáles son los destinatarios, entendiendo que el 90 por ciento de las personas hoy día tiene televisión abierta y el 30 a 40 por ciento cable y que la televisión por Internet está entrando fuerte?

- Respecto a la entrada de nuevos actores, el proyecto dice de manera más o menos mañosa, que si pueden porque la digitalización amplía el espectro y temáticamente van a poder existir canales chicos, focalizados, que no está mal que existan, pero que nunca van a poder competir con los canales grandes.

- Un nuevo actor en Santiago no tiene donde instalarse porque no tienen espacios para torres de televisión, entonces va a tener que ir de rodillas donde los actuales que tienen torres a pedir que lo dejen montarse. Esta ley no se hace cargo de eso, lo que impide que haya competencia. No va a haber actores grandes que compitan de igual a igual con la Anatel.

- Las concesiones televisivas a nivel mundial, de acuerdo al derecho comparado, por ser la entrega de algo que es público a un privado normalmente van asociadas a ciertas cargas, y por eso no coincido con Cristián Saieh, al que parecen molestarle mucho las cargas que son un deber consustancial al hecho de usar algo público.-

El cambio de nuestra TV: un destino en controversia

Manuela Gumucio / Directora Observatorio de Medios / El Mostrador / Los medios masivos han ignorado de manera inexplicable tan importante debate, si se piensa que la TV es el más grande de los poderes políticos y culturales en las sociedades modernas. Cabe sospechar que este silencio responde a la esperanza que poderosos sectores tienen de que estas reformas pasen como por un tubo en el Parlamento, consagrando los privilegios de los actuales canales, frenando la llegada de nuevos aspirantes a compartir la llamada torta publicitaria.

El jueves 29 de Octubre tuvo lugar el seminario Provocaciones, organizado por el Observatorio de Medios Fucatel, en su sexta versión. Esta vez los análisis, a veces declamatorios de años pasados, fueron proscritos. Para nadie era un misterio que este debate estaba animado por la posibilidad de cambiar el curso de las dos leyes enviadas por el Gobierno al Parlamento para afrontar la digitalización de la TV. Se trataba de enfrentar las principales controversias, sin perder tiempo.

Un carácter de urgencia atravesaba el ánimo de los panelistas y de la numerosa asistencia enfrentada a un tema árido, a pesar de estar tan ligado a la entretención. Estas reformas han sido consideradas insuficientes, por algunos sectores y defraudantes para aquellos que esperaban que se dieran las condiciones para la entrada de nuevos operadores y con ello, una oferta televisiva más diversa y plural que la actual, amén de otras ventajas para la inclusión de los sectores rezagados a Internet y las nuevas tecnologías.

Desfilaron esa mañana, en el Café Literario del Parque Balmaceda, ejecutivos de canales, parlamentarios, miembros del Consejo Nacional de TV, Ángela Vivanco de ANATEL, Álvaro Ramis, por las organizaciones ciudadanas, Federico Joannon, miembro del directorio de El Mostrador, Eduardo Arriagada, académico de la PUC, Cristián Saieh, en representación de Canal 13 y el propio Ministro Transporte y Telecomunicaciones, René Cortázar designado por el Gobierno para la tramitación de estas leyes. Su presencia allí tenía el mérito del respeto al debate, puesto que el Observatorio se ha convertido en uno de los principales críticos de sus proyectos, oposición a la que se sumaron en la misma semana 50 organizaciones de la sociedad civil, que aprovecharon la ocasión para hacerle entrega de un decálogo, fruto de un encuentro de numerosas de organizaciones no gubernamentales, en las manos de Tehani Steiger, dirigente de la Plataforma Audiovisual que agrupa productores, creadores y otros gremios del rubro.

El ministro admitió, en su saludo inicial, que existían controversias en torno a este tema crucial, pero ellas no giraban en torno a si el Estado debía intervenir o no, sino que sobre el cómo debía hacerlo, y explicó que la política del Gobierno era optar por una regulación ex post al otorgamiento de las concesiones. Se refería con ello a su persistencia en defender como único requisito para el otorgamiento de frecuencias, la aprobación de un informe técnico por la Subtel. Esta postura es claramente opuesta a la del Consejo Nacional de TV, representado durante el seminario Provocaciones, por dos de sus integrantes, Herman Chadwick y Jorge Donoso, quienes defendieron el punto de vista de que las concesiones deben entenderse como un bien de todos los chilenos y los criterios para su otorgamiento deben responder al interés público.

Lo mismo afirmó Gloria Tristani, ex comisionada del principal organismo estadounidense, quien produjo un enorme impacto al informar a los chilenos de la enorme cantidad de obligaciones que tienen los concesionarios en los Estados Unidos: tres horas de programación infantil educativa, subtitular las producciones para sordos, imposibilidad de poseer al mismo tiempo un canal y un diario a lo que se agrega una duración de las concesiones televisivas de 8 años y no de 25 como en Chile, entre otros deberes y limitaciones que establece la ley.

También intervinieron los diputados presentes Esteban Valenzuela y Andrés Egaña y el senador Carlos Cantero, quien dijo que estaba a la espera de los proyectos en el Senado con una clara postura, similar a la del CNTV, que es por lo demás similar a la del Observatorio. Los tres parlamentarios advirtieron que serían especialmente vigilantes en convertir en realidad una verdadera TV regional.

La gestación y tramitación de ambas leyes ha estado marcada por controversias en los aspectos mencionados, así como también en las garantías de una distribución equitativa del espectro. Los medios masivos han ignorado de manera inexplicable tan importante debate, si se piensa que la TV es el más grande de los poderes políticos y culturales en las sociedades modernas. Cabe sospechar que este silencio responde a la esperanza que poderosos sectores tienen de que estas reformas pasen como por un tubo en el Parlamento, consagrando los privilegios de los actuales canales, frenando la llegada de nuevos aspirantes a compartir la llamada torta publicitaria y salvando la buena conciencia con la reserva de espectro para la TV regional, sin ni siquiera considerar un transportador publico que pueda garantizar, al menos, la difusión de pequeños operadores sin invertir en grandes redes de transmisión.

Este mutismo de los principales medios chilenos frente a tan importantes reformas, contrasta con la cobertura que tuvo en Argentina y en el exterior, la tramitación de la Ley de Medios propuesta por la Presidenta Fernández y que fue aprobada con el apoyo de la oposición a su Gobierno. Mario Wainfeld, destacado periodista trasandino de Página 12, quien fue invitado a Provocaciones, justificó la amplia mayoría con que se aprobó la ley, dado el carácter democratizador de las propuestas, que fueron principalmente impugnadas por el Diario Clarín. En su intervención el sacerdote Antonio Delfau, director de la revista Mensaje, con buen humor, dijo alegrarse de lo que escuchaba, porque la prensa chilena lo había convencido de que dicha Ley “representaba un atentado a la libertad de expresión”.

Volviendo al país y al destino de nuestra televisión, la buena nueva es que el Ministro Cortázar reconoció el Estado “líquido” (cambiable) de los proyectos, lo que no podemos dejar de interpretar como un éxito de la acción de las organizaciones civiles y del propio Observatorio.

*Manuela Gumucio es directora del Observatorio de Medios Fucatel.

Algunas verdades incómodas sobre la TV digital

 Federico Joannon /Abogado y miembro del directorio de El Mostrador / Ojo con el Proyecto de Ley que está en el Congreso para su discusión / La norma que se trae entre manos el Ejecutivo, vestida con un pretendido tinte estrictamente “técnico”, impide o hace extremadamente difícil que puedan entrar nuevos actores “grandes” al mercado de la televisión abierta, que le puedan competir de igual a igual a los actuales “canales” agrupados en la Anatel. Y como mar de fondo, lo que hay es una soterrada guerra por el espectro radioeléctrico.

Si nuestro destacado artista plástico y hombre público Nemesio Antúnez estuviera vivo, seguramente complementaría su particular llamado a tener “Ojo con el Arte”, con la perentoria advertencia de ponerle mucha atención a la televisión, en tanto principal industria masiva de bienes simbólicos, hoy en etapa de transformación a través de la digitalización de las señales televisivas (mediante una determinada norma técnica) y, muy especialmente, por un determinante Proyecto de ley en actual tramitación ente el Congreso Nacional.

Como lo de la norma técnica ya está zanjado, desde el momento que la autoridad pública ha anunciado al país que será la denominada norma japonesa (en su versión brasileña, adaptada a las especificidades chilenas), en adelante hay que ponerle toda la atención al mencionado Proyecto de Ley, y a su tramitación legislativa.

Respecto de esta iniciativa legal, denominada “Proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre“, que modifica varios artículos clave de la actual Ley de Televisión, quisiera hacer las siguientes reflexiones, complementando y/o enfatizando las ya vertidas en mi artículo anterior, publicado en dos partes sucesivas hace algunos días en este mismo diario:

1) Más allá del anodino nombre que se le puso al citado Proyecto de Ley, lo que en realidad pretende el Gobierno con esta iniciativa, sin decirlo ni advertirlo, va mucho más allá de una simple actualización tecnológica de la TV. En estricto rigor, se quiere establecer un nuevo modelo para la televisión abierta chilena, esto es, un “nuevo régimen” para la televisión de acceso gratuito que reciben en sus casas más del 90% de los chilenos.

Y, adicionalmente, se pretende establecer las condiciones para que parte importante del valioso espectro radioeléctrico, reservado hace varios años exclusivamente para la transmisión de televisión (toda la banda UHF), y donde en principio –con la digitalización- cabrían muchos otros actores para este negocio, se utilice en definitiva para otros negocios (diferentes a la televisión, propiamente tal), y quede en manos principalmente de las compañías telefónicas móviles. Sepultando así la expectativa de muchos de que haya una mayor diversidad en el mercado de la televisión abierta.

Todo lo anterior, preparado “entre cuatro paredes” por el ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, sin someter su contenido previamente a una discusión pública ni considerar la opinión de otros actores relevantes en esta materia (como, por ejemplo, el Consejo Nacional de Televisión).

2) Por lo demás, si se tratare única y estrictamente de la digitalización de las actuales señales de televisión (como puede inducir a error una lectura rápida del Proyecto de Ley), no hubiere hecho falta legislar ya que bastaría con reemplazarles a los actuales concesionarios de televisión sus 6 megahertz en la banda VHF, que hoy les permite transmitir una señal de televisión analógica, por 3 ó 4 megahertz (de conformidad a la norma técnica de digitalización escogida), ahora en la banda UHF (que es la parte del espectro radioeléctrico reservada para las transmisiones de la TV Digital), lo cual les sería completamente suficiente –mediante un trasmisor compartido o “múltiplex”- para transmitir una señal televisiva digital de alta definición. Esto sería algo equivalente a lo que tenían antes de la digitalización.

3) Cualquier cosa adicional a poder transmitir una señal de televisión abierta que se les quiera dar a los actuales operadores de este negocio, va a ser una regalía, ni más ni menos, por lo que debería analizarse concienzudamente su conveniencia y constitucionalidad. Por ejemplo, el Proyecto comentado les entrega a los actuales concesionarios más megahertz que los estrictamente necesarios (6 mhz en vez de 3 ó 4 mhz) y les faculta para transmitir simultáneamente más de una señal de televisión y, además, para transmitir otros “datos” (v.gr.: textos; señales de retorno; etc.).

Sobre esto, la iniciativa legal olvida o soslaya que el único derecho adquirido que tienen los actuales concesionarios de televisión –más allá de las diferencias que existe entre ellos, derivadas de las leyes bajo las cuales se les asignó sus respectivas concesiones- es a transmitir una señal abierta o de libre recepción, y jamás sobre una porción determinada del espectro radioeléctrico. Así lo ha entendido, por lo demás, el Consejo de Defensa del Estado, órgano que sería prudente que el Congreso Nacional consultara.

Ahora bien, si se piensa en la etapa de transición, donde es necesario el “simulcasting” o transmisión conjunta de una señal analógica y otra digital, perfectamente el Gobierno podría “prestarle” a los actuales operadores la frecuencia UHF que necesitan, en tanto no se produzca el “apagón analógico”, momento en el cual se liberarían los megahertz de la banda VHF y la concesión se radicaría en la frecuencia UHF que estaban utilizando en “préstamo”, con las mismas condiciones y limitaciones que tenían antes. Al respecto, hay que tener presente que es esto lo que precisamente ha estado ocurriendo: baste con recordar la transmisión -en ambos formatos, análogo y digital- de los últimos partidos de la selección chilena de fútbol.

4) Este Proyecto de ley, vestido con un pretendido tinte estrictamente “técnico”, impide o hace extremadamente difícil que puedan entrar nuevos actores “grandes” al mercado de la televisión abierta, que le puedan competir de igual a igual a los actuales “canales” agrupados en la Anatel (esto es, empresas televisivas que puedan transmitir contenidos “generalistas” en Santiago y en todas o varias regiones).

El Gobierno ha dicho informalmente, porque aún no entrega el “Plan de Frecuencias” (primero aduciendo que faltaba la norma técnica y ahora señalando que falta la ley), que en Santiago habrá disponibilidad para 7 nuevos “paquetes” de 6 megahertz c/u. Pero, al respecto hay que recordar que deben necesariamente restarse las frecuencias reservadas para fines específicos, como se explica en mi artículo anterior (por ejemplo, para fines culturales, o para el fin exclusivo de transportar señales y otros “datos” de terceros), por lo que las frecuencias realmente utilizables para contenidos “generalistas” de televisión (que pudieren quedar en manos de eventuales nuevos operadores), se reducen drásticamente.

Estas se pueden estimar en solamente 1 ó 2 (paquetes de 6 megahertz cada uno). Ni más ni menos. Y, muy probablemente Chilevisión puje para que se le asigne uno de estos paquetes de frecuencias en Santiago, ya que la que actualmente utiliza es concesión de la Universidad de Chile y el usufructo a favor del canal de Sebastián Piñera termina en pocos años más.

Por otro lado, en el Proyecto de ley analizado no se da solución alguna a la imposibilidad de que el (o los) eventual (es) nuevo(s) operador(es) en Santiago puedan transmitir sus señales televisivas en condiciones similares a los actuales operadores “grandes”; entre otros motivos, por la inexistencia de espacios disponibles para más torres de televisión en el Cerro San Cristóbal. Si esto no se soluciona, se hará aún más ilusoria una posible competencia.

5) Como parte de las escaramuzas de lo que puede denominarse “la guerra por el espectro” (dada a nivel global), parte importante del generoso espectro radioeléctrico reservado originalmente por la autoridad pública para ser utilizado en las transmisiones de televisión (toda la banda UHF), terminará siendo usado para transportar otros “datos” (no televisión), y, más temprano que tarde, quedará en manos de las compañías de telefonía móvil, que cada vez requieren de más espectro para su expansivo y estratégico negocio. Es el caso, por ejemplo, de la banda UHF 700, que está a punto de ser completamente “desafectada”.

Cabe hacer presente que con la información pública hoy disponible se puede perfectamente afirmar que solo se dedicarán a la TV Digital 30 canales (de 6 megahertz cada uno), de los cuales –como se ha visto- varios podrán dedicarse mayoritariamente a transmitir otros “datos” (y no televisión). Como comparación, tenemos que en USA se dedican 49 canales, en Europa 48, en Brasil 55 (más 7), en Perú 45, en Australia 41 y en Japón 39, y todos canales de dedicación exclusiva para TV Digital.

En lo que toca a las frecuencias VHF, que –según la Subtel- podrían adicionarse luego de ocho años a los canales existentes en banda UHF, (cuando se produzca el denominado “apagón analógico”), cabe hacer presente que esto es poco practicable, por distintos motivos, como por ejemplo: la norma técnica elegida (en lo que se conoce) no puede usar los canales 2 al 6, y en los canales 7 al 13 tiene ineficiencias; y el Mensaje del Proyecto de ley dice expresamente que esos canales VHF se dedicarán a “servicios avanzados” de telecomunicaciones (no a TV Digital).

6) Por último, estimo necesario resaltar que el Proyecto de Ley comentado está lleno de “oscuridades”, necesarias de develarse, y que no son exteriorizadas ni traspasadas por el Ejecutivo a los legisladores ni a la opinión pública. Un ejemplo de esto es la confusión (¿intencional?) de los términos “radiodifusión” y “servicio Intermedio” de televisión, que permitirá desplazar hacia la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) el control total de las concesiones sobre espectro radioeléctrico que utilizarán los canales de televisión abierta, dejando al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) en una función prácticamente decorativa en este determinante aspecto. Con la complicación de que la Subtel es, ni más ni menos, el Gobierno de turno, del color que fuere, al contrario del CNTV, que tiene integración pluralista.

Leyes de TV digital: más para los mismos de siempre

Observatorio / Lea a continuación el segundo capítulo de un artículo publicado  por el diario electrónico El Mostrador sobre los proyectos de ley para el tránsito a la TV digital, que se discuten en estos días en el Parlamento. El autor,  abogado Federico Joannon, hace un duro análisis de las consecuencias que tendrá para la calidad de la televisión chilena la mantención de los proyectos tal cual están y advierte sobre una consolidación y perpetuación de los privilegios de los actuales concesionarios. Joannon denuncia, además, que se estaría intentando establecer, inconsultamente, “entre cuatro paredes” un nuevo modelo para la televisión abierta chilena y cuestiona que sea el ministro René Cortázar el principal propulso de este  proyecto por sus viculaciones personales con la industria televisiva del país.

Análisis de la ley de TV digital

La operación gatopardo del ministro Cortázar

Estamos frente a un intento por establecer un nuevo modelo para la televisión chilena, que -paradójicamente- consolidará y perpetuará la posición de privilegio que ostentan los actuales actores de esta industria, altamente influyente en lo político y cultural. A éstos los protege contra una eventual competencia y les permitirá además participar del negocio del transporte de otros “datos”, cuestión que hasta ahora no podían, ni legal ni tecnológicamente. Este artículo es la continuación de TV Digital: la hora de las definiciones clave

Por Federico Joannon*

Como se ha mencionado en la primera parte de este artículo, existe la necesidad de legislar para poder digitalizar la televisión abierta (”televisión digital terrestre”), toda vez que se requiere reasignar, en la banda UHF del espectro radioeléctrico, las actuales frecuencias concesionadas en la banda VHF a los canales de televisión existentes. Este cambio tecnológico/legal debería, en principio, permitir la entrada de varios nuevos actores al mercado de la televisión abierta, y, con ello, podría ganarse en diversidad.

Lo anterior, porque con la digitalización es posible encaminar, sin entorpecerse, más señales en una misma cantidad de espectro radioeléctrico. Además, la tecnología digital es más barata que la usada hasta ahora, de tipo analógico, lo que permitirá producir contenido televisivo a un costo menor. Adicionalmente, la parte del espectro que se utilizará para la televisión abierta digital, banda UHF, tiene una mayor disponibilidad de frecuencias que la anterior (la banda VHF).

Sin embargo, el Gobierno de Chile, encabezado al efecto por su Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, ha enviado al Congreso Nacional un Proyecto de Ley que no solo trata sobre la mencionada migración, sino que -adicionalmente- regula otras materias. En realidad, lo que hace es establecer, inconsultamente, “entre cuatro paredes” (o, si se quiere, “entre gallos y medianoche”), un nuevo modelo para la televisión abierta chilena.

Se trata de una compleja iniciativa legal, que constituye un todo orgánico, y que de aprobarse tal cual está, traerá como corolario la imposibilidad de que entren nuevos actores al mercado de la televisión abierta, por lo menos en la cantidad y en las condiciones requeridas para competir en igualdad de condiciones con los actuales concesionarios, mantendrá barreras de entrada a este mercado imposibles de vencer, y les mejorará sin causa legítima el negocio a los grandes de la “industria”.

Los motivos para esto nunca han sido explicitados por la autoridad pública, pero puede presumirse que el Gobierno prefiere a la actual “industria” televisiva, con actores conocidos y “negociables”, a los cuales -aprovechando la oportunidad de la digitalización- se les pueda ayudar a incrementar sus ingresos y que, consecuencialmente, con ello ojalá mejoren sus contenidos. O, quizás, simplemente se trate de terror -o “temor reverencial”- a enfrentar a la poderosa “industria” de la televisión abierta, agrupada en la ANATEL (asociación de los operadores grandes de televisión abierta o, lo que es lo mismo, canales con presencia en Santiago: señales 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 13), que no quiere más comensales a su pequeña mesa.

Sobre lo último, sería interesante contar con un estudio comparativo de cómo trataron al Gobierno los noticieros de los canales de televisión antes y después de la llegada de René Cortázar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

En fin, vamos por partes.

1) Un dato clave previo

Es un hecho incontrovertible que la única forma de hacer competitiva y lucrativa una empresa de televisión abierta es que ésta transmita su contenido simultáneamente, total o parcialmente, en las principales ciudades del país, pero muy especialmente en Santiago de Chile, donde se encuentra cerca del 40% de la población del país. Desde la perspectiva comercial/publicitaria, más allá de lo que unos u otros deseen, Santiago es Chile, y la televisión abierta vive principalmente de avisos publicitarios masivos.

Así las cosas, y el Gobierno y la ANATEL lo tienen muy claro: cualquier nuevo actor en el mercado de la televisión abierta que no tenga una concesión televisiva para transmitir en Santiago de Chile no será realmente una amenaza contra la “industria”.

2) El Proyecto de Ley no permite la llegada de pluralidad de nuevos actores al mercado de la televisión abierta nacional.

No obstante la posibilidad técnica/teórica de multiplicarse por 6 las señales de televisión abierta como consecuencia de la nueva tecnología digital (cuestión con complejidades técnicas, pero posible de superarse, por ejemplo a través del denominado transmisor “multiplex”), la iniciativa legal del Ejecutivo solo permitirá que en Santiago surja 1 nuevo concesionario de televisión abierta de similares características a los concesionarios grandes actuales (léase: de los miembros de la ANATEL). Y, quizás, en una segunda etapa -planificada por el Gobierno para varios años más- pueda aparecer un segundo nuevo actor más.

Al hablar de “similares características” a los canales grandes actuales, nos referimos a que este nuevo actor, además de su concesión para transmitir en Santiago, tenga también una concesión televisiva amplia o total, es decir, que pueda difundir contenido televisivo generalista (entretención, información y cultura) y que esté habilitado para transmitir su programación sin necesidad de contratar a un tercero que se la “transporte”. Sobre esto, cabe mencionar que el Proyecto de ley en comento diferencia entre concesiones para transporte de señales y concesiones para difundir señales de televisión (distinción hasta ahora inexistente, bastante artificiosa, y que tiene por objetivos permitirle la entrada a este mercado a las compañías telefónicas móviles, que ya tienen la infraestructura para ello, y posibilitarle a las empresas operadoras de televisión -que reúnan ambos tipos de concesiones- ampliar su giro hacia el transporte de otros “datos” digitales). A los actuales concesionarios, entre ellos los miembros de la exclusiva ANATEL, se les entregarán ambos tipos de concesiones.

¿Cómo se llega a la conclusión de que, no obstante la digitalización, el Proyecto del Gobierno significará que en Santiago haya un solo nuevo actor sentado a la mesa de la “industria”?

Pues bien, esta escasez sobreviniente en la teóricamente generosa banda UHF se explica en que el Gobierno, desoyendo el criterio de equivalencia entre las señales analógicas ya otorgadas y las señales digitales que las reemplazarán, ha decidido entregarle un paquete o “pack” de 6 megahertz del espectro radioeléctrico a cada uno de los actuales operadores; que, como se ha visto, es una cantidad mucho mayor al equivalente que hoy tienen y muy superior a la requerida por la tecnología digital para transmitir una sola señal de televisión abierta.

Del saldo que queda (banda UHF del espectro radioeléctrico), se deben restar los varios paquetes de 6 megahertz c/u que se asignarán para concesiones exclusivas de transporte de señales, las que podrán utilizarse exclusivamente para el negocio de transportar “datos”, en general (telefonía móvil, acceso a Internet y transmisión de señales televisivas, por ejemplo), pero prohibiéndosele a estos curiosos concesionarios el transmitir señales de televisión propias.

Y, de lo poco que va quedando de espectro UHF, por expreso mandato del Proyecto de ley deben restarse las frecuencias reservadas para uso exclusivo de televisión regional; televisión local; televisión comunitaria, y televisión de alcance nacional que el Consejo Nacional de Televisión haya calificado como cultural. Todas éstas no pueden ser menos de un 40% del total espectro disponible en la bande UHF.

Adicionalmente, también hay que restar la reserva que se auto impone el Estado, para efectos de garantizar a los actuales operadores al menos una frecuencia (1 megahertz), en un “multiplex” compartido, para el caso que por cualquier razón no se les renovare su concesión de 6 megahertz en banda UHF (la cual, como sabemos, se les entregará por el solo hecho de ser actuales concesionarios en la banda VHF).

Así las cosas, como en el cuento de los perritos, y a menos que se le hagan cambios importantes al Proyecto de ley, en Santiago de Chile solo quedará un paquete de 6 megahertz disponible para un único eventual nuevo operador de televisión, con condiciones similares a los actuales grandes concesionarios (en realidad, esta similitud no será total, como se verá más adelante).

Seguramente, pujarán por este único espacio disponible en Santiago los conglomerados comunicacionales más grandes y que aún no tienen un lugar en la exclusiva mesa de la ANATEL, tales como Copesa o El Mercurio o el Grupo Claro. Será difícil que empresas más pequeñas puedan obtener esta frecuencia, con lo que se perderá la oportunidad histórica -teórica al menos- de aportarle mayor diversidad al mercado de la televisión abierta.

3) El Proyecto de Ley no le permite al eventual nuevo concesionario en Santiago la necesaria igualdad de condiciones para competir con los operadores grandes antiguos.

En primer lugar, porque en Santiago de Chile (y ocurre lo mismo en otras ciudades del país) no existe disponibilidad física ni jurídica para montar una nueva torre de televisión, con características similares (de calidad) a las que tienen hoy los actuales concesionarios.

En efecto, los mejores lugares, todos ubicados en el Cerro San Cristóbal, están ya ocupados. Además, los propietarios de este estratégico cerro: el Arzobispado de Santiago y el Serviu Metropolitano, han propagado urbi et orbi que no autorizarán la construcción de nuevas torres, ni para televisión ni para radio ni para actividad alguna. En todo caso, si de una u otra manera se les obligare, los lugares que aún quedan con cierta disponibilidad tienen inconvenientes técnicos, como lo son el no permitir una correcta irradiación de las señales televisivas y/o generar “sombras” significativas.

Así las cosas, el nuevo operador de televisión abierta en Santiago tendrá que instalar su torre en algún lugar deficiente (o no tan bueno como el de las otras torres), o tendrá que pedirle al Arzobispado de Santiago (que es dueño de la mejor torre) o a los grandes operadores de televisión un espacio en sus torres para instalar su(s) antena(s) y transmisor(es) de televisión, quedando a su merced, completamente. Los eventuales abusos pueden ir, en degradé, desde no aceptarlo en la torre, darle una ubicación “secundaria” o imponerle condiciones y precios predadores. El nuevo operador no tendrá posibilidad efectiva de negociar algo justo y equitativo por estos servicios.

En segundo lugar, el Proyecto de ley contempla favorecer a los actuales concesionarios de televisión, a cada uno de ellos, con un paquete o “pack” adicional de 6 megahertz, que podrán utilizar para el “nuevo” negocio de transporte de señales de terceros (”servicio intermedio de telecomunicaciones”). Lo cual le estará vedado al nuevo operador de televisión.

Así las cosas, los antiguos operadores podrán sumar hasta 12 megahertz concesionados, utilizables para distintos fines lucrativos, en tanto el eventual nuevo actor solo contará con 6 megahertz, ya que se le prohíbe tener más. Esta diferencia provoca una desigualdad evidente desde la óptica de una verdadera competencia.

En tercer lugar, y para colmo, el Proyecto del Ejecutivo no contiene normas y/o mecanismos que atemperen o morigeren las anteriores discriminaciones a favor de los grandes operadores, como podría ser, por ejemplo, obligar a TVN a instalar en su torre de televisión en Santiago, a precio de costo, el transmisor del nuevo operador, en un lugar apropiado (cuestión perfectamente posible desde la perspectiva técnica).

Por último, si miramos el asunto desde la perspectiva (complementaria) de los actores “chicos” en general, esto es, de los demás concesionarios de televisión: los regionales, los locales, los comunitarios, los que solo tengan autorización para emitir y no para trasportar señales (como las concesiones de carácter exclusivamente cultural), el problema de desigualdad e imposibilidad de competir aumenta notoriamente. Existe un universo de diferencia entre estos concesionarios chicos y los grandes agrupados en la ANATEL. Quizás una forma de atenuar o morigerar esto, en parte al menos, sea a través de un “transportador público” de señales de televisión, a precios de costo y presente en todo Chile, pudiéndose quizás obligar a TVN a jugar este rol (entregándosele más frecuencias de transporte para estos efectos).

4) El Proyecto de ley les mejora el negocio y protege sin causa legítima a los actuales operadores de la industria televisiva abierta.

En efecto, como se ha visto más arriba, por razones no exteriorizadas (aunque se puede especular sobre ello), el Proyecto de ley del Gobierno -cual “varita mágica” de los cuentos de hadas- les mejora el negocio a los actuales operadores de la televisión abierta, y los protege contra una eventual competencia, a través de los siguientes mecanismos:

a) Impidiendo que surjan varios nuevos operadores en el mercado de la televisión abierta en Santiago; esto es, “cerrando el mercado” de los grandes concesionarios desde el lado de la oferta;

b) También desde la óptica de la oferta, permitiéndole a los concesionarios de televisión transmitir varias señales televisivas propias simultáneas y, paralelamente, gestionar el negocio de transportar señales televisivas de terceros (otros canales que no tienen concesión de transporte de señales o que no pueden, en la práctica, contar con el equipamiento para transmitir);

c) Estableciendo el negocio complementario de transporte exclusivo de otros “datos”. Recordemos a este respecto que los actuales operadores podrán tener un “pack” adicional de megahertz disponibles para estos efectos que los nuevos operadores;

d) Entregando más dinero público concursable para programación, el cual, por cómo está diseñado el sistema, terminará mayoritariamente en manos de los actuales grandes operadores televisivos, agrupados en la ANATEL. Recordemos que el Proyecto de ley permite, en principio, un solo nuevo operador “grande” (aunque nunca tan grande como los antiguos operadores); y,

e) Si años después puede surgir un segundo nuevo operador, como lo pretende el Proyecto del Gobierno, éste tendrá barreras de entrada adicionales, por cuanto se encontrará con un mercado de la televisión abierta digital (y todas sus complejidades) completamente consolidado, incluido el nuevo actor que le precedió.

Conclusiones más relevantes desde una perspectiva de política pública

Primero: el Proyecto de ley, de aprobarse en la forma pretendida por el ministro René Cortázar, en vez de obtener la ampliación del actual mercado televisivo, desde la perspectiva de sus grandes operadores, conseguirá perpetuarlo casi como lo conocemos hasta hoy. Ganancia para ANATEL.

Segundo: parte importante del codiciado espectro radioeléctrico, especialmente reservado y considerado para las transmisiones de televisión digital (banda UHF), será en verdad ocupado para transportar otros “datos”. Ganancia, especialmente, para las compañías telefónicas móviles.

El resumen de sentido común desde una perspectiva del negocio televisivo es que existe demasiado en juego con la iniciativa legal comentada. No se trata solo de reemplazar frecuencias de televisión, en que las nuevas concesiones son equivalentes a las antiguas, sino que estamos frente a un intento por establecer un “nuevo régimen”, un nuevo modelo para la televisión chilena, que -paradójicamente- consolidará y perpetuará la posición de privilegio que ostentan los actuales actores grandes de la “industria” (incluso se les permitirá participar del oneroso negocio del transporte de otros “datos”, cuestión que hasta ahora no podían, ni legal ni tecnológicamente). Se trata de una “operación gatopardo”.

Así las cosas, y atendido a que estamos en meses electorales, donde la mayoría de los parlamentarios están ocupados y preocupados de sus reelecciones, parece prudente y necesario ponerle “freno de mano” a este Proyecto de Ley, para que sea el próximo Ejecutivo y el Parlamento que vienen, quienes lo analicen con calma, lo estudien y lo discutan, pensando en lo que realmente es mejor para el país.

No se puede soslayar que el proceso eleccionario tiñe muchos temas, en ocasiones más allá de lo razonable, sobre todo si se trata de legislar de televisión, industria muy poderosa.

Por último, no parece prudente ni adecuado que el cerebro y alma del Proyecto de ley que nos ocupa sea el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, René Cortázar. No solo porque en estricto rigor los temas de la televisión abierta no corresponden propiamente a su cartera ministerial (salvo en la cuestión técnica de las concesiones de radiodifusión), sino porque él fue durante más de dos lustros -justo previo a su designación ministerial- muy cercano a la ANATEL. Es más, durante varios años fue un activo miembro integrante de su Directorio, probablemente el más importante de sus directores.

*Federico Joannon es abogado y miembro del directorio de El Mostrador.

TV Digital: La hora de las definiciones clave

Federico Joannon* / El Mostrador / Al digitalizar la denominada “televisión terrestre” se podrían obtener más señales de televisión abierta utilizando la misma cantidad de aspecto radioeléctrico y con señales de mejor calidad que las actuales. Por lo mismo, podria flexibilizarse la principal barrera de entrada al mercado de la televisión abierta , cual es la extrema escasez de espectro radioeléctrico, con el fin que existan más empresas u operadores televisivos. Esto no es menor en un contexto de serias y múltiples críticas y quejas hacia la calidad del contenido de la actual televisión abierta chilena.

La digitalización de las actuales señales analógicas de televisión abierta de libre recepción permitirá que éstas se transformen en “datos” y se desplacen como tales por el espectro radioeléctrico, utilizando así un menor ancho de banda.

En tanto bien nacional de uso público, muy escaso, el uso y goce del espectro radioeléctrico necesario para diversos fines (televisión, radio, telefonía móvil, etc.) es entregado por la autoridad pública a través de “concesiones”.

Independientemente de la tecnología que escoja el Gobierno para materializar la mencionada digitalización de las señales televisivas (las denominadas normas europea, japonesa o norteamericana), una vez que alguna de ellas se implemente posibilitará que una señal de televisión abierta digitalizada estándar, que será siempre de mejor calidad que las actuales señales de televisión abierta analógicas, ocupe solo 1/6 del ancho de banda que hoy se necesita (1 megahertz en vez de 6 megahertz), lo que podría multiplicar por seis el número de canales abiertos existentes. Y si se quisiera que la señal fuera de muy alta definición, se requerirá 4/6 de lo actual (4 megahertz en vez de los actuales 6 megahertz).

Así las cosas, en principio al menos, al digitalizar la denominada “televisión terrestre” se podrían obtener más señales de televisión abierta utilizando la misma cantidad de aspecto radioeléctrico (y con señales de mejor calidad que las actuales). Por lo mismo, y también en principio, se relativizaría o flexibilizaría la actual principal barrera de entrada al mercado de la televisión abierta, cual es la extrema escasez de espectro radioeléctrico (en Santiago, por ejemplo, ya no caben más señales analógicas). De esta manera, podrían haber más empresas u operadores televisivos.

Esto no es menor en un contexto de serias y múltiples críticas y quejas hacia la calidad del contenido de la actual televisión abierta chilena.

Para implementar este avance tecnológico será necesario utilizar la banda UHF, donde aún hay bastante espectro disponible, por cuanto la banda VHF, que utilizan las actuales señales analógicas de televisión abierta (canales 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 13, en la Región Metropolitana) está completamente copada por éstas en varios lugares de Chile, y, por lo mismo, no hay espacio disponible para que se realicen en paralelo las transmisiones digitales necesarias para ir preparando e implementando la nueva tecnología. Esto, en un camino sin vuelta atrás que debiera culminar con el denominado “apagón analógico”, momento en el cual la banda VHF volverá – su uso y goce – nuevamente a todos los chilenos, para su posterior asignación a otros fines (todo indica que ajenos a la TV).

Como los actuales concesionarios de televisión abierta de libre recepción tienen un derecho de propiedad sobre sus concesiones vigentes de TV en banda VHF, asignadas hace ya tiempo por el Estado en sus actuales señales (operadas con tecnología analógica), es necesario legislar para que sea la propia ley quien les cambie o reemplace sus frecuencias por otras, en adelante en la banda UHF, a operarse exclusivamente con tecnología digital.

Esta es, en estricto rigor, la única materia imprescindible de legislarse para poder materializar la digitalización de la televisión terrestre: una norma obligatoria que establezca el sistema de reemplazo -y su obligatoriedad y los plazos- de las actuales señales concesionadas en banda VHF, a otras señales o frecuencias equivalentes ahora en la banda UHF, una vez ocurrido el denominado apagón analógico de la televisión abierta (esto es, cuando los actuales concesionarios ya no puedan seguir transmitiendo en sus actuales señales VHF).

Entretanto no ocurra este “apagón”, la autoridad administrativa, sin necesidad de ley alguna, está perfectamente facultada para “prestarles” a los actuales concesionarios alguna(s) señal(es) transitoria(s) en banda UHF para que, en coexistencia con sus señales VHF, puedan paulatinamente implementar la migración a la nueva tecnología digital. Así ocurrió, por ejemplo, con la transmisión del partido de fútbol entre Chile y Venezuela, que Canal 13 transmitió paralelamente en ambas tecnologías, gracias a una frecuencia en banda UHF que le facilitó al efecto la Subtel.

En cuanto a qué debe entenderse por equivalencia de señales o frecuencias (entre lo ya concesionado por los actuales canales de televisión abierta en banda VHF y lo que se les debe entregar, en reemplazo, en banda UHF), lo natural y obvio sería que le ley remplazara el actual ancho de banda, que se requiere para transmitir hoy televisión abierta analógica, esto es, 6 megahertz, por el ancho de banda necesario para transmitir televisión abierta digital, esto es, 1 megahertz (ó 4 megahertz si se aspira a televisión de altísima definición, cuestión de por sí discutible). Si así se hiciere, los actuales canales de televisión quedarían en una posición perfectamente equivalente a la actual, pudiendo desarrollar su negocio televisivo en condiciones análogas a las que ahora tienen. Y el excedente de espectro radioeléctrico en banda UHF podría concesionarse a varios nuevos actores para este mercado.

Sin embargo, con la excusa de aprovechar la ocasión para solucionar problemas legales pendientes (como la coexistencia de distintos regímenes de concesiones televisivas, unas indefinidas y otras a plazo fijo; la necesidad de revisar las atribuciones del Consejo Nacional de Televisión, y la conveniencia de entregar más dineros concursables), o para arreglar problemas técnicos por venir (como la limitante de que los actuales transmisores de televisión digital permiten administrar paquetes de a 6 megaherts y no de menos ancho de banda), todos los cuales podían abordarse a través de otros proyectos o mecanismos, el Gobierno de Chile -encabezado al efecto por su ministro de Transportes y Telecomunicaciones- envió para su tramitación al Congreso Nacional un Proyecto de ley misceláneo denominado ladinamente “Proyecto de Ley que Permite la Introducción de la Televisión Digital Terrestre”, el cual va mucho mas allá de lo necesario para esta implementación.

En efecto, este proyecto de ley, con distintas elipsis, paráfrasis y excusas, además de posibilitar la digitalización comentada (que -como se ha visto más arriba- debería significar la ampliación del actual mercado televisivo), lo que busca es impedir que entren nuevos actores al mercado de la televisión abierta, en la cantidad y en las condiciones de poder competir realmente con los actuales concesionarios, mantiene artificiosa y perpetuamente barreras de entrada al mercado de la televisión abierta, y mejora hacia el futuro el negocio a los actuales concesionarios, entregándoles un ancho de banda superior al equivalente que hoy tienen y permitiéndoles que utilicen sus concesiones televisivas para otros fines diferentes (transporte de datos, en general. Por ejemplo, telefonía y acceso a Internet). Todo esto, por supuesto, a menos que el Proyecto de Ley sea profundamente modificado y mejorado durante su tramitación en el Parlamento.

Detrás del contenido del Proyecto del Ejecutivo subyace la equivocada visión de que, como hacer televisión abierta es caro y de muy difícil financiamiento, lo mejor para el país sería fortalecer a los actuales pocos concesionarios del mercado televisivo (”malos pero nuestros”, y quienes “conocen” del negocio), y no debilitarlos a través de la entrada de nuevos actores. Adicionalmente, y con la expectativa de que mejoren sus contenidos televisivos, se les quiere dar la posibilidad de que con sus concesiones hagan otros negocios paralelos (lo que la tecnología digital permitirá), y, además, se pretende otorgarles más dinero público a través de concursos para financiar programas de televisión.

(Segunda parte de este artículo: mañana miércoles 9)

*Federico Joannon es abogado y miembro del directorio de El Mostrador.

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