La Batalla desigual de la TV digital
Manuela Gumucio, directora del Observatorio de Medios, plantea, en la última edición de The Clinic, su visión del proyecto de ley de TV digital recién aprobado por la Cámara, denunciando sus principales deficiencias y el sesgo informativo que, de acuerdo a su criterio, impera en Chile en un tema tan gravitante cono el destino de nuestra televisión.
Léala a continuación.
Manuela Gumucio / The Clinic
LEY DE TELEVISIÓN DIGITAL: LA BATALLA DESIGUAL
El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, el miércoles 4 de Abril reciente, echa por tierra buena parte de las esperanzas de un cambio del panorama poco variado y, a menudo, políticamente sesgado de la actual oferta televisiva. Para ello se requería introducir cambios sustantivos a la ley que terminó su primera fase de tramitación. La discusión de 90 indicaciones en la última comisión, la de Cultura, permitió abrigar una esperanza, pero, de manera difícil de entender, los parlamentarios de la Concertación se sentaron a negociar con el Gobierno y, a cambio de mínimos logros, entregaron mucho más de lo que los operadores históricos jamás soñaron: alfombra roja para su tránsito a la TV digital, control de la competencia y nuevas fuentes de financiamiento; cobrando por la programación de hasta el 50% del espectro entregado, gratuitamente y sin concurso. Con esto los espectadores de la TV abierta, mayoritariamente de los sectores más pobres, pierden un derecho esencial y terminarán pagando por la programación de mayor éxito. Además, en los hechos, el deber de operar como transmisores para terceros, que era uno de los grandes aportes de la digitalización, será letra muerta. Si el 50% está destinado a pago, no tendrán espectro disponible para prestar ese servicio o esta función dependerá de su buena voluntad.
En el mundo entero, se entiende que los operadores históricos son fundamentales para iniciar la digitalización y se les otorga facilidades para el tránsito, pero eso, en un cuadro de regulación que no tenemos. Sin ir más lejos, en ningún país del mundo las concesiones tienen carácter indefinido como muchas de las chilenas, producto de una superposición de legislaciones, aberración que era el momento de corregir y no se hizo.
Imperó la lógica de privilegiar a los actuales canales permitiendo que se sienten primero en la mesa y que todos los posibles interesados en la difícil aventura de poner de pie un nuevo canal, se contenten con las sobras. No se consideró, por ejemplo, una institución para incentivar y fomentar la incorporación de nuevos entrantes, ni la existencia de un servicio público para transmitir, a precio razonable, la producción de los nuevos canales, sin capacidad de invertir en antenas. También, se establece 20 años de duración para los que tienen espectro y sólo 5, para las señales que producirán exclusivamente contenidos, precisamente, de las que se puede esperar una oferta de interés no comercial.
Pero, lo más grave de todo es que los diputados, desatendiendo nuestra permanente advertencia, han aceptado tramitar un proyecto a ciegas, sin contar al menos con una simulación o con la versión definitiva del Plan de Radiodifusión Televisiva, el instrumento que permite saber cual es la real disponibilidad de espacio para nuevos canales. Por lo tanto, la gran promesa del 40% para contenidos regionales, locales, comunitarios, educativos y culturales puede ser otra falacia. La ley dice que este porcentaje se calculará sobre el remanente del espectro una vez que se entregue la cantidad prevista de espectro a los actuales concesionarios y no sobre el total el espectro disponible. Por lo tanto, podríamos estar hablando de un porcentaje sobre la nada misma.
En función del principio básico que el Estado debe ser garante de la diversidad en la oferta que el mercado no asegura, es que el Observatorio ha insistido en que las concesiones se otorguen en asamblea pública, teniendo en cuenta el aporte en contenidos del proyecto y no sólo sus capacidades técnicas, como establece el proyecto aprobado en la Cámara. No se entiende por qué no se tratan estas concesiones como las otras que otorga el Estado, teniendo en cuenta su función pública.
Si el Senado no cambia drásticamente el rumbo de este proyecto de ley, todas las fuerzas políticas deberán explicar al país por qué se perdió esta oportunidad de cambiar la TV chilena para que ella exprese todos los diferentes mundos que hoy la pantalla no deja ver.
Los canales históricos están seguramente contentos con el resultado de la Cámara de Diputados, pero voces ciudadanas ya han expresado su indignación y, para contrarrestarlas, han contratado los servicios del lobbista Enrique Correa. ¡La batalla es desigual¡ Son pocos los medios que han dado la palabra a las voces críticas del proyecto. Esto prueba su importancia ¡Es este cerco informativo el que Chile requiere romper!
Manuela Gumucio, Directora General del Observatorio de Medios, Fucatel.