La concentración de medios amenaza la Libertad de Expresión en Latinoamérica

Fucatel, 11 de abril de 2016,

Pese a que el  artículo 12 de la Declaración de los Principios sobre la Libertad de Expresión, adoptada en el 2001 por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que dice que los monopolios u oligopolios públicos o privados en los medios de comunicación son negativos para la libertad de expresión, los sistemas jurídicos de los países de la región siguen manteniendo normas que favorecen la concentración de los medios, en desmedro del pluralismo y la diversidad.

Compartimos con ustedes  el Informe Anual de la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos 2015, de 31 de diciembre, en que se señala en relación a Chile que «La concentración de medios en pocas manos tiene una incidencia negativa en la democracia y en la libertad de expresión, como expresamente lo recoge el principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH»…. «Desde su primer pronunciamiento sobre el tema, la Corte Interamericana señaló que se encuentra prohibida la existencia de todo monopolio en la propiedad o la administración de los medios de comunicación, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y reconoció que los Estados deben intervenir activamente para evitar la concentración de propiedad en el sector de los medios de comunicación».

Para luego enfatizar que  «la CIDH ha indicado que “[s]i [los] medios son controlados por un reducido número de individuos, o bien por sólo uno, se está, de hecho, creando una sociedad en donde un reducido número de personas, o sólo una, ejercen el control sobre la información, y directa o indirectamente, la opinión que recibe el resto de las personas. Esta carencia de pluralidad en la información es un serio obstáculo para el funcionamiento de la democracia. La democracia necesita del enfrentamiento de ideas, del debate, de la discusión. Cuando este debate no existe o está debilitado debido a que las fuentes de información son limitadas, se ataca directamente el pilar principal del funcionamiento democrático”.

Finalmente, señala que «La Relatoría Especial también ha dicho que los Estados deberían adoptar medidas para garantizar que todos los grupos de la sociedad tengan acceso a oportunidades para que se escuche su voz, tanto dentro de sus comunidades como en debates sociales más amplios, incluyendo medidas de promoción para la diversidad de medios, servicios públicos de radiodifusión y medios comunitarios. La promoción de los medios de comunicación y las competencias digitales y el periodismo ciudadano, incluyendo la capacidad para hacer uso efectivo de las herramientas de comunicación online, también son importantes. Tales medidas pueden contribuir, entre otras cosas, a reducir los sentimientos de alienación que pueden aumentar el riesgo de participación en ataques a la libertad de expresión.

Al respecto, el Observatorio ha instado en múltiples foros al legislador y al ejecutivo a promover el pluralismo y la diversidad y a corregir las graves falencias de nuestro régimen constitucional y legal en este ámbito, que tanto daña nuestra democracia.