La Moneda llora por la presión de la prensa de derecha pero ésta es la favorita del Estado para su millonario avisaje

Compartimos noticia de El Mostrador sobre la distribución del avisaje estatal. Cabe señalar que la primera investigación que dio lugar a una comisión investigadora de la cámara de diputados sobre el la distribución de la publicidad del Estado fue el Observatorio  Fucatel los años 2003 y 2004. En ese informe quedó demostrado de manera incuestionable que existe una gran cantidad de avisaje que no es asignado con criterios publicitarios o de eficiencia para la transmisión del mensaje.

 

 

26 de noviembre, 2014.

Paula Walker, jefa de la Secom, criticaba portada de La Segunda en septiembre.

No importa si es Bachelet o Piñera el que está en Palacio, El Mercurio y Copesa son los predilectos para publicar el ‘avisaje legal’. Regulado desde 2008 por un convenio marco, las cifras demuestran que  los gobiernos prefieren a los dos consorcios, que se han llevado entre ambos más del 64% de los US$90 millones que han sido gastados desde el comienzo de la regulación (para atrás no hay cifras). Hasta un informe del Departamento de Estado de EE.UU. dijo en marzo de este año que ambos grupos mediáticos “son los principales recipientes de los subsidios del Gobierno”.

la segunda

Es una de las esquirlas comunicacionales que dejó el atentado explosivo en el SubCentro de Escuela Militar del pasado 8 de septiembre. Al día siguiente La Segunda salió a las calles con un llamativo titular en letras rojas: “El retorno del miedo”.

En Twitter se levantaron rápidamente las críticas contra el medio. La polémica alcanzó  a La Moneda. “Titular de La Segunda sorprende por su irresponsabilidad y manera sensacionalista de abordar un hecho dramático. Ahora se necesita responsabilidad”, tuiteó Paula Walker, la poderosa directora de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno (Secom) y miembro del círculo más cercano a Michelle Bachelet.

El vespertino es parte del conglomerado mediático El Mercurio S.A.P., grupo favorito del Estado al momento de invertir en avisaje y publicidad. En el segundo lugar está La Tercera, el principal diario del Consorcio Periodístico (Copesa) perteneciente a Álvaro Saieh. Ambos se han beneficiado históricamente de los recursos estatales designados para este ítem.

A CORTAR LA TORTA

Hace ocho años la Cámara Baja intentó hacerse cargo de las falencias en torno a la publicidad oficial, mediante la comisión investigadora sobre el tema presidida por el entonces diputado socialista Marco Enríquez-Ominami. La elaboración del informe consideró la opinión de directores y gerentes de medios nacionales hasta fundaciones, expertos y funcionarios del Estado.

Las conclusiones del trabajo no dejaron dudas: las condiciones del país “exigen imperiosamente una normativa legal específica que regule en todos sus aspectos la publicidad oficial”, con criterios “claros y precisos y deben limitarse a comunicar las políticas públicas con especial atención del público al que se dirige y prescindiendo de consideraciones e intereses políticos y electorales”. Un aspecto central fue que la ley establezca mecanismos que “impidan la discrecionalidad en la selección de los medios, estableciendo criterios objetivables y auditables para el control de la inversión pública en publicidad oficial” y que exista “transparencia en la información relativa al gasto que realiza el Gobierno y cada uno de sus Ministerios y servicios en publicidad oficial”, accesible para todos los ciudadanos. Pero el informe fue a parar a las gavetas del Congreso.

En Chile hay actualmente dos convenios, una ley insuficiente y cerca de 60 millones de dólares en juego. Eso es lo que gasta anualmente el Estado en publicidad oficial y avisos en medios de comunicación. La repartición del dinero está regulada por la Ley de Compras Públicas (Nº 19.886) y los dos Convenios Marco para estos casos. Uno es para “campañas comunicacionales y servicios de asesoría creativa” y el otro para “avisaje en medios impresos y electrónicos”.

El primero es de ‘carácter comercial’ y se enfoca en la promoción de políticas públicas. La competencia se da entre las agencias de publicidad que participan en el convenio y que son las encargadas de elaborar un ‘plan de medios’. Actualmente la Contraloría está revisando las bases del referido convenio.

El otro es el de ‘avisaje en medios impresos y electrónicos’, que abarca el ‘avisaje legal’ u obligatorio. ¿Cuáles son los criterios para escoger los medios en este punto? Según señalan fuentes que trabajan en el tema, es algo que suele depender de las jefaturas de los servicios públicos. En el caso de los jefes de prensa de los ministerios y otros, estos dependen de las directrices de la Secom, que dirige Walker.

El dinero en juego no es poco. El 2013, último año del gobierno de Sebastián Piñera, se gastaron cerca de US$19 millones. De ese total, US$10,5 millones se fueron a las arcas de El Mercurio y más de US$2,6 millones a las de La Tercera.

Este convenio marco existe desde el segundo semestre de 2008, año en el que el Estado gastó más de US$5 millones. Las cifras están en el portal Analiza.cl, de Chile Compra, donde sólo se publica el gasto total, pero no el detalle de los proveedores (medios) a los que se destinaron los recursos.

WALKER, PIÑERA Y EL MERCURIO

A partir de 2009, quien lidera el ranking de aportes es el diario de Agustín Edwards, según la información que Chile Compras entregó a El Mostrador. Ese año, el último del primer mandato de Bachelet, el Estado gastó US$ 15 millones en avisaje legal. El grupo El Mercurio recibió más de US$ 6 millones y el diario de Álvaro Saieh se llevó más de US$2 millones. Los organismos estatales que más gastaron fueron, según la categorización que realiza Analiza.cl, el Gobierno Central –en particular el Ministerio de Educación, las FF.AA. y la Tesorería General de la República–, las municipalidades, Salud y Obras Públicas.

Ese año Paula Walker, quien criticó a La Segunda por el titular “El retorno del miedo”, era jefa de prensa de la Presidencia de la República. El 2006 había desembarcado en la Secom gracias a Juan Carvajal, entonces director de la Secretaría, y hoy uno de los asesores clave del grupo Penta, a través de la empresa de lobby de Enrique Correa, Imaginacción.

Con la llegada de Sebastián Piñera a La Moneda, la cifra de gasto en avisaje legal tuvo un aumento progresivo, exceptuando el primer año. El Estado gastó más de US$12 millones en avisaje legal durante 2010: US$6 millones para El Mercurio y US$1,6 para La Tercera. Al año siguiente, el monto total aumentó a un poco más de US$16 millones. El Mercurio se llevó casi US$8,5 millones y La Tercera US$2,7 millones. Durante 2012, el gasto fue de US$ 17 millones: US$9,4 para El Mercurio y US$2,2 para La Tercera.

Hasta noviembre de este año, el gasto en avisaje legal alcanzaba los US$12,7 millones, según el sitio Analiza.cl. De ese total, El Mercurio había recibido, hasta mediados de septiembre, US$5,4 millones y La Tercera US$1 millón.

CARTEL

La información publicada por diversos organismos gubernamentales extranjeros y oenegés en los últimos años ha advertido en más de una ocasión que en Chile, a nivel de prensa escrita, son dos los conglomerados mediáticos que se privilegian por este ítem: El Mercurio y Copesa.

Un ejemplo es el informe sobre Derechos Humanos (Country Reports on Human Rights Practices for 2013) que publicó en marzo el Departamento de Estado de EE.UU. En su capítulo sobre libertad de expresión advierte sobre la concentración mediática que hay en Chile, basándose en un reporte de Fundación Equitas (2013) y de Freedom House (2012). “La mayoría de los productos mediáticos se encuentran en las manos de dos importantes empresas familiares, Copesa y El Mercurio, que son los principales recipientes de los subsidios del Gobierno”, afirma el documento.

También agrega que ambos grupos mediáticos consolidaron su “posición durante la dictadura de Augusto Pinochet y continúan recibiendo subsidios del Gobierno estimados en 5 millones de dólares anuales. Los grupos mediáticos están atados a intereses financieros y de publicidad, y los canales de distribución a través del país, creando altas barreras de entrada para nuevas publicaciones. La posición editorial de ambas publicaciones (El Mercurio y La Tercera) se considera de orientación centro derecha a derecha”, sentencia el documento.

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