La regulación de la TV digital debe darse por ley
Observatorio / La editorial de la Tercera de hoy plantea su posición favorable a los cuestionamientos formulados por 36 diputados y algunos canales de TV a la constitucionalidad del decreto 264 dictado por el Gobierno que amplía el plazo de transmisiones demostrativas en TV digital y autoriza de facto al asignación de nuevas concesiones televisivas. El texto sugiere que el Gobierno debiera impulsar una «rápida tramitación en el congreso del proyecto de ley sobre el tema, que hoy se encuentra inexplicablemente atrasada”.
La Tercera / Editorial / Los cuestionamientos formulados a la constitucionalidad y conveniencia del decreto dictado por el Ministerio de Transportes que permite el otorgamiento de permisos transitorios para transmisiones de televisión digital deberían motivar al gobierno a impulsar una rápida tramitación en el Congreso del proyecto de ley sobre el tema, que hoy se encuentra inexplicablemente atrasada.
Ante la inminencia del término de la vigencia de los permisos provisorios otorgados para que los canales de libre recepción pudieran realizar transmisiones en formato digital – especialmente con motivo del Mundial de Fútbol-, el ministerio dictó un decreto que faculta a la Subtel para otorgar permisos hasta por cinco años para estas transmisiones. En la práctica, esto permite hoy a los canales abiertos transmitir su programación en la señal analógica y también a través de una señal digital, la que en todo caso debe ser «espejo» de la anterior.
Los argumentos de la autoridad para justificar esta medida han sido que de no extenderse los permisos provisorios se habría producido una suerte de «apagón digital», por el hecho que ya hay muchos hogares que ya cuentan con tecnología que les permite recibir las transmisiones digitales, las que se habrían interrumpido de no extenderse estas concesiones. Además, esto limitaría el desarrollo de las inversiones de los canales actuales en las últimas tecnologías.
Sin embargo, la fórmula escogida ha sido objetada por varias razones y desde distintos sectores. Un grupo de diputados opositores ha cuestionado el decreto ante el Tribunal Constitucional por el hecho de que la regulación de una actividad tan relevante y sensible como la explotación de una señal televisiva -hay regulación de la actividad económica y de la libertad de expresión de por medio- debe ser hecha por la vía de leyes generales y no por decretos, más aún si se advierte que en su texto se deja amplio margen a la discrecionalidad administrativa. Esta discrecionalidad también es criticada por algunos de los actuales concesionarios, porque sienta un mal precedente sobre el grado de injerencia de la autoridad sobre derechos de propiedad que requieren reglas claras e impersonales.
También se ha cuestionado que el extenso plazo de estas concesiones puede generar un incentivo a que en el futuro se esgriman esos permisos, y las inversiones realizadas a su amparo, como verdaderos derechos adquiridos ante las regulaciones que se pretendan establecer. Esto también se argumenta como una desventaja para quienes pretenden ingresar a este mercado, pues deben retrasar sus inversiones mientras no haya normas permanentes para resguardarlas.
La solución adecuada y definitiva a estos cuestionamientos está en que se dicte la ley marco para el otorgamiento de las concesiones de televisión digital y cuyo impulso debería retomar el gobierno cuanto antes. Si bien en ella hay aspectos que han suscitado gran controversia -por ejemplo si las frecuencias se asignarán en remate, si se permitirá el cobro por las señales o cuál será la extensión de las frecuencias para los canales actuales- el desarrollo de un sector de esta importancia y la necesidad de que el país esté acorde a los estándares tecnológicos actuales justifican que se establezcan cuanto antes las reglas definitivas para la televisión digital abierta.