Lan y Chilevisión

carlos peñaCarlos Peña / El Mercurio / La relación de Piñera con LAN y Chilevisión ha ido de mal en peor. Lo que era un conflicto de intereses —algo que se resolvía mediante la enajenación oportuna de los bienes— se ha transformado, al compás de la negligencia, en una interrogante moral: la capacidad del Presidente para cumplir sus compromisos con veracidad y con prontitud.

Nada menos.

Y —al revés de lo que sugirió la ministra Von Baer— esa es una cuestión gubernamental, ¿acaso no atinge al Gobierno el escrúpulo que muestra el Presidente a la hora de cumplir sus compromisos?

Mientras competía, Piñera admitió que la propiedad de LAN y de Chilevisión podría obligarlo a escoger entre el interés propio y el común, algo que, según una muy vieja tradición, debía rehuirse. No había ley que lo obligara a enajenar esos bienes; pero él aceptó que era indispensable hacerlo. Si aspiraba a la jefatura del Estado —admitió entonces— debía obligarse a más de lo que prescribía la ley. Entonces comunicó su voluntad de desprenderse de esos bienes.

En el caso de LAN, encargó a Celfin Capital S.A. analizar la venta, de manera que ésta pudiera “materializarse antes del día 11 de marzo de 2010”. En el caso de Chilevisión comunicó su propósito de enajenar sus acciones a una fundación.

Nada de eso ha ocurrido.

Lo de LAN sigue pendiente. Y las explicaciones han sido pueriles.

“El atraso —afirmó Sebastián Piñera— es algo totalmente ajeno a mi voluntad, yo diría que es fuerza mayor”.

No es verdad.

¿En qué sentido un evento de esa índole pudo impedir que el mandatario —Celfin Capital S.A— analizara las alternativas de venta de un paquete accionario? Salvo que el pavor suprimiera todo ánimo reflexivo de los abogados, economistas y empleados de la corredora —no hablaría bien de su temple— algo así no pudo ocurrir. La obligación debió cumplirse a cabalidad, no obstante el sismo. Y una de dos: o la corredora cumplió y lo que falló fue la voluntad del dueño —porque, por ejemplo, las noticias respecto del precio eran malas— o la corredora no cumplió oportunamente sus obligaciones, y en ese caso el mandante —Piñera— debiera perseguir su responsabilidad.

Pero de fuerza mayor —de improviso irresistible, que impidiera el cumplimiento de esas obligaciones— nada.

El caso de Chilevisión es distinto; pero no anda lejos.

El problema de Chilevisión no es de propiedad, sino de control. No era correcto —se dijo durante la campaña— que quien nomina al presidente de Televisión Nacional y a algunos miembros del Consejo Nacional de Televisión sea, además, controlador de un canal privado.

El conflicto de interés —de índole objetiva— es obvio. Y deriva no de la propiedad de las acciones, sino del control.

Por eso es pueril resolver el problema trasladando la propiedad de las acciones a una fundación, cuyo controlador será el propio Piñera. Si controla como dueño directo de las acciones o como fundador es, para el asunto de que se trata, indiferente.

Es lo mismo.

La diferencia entre una sociedad y una fundación tiene que ver con los excedentes de la operación (en un caso el propietario los hace suyos, en el otro debe reinvertirlos); pero no con el control. Si Piñera retiene para sí el nombramiento del directorio, el asunto es igual que si retuviera la propiedad. Y nada importa que nombre a directores de reconocida independencia. El problema es, de nuevo, de independencia objetiva: dependerán de la voluntad del fundador. Los romanos —que sabían de estas cosas— distinguían entre el alieni juris (el que depende de otro) y el sui juris (el que depende de sí mismo). Los directores de una fundación como ésa serían alieni juris, no sui juris respecto de Piñera.

Así que fundación o no, el asunto sigue igual.

Y —sobra decirlo— de la capacidad que los ciudadanos y la prensa tengan de investigar estas cosas depende de si, al final del día, nos comportamos como alieni juris (como dependientes) o como sui juris (como sujetos libres).