Ley de Transparencia: mirar en serio

transparencia-31Ernesto Águila Z. / Director Ejecutivo del  Instituto Igualdad / Para algunos, la nueva ley constituirá otra oportunidad para intentar debilitar el Estado y menoscabar su imagen frente a los ciudadanos. Para otros, en cambio, esta puede ser la ocasión para tener un mejor Estado, es decir, uno que esté al servicio de asegurar y proteger los derechos sociales económicos, sociales y culturales de los ciudadanos.

En una de esas agudas frases a que nos tiene acostumbrado, el escritor español Juan José Millás dice: “Bien pensado, este hombre tan transparente es un misterio”.

Podríamos afirmar siguiendo a Millás que la transparencia alcanzada a propósito de la nueva Ley de Transparencia y acceso a la información pública es sólo una parte del asunto. La otra es saber recorrer el camino que media entre el simple acto de ver, por un lado, y entender con algún grado de profundidad lo que está frente a nosotros, por otro. También de lo que se trataría es de definir con qué criterios vamos a evaluar lo que vemos.

Algunos medios escritos se han ofrecido a los ciudadanos para acompañarlos en este camino. De los descubrimientos publicitados con bastante fanfarria algunos resultan bastantes obvios: por ejemplo, que el ministerio encargado de las comunicaciones es el que tiene más periodistas contratados. También que el Gobierno ha preferido a lo largo de estos años apoyarse en los centros de estudios afines a él, y que la bancada de la UDI sólo ha contratado a una fundación de su misma orientación política (¿es tan extraño y misterioso que la UDI prefiera los estudios y asesorías de la Fundación Jaime Guzmán en lugar de las de un centro de estudios cercano a la Concertación, y que el Gobierno haga exactamente lo opuesto?).

Tampoco se recoge bien este nuevo espíritu de transparencia cuando se omite que en los casos mencionados se trata, en ambos, de fondos públicos; o cuando no se menciona a las instituciones que han sido objetos de trasferencias directas por parte del gobierno cuando éstas son cercanas a la oposición; o cuando se intenta pasar en puntas de pie y se evita hablar del sistema de financiamiento público indirecto a múltiples entidades cercanas o ligadas a la Alianza a través de los impuestos que dejan de pagar grandes empresarios por la vía de la Ley de Donaciones.

Por otro lado, esta misma mirada se ofrece un día para escandalizarse por el número de empleados a contrata y a honorarios que existen en el Estado en relación a los funcionarios de planta, y, por otro lado, no escatima argumentos contra la inamovilidad funcionaria y es prácticamente presa de un desgarro moral cuando se insinúa la posibilidad de aumentar el tamaño del Estado. O bien cuando en otras ocasiones se queja de los tratos y asignaciones directas del Estado para, en otros momentos, criticar la burocracia y excesiva lentitud de los actos de la administración pública.

Hasta ahora la mirada que se ha ofrecido a los ciudadanos está llena de desconfianzas, suspicacias y prejuicios hacia el Estado, y se nota mucho la motivación de hacer de esta ley y de las posibilidades que ella ofrece un “arma arrojadiza” de tipo electoral.

¿Qué podría ofrecer a los ciudadanos una visión progresista de esta nueva ley? En primer término, poner el acento en que este inédito acceso a la información debiera servir para que las personas puedan ejercer a plenitud sus derechos sociales y económicos y que el Estado se agilice para responder sobre un determinado beneficio que se niega a llegar a una familia que cree merecerlo; o sobre lo que debe hacer un ciudadano para acceder a un determinado subsidio y cuáles son compatibles entre sí; o a partir de qué fecha se verá beneficiado con la nueva reforma previsional; y dónde debiera acudir si ve sus derechos laborales vulnerados o si es objeto de algún tipo de discriminación. En este sentido, la transparencia y el acceso a la información pública debieran transformarse en un complemento valioso para la construcción y afianzamiento de un sistema de protección social.

Por otra parte, esta ley debiera permitir crear y seguramente lo hará de manera natural una “cultura de la transparencia” que permita extender la mirada escrutadora de los ciudadanos desde lo estatal hacia todas las instituciones privadas que manejan bienes públicos, área donde el secretismo y la opacidad están ampliamente extendidos.

Por último, se debe reconocer que la nueva ley significará una contribución al fortalecimiento de la probidad, favoreciendo la autorregulación, inhibiendo comportamientos administrativos reñidos con la ley y planteando estándares éticos más exigentes. Frente a este nuevo ojo ciudadano, un poco orwelliano, pareciera que las cosas no sólo debieran poder explicarse, sino en lo posible explicarse solas.

Para algunos, la nueva ley constituirá otra oportunidad para intentar debilitar el Estado y menoscabar su imagen frente a los ciudadanos. Para otros, en cambio, esta puede ser la ocasión para tener un mejor Estado, es decir, uno que esté al servicio de asegurar y proteger los derechos sociales económicos, sociales y culturales de los ciudadanos, y para mejorar la calidad de las instituciones políticas. De lo que se trata es de aprovechar esta nueva transparencia de lo público para mirar en serio el poder y limitar, en alguna medida, esa discrecionalidad y opacidad que históricamente lo ha caracterizado, e incluzo, definido”. //LND
* Director ejecutivo del Instituto Igualdad y editor político de asuntospublicos.cl.