Libertad de expresión en riesgo

libertad de prensaJosé Miguel Vivanco / Director para Amércia latina de Human Rights Watch  / Esta batalla es importante, no solamente porque marca la diferencia entre el presente y el pasado en la región, sino porque de ella depende, en buena parte, que los ciudadanos comunes sigan creyendo en la democracia.

 Hoy damos por sentado principios básicos en materia de libertad de expresión -un derecho indispensable para fortalecer un debate democrático pluralista y el ejercicio de otros derechos- que hasta hace unos años parecían ideales difíciles de alcanzar. Esto es un avance, pero también un arma de doble filo: la relevancia de esta libertad la pone en riesgo ante gobernantes que buscan ejercer indebidamente el poder.

En América Latina hemos ido construyendo un consenso a favor de la libertad de expresión que incluye no penalizar las críticas a funcionarios públicos; que los Estados deben fomentar la transparencia para combatir la corrupción y lograr gestiones más eficientes, y que ni la publicidad oficial ni las reglamentaciones deben utilizarse para imponer una línea editorial afín al gobierno de turno.

Este consenso se tradujo, por ejemplo, en la despenalización de las calumnias e injurias a nivel federal en México en 2007; en una sentencia de la Corte Suprema de Argentina de 2008 que sostiene que los funcionarios públicos deben estar sujetos a un alto grado de escrutinio y que una opinión sobre cuestiones de interés general no puede, por sí sola, generar responsabilidad civil o penal, y este año en una ley de acceso a la información en Chile que permite a los ciudadanos obtener información del Estado para monitorear su desempeño.

El gobierno de la región que abiertamente contradice estos principios es el venezolano: permanentemente impulsa medidas para restringir la libertad de expresión. Yendo más allá que las objetables disposiciones sobre desacato que rigen en Venezuela, el gobierno de ese país recientemente propuso una ley sobre “delitos mediáticos” que contempla penas de prisión para quienes divulguen información “falsa” que produzca un “perjuicio a los intereses del Estado”.

Las autoridades también han castigado, sin fundamento, a estaciones de televisión y radio por su programación crítica; han sacado del aire publicidad de la oposición que defendía la propiedad privada, y, ahora, quieren obligar a los canales de cable a transmitir en directo discursos presidenciales. Algo que no se sabe fuera de Venezuela es que el Presidente Hugo Chávez ha obligado a los canales de señal abierta a transmitir en directo casi dos mil discursos, incluyendo este año uno de más de siete horas.

Que Chávez haya avanzado con medidas que vulneran la libertad de expresión sienta un precedente muy negativo, lo que, sumado a la ausencia de una reacción internacional firme, genera condiciones para que otros intenten medidas similares. Por ejemplo, el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, se siente con total libertad de suplantar a los tribunales y públicamente amenazar con cerrar el canal Teleamazonas.

Hay que seguir buscando oportunidades para expandir el ejercicio de esta libertad. Como mínimo, estar atentos para derrotar cualquier indicio de retroceso en este campo, como la disposición en el proyecto de ley del gobierno argentino que otorgaría facultades al Ejecutivo para regular la radiodifusión en el país. También, seguir de cerca situaciones como la ocurrida esta semana en Buenos Aires, cuando autoridades enviaron al diario Clarín alrededor de 200 inspectores. Si estas acciones no se realizan en el marco de una investigación seria y no selectiva podrían tener un impacto intimidatorio en los medios.

Esta batalla es importante, no solamente porque marca la diferencia entre el presente y el pasado en la región, sino porque de ella depende, en buena parte, que los ciudadanos comunes sigan creyendo en la democracia.