Lo bueno, lo malo y lo mejorable del proyecto de TV digital

OBSERVATORIO / La reciente votación en la Cámara de Diputados y su paso al Senado, del proyecto de ley para el tránsito a la TV digital terrestre, ha cerrado una etapa de tramitación de un texto legal relevante para la libertad de expresión y el fortalecimiento de nuestra democracia.

En este largo camino que se inicia en octubre de 2008 con el envío, durante el gobierno de Michelle Bachelet de este proyecto al Parlamento, junto al que modifica la ley de TVN, el Observatorio de Medios ha luchado incansablemente porque se mantenga el espíritu general del mismo que era “garantizar más y mejor televisión para todos los chilenos”, conseguir una mayor diversidad programática, enriquecer  los contenidos de nuestra TV  y provocar un mayor pluralismo en la sociedad chilena.

El Observatorio ha sido muy crítico cuando durante el trámite legislativo se han tranzado artículos esenciales, pero también hemos reconocido las conquistas del proyecto en su paso por las distintas comisiones de la Cámara. Hubo parlamentarios que se la jugaron en la Comisión de Cultura por perfeccionar el texto legal y otros que en sus intervenciones, previas a la votación de la Cámara, acentuaron la importancia de esta ley para el desarrollo cultural de la nación y la incidencia que puede llegar a tener en un sistema de medios más democrático, pluralista y participativo.

En las distintas comisiones por las que pasó el proyecto, se insertaron indicaciones importantes para el movimiento ciudadano, que ha seguido atentamente los derroteros de esta ley en el Parlamento. Se enriquece, por ejemplo, el concepto de “correcto funcionamiento” de la televisión donde se define su misión social y su compromiso con un marco valórico; se aumentan las horas obligatorias de programación cultural, de una a cuatro a la semana; se reconoce, aunque con limitaciones, la existencia de las televisiones comunitarias y se consigna la creación de subsidios públicos para canales de la comunidad no viables comercialmente. Respecto a la relación entre los distintos modelos de negocios televisivos, se establece la obligación de que los cableoperadores lleven en la región que operen a todos los canales regionales y locales en sus respectivas parrillas programáticas . Por último, un asunto medular: se otorga poder a la Fiscalía Nacional Económica para  “evitar la concentración económica una vez consolidado el proceso de migración de la televisión de libre recepción abierta a la televisión de libre recepción digital”, como señala textualmente el proyecto de ley y que impediría el surgimiento de monopolios televisivos.

No obstante esos logros, que aún deben ser ratificados y perfeccionados en el Senado, el proyecto presenta deficiencias en áreas críticas: se pone en tela de juicio la gratuidad histórica de la TV abierta en Chile al permitir a los canales tener hasta un 50 % de señales de pago en el nuevo escenario; no se garantiza un porcentaje real de espectro para las televisiones culturales, comunitarias y educativas por lo que la viabilidad de estos canales no está asegurada, se mantienen las concesiones indefinidas para las señales que de acuerdo a ley vigente ostentan esa categoría, no se propone la creación de un teleradiodifusor público que pueda transportar señales no comerciales, entre otras materias que se debieran corregir y perfeccionar en el trámite legislativo que se inicia.

“No fue una buena idea sentarse a negociar con el Gobierno”

Manuela Gumucio, directora general del Observatorio, converso con la edición de este portal de medios para expresar su posición sobre los últimos trámites del proyecto en la Cámara y su reconocimiento a los principales logros del proyecto, hasta ahora:

-En términos muy generales, ¿cuáles diría usted que son los principales logros y los retrocesos del proyecto de ley tal como salió de la Comisión de Cultura y se votó en la Sala?

-Lo más importante es el cambio del “correcto funcionamiento de la televisión”, que establece el marco de exigencias para los operadores de TV. Para nosotros este «deber ser de la TV» que plantea ese artículo de la iniciativa legal, debía servir al CNTV en el otorgamiento de las concesiones, es decir podía entregar a los miembros del Consejo Nacional de Televisión elementos para saber qué proyecto televisivo responde  mejor a los requerimientos del país.

-Pero en el proyecto actual el CNTV  sólo actúa como buzón de las decisiones de Subtel, organismo que asigna concesiones de televisión  exigiendo sólo un proyecto técnico y no de contenidos a los interesados…

Desgraciadamente, nunca se ha considerado modificar la forma de atribución de las concesiones haciendo que el Consejo Nacional de TV deje de ser un mero buzón de lo que se decide en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel. La sola aprobación del informe técnico y un plan de financiamiento analizados por la Subtel, es decir por el Gobierno de turno,  como establece el proyecto actual, no garantizan la prescindencia política en el otorgamiento de concesiones televisivas y restan importancia al Consejo, que es un organismo de carácter constitucional donde están representadas una parte importante de las corrientes políticas del país.

Al analizar el texto legal tal como está al salir de la Cámara de Diputados, no se entiende esta falta de fe del legislador en la capacidad de las instituciones para establecer criterios transparentes y ampliamente aceptados en torno a qué proyecto televisivo responde mejor a las necesidades del país. Tal como está en el proyecto legislativo, la concesión se entiende como la entrega de un recurso perteneciente a todos los chilenos, para uso comercial  y en forma gratuita, que al poco tiempo de explotación se puede llegar a vender en sumas estratosféricas.

-Aparte del «correcto funcionamiento de la TV», ¿qué otros puntos destacaría en el proyecto que acaba de pasar al Senado?

Me parece excelente la aparición por primera vez en el proyecto de preocupaciones anti concentración económica y también es un gran logro extender los subsidios públicos a los canales con mayores dificultades comerciales para la producción. Estos dos puntos no  habían sido acogidos en la etapa de preparación del proyecto en el Gobierno Bachelet. Es cierto que los Diputados hicieron muchos aportes. Sin embargo, no fue buena idea sentarse a negociar con el Gobierno bajo presión y sin asesores como exigió el subsecretario de Telecomunicaciones Jorge Atton. Él llegó con sus asesores y los diputados enfrentaron solos temas extremadamente complejos. Dejaron pasar, por ejemplo, la demanda de que los canales comunitarios se entiendan como comunidad de intereses y no sólo territorial, entre otras cosas.

¿Qué mensaje les daría usted a los senadores para que se perfeccione el proyecto en función de los intereses ciudadanos?

-Creo que los Senadores están frente a disyuntivas muy difíciles. Se les está presionando para que legislen apresuradamente so pretexto de que estamos atrasados en el tránsito a al TV digital. Eso es de falsedad absoluta. Y por último, si así fuera, no es un argumento para tratar a la liviana el marco regulatorio para la TV, que puede asignar grandes recursos y fuentes de negocios por muchos años y, además, definir la TV que veremos en un país donde una televisión cultural, educativa, ciudadana, reflexiva y con una entretención inteligente hace una enorme falta.

Mantener esta TV es mantener el actual estado de desigualdad, de ignorancia, de desprotección de los sectores que necesitan salir adelante y contar con los instrumentos para defenderse… La TV que les dice  a esos sectores que no se preocupen de nada, que «alguien» lo está haciendo por ellos, es la que defiende el estado actual de injusticia y desigualdad en el país. Eso es lo que está en juego en este proyecto y debemos entenderlo todos los chilenos.-