Marcelo Castillo: «el dictamen del TC no es una buena noticia para la libertad de expresión»
Gabriel Urra / Para OBSERVATORIO DE MEDIOS / En conversación con el presidente del Colegio de Periodistas, Marcelo Castillo, analizamos los riesgos que implica un reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) donde se declara la inaplicabilidad del artículo 2331 del Código Civil, permitiendo que una persona pueda solicitar una reparación económica a un medio de comunicación por los daños y perjuicios a raíz de una imputación injuriosa, tanto si se le ha provocado un daño patrimonial como moral. Hasta ahora la legislación exigía al demandante, en una causa de este tipo, que se probara el daño emergente o “lucro cesante”, apreciable en dinero para establecer eventuales indemnizaciones.
El fallo se produce a raíz de una demanda por injurias y calumnias presentada por el animador Felipe Camiroaga en contra del comentarista de espectáculos Italo Pasalacqua, donde este último deberá cancelar una indemnización.
La determinación del Tribunal marcaria un precedente al permitir que cualquier ciudadano se demande y solicite una compensación monetaria, independientemente de si se produjo un daño o no a su patrimonio por la comisión del delito. Esta situación de acuerdo a la perspectiva de Marcelo Castillo y de otros representantes del gremio periodístico podría traducirse en una amenaza a la libertad de expresión y alentar una avalancha de demandas contra los medios y los comunicadores sociales.
Sobre este tema y la reciente creación de “un Sernac de la Audiencia”, nuestro Observatorio dialogó con el máximo dirigente del Colegio de Periodistas:
¿Está de acuerdo con que existan reparaciones económicas cuando se ha producido un daño moral y no patrimonial en la persona injuriada o injustamente aludida?
Son dos cosas distintas. El daño moral se repara con la rectificación de la información incorrecta por parte del medio y no tendría por qué haber una recompensa patrimonial, en ese caso. No obstante puede haber una situación en que una información provoque un daño patrimonial en una persona: en ese caso puede ser pertinente que ese daño sea reparado siempre que se haya incurrido en el delito de injurias o calumnias. En el caso que mencionas, el del juicio ganado por Felipe Camiroaga a Ítalo Passalacqua, no creo que haya un daño patrimonial contra el animador, y por tanto no correspondería que hubiera recompensa monetaria. Sin embargo, es evidente que esta situación lo tiene que resolver los tribunales.
¿Esta modificación al código civil puede provocar un aumento significativo de demandas contra los periodistas y los medios?
Si el TC aprueba esta modificación va a permitir que las indemnizaciones sean sin tope y eso va a producir una sensación de auto censura y un incentivo a que lo abogados presenten muchas demandas, porque van a considerar que es un buen negocio. No es una buena señal ni una buena noticia para la libertad de expresión. El derecho de la ciudadanía a estar informada debe tener rango constitucional y para ello el Gobierno y el Parlamento deben asumir el desafío de hacer una reforma a la actual Constitución Política.
¿Cuál sería a su juicio el sector más afectado del periodismo si se deroga el artículo 2331?
Principalmente seria el periodismo de investigación, de denuncia y farándula. De alguna manera podría ser una señal para que los periodistas sean más rigurosos en su trabajo, pero también podrían sentirse más vulnerables.
¿Qué recomendación les daría a los periodistas ante fallos de esta naturaleza?
Que no se sientan amedrentados. La libertad de expresión es un valor fundamental para la sociedad y tiene que ser cautelado por los periodistas. Además, el código civil dice que se debe resguardar el derecho a emitir opinión e informar sin censura previa. Los periodistas no actuamos a título personal porque tenemos una responsabilidad con la sociedad en la que estamos inmersos.
El Sernac de la audiencia: posible espacio de cooperación entre el Colegio y el Observatorio
En otro ámbito, el presidente del Colegio de Periodistas se refirió a la creación de una Defensoría de la Audiencia -presidida María Olivia Monckeberg, Premio Nacional de Periodismo y directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile- a la que los ciudadanos podrán recurrir cada vez que sientan vulnerado su derecho a la información.
¿Cómo surgió la inquietud del Colegio para desarrollar esta instancia?
Esto está recién empezado, pero la iniciativa fue motivada por dos situaciones que nos fueron planteadas por los propios afectados: la huelga de los comuneros mapuches y otra huelga de hambre que hizo una comunidad en protesta por los desechos de una empresa minera: dos movimientos que no concitaron la cobertura que merecían por parte de la prensa y de los canales de TV, quizás por la presión de las empresas que muchas veces son las sostenedoras de los programas televisivos. Estamos apoyando con todo nuestro entusiasmo el desarrollo de este organismo, al cual los ciudadanos podrán recurrir cada vez que sientan afectados en su derecho a la información. Por eso invitamos muy especialmente al Observatorio de Medios a que trabaje en conjunto con nosotros en esta iniciativa que pretende cautelar uno de los derechos ciudadanos esenciales en una sociedad democrática.