Mejor televisión para los chilenos

Soledad Alvear / Senadora / La Tercera / El debate sobre el proyecto de ley de Televisión Digital Terrestre, que inicia su ruta en el Senado, debe considerar que nuestro principal mandante es el ciudadano, por tanto, debemos velar por el interés público comprometido. Dependerá del modelo de regulación que se apruebe la existencia de una verdadera concesión de bien público que permita un servicio libre, gratuito y de calidad para los televidentes.

Este modelo debe tener, a lo menos, dos pilares fundamentales: gratuidad en la transmisión de señales abiertas y concesiones limitadas que promuevan la competencia.

La gratuidad es un aspecto crítico del actual proyecto. No considerarla significaría pasar del actual modelo de TV abierta, gratuita y financiada por avisadores, a un sistema de oferta diferenciada, financiada preferentemente por los usuarios receptores del servicio y transformándose en un bien privado. Un nuevo tag, donde quien tiene para pagar va por la autopista de la TV de calidad, y quien no puede pagar va por la caletera de las repeticiones y la producción de baja calidad. Esto genera exclusión, dado que el acceso dependería de la capacidad económica del televidente-consumidor. También la gratuidad debe existir en la retransmisión de TV abierta al cable, para asegurar mayor cobertura.

Por su parte, la concesión del espectro como bien escaso de alto valor económico y con impacto directo en la competitividad del mercado debiera pasar por un proceso altamente competitivo de asignación. Ello, teniendo en vista las grandes diferencias entre el tipo de canales que se fomentó en los inicios de la TV en Chile, con señales universitarias y estatales, versus la realidad de esos mismos -hoy privados-, de grandes consorcios y con perentoriedad de autofinanciamiento. Esto no es un problema en sí mismo, pero impacta en la pertinencia de determinados instrumentos de regulación para conseguir el fin que se persigue: una TV abierta, para todos, con mejor imagen y sonido, fomentando una mayor diversidad programática, calidad en contenidos y que posibilite el desarrollo de la televisión hasta el último rincón del país.

Esto es especialmente sensible en regiones, donde la capacidad de nueva oferta no puede estar exclusivamente ligada al pago por suscripción, desalentando que nuevos operadores transmitan señales públicas en zonas rurales y extremas, o en donde la TV de pago no es la regla general. El plazo de concesiones debiera ser acotado, ningún canal puede tener concesiones a priori y todos deben concursar por el nuevo espectro. Esto, con el fin de mantener los incentivos por la calidad de contenidos y levantar barreras de ingreso a nuevos operadores.

Una TV digital con estos rasgos no sólo impacta directamente en el respeto de garantías constitucionales como la libertad de expresión y el desarrollo de actividades económicas, sino que genera una «virtuosa confabulación» a favor de la ciudadanía: gana la TV abierta, con un nuevo y mejor espectro, con posibilidad de diversificarse y con más cobertura por retransmisión. Gana la TV de pago, ya que fideliza mayores audiencias. Y gana principalmente el ciudadano, con una TV íntegramente gratuita en sus señales abiertas, con contenidos diversos y de calidad.