Mientras la Presidente del Consejo Nacional de TV se entrevista en Londres con uno de los mejores modelos de regulación de la TV, la OFCOM, en Chile nuestro organo regulador no parece cumplir un rol muy importante

Compartimos a continuación la columna de Luis Breull , publicada hoy en el semanario digital LA MIRADA SEMANAL sobre el discutible destino del Consejo Nacional Televisión. Entretanto, las relaciones públicas del organo regulador nacional difundió el 14 de octubre pasado,  en el Diario El Financiero la gira de Catalina Parot, Prsidenta del CNTV,  invitada a un foro del organo regulador británico que incluye dentro de sus prerrogativas la observación de Internet.

Sería del más alto interés que la Presidente de vuelta en Chile abriera un debate en el CNTV sobre los diversos temas que justamente plantea el artículo que reproducimos.

 

 

Consejo Nacional de Televisión. Necesario, anacrónico, incompatible

17/10/2019

Por Luis Breull

Para los sectores liberales se trata de un ente regulador que genera desconfianza, resquemor, que no debería existir ni menos limitar libertad de expresión alguna. Para los más conservadores se le aprecia en su función de supervigilar los contenidos apropiados que difundan los canales de televisión en Chile, en el marco del correcto funcionamiento de este medio (principalmente orientado al tratamiento de valores, violencia, sexualidad y humor). En tanto, los grupos afines a tendencias de izquierda o más críticas ven en él un antídoto de poder público contra la hegemonía de producción cultural y dominio del capital privado, propenso a la concentración económica, control de la agenda informativa y a la exclusión de voces alternativas.

Se crea o no en su real necesidad de existir, es un organismo consagrado constitucionalmente y regulado en las leyes 18.838 y 19.131 que fijaron sus funciones. Otras normas le agregaron competencias en materia de introducción de la Televisión Digital Terrestre y de la distribución o mantención de nuevas concesiones del espectro radioeléctrico.

Se autodefine como ente estatal autónomo de los gobiernos de turno; no obstante, lleva casi 30 años de labores como otro espacio binominalizado bajo lógicas de empate entre lo que fue la antigua Concertación y su contrincante, la Alianza por Chile (hoy Chile Vamos). Una entidad cuya máxima cabeza es designada por la Presidencia de la República bajo lógicas de confianza y cuyos consejeros son propuestos por el Ejecutivo con consulta al Senado. Ergo, una entelequia sujeta a los vaivenes políticos y criterios de administración concomitantes con los de los sucesivos gobiernos.

¿Qué hace el CNTV?

En rigor el Consejo cumple labores de supervisión de los contenidos difundidos por las pantallas de TV –cada vez más amenazadas y diversas, producto de la convergencia medial y la tecnologización móvil-, supervigilando y fiscalizando el contenido de las emisiones televisivas. Aquí puede actuar de oficio o por denuncias ciudadanas. También vela por la calidad de las ofertas televisivas, entregando fondos públicos concursables para hacer programas de TV de distintos géneros que ayuden a elevar el estándar de la programación televisiva en ámbitos culturales y regionales.

Otro ámbito sensible en torno al rol del CNTV refiere a su capacidad para investigar la industria televisiva y su impacto o efectos en la población. Destaca aquí la enorme Encuesta Nacional de TV que se realiza cada tres años, aportando antecedentes sobre el entorno de la recepción o el mundo de las audiencias chilenas y su valoración del sistema televisivo. Son ámbitos especiales de interés en este campo las temáticas infantiles, juveniles, de género, de adultos mayores, de cobertura de catástrofes y percepciones en torno al pluralismo informativo.

Por último, otorga, modifica y pone término a las concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción, en donde además resuelve la transferencia, cesión, arrendamiento u otorgamiento del derecho de uso de las mismas.

¿Modernizarse o morir?

No son pocas las aristas del devenir de la derruida televisión chilena que han puesto en jaque o deteriorado la operacionalidad e incidencia del CNTV como ente regulador.

Mientras la industria de TV abierta se achica, se vuelve estructuralmente deficitaria, cae sostenidamente en inversión por avisaje y fragmenta o pierde audiencias clave (de mayor valor comercial, de grupos adultos jóvenes, adolescentes y niños), el CNTV también ve deteriorada su relevancia.

Un signo de ello es que los fondos públicos consagrados en el presupuesto de la Nación destinados al fomento audiovisual de programas de calidad o valor cultural cayó un 30% entre el 2018 y 2019, bajando de casi $4.317 millones a poco más de $3.154 millones. Un indicador claro que el Estado no ve en esta entidad un aporte trascendente y sostenido en el tiempo para mejorar la oferta de la pantalla generalista.

Otra arista de este contexto crítico es la creciente tendencia a consumir contenidos audiovisuales –considerados como la nueva televisión multiplataforma- por múltiples vías y dispositivos que restan preponderancia a los aparatos de TV convencional, especialmente asociadas ahora al streaming, internet y aparatos móviles, tablets o notebooks.

Entonces, si se multiplicó, diluyó y licuó el acceso al consumo televisivo y el CNTV sigue anclado a la transmisión de contenidos de TV abierta y de pago, su alcance como regulador se hace cada día menos trascendente para las audiencias menores de 50 años. Cuestión que lleva a preguntarse si sería viable en Chile modificar la ley para que el mismo Consejo agregara a su supervisión de contenidos la oferta audiovisual por internet, algo no solo ingenuo e inviable, sino absurdo.

Incompatibilidades no resueltas

Ya el año 2012 el entonces Presidente del CNTV, Herman Chadwick, planteaba su queja sobre los bajos montos de las multas a los canales que infringen las normas de emisión o de tratamiento de contenidos. Esto derivado de las denuncias que cualquier particular puede hacer a través del sitio web respecto de lo contenidos televisivos emitidos y que considere ofensivos o inapropiados. Tal como sucedió con el incendio de la cárcel de San Miguel, el tratamiento xenófobo de la inmigración en programas de reportajes periodísticos, las agresiones poco decorosas en los realities, o en el último tiempo la truculencia y sensacionalismo explotado en los matinales de TV abierta.

La existencia del regulador televisivo entra hoy en cuestión también justamente por la amplitud de sus atribuciones y por concentrar ejes que pueden derivar en focos de conflicto, porque el CNTV hoy encarna funciones incompatibles: Es una suerte de Sernac televisivo al acoger denuncias de los telespectadores, procesar la pertinencia de ellas y establecer multas o sanciones a los canales. Al mismo tiempo es una especie de Ministerio de Desarrollo Social, encargado de investigar el aporte y los efectos de la televisión chilena en las audiencias, realizando estudios de impacto y consumo. Y por último, es también un símil de la Corfo, al destinar recursos públicos para la creación de programas de corte cultural o valor regional que serán emitidos por los mismos canales a los cuales observa, vigila y, eventualmente, sanciona.

Por todo lo anterior, el CNTV queda en jaque o amenazado ante el nuevo escenario tecnológico multiplataforma y convergente en el consumo audiovisual que cambió la concepción de lo que es hacer y ver programas de TV.

¿Se justifica entonces tener un regulador público destinado a industrias televisivas tradicionales y medidas en pantallas convencionales de TV cade vez menos relevantes?

¿Es lícito que además de fiscalizar la emisión de contenidos, al mismo tiempo el CNTV financie con recursos públicos parte de ellos –subsidiando, con frecuencia a empresas pertenecientes a algunos de los principales grupos económicos privados del país-, y que a la vez mida los efectos que produce esta industria en las audiencias?

Tarea pendiente para los legisladores y los futuros gobiernos, porque sea el CNTV u otro organismo, los crecientes índices de concentración en la propiedad de los medios representan una amenaza al pluralismo informativo y al derecho a la información, junto con la reducción de la calidad de las ofertas programáticas. Cuestiones que en los países del primer mundo se resuelven mediante leyes específicas en materia de comunicación que limiten tanto el tamaño de los actores en las respectivas industrias mediales, así como su vinculación con otros ámbitos sensibles de la economía. Algo que en Chile parece que a nadie preocupa.

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