Múltiples dimensiones de Ley de Transparencia

transparenciaEl director del magister internacional en comunicación de la Universidad Diego Portales, Claudio Avendaño, plantea, en este artículo publicado en La Nación,   que frente a la nueva ley de Transparencia, los ciudadanos deben desarrollar “sus habilidades comunicacionales para producir propuestas de significado pertinentes a sus necesidades” y propone desarrollar campañas masivas para promover el concepto de ciudadanía activa frente a la ley mencionada y fortalecer los vínculos entre las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil.

La puesta en  marcha de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información(www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/276363.pdf) se ha convertido en un evento mediático importante en las últimas semanas. La información obtenida de las instituciones públicas ha descorrido el velo de la siempre opaca dinámica de la gestión estatal, en especial para el ciudadano de a pie. Su aporte a la visibilidad de formatos de gestión pública, conocimiento de las modalidades de la adjudicación de recursos y la posibilidad de solicitar información sin duda abren un nuevo escenario. En algún momento la visibilidad debería continuar expandiéndose a organizaciones del mercado y del tercer sector. La acción del Gobierno implica la punta de lanza del incremento de la transparencia en las organizaciones que afectan la vida de las personas.

Esta ley debe ser ubicada en el contexto propio de la emergente sociedad globalizada, en la que una de sus principales características es que la información es un eje central de los procesos sociales en los reglones de la vida societal. En este caso no se trata del incremento de la oferta de contenidos mediatizados, sino involucra la posibilidad de abrir puntos de vista, nutrirse de información, generar interacciones sociales virtuales, es decir, recibir más pero también emitir.

Se vuelve necesario que los ciudadanos desarrollen sus habilidades comunicacionales en cuanto a producir propuestas de significado pertinentes a sus necesidades. Está claro que la dimensión comunicativa de la ciudadanía actual implica el derecho a estar informado, garantía de acceso a un espacio mediático diverso y también supone el derecho a la comunicación, es decir, adquirir y utilizar las competencias para generar relatos grupales e individuales.

Obviamente, las competencias se construyen socialmente. Y permiten adentrarse en las distintas “gramáticas mediales” (audiovisual, multimedial y uso de la palabra, entre otras). Esto quiere decir, conocerlas, practicarlas y, por cierto, dotarlas de un contenido interesante, atractivo y útil. La escuela tiene un papel central en este sentido, desde la enseñanza de la lecto-escritura hasta los temas propios del renovado currículo, que plantea la comunicación mediada, a través del uso del diario, la televisión, la radio y las TI. Aunque, desafortunadamente, en algunos casos esto se ha traducido en una “escolarización” de los medios masivos en la escuela, al menos se ha empezado a educar respecto al funcionamiento de los medios e incluso ya hay indicios de capacitación en el desarrollo de habilidades comunicativas mediante el dominio de las formas de relatar de los estudiantes.

A pesar de que estos esfuerzos aparecen muy focalizados por el creciente interés por la utilización de las TI en la educación, debemos reconocer que es un paso en el sentido correcto al que los medios masivos deberían tender. Hay ejemplos orientadores.

La entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información estuvo marcada por la espectacularidad mediática, lo que parece un impulso razonable para posicionar el tema en las conversaciones cotidianas, sin embargo, con el correr de los días, se hace imprescindible que las instituciones públicas y la sociedad civil empiecen su tarea de formar a los ciudadanos, jóvenes, adolescentes y, por qué no, a los niños(as), en diversos tópicos asociados a sus contenidos e implicancias con la vida ciudadana. Esto, por lo demás está explicitado en el punto H de la misma ley: “Realizar actividades de difusión e información al público, sobre las materias de su competencia”.

Abramos entonces un espacio de trabajo educomunicativo orientado a los ciudadanos, en especial a los estudiantes, de manera de formarlos como sujetos activos en las materias de esta ley. Una estrategia comunicacional puede ser hacer alianzas con otros entes públicos para acordar acciones a nivel, por ejemplo, de las comunidades educativas: padres, estudiantes y docentes. Llevar a cabo campañas masivas para instalar el concepto de ciudadanía activa frente a la ley mencionada y fortalecer vínculos con organizaciones de la sociedad civil. Las preguntas que orienten esas acciones son del tipo ¿cuál es el sentido y función de las instituciones públicas involucradas en mi vida diaria? ¿Cómo incrementar la calidad de vida desde la información que me pueden proveer? ¿Dónde me entero de las rutas de acceso a beneficios y derechos? ¿Cómo ejerzo mis derechos de elector frente a diputados, senadores y autoridades locales entre elección y elección?

Éstas y otra serie de interrogantes preguntas se gatilla o se pueden gatillar a partir de la aplicación de esta ley. A mi juicio, tratar de dar respuesta a ellas, reivindica los derechos, no sólo de los que pueden ejercer los medios masivos o los ciudadanos con mayor capital cultural, sino de todos los ciudadanos, haciéndolos más autónomos y plenos.