¿Por qué el decreto 264 de TV digital es inconstitucional?

TV digital ventanaOBSERVATORIO/ El requerimiento de inconstitucionalidad (del decreto 264 para TV digital dictado por el Gobierno y publicado en el Diario Oficial el 6 de octubre) presentado por la bancada opositora de la Cámara de Diputados fue considerado admisible por el Tribunal Constitucional. El texto presentado al Tribunal tiene 75 carillas y es un sólido planteamiento sobre la importancia del advenimiento de la televisión digital a Chile para la libertad de expresión y el pluralismo informativo y un contundente argumento a la inconveniencia de legislar a través de decretos, cuando aún se discute la ley que regulará de una manera transparente y democrática la asignación de concesiones televisivas.

El texto, firmado por 35 diputados, parte aclarando que “las concesiones televisivas sobre un bien nacional de uso público, como es el espectro radioeléctrico, deben realizarse mediante ley” y, en consecuencia, un decreto no puede vulnerar este principio. A reglón seguido el documento se encarga de aclarar la importancia de la televisión en las sociedades modernas y su rol esencial “para el ejercicio y desarrollo de múltiples derechos fundamentales, especialmente de la libertad de opinión, de información, de asociación, de libertad religiosa, de creación artística y manifiesto expresivo del pluralismo político como pivote del funcionamiento democrático”. Dado lo anterior el Estado creo con rango constitucional el Consejo Nacional de Televisión “cuyo objeto es velar por el correcto funcionamiento de la televisión y dentro de cuyas competencias está la de otorgar, modificar o caducar una concesión televisiva. Por ende, nos encontramos frente a una industria altamente regulada, sensible a múltiples derechos fundamentales y cuya normativa no puede ser definida, en línea de principio, mediante normas infralegales ni con técnicas deslegalizadoras”, puntualiza el texto enviado al Tribunal Constitucional.

Posteriormente, dentro de la sólida argumentación de los legisladores, el documento plantea dos vulneraciones del decreto 264 al derecho de propiedad: “por una parte, el derecho de todos los chilenos a gozar de un bien nacional de uso público en sus aspectos comunes con imparcialidad y reglas definidas por sus representantes soberanos y el derecho de propiedad de quiénes tienen concesiones de libre recepción televisiva y de aquellos que intentan ingresar al nuevo modelo de industria de televisión digital, realizando inversiones que no pueden ser sustentadas en otorgamiento de concesiones que deben ser establecidas por ley y no amparadas en permisos administrativos esencialmente modificables”.

Se sostiene, asimismo, que el decreto vulnera al menos 5 garantías constitucionales, entre ellas, la garantía a la libertad de expresión e información, la que impide el monopolio estatal en materias de comunicación social, la que garantiza el trato igualitario que debe dar el Estado en materias económicas y la que resguarda “el derecho de todos de gozar de la dimensión común de un bien nacional y en sus usos privativos vulnera el derecho de propiedad de aquellos que han hecho inversiones respecto de éste uso, sin garantía constitucional ni legal”.

Recordemos que el mentado decreto establece la ampliación de las señales demostrativas hasta por un plazo de 5 años y abre la posibilidad de asignar de facto nuevas concesiones televisivas en la banda UHF, a al cual deben migrar los canales en el escenario digital. La impugnación de los parlamentarios opositores hace hincapié en la pretensión del Ejecutivo de legislar al margen del debate que se está llevando a cabo en el Parlamento en relación a un proyecto de ley que pretende regir al más importante de los medios de comunicación social.

El documento analiza, también, la inconstitucionalidad del decreto en el contexto de la importancia de la TV digital en múltiples sentidos, entre los cuales se menciona el cambio de la banda VHF donde actualmente transmiten los canales de la TV abierta, a la banda UHF; la multiplicación de la oferta televisiva por el surgimiento de nuevos canales, el mejoramiento de la calidad técnica de las transmisiones, la ampliación de los soportes digitales asociados a la nueva tecnología, las perspectivas de desarrollo para la televisión local, regional y comunitaria y la modificación del régimen de subsidios para fomentar las oportunidades a nuevos actores.

Lea a continuación en Word la presentación completa de los parlamentarios al Tribunal Constitucional:

Requerimiento Constitucional

Para mayor información sobre cuestionamientos de la sociedad civil al decreto consultar los siguientes enlaces:

http://www.observatoriofucatel.cl/ciudadania-plantea-a-gobierno-su-malestar-por-decreto-de-tv-digital/

http://www.observatoriofucatel.cl/decreto-supremo-264-de-tv-digital/

http://www.observatoriofucatel.cl/tercer-comunicado-del-observatorio-sobre-decreto-supremo-relativo-a-las-concesiones-para-la-tv-digital/

http://www.observatoriofucatel.cl/alertamos-al-parlamento-sobre-decreto-supremo-con-severos-vicios-legales/

http://www.observatoriofucatel.cl/el-decreto-264-garantiza-futuros-negocios-a-actuales-operadores-de-tv/

http://www.observatoriofucatel.cl/declaracion-oficial-del-observatorio-sobre-decreto-del-gobierno-que-da-inicio-a-la-adjudicacion-de-concesiones-para-la-tv-digital/

http://www.observatoriofucatel.cl/por-decreto-gobierno-descongela-asignaciones-de-frecuencias-televisivas/