Por una auténtica TV pública

tv niñoLa Tercera publica una columna de Manuela Gumucio. En el texto, la periodista y directora del Observatorio de Medios, plantea nuestra posición respecto a los desafíos que deberá enfrentar el futuro director ejecutivo de TVN, a las puertas de la TV digital y de una nueva ley para la televisión pública.

Lea a continuación la columna:

Por una auténtica TV pública

Manuela Gumucio / La Tercera / En cualquier democracia, la nominación de un cargo relevante como el director ejecutivo de TVN tendría un espacio destacado en los medios de comunicación. Sería lógico que la ciudadanía conociera una lista de candidatos y de criterios para la elección de quién dirigirá la TV pública.

Resulta curiosa la apatía ciudadana frente a la elección del nuevo director ejecutivo de TVN. En cualquier democracia moderna, la nominación de un cargo relevante como éste ocuparía algún espacio destacado en los medios de comunicación. La dignidad presidencial amenazada por la imitación de un humorista y la interminable no venta de Chilevisión han logrado que se hable del tema, pero no de lo más importante, como son los atributos que debiera tener la persona que ocupe ese cargo. Sería lógico que la ciudadanía tuviera conocimiento de una lista de candidatos y de los criterios para la elección de quien dirigirá la TV pública.

La prensa ya nos anuncia el perfil de algunos eventuales nominados para tal función. En este sentido, es preciso anticiparnos diciendo que no necesitamos, para la nueva TVN, un empresario sin proyecto de TV pública, sin espesor cultural y con escaso conocimiento del medio. Es de esperar que no nos encontremos, nuevamente, con un director ejecutivo que se vanagloria de no ver televisión, porque cuando se opta por ese perfil, suele ocurrir que la mayor autoridad del canal pone la rentabilidad y las cifras azules por encima de las obligaciones propias de una red estatal.

También resulta incomprensible que se haga esta designación antes de la promulgación de la ley que se tramita en el Senado y que debiera cambiar sustancialmente el modelo de TV pública. No es lo mismo elegir un director para el actual desempeño que para las nuevas funciones públicas que le planteará la ley. Recordemos que dicho texto legal, en su versión final, debiera responder a la demanda ciudadana de tener un verdadero canal de todos los chilenos, con una oferta cualitativamente superior a la de la TV privada, donde se conozcan los puntos de vista que otros medios ignoran y se ofrezca una diversidad de géneros, estilos y voces actualmente ausente en nuestra TV.

El Observatorio de Medios espera que el proyecto de ley finalmente promulgado le otorgue a TVN los medios para que cumpla, de manera regular, sus objetivos diferenciadores con un porcentaje de financiamiento público. Esos fondos le permitirán innovar, ofreciendo, por ejemplo, géneros y formatos alternativos a los que producen meros éxitos de audiencia, a través de programas sin sustancia y de escaso aporte al desarrollo cultural del país. TVN ha dado muestras de sus capacidades en este sentido, como en la reciente serie «Pueblos Originarios», dirigida por Francisco Gedda, pero estos esfuerzos no debieran depender de los vaivenes financieros de la red. Se trata de dosificar la parrilla, produciendo un equilibrio entre la programación para captar grandes audiencias y rating, y otra que permita responder a las llamadas «misiones» que la ley plantea a TVN. Y si estamos pensando en un nuevo director, sería importante conocer su posición en esta materia.

Hay sectores que ven en un posible financiamiento estatal de TVN el peligro de pérdida de independencia del canal en relación al poder político de turno. Esos temores resultan infundados en un estado de derecho como el nuestro, donde existen organismos contralores que regulan de manera adecuada las instituciones públicas. Los únicos resguardos para la independencia de TVN debieran ser la claridad de sus objetivos, la cuenta anual que deberá proporcionar al Senado y la transparencia de su directorio y de sus ejecutivos en torno al cumplimiento de los objetivos de servicio público desde sus respectivas funciones.