Postura del Consejo Nacional de TV ante proyectos de ley

 La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados recibió, el pasado lunes 17 de noviembre, a diferentes representantes del mundo televisivo con el fin de recabar  antecedentes  y conocer posiciones respecto a los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo al Parlamento para la introducción de la TV digital en Chile y la modificación de  la ley de TVN y del Consejo Nacional de Televisión. Comparecieron, entre otros, Bernardo Donoso, presidente de la Asociación Nacional de Televisión -ANATEL-; Mariano Arana, presidente de la Asociación Regional de Televisión del Bío Bío -ARETEL-,  y Jorge Navarrete,  presidente del Consejo Nacional de Televisión -CNTV-.

A continuación una trascripción textual de la intervención de Navarrete, transmitida por el canal del Senado:

Jorge Navarrete: “En esta oportunidad voy a hacer consideraciones básicas de carácter general sobre temas que hemos discutido muchas veces en el Consejo, pero no a raíz de un texto específico de modificación, así que me siento obligado a precisar que no necesariamente mis opiniones sobre cada tema vayan a representar el pensamiento de todos los miembros del Consejo. El Consejo empezó a tratar hoy día recién el Proyecto de Ley en cuanto tal  (…) Cuando se inició este proceso de discusión de la transición digital hace bastantes años, nosotros hemos considerado siempre que se ha dado una importancia absolutamente desproporcionada a la discusión acerca de cuál debe ser la norma técnica a adoptar. No creemos que sea una decisión baladí o sin importancia, pero creemos exagerada su importancia fundamentalmente por los intereses comerciales de los fabricantes de equipos y de los gobiernos de los países de origen. Cosa que no es nueva: la televisión nació hace más de 80 años con más de 3 normas, cambió a color hace 50 años con más de tres normas y ahora tenemos a lo menos tres normas, sin que ello haya significado jamás un verdadero condicionamiento de la televisión, entre otras cosas, porque la funcionalidad de estos sistemas tienden a aproximarse y a partir de un mínimo bastante alto. Para agregar una reflexión de sentido común: es poco probable que Estados Unidos, el conjunto de Europa y Japón, que son potencias tecnológicas, economías muy fuertes y regímenes políticos democráticos, vayan a aceptar una norma que no funcione o que sea significativamente inferior a sus estándar…

Nosotros oficialmente tomamos la decisión de no participar corporativamente en este debate, porque, aunque autónomos, somos un órgano del Estado de Chile y hay otro órgano del Estado de Chile competente para tomar esa decisión, que es la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Y nos alegra mucho que empecemos a discutir ahora temas más de fondo, aunque la razón para ello, haya sido el hecho quizás de que no es posible iniciar siquiera el proceso de transición a la televisión digital sin introducir modificaciones a la ley, entre otras cosas porque en todos los países del mundo, y Chile no es una excepción, la transición supone un período de lo que se ha llamado simulcasting, esto es que la misma señal, los mismos contenidos se transmitan simultáneamente en sistema analógico y digital, porque esa es la única forma en que tanto las empresas como los dueños de receptores pueden hacer esa transición. Se puede discutir cuánto tiempo es, no menos de cinco años y no más de diez, pero lo que está fuera de duda es que no es instantáneo. Y dado eso, es que la ley debe ser modificada en varios puntos, pero uno de ellos, es el hecho de que nuestro Consejo Nacional de Televisión no puede otorgar una segunda concesión al mismo concesionario en la misma zona.

Esta necesidad ha sido interpretada de dos maneras: una por sectores importantes y relevantes dentro de la industria, dentro y fuera del Gobierno, en el sentido de que esta necesidad es mejor satisfacerla a través de una ley mínima que fundamentalmente se concentre en permitir legalmente el cambio tecnológico y que no entre en otro tipo de materias más de fondo que tengan que ver con el objeto final de la televisión que es qué es lo que se ve… Y en abono de esta tesis se han dado argumentos de realismo político: el primero es que mientras más integral una reforma, son más temas y se estima que es más difícil llegar a un consenso y es más difícil lograrlo en un plazo razonable de tiempo. Por otro lado, y lo que no se dice tan públicamente, porque una reforma más a fondo, obviamente, corre el riesgo de producir conflictos con intereses en el caso de la televisión chilena, muy importantes en Chile y en el extranjero. Implícito, también, está el argumento de que la televisión chilena, en lo sustantivo, está bien y, por lo tanto, lo que requiere es la posibilidad de que no se le prive de dar este salto tecnológico. Otras personas, por el contrario, en distintos sectores y dentro y fuera del Gobierno, han sido de la opinión de que legislar sobre televisión no es sólo una necesidad, sino que también una oportunidad, porque la legislación actual tiene varias décadas, fue dictada en circunstancias muy excepcionales en el país y en tiempos muy excepcionales y porque el país ha cambiado mucho, la televisión que es una industria muy dinámica ha cambiado mucho y que, por lo tanto, es bueno, si no re discutir todo, nunca es bueno partir de Adán y Eva hasta nuestros días, por lo menos es importante preguntarnos algunas cuestiones fundamentales, en lo que realmente en nuestra opinión importa. Estas personas también, entre las que me incluyo, dudan del realismo de los otros dos argumentos, también por razones formales y de fondo. Las dos razones formales más importantes, y ustedes saben mucho más de eso que yo,  es que la Ley que hay que modificar que es la del Consejo Nacional de Televisión,  es una ley de quórum calificado, en algunos artículos es, además, una Ley Orgánica Constitucional que requiere en cada trámite del voto conforme no de la mayoría de los parlamentarios presentes, sino que más de la mitad o más de las tres cuartas partes (…) Pero además, la mayor parte, sino todos los temas de que trata la ley no son de aquellos que requieren la iniciativa exclusiva del Ejecutivo y por lo tanto puede ser en cada trámite objeto de la propuestas, indicaciones, modificaciones que los señores parlamentarios deseen presentar. Por lo tanto, aunque un proyecto pueda entrar corto no significa necesariamente que vaya a haber una ley corta. Ahora, en el antecedente más de fondo en este tema, al menos lo que a nosotros nos señalan las investigaciones, y por lo que escuchamos, hay grados importantes de insatisfacción por la situación actual de la televisión, tal como hay satisfacción porque la TV chilena está sobre los estándares… Hay otros en que el público no tiene la misma percepción… está percepción del público es mucho más fuerte en las minorías influyentes de distinto tipo, sea porque se tiene una concepción elitista de la Televisión, sea porque se ponen en juego en la televisión intereses que son muy importantes para las sensibilidades religiosas, para las actividades culturales, etc. Y en definitiva, también creo que esa insatisfacción de alguna manera ha llegado al mundo político y parlamentario, al menos si uno recorre la historia de iniciativas y de debates desde la primera famosa intervención del ex diputado Krauss, pasando por proyectos de acuerdo, por lo que se les pregunta a los postulantes a Consejeros del Consejo o directores de Televisión Nacional, hay obviamente una inquietud en este mundo que va harto más allá de la crítica tradicional de por qué yo no aparezco  o no aparezco lo suficiente, o porqué aparece más González que trabaja menos que yo… Es una crítica más bien sustantiva. Entre ambas cosas, entre un realismo adecuado y una no pérdida de oportunidad, desea colocarse el Consejo Nacional de Televisión y quisiera decir que claramente este proyecto no es tan corto y tan limitado en su alcance como en algún momento se propuso y se pensó que iba a ser y aborda, bien o mal veremos en cada tema, situaciones que son más de fondo y que tienen más atingencia directa con la calidad de la televisión. Yo tengo la sensación de que es probable que esta criticidad de ciertos sectores se haya reflejado y que en alguna medida refleje sobre todo las convicciones fundamentales de la Presidenta de la República. Dicho esto, me gustaría, más que referirme al texto, hacer algunas consideraciones generales. Primero, quisiera enfocarlo desde el punto de vista de tres o cuatro preguntas básicas que uno debe hacerse cuando revisa este tema. Acabamos de tener, en los primeros días de octubre recién pasado, un Seminario Internacional sobre regulación de la Televisión, al que asistieron compatriotas de todos los sectores interesados, desde luego todos los que están aquí, y representantes de 20 entidades públicas de regulación de distintos países de muy buen nivel, y en ese momento se nos ocurrió organizar un temario amplio sobre la base de cuatro preguntas: ¿por qué se debe regular la televisión?, ¿quién debe regular la televisión?, ¿qué se debe regular en materia de programación y de contenidos?, y ¿qué se debe regular en materia de concesiones y de concesionarios?. No me voy a referir a la primera pregunta porque, salvo algunas pocas pero muy respetables y liberales opiniones en esta materia que cuestionan la necesidad de una legislación especial y ciertamente la existencia de un ente regulador específico en estas materias, creo que es un tema relativamente claro.

Las razones para regular van desde razones de escases  relativa, bastante más relativas en Chile que en otros países, del espectro ( radio eléctrico), pero también razones éticas de fondo por  los efectos de la televisión sobre personas, grupos sociales, la comunidad en su conjunto… También razones económicas: la televisión es un mercado importante, son varios mercados importantes que pueden requerir regulación por las tradicionales razones y porque además es parte del funcionamiento de otros mercados, porque es el principal vehículo de la publicidad. Hay, además, razones jurídicas: tenemos compromisos internacionales, tratados firmados por Chile y ratificados por el Congreso Nacional que nos obligan y la legislación interna, el tema de la Constitución ya que, algo quizás para muchos sorprendente, tiene rango constitucional en Chile. Y uno podría seguir agregando razones varias, pero probablemente es mejor concentrarse en aquellos temas que pueden producir mayor discusión. Primero quisiera referirme a la pregunta de quién debe regular y no me refiero tanto a organismos como a lo siguiente. La Ley chilena de Televisión como la mayoría de nuestra legislación en general reconoce de hecho una sola forma de regulación, la regulación pública que es aquella hecha por una autoridad competente para hacerlo y cuyas resoluciones son de cumplimiento obligatorio por todos los regulados, dentro del marco de la ley. Eso es lo que hace el Consejo, la Superintendencia de Bancos, lo que hacen todas las entidades reguladoras. Esta es una parte esencial de cualquier sistema regulatorio, pero no es la única y más aún, la experiencia ha demostrado que no conviene que sea la única. En primer lugar, porque debiera ocupar un lugar mucho mayor, que el que ocupa en el tema de la televisión, la auto regulación privada de los propios actores televisivos. La auto regulación se diferencia de la regulación pública en que es adoptada por consenso por los propios regulados y su cumplimiento es tan obligatorio como los compromisos que adopten y las medidas que ellos mismos tomen respecto a una infracción.

En Chile, que es un país con poca capacidad asociativa, no hemos desarrollado mucho este tipo de acciones. En nuestro país cuando hay que defender a los consumidores el Estado tiene que crear una institución para qué los defienda. En otros países las personas pertenecen a cuatro o cinco organizaciones de la sociedad civil… En Chile no tenemos asociaciones de espectadores de televisión, y el tema si bien le interesa a todo el mundo y cada canal ha tomado algunas medidas de auto regulación, creo que hay un campo mucho mayor con experiencias interesantes de analizar… En Chile hay una experiencia de auto regulación en la publicidad, a través del Consejo de Auto  regulación y Ética Publicitaria, que no es perfecto, pero que significativamente disminuye el número de casos que tiene que llegar a una decisión de autoridad. Nosotros creemos que en una materia tan delicada como la televisión, el ideal es que haya mucha auto regulación y que la autoridad tenga que ejercer su rol general coactivo o sancionatorio el mínimo de veces posible. En el último tiempo se ha ido generalizando en el mundo más desarrollado un esquema que responde a una palabra, que no sé si existe en castellano, que es la co regulación: esto es que las entidades regulatorias pueden temporalmente y con capacidad de deshacer si eso no funciona,  ceder parte de sus atribuciones de regulación a entes auto reguladores que muestren esa responsabilidad o darles carácter de una primera instancia, con las ventajas de tener un conocimiento mucho más directo que aún el más especializado de los reguladores, muchas veces  (…) No me interesa mucho si la regulación debe ser mucha o poca, debe ser la necesaria y en ese sentido no necesariamente debe estar concentrada en regulación pública de autoridad, aunque no se puede prescindir de ella. La segunda pregunta, dentro de esta general de quién debe regular, sí tiene atingencia inmediata a la ley. Hay dos formas básicamente de normar: una, es a través de la Constitución y la Ley y, la otra, a través de lo que en otros países se llama legislación delegada y  que en Chile se llama facultades reglamentarias de dictar normas por parte de organismos que son autorizados por la ley. La ventaja de la ley en algunos aspectos es evidente: da seguridad jurídica y permanencia a la protección de aquellas cosas que son esenciales, por ejemplo, para los concesionarios, para el Estado o para la sociedad y tiene, por otro lado, la limitación, sobre todo cuando es detallada, que rigidiza la situación normativa, que, en el caso de una industria tan dinámica como la televisión, va dejando fuera de situación las normas o exigen interpretaciones que resultan a veces en el límite de lo que fue la letra del legislador. Para poner un ejemplo, el año 92 cuando se rehízo toda la legislación de televisión nadie pensó en la televisión digital, nadie. Podría haberse buscado desde entonces una salida. Por otro lado, la regulación por parte de un ente público facultado para ello con capacidad, además, de recurrir a auto regulación y co regulación, tiene la enorme ventaja de permitir ir adaptando en aquello que no es lo esencial las normas a las necesidades de la industria, pero sobre todo, a las demandas de la sociedad. Este equilibrio, yo creo que es muy importante y sobre todo es importante que los señores parlamentarios piensen que en Chile se legisla sobre televisión cada varias décadas, o sea lo más probable es que si esta legislación pasa en una forma u otra, yo no voy a ver la próxima… y en ese sentido la tentación natural de una ley natural en que yo gano todos mis puntos no es necesariamente la mejor legislación, como tampoco lo es el “libre para cualquier cosa”. El segundo gran tema es qué se debe regular en materia de programación y de contenidos. En esto no hay mucha novedad en distintos países del mundo hay énfasis, hay normas generales que tienen que ver con la renovación en su conjunto y con la totalidad de los contenidos, normas que en otros países y en Chile son básicamente de tres tipos: una de contenidos prohibidos, la legislación actual prohíbe cierto tipo de contenidos, los prohíbe para cualquier servicio de televisión, erróneamente hay algunos que creen que para los servicios de pago no rigen, y en cualquier tipo o modalidad y en cualquier horario, lo que la ley señala como pornografía, truculencia, violencia excesiva, participación de menores en actos reñidos con la moral, conceptos todos amplios y que aquí sí el regulador ha ido acotando desde la dictación de normas que especifiquen lo que se va a aplicar, lo más posible.

Pero también hay normas sobre qué contenidos se deben o pueden fomentar a través de distintas medidas que la ley contempla y la actual legislación considera medidas, recursos incluso, para que ciertos contenidos no prohibidos, no estén en la categoría de meramente tolerados, sino que sean activamente fomentados, sin entrar a violar la libertad de programación de cada uno de los concesionarios. Ese es el rol de los fondos concursables, de las normas mínimas sobre tiempos de exhibición de programas culturales, etc. Además de estas normas generales, en el tema de grupos específicos, es universal el tema de protección de la infancia, un tema cada vez más complejo e importante, porque incluso el concepto de niñez y juventud ya no es un todo muy claro, ya que la experiencia y los estudios van enseñando la complejidad que tiene y lo que cambia eso a lo largo del tiempo, los grados de información, la forma en que se ve televisión… También hay en Chile y en otros países normas que se refieren a cierto tipo de programación, la programación informativa a la que generalmente se le exigen algunos criterios generales que en nuestra ley están, la objetividad en los informativos y el pluralismo en los programas de debate, muy centrados por la historia de la ley en lo político, pero que debiera tener un concepto un poco más amplio incluyendo lo cultural… Normas sobre la programación cultural y educativa, normas sobre la protección de los derechos de las personas en relación a los contenidos del medio… (se interrumpe la intervención de Jorge Navarrete en la trasmisión de canal del Senado)