Rechazo de requerimiento UDI a Ley de TV Digital permite continuar con análisis de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional

 

 

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El Tribunal Constitucional rechazó en todas sus partes el requerimiento de inconstitucionalidad presentado en marzo pasado por un grupo de parlamentarios de RN y la UDI.

El voto de mayoría sostuvo que la atribución de presidente no es absoluta, sino que debe circunscribirse a lo señalado en el artículo 73 de la Constitución, que exige que el veto recaiga sobre las ideas matrices del proyecto o que se trate de temas abordados en el mensaje de la ley, tal y como ha sostenido El Observatorio. Asimismo, señala que la Constitución no regula la admisibilidad del veto ni su tramitación, lo que queda entregado a la ley orgánica del Congreso Nacional, por lo que malamente podría pronunciarse este tribunal sobre el cumplimiento de estas normas por parte de los parlamentarios.

Además, el Tribunal Constitucional, recalcó que el ejecutivo participó de todas las instancias de la tramitación de la ley y que en el caso del veto, ellos terminaron convalidando el criterio de la admisibilidad adoptado por la Cámara al continuar con la votación de las observaciones declaradas admisibles, con lo cual el requerimiento resulta extemporáneo.

Hubo  dos votos de prevención al voto de mayoría en el fallo. Destacamos al respecto la prevención del Ministro Berltensen, quien señala que de la presentación de la Sra. Presidenta de la República se desprende que ella no habría presentado las observaciones que se declararon inadmisibles por alejarse de las ideas matrices del proyecto. Con ello se reconoce que la atribución de vetar se radica en el Presidente de la República, mientras se encuentre en ejercicio de su cargo.

Como Observatorio creemos que este fallo es una gran vitoria por cuanto establece sin dudas que la facultad de veto del presidente no es absoluta y, por lo tanto, no puede su voluntad desconocer el trabajo legislativo de 5 años, tal como se pretendía con este veto.

En esta nueva etapa, el Tribunal Constitucional debe terminar de realizar el análisis de constitucionalidad del texto aprobado, para luego pasar a la fase de promulgación de la ley.

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