Reflexión sobre poder estatal y amenazas a la libertad de expresión en Latinoamérica.

canalesObservatorio de Medios / Las noticias aparecidas en estos días con respecto al cierre de algunos canales en Venezuela por incumplimiento de la ley de cableoperadores y el informe de Human Rights Watcher sobre la Ley de Medios Argentina (ver notas en este sitio), seguramente servirán para que ciertos sectores adviertan en cualquier forma de regulación de los medios de comunicación social una eventual amenaza para la libertad de expresión.

La polémica se produce justo cuando en Chile la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados ha aprobando, en primera instancia, la ley que regirá las nuevas concesiones de TV digital. Esta normativa, una vez que cumpla su trámite en la Sala de la Cámara baja y posteriormente en el Senado, establecerá las bases de un modelo de concesiones por muchos años en el país. De acuerdo al seguimiento que el Observatorio ha podido hacer al trámite legislativo, parecen insuficientes e inaceptables algunas de las disposiciones aprobadas y, por lo tanto, estima urgente informar a los parlamentarios sobre el alcance de dichas indicaciones. En la actual coyuntura es preciso aclarar, también, que, incluso si se aprobaran en su totalidad las propuestas del Observatorio para la nueva ley de concesiones, el proyecto no representa de ninguna manera una amenaza para la libertad de expresión.

Dado lo anterior, nos  preocupa que las legítimas y necesarias polémicas que las legislaciones de Venezuela y Argentina puedan suscitar, pongan en riesgo las propuestas discutidas en nuestro Parlamento que debieran permitir un acceso igualitario a la TV en nuestro país superando las barreras de entrada y garantizando una oferta diversa y plural en la TV abierta.

Creemos que Chile requiere de un Estado que actúe para hacer del medio de mayor influencia un instrumento de conocimientos, información y entretención, que no esté dominado exclusivamente por grandes intereses económicos.

Es importante señalar que la situación de cada país es particular y que los conflictos en torno a la regulación mediática en otros países latinoamericanos no ponen en cuestión la necesaria intervención del Estado en la política de medios, sino las formas que esta adopta de acuerdo a cada realidad. Considerando que en Chile existe una democracia estable y equilibrada, no creemos que deba existir ninguna preocupación en este plano.

Los últimos acontecimientos señalados, lejos de poner en entredicho las argumentaciones que el Observatorio ha esgrimido para exigir el perfeccionamiento de los proyectos de ley en trámite en el Parlamento, nos llevan a reafirmarlas, haciendo presente las siguientes consideraciones y matices:

a) El Observatorio estima que es necesario generar espacios en la televisión abierta para las campañas de interés público y aboga, en este aspecto, por la difusión de un mensaje único y centralizado. Sin embargo, creemos que estos mensajes no pueden ser el fruto del capricho de la autoridad del momento, sino de la reflexión de un órgano independiente que analiza las propuestas de la autoridad pública y las canaliza hacia las estaciones de televisión.

b) El Observatorio exige que los procesos de asignación de concesiones televisiones sean transparentes y que se consideren elementos programáticos, y no sólo técnicos, que permitan asegurar el pluralismo informativo. Por tanto, manifestamos un enérgico rechazo a cualquier sistema de asignación que busque perpetuar el status quo de los actuales operadores. Una legislación hecha a la medida de los intereses de los concesionarios pierde legitimidad por no considerar las necesidades superiores del país en materia de libertad de expresión y derecho a la información.

c) Reafirmamos que el espectro radioeléctrico es un bien público y nacional que debe ser tratado y asignado en base a criterios de bien común y servir como espacio para la concreción de la libertad de expresión y el derecho a la información. Son estas finalidades superiores las que deben inspirar todo el modelo regulatorio, ya que las meras consideraciones de eficiencia tecnológica no son suficientes para concebir la televisión que queremos para los próximos veinte años.

d) A nuestro juicio la regulación debe crear las condiciones para garantizar que la televisión sea de verdad un servicio público a la ciudadanía y que contribuya al perfeccionamiento de la democracia. El desafío para nuestro país es construir un marco jurídico que permita alcanzar los objetivos y la misión de servicio público de la televisión con el adecuado resguardo a la libertad de expresión.

Que quede claro: regular no es sinónimo de censurar.