Resumen medios 2010 en Chile: grandes coberturas a tragedias y fin de la TV universitaria

gutenberg_3OBSERVATORIO /  En lo que se refiere a los medios nacionales se imponen dos temas ineludibles en el habitual balance de fin de año: la gran cobertura a las   tragedias que nos golpearon como país y los cambios en la industria televisiva local.  El terremoto y  posterior maremoto, el rescate de los 33 mineros en Copiapó, el incendio y muerte de 81 reclusos en el penal de San Miguel, fueron hechos que provocaron amplios despliegues de los medios masivos y también pusieron en juego  los límites éticos del periodismo, enfrentando  el legítimo anhelo de capturar audiencias  con el imperativo moral del comunicador social  de velar por  el respeto a  la dignidad de las personas, evitar la truculencia y aplacar el  sensacionalismo. El rescate de los 33 fue uno de los sucesos más cubiertos por los medios mundiales,  durante este año que afortunadamente ya termina, siendo comparado  con la cobertura otorgada al  atentado a las Torres Gemelas, la caída del Muro de Berlín o la llegada del hombre a la luna. Chile estuvo  a lo largo de varios días en las portadas de los diarios más importantes del mundo y en las emisiones noticiosas de las principales cadenas televisivas del planeta. Antes de eso, el terremoto ya nos había puesto en la mira de los medios internacionales  y posteriormente la muerte de los 81 reclusos nos devolvería aquel trágico protagonismo, proliferando junto a la información dura, columnas de opinión y  reportajes sobre  el Chile  sumergido que salió a la luz después de cada tragedia.

Aparte del desafío humano y logístico que implicó para los medios de comunicación tener que desplegar sus mejores recursos en la cobertura de cada suceso excepcional, hubo industrias como la televisiva que vivieron su propio vía crucis por cambios violentos en el modelo de negocios y el término definitivo de la época de la TV universitaria. La venta de un 67 por ciento de Canal 13 al grupo Luksic por una suma cercana a los 55 millones de dólares –que sólo sirvió para pagar las enormes deudas acumuladas por la estación de la Universidad Católica- terminó de cerrar un ciclo iniciado con el ingreso de los privados a la industria de la TV el año 1989 y la venta del canal de la Universidad de Chile en 1993, hoy convertido en  Chilevisión y propiedad de la trasnacional de las comunicaciones, Time Warner.

Vinculado  a lo anterior, el Presidente Piñera terminó hace unas semanas con uno de los principales conflictos de interés que mantenía vigente y que lo inhabilitaba para tomar decisiones relacionadas con  la TV: la propiedad de Chilevisión, canal que terminó vendiendo a Time Warner y le permitió –ya liberado de ese vínculo económico-  ratificar  a su primo Herman Chadwick como nuevo presidente del Consejo Nacional de Televisión y firmar el decreto 264 que prorrogó hasta por 5 años las transmisiones demostrativas de TV digital y permite de facto al asignación de nuevas concesiones televisivas. Nuestro Observatorio se opuso desde un principio a la dictación de ese decreto y la denuncia del tema provocó que un grupo de 36 parlamentarios presentara un recurso de nulidad que fue acogido por el Tribunal Constitucional y que está en trámite.

Otro conflicto que ha involucrado al gobierno es el que mantiene en vilo al  diario La Nación.  Luego de un tira y afloja entre el Ejecutivo y los socios privados del matutino, el directorio decidió –con la tenaz oposición de los trabajadores  de ese medio- mantener el diario sólo en su versión digital y dejarlo a corto plazo de emitir en papel. Además, se presentó un proyecto para que el Diario Oficial, con cuyos ingresos se sostiene La Nación, se convierta en una plataforma virtual donde las inscripciones de las sociedades se puedan realizar gratuitamente, quitándole de esa manera la fuente de financiamiento al periódico. Paralelamente, el Sindicato Periodístico del diario había propuesto a los parlamentarios un proyecto de “verdadero diario público” con una estructura interna similar a la que tiene Televisión Nacional de Chile de tal manera que representara  una alternativa de diversidad y pluralismo informativo.  Desde otros sectores ha surgido la propuesta de crear un fondo para la creación de nuevos medios a partir de los ingresos del Diario Oficial,  en el entendido de que uno de los principales problemas para la libertad de expresión en Chile es que la gran mayoría de los medios están en manos del mismo sector político y económico y no representan adecuadamente la diversidad de la sociedad chilena.

 Al inminente cierre de la versión papel de la Nación se sumó la suspensión temporal hasta nuevo aviso del Diario Uno dirigido por Marcel Claude, quien consiguió mantenerlo durante siete meses en los quioscos, pero se vio asfixiado por los problemas económicos y la falta de apoyo financiero.

Otro fenómeno apreciable en 2010 fue el crecimiento explosivo de las redes sociales y el poder demostrado por ellas durante el conflicto Punta de Choros ante el anuncio de que la autoridad medioambiental  había aprobado el proyecto Barrancones. En definitiva fue el propio Presidente de la República  quien abortó la medida como respuesta a la gran presión ciudadana que se hizo sentir en movilizaciones callejeras coordinadas a través de diversas plataformas virtuales y de una campaña  masiva de defensa de  la reserva natural que tuvo su origen en Internet.

Por último, desde la perspectiva de nuestro Observatorio, uno de los asuntos más preocupantes para la libertad de expresión y el pluralismo en Chile ha sido el sospechoso silencio de los medios en relación a los proyectos de ley que se debaten en el Parlamento para el tránsito a la TV digital, que significan una posibilidad de democratizar el acceso al mercado televisivo y de mejorar la calidad de los contenidos en TV. Los medios, con escasas excepciones, han puesto el acento en la calidad de imagen y las posibilidades de recepción en celulares del nuevo sistema, escamoteando las consecuencias políticas y culturales de los proyectos y sus implicancias en el derecho a la comunicación de los ciudadanos.