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Además de llamar la atención sobre la homogeneidad y mala calidad de la televisión abierta, la editorial reflexiona sobre las medidas que podrían adoptarse para fortalecer a los sectores audiovisuales emergentes.

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Efectivamente, de acuerdo a las cifras que se exhiben en la publicación, mientras Chilevisión lideró el mercado, con una tasa de retorno que superó el 50% del capital, los otros operadores obtuvieron cifras que bordearon el 10% del capital y Canal 13, que exhibía pérdidas en los últimos 2 años también estaría entrando en cifras azules.

Estas cifras son importantes no sólo si consideramos las inversiones que debieran realizar estos operadores para migrar a la TDT sino que además son reveladoras a la hora de analizar de qué manera retribuyen a la sociedad con obligaciones de servicio público televisivo, atendido que explotan un bien escaso que le pertenece a la nación toda, como es el espectro radioeléctrico televisivo.

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“Se estableció que el Sr. Malone, conociendo el contenido de la Condición citada, adquirió indirectamente una participación en la propiedad de DirecTV Chile S.A., operadora de servicios de televisión satelital de pago y competidora de VTR, precisamente lo que la Condición Primera pretendía evitar“. Con las adquisiciones realizadas por el grupo económico Malone controlaba tanto Direct TV como VTR y con ello prácticamente la totalidad del mercado de la televisión de pago en Chile.

Además de la multa, la resolución impone a Malone  cesar, en un plazo máximo de 6 meses, toda participación directa o indirecta en la propiedad de DirecTV Chile Ltda.

Vea quien es John C. Malone

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Consultado por el balance del año, el director ejecutivo señala que es positivo, aunque no complaciente y que “En las cifras económicas, somos líderes en ingresos en el total del año y en cifras de audiencia, en algún minuto estuvimos en cuarto lugar en el ranking mensual, pero cerramos en segundo lugar“, para luego hacer presente que es necesario que la modificación a la  ley de TVN, que se debate en el senado, iguale las condiciones de este canal respecto de la de otros canales comerciales.

Si bien el director ejecutivo reconoce que TVN sería actualmente el único canal con misión específica, luego de la venta de canal 13 que puso fin a la era de la TV universitaria, luego se centra en las necesidades de autofinanciamiento del canal y en aspectos relativos a su competitividad económica dentro del sector.

Al respecto, FUCATEL ha sostenido de manera sistemática que la nueva ley debiera restablecer el rol de canal público de TVN, previendo un sistema de financiamiento público que le permita cumplior con  la misión que le reconoce la ley.

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Parece absurdo que necesitemos de una ley para que se respete otra, pero es una realidad.

Se encuentra vigente desde febrero del 2008, la ley 20.243, que establece derechos morales y patrimoniales inalienables para los intérpretes audiovisuales (actores, dobladores, bailarines, etc). Esta norma obliga a los canales de TV, operadores de cable, cines, ente otros, a pagar una remuneración cada vez que emitan o comuniquen públicamente interpretaciones protegidas.

Según la ley, la tarifa es determinada por la entidad de gestión colectiva respectiva. En Chile la única entidad autorizada para estos efectos es ChileActores. A pesar de las gestiones realizadas, incluso antes de la entrada en vigencia de la ley, para lograr un acercamiento con los canales de TV, estos se han negado sistemáticamente a cumplir. Fue necesario interponer las acciones legales que corresponden. Pero los ejecutivos sacaron sus cuentas y les resulta más conveniente dilatar, confiados en la lentitud de nuestros sistema de justicia civil, ya que una sentencia de término podría demorar 3 años o más. Por ejemplo, el juicio sumario de TVN en contra de VTR por la retransmisión no autorizada de la señal pública lleva más de 9 años y aun falta el pronunciamiento de la Corte Suprema.

Por otro lado, hace pocos meses la Corte Suprema condenó laboralmente a TVN en juicio iniciado por el actor José Soza, quien trabajó para el canal estatal por más de 20 años, sin contrato laboral. La Corte dictaminó que existía entre el actor y TVN, una “relación laboral encubierta”. Después del fallo, lejos de subsanar la ilegalidad, el canal se ha esforzado en encubrir mejor la relación laboral que existe con sus actores. En la actualidad ningún actor tiene contrato de trabajo en TVN.

Así las cosas, los ejecutivos prefieren esperar que pasen los años, contratar abogados expertos en dilatar, no pagar lo que corresponde a los artistas intérpretes, encubrir relaciones laborales, todo ello para reducir costos, asegurar las utilidades en el corto plazo, y recibir sus bonos, confiados en que cuando se dicte sentencia ya no ocuparán ningún cargo en el canal. Bastante fácil y lógica la solución.

En este contexto, se discute en el parlamento la ley de TV digital y los canales, por supuesto, solicitan al poder legislativo se incorporen normas en su beneficio, especialmente para proteger sus derechos de propiedad intelectual, mediante la famosa “retransmisión consentida”, es decir, la posibilidad de impedir que los operadores de cable retransmitan su señal sin su consentimiento expreso, lo que les permitiría negociar una tarifa por este uso. Nos parece muy válida la exigencia de respeto de su propiedad intelectual, pero resulta totalmente inconsistente mientras los canales no respeten los derechos intelectuales de carácter irrenunciable e intransferible que establece la ley 20.243 a favor de quienes le dan en buena medida el contenido a sus emisiones, los artistas intérpretes audiovisuales.

Frente a esta realidad, ChileActores ha presentado una indicación con el apoyo transversal del mundo político, mediante la cual se condiciona el otorgamiento de nuevas concesiones de TV y su vigencia, al cumplimiento de la ley 20.243 y la ley laboral. Antecedentes similares existen respecto de la industria de acuicultura y del transporte público de pasajeros, donde el incumplimiento de leyes laborales y previsionales es sancionada con la caducidad de la concesión.

Por Rodrigo Aguila

Director Jurídico ChileActores

En el análisis de Juan José Lyon Nuño destaca que “la evaluación de ciertos valores presentes en su parrilla programática como promoción de la democracia y el pluralismo, y defensa de la libertad de expresión, el canal público recibe una nota promedio 4,5, y 4,7 respectivamente.

Uno de los ámbitos mejor evaluados es protección de la familia, en el cual obtiene un promedio de 5,0 y donde 29% de los encuestados lo califica con nota 6,0.

El ámbito peor evaluado es la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud con una nota promedio de 3,9 y donde el 14% de los encuestados le puso a este punto una nota 1.”

El observatorio ha sostenido la importancia de la recuperación del rol de la televisión pública y la importancia de una televisión de calidad.

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El taller será impartido por academicos y expertos nacionales y extranjeros, con vasta experiencia en estas materias.

El observatorio certificará asistencia y participación.

Cupos Limitados

Valor de la matrícula: $50.000

más información lorena.donoso@gmail.com

Noticia Completa en Cooperativa.cl

Chiara Sáez Baeza[2]

Uno de los objetivos de la Mesa de Ciudadanía y TV Digital [www.ciudadaniatv.cl] en el actual debate es velar porque exista una política integral de fomento a la televisión educativa, cultural y comunitaria. Con respecto al ámbito específico de la TV comunitaria, nos parece que el actual proyecto de ley, en el estado de avance que se encuentra,  no  garantiza la sustentabilidad del sector al menos respecto de tres temas: la definición de concesión comunitaria, los mecanismos de asignación de estas concesiones y qué va a  pasar en el nuevo contexto tecnológico con las emisoras comunitarias existentes.

Definición: En el paso del proyecto de ley por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara se aprobó un error conceptual que se ha mantenido hasta ahora en el proyecto de ley: abrir las concesiones comunitarias a organizaciones privadas, con y sin fines de lucro, alterando la definición misma de medio comunitario.

Las definiciones internacionales más reconocidas en el tema (la de AMARC 2008 y la del Parlamento Europeo 2008) son consistentes en señalar que los medios comunitarios son, por definición no-lucrativos, porque no operan con criterios de rentabilidad financiera, sino de rentabilidad social, utilizando indicadores tales como la promoción de la diversidad, del pluralismo, de la interculturalidad. Sin embargo, el hecho de que no tengan fines de lucro no quiere decir que los medios comunitarios tengan que ser pobres, ni pequeños ni pocos: simplemente, quiere decir que todos los excedentes que generan o reciben los reinvierten en el mismo proyecto.

Junto con la necesidad de retomar el sentido original del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo respecto a la definición de concesiones comunitarias y quienes pueden acceder a ellas, nos interesa también que el texto de la ley sea explícito en señalar otras características de estos medios, a saber:

-        La participación (en las distintas fases del proceso comunicativo ) de la comunidad (ya sea comunidad en términos geográficos o como grupo de interés) a la cual el medio comunitario dice representar

-        Excluir del acceso como concesionarias de tvs comunitarias a partidos políticos y organizaciones religiosas , como manera de asegurar su independencia. Lo anterior en ningún caso excluye que contenidos políticos y religiosos puedan ser parte de estas televisiones.

-        Mecanismos de asignación que tomen en cuenta la opinión de las potenciales comunidades beneficiarias, por la vía de audiencias públicas y de los expertos en el tema, vía consejos asesores. Estos mecanismos de asignación de las concesiones comunitarias han sido recomendados por el Relator de la Libre Expresión de la ONU en su Informe 2010.

Las indicaciones 328 a 332 (Cantero; Letelier; Girardi y Quintana; Pizarro; Zaldívar) recogen la propuesta íntegra de la mesa respecto a mejorar la definición. La 334 (Rincón, Pizarro y Rossi) recoge sólo uno de los puntos de la propuesta. Alertamos de paso sobre la indicación 327 que va en sentido completamente opuesto. Esta indicación presentada por el Ejecutivo elimina la definición de las concesiones comunitarias que ya está en la ley y deja la definición vinculada a una reformulación del artículo 15ter, que es regresiva e insuficiente respecto del texto actual aprobado por los Diputados, ya que no define estas concesiones: sólo delimita quienes pueden acceder a sus concesiones). También ponemos una alerta especial sobre la indicación 1, que propone aplicar a las concesiones de tv comunitaria la misma noción de “medios de mínima cobertura” que se ha aplicado en Chile a las radios comunitarias y que constituye uno de los principales factores institucionales para explicar su precariedad actual dentro del paisaje radial.

El mecanismo de entrega de concesiones propuesto por la mesa es recogido en las indicaciones 100 y 101 (Girardi, Quintana y Pizarro). Tanto las audiencias públicas como los comités consultivos se encuentran en diversas legislaciones internacionales relativas a telecomunicaciones y radiodifusión (España. Uruguay, Estados Unidos), incluso para otro tipo de concesiones. No vemos este tipo de mecanismos como formas de injerencia o de vulneración a la autonomía del CNTV. Por el contrario, pensamos que lo reafirman en esta posición de un modo que al mismo tiempo lo pone en diálogo con la academia y la sociedad civil.

Otro tema que el proyecto de ley no toma en consideración es ¿qué va a pasar en el contexto digital con las actuales televisoras comunitarias existentes? Actualmente son màs de 20 en todo el país y se encuentran asociadas a su vez en dos organizaciones de alcance nacional: la Red de Televisoras Populares y la Asamblea de Medios de los Pueblos de Chile. La tv comunitaria chilena más antigua tiene más de 10 años de experiencia.

Las TVs comunitarias se encuentran actualmente en un limbo legal del cual el Estado ha sido cómplice porque en el contexto analógico no legisló sobre este tipo de concesiones ni generó condiciones que ayudaran a regular su situación. Por otro lado, son manifestaciones legítimas del ejercicio del derecho a la libertad de expresión por parte de sectores que la mayoría de las veces son además socialmente desfavorecidos y poco o mal representados en la televisión “oficial”. La legislación debe dar cuenta de esta realidad existente. Como Mesa, no concordamos con el uso del concepto de derecho preferente como solución, ya que es una figura que limita la libre competencia. Sí pensamos, en cambio, que las primeras concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción de carácter comunitario que se vayan a otorgar en cada localidad, deberían ser asignadas a las organizaciones que tengan experiencia o en las cuales participen personas con experiencia en la creación de contenidos de radiodifusión televisiva de libre recepción de carácter comunitario en esa localidad o que satisfagan los intereses de esa comunidad.

Esta propuesta es a su vez coherente con la recomendación del Relator de la Libre Expresión de la ONU en su informe 2010 respecto de valorar “Los antecedentes de trabajo comunitario de la organización interesada” en acceder a una concesión comunitaria. Está recogida en las indicaciones 573 a 577, de los senadores Cantero, Letelier: Girardi y Quintana; Pizarro y Zaldívar.

Esperamos que los parlamentarios voten a favor aquellas indicaciones sobre televisiones comunitarias que incorporan las demandas de la Mesa de Ciudadanía y TV Digital . La coherencia de nuestras indicaciones y su apego a los parámetros internacionales para el desarrollo y promoción de la televisión comunitaria juegan a nuestro favor.

Documentos relacionados

Para acceder al documento con las indicaciones y su fundamentación: http://www.ciudadaniatv.cl/wp-content/uploads/2011/09/Indicacionesmesa_Lanzamiento.pdf