Sobre 20% de música chilena en las radios ¿regular los medios es intervenir?
Es preocupante la tendencia de El Mercurio por considerar todo intento de regular los medios de comunicación como un atentado a la libertad de expresión. El acceso a la expresión en los medios de comunicación no es igualitaria para todos puesto que los dueños de los medios se reservan este derecho de acuerdo a una línea editorial que no es de conocimiento público. Es por esta asimetría de poder que el Estado debe resguardar el derecho a expresarse de todos, y proponer normativas que garanticen el acceso a una diversidad de universos tanto de ideas como de obras artísticas. En el mundo entero un poder tan central como es el de la comunicación masiva es objeto de regulación, precisamente, para que el derecho de expresión no quede supeditado a la capacidad económica de algunos sectores de la sociedad.
Transmitir un 20% de música nacional (tanto de creación como interpretación) no altera el modelo de negocio de ninguna radio en tanto existe la cantidad suficiente de música para poder cumplir en todos los estilos, y por lo tanto, esta férrea negativa sólo se justifica por la desconfianza de las radios y de sectores conservadores por promover la creación nacional y a nuestros artistas.
Finalmente, cabe preguntarse si El Mercurio y la Archi creen realmente que las audiencias tienen algún poder de elección considerando el marco restringido de la oferta. Nadie puede elegir lo que no conoce. Nuestra radio tiene una creciente tendencia a la uniformidad y por eso es positivo avanzar hacia una apertura de horizontes de músicas, estilos e intérpretes, para que así se enriquezca el conocimiento de las audiencias.
Compartimos a continuación editorial del día de hoy de El Mercurio sobre este tema.
Intervención desmedida en nombre de la música
Es preocupante la tendencia a legislar sobre cuestiones que afectan la libertad de elección y expresión de la ciudadanía, ya evidenciada a propósito de la Ley de TV Digital…
Graves son los alcances del proyecto de ley que próximamente deberá votar el Senado y que pretende obligar a las radios a destinar a lo menos el 20% de su programación a la música chilena. Planteada con el loable propósito de relevar los valores de la identidad nacional, la iniciativa no solo resultaría ineficaz y hasta contraproducente para alcanzar ese objetivo, sino que además supondría un severo daño a la libertad de expresión. Con razón la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) ha expresado su rechazo y el presidente de esa agrupación ha hecho ver que una normativa así significaría intervenir de manera directa en la programación de un medio de comunicación.
El proyecto surgió como moción presentada por un grupo de diputados. Originalmente buscaba asegurar la difusión de música folclórica, pero luego, en el texto que aprobó la Cámara, se extendió el concepto de música nacional a toda pieza compuesta o interpretada por un chileno. De este modo, más que proteger un patrimonio cultural, se trata de una iniciativa que beneficia los intereses de quienes se dedican en Chile a la actividad musical. Por lo mismo, no es extraño que haya suscitado el respaldo entusiasta de las entidades que los agrupan: si bien las radios destinan como promedio alrededor del 16% de su programación a la música nacional -algunas incluso superan el 30%-, los artistas, siguiendo una lógica similar a la de todo grupo de interés, lo consideran insuficiente. Tal reclamo puede ser legítimo, pero no cabe atenderlo de un modo que menoscabe otros derechos, como el de poder cada medio definir libremente sus contenidos y línea editorial.
La radio goza de altos niveles de confianza y credibilidad entre los medios de comunicación, debido en gran parte a la diversidad de perfiles y contenidos que cada estación ofrece. Dicha variedad es demandada por audiencias cada vez más exigentes y segmentadas en su consumo cultural. Cualquier normativa tendiente a imponer contenidos atenta contra esa riqueza, y resulta además ineficaz en un contexto de continuos avances tecnológicos que permiten acceso instantáneo a la información global. De hecho, la experiencia internacional muestra que iniciativas como la que se discute en Chile derivan en el rechazo de las audiencias y provocan efectos perversos, como la piratería y la búsqueda de resquicios, que van en detrimento del objetivo buscado. La actual institucionalidad cultural admite, en cambio, el diseño de incentivos y políticas de fomento, sin necesidad de imponer por ley prácticas de consumo cultural.
Es preocupante la tendencia a legislar sobre cuestiones que afectan la libertad de elección y expresión de la ciudadanía, ya evidenciada a propósito de la Ley de TV Digital. Con el discurso de promover y defender valores se puede terminar vulnerando principios fundamentales que sustentan el sistema democrático. Es de esperar que la sala del Senado siga la decisión de su comisión de Educación, que votó negativamente este proyecto.