REGULAR EL NEGACIONISMO NO ES UNA INFRACCIÓN A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Fucatel estima que es una discusión de gran importancia la que ha provocado el proyecto de ley que sanciona el negacionismo . La reacción de los partidos de derecha, una vez más acudiendo al Tribunal Constitucional, responde a una visión sobre la libertad de expresión que está en la base de muchos de los problemas de convivencia que tenemos en Chile: nuestro país ha mantenido un sistema de medios que no reconoce la libertad de expresión como un derecho esencial para el funcionamiento de la democracia, sino solamente como un derecho que está supeditado a la defensa de los intereses de los dueños de los medios.

Compartimos a continuación las noticias que dan cuenta del tenor de esta discusión. Curiosa ha sido la intervención del Human Rights Watch,  a través de las palabras de José Miguel Vivanco quien coincide con quienes han puesto también en discusión el atropello a los derechos humanos en Chile, durante la dictadura. 

 

OPINION DE LORENA DONOSO, ABOGADA 

 

Vivanco parece ignorar que el delito de negación o de trivialización del holocausto ha sido incorporado en numerosas legislaciones penales. Su establecimiento ha sido indispensable en la lucha del racismo, xenofobia y otros tipos de discriminaciones. Si bien en cada caso se ha discutido en relación a que implica una limitación a la libertad de expresión, y su ajuste a las garantías establecidas en los tratados de derechos humanos, todos han coincidido finalmente en que la libertad de expresiòn no es un derecho absoluto y que el bien común y respeto a la dignidad humana, ademàs de la paz social no sòlo aconsejan su establecimiento sino que lo exigen.

En Chile se debate sobre el delito de incitación a la violencia y el negacionismo con respecto a las violaciones de derechos humanos durante el régimen militar. Quienes enarbolan la libertad de expresión como derecho que se vería afectado por el establecimiento de este delito sostienen que incompatible con los derechos humanos que se persiga alguien por sus opiniones o por lo que piensan. Olvidan en un instante que esta fue la razón por lo que miles de chilenos murieron en manos del régimen militar, precisamente por pensar distinto.

El estándar de libertad de expresión prevista en los tratados internacionales y en la Constitución nacional, muy por el contrario de lo que sostiene  José Miguel Vivanco, admite limitaciones, sujetas a la condición de que no exista censura previa, como se pretende establecer, al igual que se ha hecho en países que adscriben a los mismos valores y principios que Chile.

Carmen Hertz: La derecha usa las palabras de Vivanco contra el proyecto que sanciona el negacionismo, porque ellos son negacionistas

En conversación con Radio Universidad de Chile, la abogada y parlamentaria criticó las palabras de José Manuel Vivanco (HRW), asegurando que la derecha las utiliza para rechazar un proyecto que no les gusta.

P. Campos y C. Medrano

  Lunes 28 de septiembre 2020 8:32 hrs. 
Carmen hertz
Pasa al Senado proyecto que tipifica como delito el negacionismo respecto a violaciones a derechos humanos

Sesión de Sala Cámara de Diputados en Valparaíso. Foto: Archivo.

Cámara de Diputados rechazó varios artículos propuestos por Comisión de Derechos Humanos. La diputada Camila Flores presentó reserva de constitucionalidad argumentando que “vulnera el derecho a la libertad de opinión y de pensamiento”.


 

En su 75° sesión especial de la tarde de este martes, la sala de la Cámara de Diputados despachó al Senado un proyecto de ley que establece sanciones por conductas como la incitación a la violencia física y al odio, además del negacionismo respecto a las violaciones a derechos humanos de la dictadura militar más reciente en Chile.

En votación particular fueron aprobados el numeral 1 y 4 del artículo 1 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, con las modificaciones introducidas por su segundo informe. Otras siete enmiendas fueron rechazadas por la sala, principalmente del articulado relativo a la incitación de la violencia física y al odio.

La diputada Camila Flores hizo reserva de constitucionalidad por uno de los artículos aprobados argumentando que “vulnera el derecho a la libertad de opinión y de pensamiento”.

“Además de que esta norma es discriminatoria porque se aboca principalmente a determinados hechos y no a hechos generales vividos en nuestro país. Además creemos que atenta incluso a la libertad de cátedra y evidentemente hay que tener en consideración que existen derechos fundamentales como es la libertad de conciencia que están siendo vulnerados desde nuestro punto de vista”, sostuvo la legisladora.

La votación fue programada inicialmente para el bloque matinal, pero debió ser postergada debido a un desperfecto informático.

El proyecto de ley fue ingresado en septiembre de 2017, en el marco de la conmemoración de los 44 años del Golpe de Estado, durante el segundo gobierno deMichelle Bachelet. La administración de Sebastián Piñera, presentó una indicación sustitutiva en julio de 2018, siendo aprobado en general por la Cámara el 9 de enero de 2020.

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La normativa sanciona a personas que públicamente, o a través de cualquier medio apto para su difusión pública, inciten “directamente al odio en contra de un grupo de personas o de un miembro de tal grupo, basado en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad

Además, por iniciativa de la oposición se introdujo un artículo que castiga a la persona que “a través de cualquier medio justificare, aprobare o negare las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico militar ocurrida en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, consignadas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en el Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el Informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura, y en el Informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, sin perjuicio de los posteriores informes que sean reconocidos por el Estado sobre la materia”.

Para este delito se establece una pena de presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años), y multa de 40 a 60 UTM.

En su paso por la Comisión de Derechos Humanos Chile Vamos logró aprobar una indicación del diputado Diego Shalper (RN) –con el voto favorable del DC, Mario Venegas- que buscaba restringir la definición y la aplicación de sanciones en el caso del delito de incitación al odio, con la idea de subsanar un punto que marcó el debate en torno al proyecto, relacionado con las aprensiones del Ejecutivo por una eventual vulneración al derecho de la libertad de expresión.

Previo al debate de este martes, el diputado Osvaldo Urrutia se refirió al proyecto señalando que “la oposición quiere terminar con la libertad de expresión presentando un proyecto de ley que castiga con cárcel a quienes piensan distinto a ellos. Yo estoy a favor de regular la incitación a la violencia y al odio y en contra de la censura ideológica hacia las personas”.

LO ÚLTIMO EN POLÍTICA 

En las próximas dos semanas, diputados oficialistas presentarán ante el TC un requerimiento que alega problemas constitucionales de forma y fondo: reclaman que se haya aprobado dicha medida con quórum simple y que la norma afecta al derecho de opinión y expresión consagrado en la Carta Magna. La aprobación de esta sanción, este martes, ya había levantado polémicas, sobre todo, porque el proyecto de ley contempla como delito justificar, aprobar o negar violaciones a los Derechos Humanas ocurridas en Chile entre 1973 y 1990.

De manera inusual, diputados de la UDI y RN decidieron este martes acudir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el proyecto de ley que se tramita en el Congreso y que tipifica como delito la incitación a la violencia.

¿Por qué inusual? Una vez despachados las iniciativas como ley desde el Parlamento, existe un plazo de cinco días para acudir al TC y reclamar constitucionalidad. En este caso, el proyecto pasó recién este martes a segundo trámite constitucional, es decir, aún no termina su proceso para convertirse en ley.

Los parlamentarios oficialistas, en ese sentido, decidieron adelantarse y acudir al TC en las próximas dos semanas -tiempo en el que afinarán el requerimiento correspondiente-, pues argumentan que existen al menos dos motivos de peso para acudir al tribunal: el quórum con el que fue aprobado el artículo en cuestión este martes y por coartar la libertad de expresión u opinión.

La iniciativa -ingresada en 2017 como mensaje presidencial de Michelle Bachelet- fue despachada al Senado este martes desde la Cámara de Diputados luego de su votación en particular. Así, el artículo 1, numeral 4 del proyecto -que dice relación con el negacionismo- fue aprobado por 75 votos a favor, 66 en contra y seis abstenciones.

“La secretaría de la Cámara, en la sala, anunció (este martes) un quórum calificado y la comisión, con mayoría de izquierda, en una actitud tramposa y aprovechándose de la mayoría coyuntural, cambiaron el quórum a mayoría simple. Trampas legislativas como estas no pueden ser avaladas”, reclama el diputado UDI Juan Antonio Coloma al explicar las razones de por qué se adelantaron y acudirán al TC antes de que el proyecto sea despachado en su totalidad.

En la sala, además, la diputada RN Camila Flores hizo reserva de constitucionalida

La polémica por la fecha para aplicar sanción

Si bien el requerimiento ante el TC aún no está redactado en su totalidad, la bancada UDI -a través de la Fundación Jaime Guzmán- formuló un escrito previo de 17 páginas para argumentar la inconstitucionalidad de este proyecto de ley.

En un acápite especial del escrito -al que tuvo acceso T13.CL- se desarrollan latamente las dos razones principales para acudir al TC, una de forma y otra de fondo, respectivamente: quórum y libertad de expresión.

Sobre el primer aspecto, en el documento se enfatiza que los votos requeridos para su aprobación eran 78 -quórum calificado- y no los 75 de mayoría simple que finalmente terminaron aprobando ese artículo.

No es la primera vez que Chile Vamos reclama por la calificación de quórum que hace la secretaría de la Cámara. El más polémico hasta ahora ha sido el de la discusión del retiro anticipado del 10% de retiro de fondos de las AFP.

“Ningún abogado serio puede afirmar que una disposición que limita o restringe la libertad de expresión -información consagrada en la Constitución- pueda ser aprobada con un quórum simple o común”, asegura el diputado UDI Gustavo Sanhueza.

Respecto del fondo del proyecto de ley, se precisa en el documento sobre un aspecto que fue polémico incluso en la discusión en sala este martes.

“El proyecto de ley, al circunscribir el tipo penal a las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile por agentes del Estado entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1989, incumple con estos presupuestos básicos del ordenamiento jurídico, además de consagrar una hipótesis de discriminación arbitraria en relación a quienes nieguen otras violaciones a los derechos humanos no comprendidas en este tipo penal”, señalan en el escrito.

La diputada Flores, al respecto, dice que “esta norma es sesgada, porque contempla un periodo histórico determinado que se vive en Chile. Excluye la vulneración de Derechos Humanos que puedan ocurrir en otros países y otros regímenes como Venezuela o China”.

En la minuta de la bancada UDI, además, se precisan una serie de reparos de fondo: dicen que se estaría afectando el derecho a la libertad de opinión y vulnerando la igualdad en la ley, “por cuanto el proyecto de ley restringe su aplicación a ciertos hechos puntuales, contraviniendo el principio de generalidad y abstracción de la ley”.

“Esto es un verdadero atentado a la libertad de expresión. Se prohíbe no solo opinar sino también enseñar, informar y pensar de una forma distinta a la que nos impone el Estado”, añade al respecto el diputado Coloma.

Chile Vamos necesita la firma de 30 diputados para presentar este requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Sus impulsores -los UDI Juan Antonio Coloma, Jorge Alessandri y Gustavo Sanhueza y la RN Camila Flores- afirman que habrá respaldo suficiente en la coalición.

“Las firmas que se necesitan van a estar de todas maneras. El requerimiento lo vamos a presentar parlamentarios de la UDI, RN y por lo que entendiendo se van a sumar algunos de Evópoli”, dice la diputada Flores.

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