Televisión digital: Los peligros de una ley corta.

Fucatel

A propósito de la editorial “Televisión digital: El costo de la ambición” del diario La Segunda, del sábado 2 de junio.

Al igual que la Ley de televisión pública para TVN, la Ley de televisión digital está siendo amenazada por la presentación  de una Ley corta. Después de casi 4 años en el Congreso, hoy se corre el riesgo de que toda la discusión sobre acceso, descentralización de contenidos y, sobre todo, el uso democrático de las posibilidades y opciones que ofrece la nueva tecnología, se reduzca a solucionar aspectos técnicos para que, luego de su aprobación, se le quite la urgencia y se pierda todo lo avanzado en estos años en pro de garantizar el máximo aprovechamiento del cambio del modelo para mejorar la oferta televisiva, hoy poco pluralista, uniforme y considerada mayoritariamente, de mala calidad. Si el propósito de una tan larga discusión era conseguir una ley que asegurara una mejor televisión abierta para Chile, no parece coherente aprobar una Ley corta y abandonar el trabajo de 4 años por otros 4, 8 o12 años más en el Congreso, y tal vez indefinidamente, mientras opera libremente una televisión digital sin regulación que permita que todo siga igual. El argumento del atraso respecto al resto de la Región no tiene fundamento y, aunque así fuera, lo que corresponde es que Chile cuente con una buena normativa para tan importante medio, legislación que probablemente regirá los próximos 40 años.

 

 

Editorial “La Segunda”, del 2 de junio.

Televisión digital: El costo de la ambición

No hay otra palabra que ambición para explicar por qué el proyecto sobre televisión digital, presentado en 2008, todavía no se aprueba. A una iniciativa cuyo sentido debía ser regular la transición técnica desde un sistema a otro -del analógico, que es el que usamos hoy, al digital, que permite mejor imagen, más canales e interactividad- se le ha incorporado un cúmulo de otros objetivos: desde mejorar la calidad a apoyar la descentralización y hasta reducir la desigualdad en el país. Más de ¡600! indicaciones se le han formulado sólo en el Senado y el resultado ha sido complejizarlo cada vez más, poniendo en tensión a los distintos actores de la industria -canales de TV abierta, operadores de cable, empresas de publicidad, gremios artísticos, etc.-, los que han hecho valer sus puntos de vista a través de un lobby intenso.

Hoy, cuando estamos retrasados respecto de la región en la incorporación de esta tecnología, el proyecto se encuentra en su segundo trámite constitucional: despachado por la Cámara y en pleno análisis por las comisiones unidas de Transportes y Telecomunicaciones y de Educación del Senado. Mientras, ya es un hecho que la mayoría de los chilenos no podrán ver las Olimpiadas de Londres con la mejor calidad de imagen que ofrece la televisión digital, y la duda es si al menos la situación cambiará para el próximo gran hito deportivo internacional: el Mundial de Fútbol de Brasil, en 2014.

Entre la ignorancia y la presión. Una reciente encuesta realizada por DIRECTV y Adimark reveló que hay muy poco conocimiento ciudadano de las ventajas de pasar al sistema de televisión digital, como la interactividad o el acceso a la alta definición. Lo que sí hay son temores respecto de cuánto se deberá invertir en los nuevos equipos y la complejidad que involucre manejarlos.

En cambio, el tema sí moviliza con fuerza a algunas organizaciones sociales. De hecho, la llamada «Mesa de ciudadanía y televisión digital» ha realizado manifestaciones (algunas de ellas con apoyo de la FECh) en Valparaíso y Santiago. El grupo reúne a más de 100 asociaciones y demanda que el proyecto explícitamente vele por más contenidos culturales y dé prioridad a los canales regionales. Esta semana, además, el sitio web de Anatel (que representa a los canales de televisión abierta) fue hackeado con la pregunta “¿Sabía usted que Anatel defiende el modelo de televisión pagada para la TV digital?”.

Las expectativas. Las tensiones se originan en la magnitud del cambio involucrado para el medio de comunicación más masivo del país (los chilenos pasamos más de 2 horas diarias frente a la televisión y hay 2,7 aparatos por cada hogar, según el Consejo Nacional de TV). El actual sistema de televisión abierta permite un número limitado de canales, que van del 2 al 13; con esta evolución tecnológica podrán ir del 21 al 51. Además, cada uno de los anchos de banda permitirá trasmitir más de una señal, junto a otros servicios de información o la televisión digital móvil. Así, más oferta televisiva de acceso masivo es la gran promesa, junto a la posibilidad de canales de alta definición; ello, aun cuando no hay que sobredimensionar las expectativas: el capital para armar un canal es alto y además, al menos en el primer tiempo, la inversión publicitaria no debería aumentar mucho. Pero, por cierto, la multiplicación de señales ofrecerá nuevos espacios para la televisión regional, local y comunitaria.

Estas novedades dejan obsoleto el sistema actual de concesiones televisivas y es precisamente por esto que se hace necesaria una ley que adecue la legislación al nuevo escenario tecnológico, concepto que está en el origen del proyecto en trámite.

Y las batallas.Hace unas semanas, dentro de la discusión de la iniciativa, las comisiones del Senado aprobaron la prohibición del people meter on line , con fuertes castigos a los canales que la incumplan. Esta disposición, de aprobarse en el texto final, sería un desacierto. El people meter on line es un instrumento más de una industria que usa muchos otros para determinar su programación; el objetivo de eliminarlo es mejorar la calidad de la TV, bajo el supuesto de que la lucha por el rating provoca su deterioro. En realidad son muy discutibles tanto el diagnóstico (que asocia masividad con mal gusto) como la efectividad de una medida así (cualquiera sea el sistema de estimación de audiencias, canales que requieren financiarse seguirán apostando a incrementarlas). Pero, además, prohibir a una empresa medir el impacto de su producto atenta contra la actividad económica y se suma a la ola de prohibiciones que restringen la libertad de las personas. Extrema, la decisión es emblemática de la forma en que algunos parlamentarios han asumido esta discusión, apostando a que con medidas legales coercitivas se puede elevar el nivel cultural de la televisión.

Otra controversia ha sido el interés de los canales abiertos de poder cobrar por ciertos contenidos, aprovechando la posibilidad de emitir más de una señal. De esta manera, aseguran, podrían garantizar la pluralidad y calidad de su oferta. Los operadores de cable han rechazado la alternativa: enfrentarían nuevos competidores. A esta polémica se suma la del pago o no de los operadores de cable a la televisión abierta por transmitir sus contenidos a sus usuarios.

Con todas estas complejidades, parece de lógica acoger la idea planteada por algunos sectores de dividir el proyecto, impulsando una «ley corta» que implemente con celeridad el proceso de televisión digital y se centre sólo en los puntos esenciales para la operación de la nueva tecnología, y que deje los debates más complejos, de institucionalidad, funciones del CNTV, etc., para una segunda etapa o incluso para varios proyectos aislados. De otro modo, el riesgo es que se siga entorpeciendo el proceso de modernización de la TV en el país.

Ver desde el sitio de origen